jueves, 10 de junio de 2010

la verdad es buen veneno para las tripas....











El Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata condenó a la pena de prisión perpetua en cárcel común a Gregorio Rafael Molina, suboficial de la Fuerza Aérea y ex jefe del centro clandestino La Cueva, que funcionó en el viejo radar de la Base Aérea. La sentencia culminó con un aplauso de diez minutos en la sala y quinientas personas festejando en la calle. El fallo quedará en la historia porque por primera vez la Justicia calificó como delito de lesa humanidad, diferente de las torturas, a las violaciones de secuestradas cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.
Molina era encargado de La Cueva, donde se hacía llamar Charles Bronson. Su destino era el área de inteligencia, debajo de José Alcides Cerutti, aún libre e impune. Los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos París lo condenaron por treinta y seis secuestros y tormentos agravados (contra perseguidos políticos), dos homicidios calificados (por alevosía, ensañamiento y participación de dos o más personas), cinco violaciones y una tentativa, agravadas porque era encargado de la guarda de las víctimas. Fue absuelto por cuatro secuestros en los que no se acreditó su participación.
La prisión perpetua había sido solicitada por los fiscales Horacio Azzolín y Daniel Adler, por la APDH y el Colegio de Abogados local. Es la primera condena en Mar del Plata por delitos de lesa humanidad en esa ciudad. Antes, el coronel Alberto Barda fue condenado por el TOF-5 porteño (que le permitió seguir libre), en tanto al general Pedro Mansilla y al coronel Alejandro Duret se los juzgó por delitos en Olavarría.
Además de la sala repleta, quinientas personas escucharon la sentencia desde la avenida Luro, donde hubo música, radio abierta, fotos de desaparecidos, pecheras de “Juicio y castigo”, banderas de Hijos, Descamisados, la CTA y el PTS, entre otras. El imputado, con buzo azul y chaleco antibalas, estuvo solo: ni familia, ni camaradas, ni su abogado Eduardo San Emeterio, con problemas de artrosis.
A dos metros de Molina siguieron la sentencia tres de sus víctimas, tomadas de la mano y con los ojos cerrados. Cuando el secretario Carlos Oneto concluyó la lectura, los penitenciarios se llevaron al condenado y la sala comenzó a aplaudir de pie. Los jueces guardaron silencio, sin moverse de sus asientos. Diez minutos después culminó el aplauso y el juez Velázquez agradeció el buen comportamiento de los presentes.
El abogado César Sivo destacó que “es la primera condena a un miembro de la patota de La Cueva, un grupo de tareas heterogéneo, con miembros de las tres fuerzas y civiles”. “Es muy importante por las evidencias que se obtuvieron, porque se confirmó la responsabilidad de civiles, se identificaron roles específicos de otros imputados, y apareció una gran cantidad de soldados dispuestos a declarar. La condena repara a las víctimas, reafirma la importancia de dar testimonio, de tener que revivir el dolor pero con un resultado positivo”, celebró.
“Molina es el primero, ahora hay una larga fila de juicios, por la Base Aérea y el GADA 601, que con suerte será en 2012”, destacó Marcelo Núñez, de Hijos. “El juicio sirvió para inscribir en una condena nombres como los de (el ex juez Pedro) Hooft o (el ya fallecido ex CNU Eduardo) Cincotta, que fueron parte del andamiaje de la represión en Mar del Plata”, agregó.
Sivo también resaltó la importancia de la calificación de las violaciones como delito de lesa humanidad, criterio que rechaza la mayor parte del Poder Judicial. “Es el primer fallo en la Argentina y el cuarto o quinto en el mundo”, recordó, y apuntó antecedentes en Ruanda y la ex Yugoslavia. “La condena por ese delito es una forma de reivindicar el honor y la dignidad de las víctimas, aunque sea 34 años después.”

miércoles, 24 de marzo de 2010


Un abrazo es un acto que ya tiene varias dimensiones. Implica al menos a dos, porque un abrazo a sí mismo a cualquiera le suena a simio, a desfasado, a narcisista. El abrazo consiste de al menos dos: uno que abraza y otro que es abrazado. Son los brazos los que abrazan y entre ellos hay alguien más que uno. El abrazo es un acto de comunicación.
Un abrazo nos pone en la situación peculiar y única de estar con otro. Nunca estamos con alguien como con cualquiera. Nunca tenemos tiempo de ponernos a pensar estas cosas, pero siempre que estamos con alguien somos otros. La vecina que nos tira mala onda nos hace ser antipáticos. El portero que nos hace chistes tan temprano nos hace simpáticos. El taxista que pone el seguro de la puerta trasera cuando se acerca un pobre nos hace impotentes o gritones o pasajeros ya tensos por la radio sintonizada en la 10.
Los demás van sacándonos de a una las cartas apiladas que somos. Sartre dijo que el infierno son los otros. También son el cielo, la nube y el rayo. Los otros son los que nos sacan de nuestra introspección, de esa mitad que somos reconcentrados en nosotros, de nuestros pensamientos recurrentes, de nuestros soliloquios. Los otros nos determinan. Ellos completan todas las circunstancias que vivimos.
El abrazo, así, puede ser íntimo y privado, pero nunca individual. Siempre hay alguien que abraza y alguien que es abrazado.
El abrazo también puede ser colectivo. Los abrazos como forma de manifestación implican respaldo y protección. Cuando se abraza a un hospital, es porque algo en él corre peligro, porque se valora a su personal o porque hay una amenaza. El abrazo a un tribunal puede querer decir que se respalda y se quiere proteger algo que allí corre peligro. Una causa, por ejemplo. Una causa que no avanza o que será condenada extrajudicialmente por la Justicia. Lo ideológico también es extrajudicial. Los grandes avances del derecho se han dado cuando la interpretación de las leyes ha podido saltear lo ideológico. Tiene que ver con esto la venda de la Justicia. Con no elegir a uno y perjudicar a otro por motivos de raza, religión o ideología.
“Madres de la Plaza, el pueblo las abraza” un canto que nos acompaña desde hace más de treinta años como pueblo, implica el sostén y la solidaridad de muchos con ellas, que fueron puestas a sufrir el duelo sin fin de las desapariciones. Nos faltan 30.000 dirigentes políticos, sindicales y barriales de 50 años. Nos las hemos tenido que arreglar sin ellos, que seguramente habrían arrojado referentes políticos que hoy no tenemos. Tenemos ese Congreso con esos personajes inenarrables, que reciben y dan continuamente transfusiones de los grandes medios. Intercambian objetivos, deseos, anunciantes, estrategias, material judiciable. La evidente reivindicación del terrorismo de Estado que se puso en marcha discursivamente hace ya meses se corona esta semana con la actuación de la Cámara de Casación en la causa Noble y con el tratamiento vergonzoso que recibió la causa Sarmiento.
Para colmo, la muerte de dos adolescentes de Baradero en un hecho en el que un móvil de la Dirección de Tránsito es sospechado de haberlos perseguido y atropellado es leída para los espectadores de los dos canales de noticias por César Scollo, a quien presentaron como “periodista” pero está imputado en delitos de lesa humanidad, entre ellos uno que le adjudica la desaparición del hijo de Sara Cobacho, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos provincial que en diciembre fue atacada.
Este 24 nos encuentra recordando más que nunca, conectados como hace mucho tiempo que no estábamos con la memoria. En los años que han pasado, hasta Chiche Gelblung tuvo un programa que se llamó Memoria. La palabra fue expropiada por los que no entran nunca en el sentimiento popular y ético de lo que significa la memoria en la Argentina. No solamente a un vip uno tiene o no acceso. A los sentimientos populares también. Hay gente que no tiene la predisposición moral necesaria para entrar en una dimensión colectiva del amor. O de la pulsión de vida, que es lo mismo.
Este 24 el abrazo a las Madres y las Abuelas es más fuerte, más hondo y más intenso. Porque cuando abrazamos no estamos nunca solos y porque recordamos. Ni olvido ni perdón fue la consigna de estos treinta años. Y el pedido, siempre el mismo, aunque todavía haya que gritarlo: justicia

martes, 23 de febrero de 2010

ABUELAS IDENTIFICO AL NIETO 101, FRANCISCO MADARIAGA QUINTELA

A los 32 años conoció a su papá
Silvia Mónica Quintela dio a luz en cautiverio. Su marido, Abel Pedro Madariaga, logró sobrevivir y al volver del exilio se incorporó a Abuelas para buscar a su hijo. Lo encontró hace pocos días. Hoy se presentarán juntos ante la prensa.



La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo dará a conocer hoy en una conferencia de prensa todos los detalles que permitieron recuperar al nieto 101, que durante más de treinta y dos años fue privado de su identidad por sus apropiadores. Francisco Madariaga Quintela es hijo de Silvia Mónica Quintela, secuestrada y asesinada en el centro clandestino de detención Campo de Mayo. Su padre, Abel Pedro Madariaga, logró sobrevivir, y tras volver del exilio, se unió a la Asociación Abuelas para iniciar personalmente la búsqueda de su hijo, en lo que constituye un caso inédito en este tipo de investigaciones. En tanto, su apropiador, el capitán retirado y ex carapintada Víctor Alejandro Gallo, fue detenido el viernes pasado.
Silvia Quintela fue secuestrada por la dictadura militar en la mañana del 17 de enero de 1977 en la localidad bonaerense de Florida, cuando estaba embarazada de cuatro meses. A las 9.30, y mientras caminaba por la calle Hipólito Yrigoyen rumbo a la estación de tren para encontrarse con una amiga, fue rodeada por tres vehículos pertenecientes a un grupo de tareas. Personal de civil que pertenecía al Primer Cuerpo del Ejército la introdujo en uno de los Ford Falcon y se la llevó con rumbo desconocido. Silvia, de profesión médica, tenía en ese momento 28 años y dedicaba parte de su tiempo a la militancia en la Juventud Peronista y a la atención de personas carenciadas en una clínica de la localidad bonaerense de Beccar. Su compañero, Abel Madariaga, secretario de prensa y difusión de la organización Montoneros, fue testigo pero logró escapar. Esa misma tarde, otro grupo de tareas realizó un allanamiento en la casa de la madre de Silvia y allí le comunicaron que había sido detenida.
Exiliado primero en Suecia, en 1980, y luego en México, Madariaga regresó temporalmente a la Argentina en 1983, donde se entrevistó con varios sobrevivientes del centro clandestino de detención Campo de Mayo. A su regreso de manera permanente, se unió a Abuelas de Plaza de Mayo, ocupando el cargo de secretario, para encabezar en persona la búsqueda que le permitiese dar con el paradero de su compañera. Esos testimonios pudieron aportar datos fehacientes de su destino de cautiverio y del nacimiento de su hijo, que luego fuera apropiado.
Beatriz Castiglione, sobreviviente de El Campito y compañera de detención de Silvia junto a otras embarazadas, ratificó haberla visto cautiva en Campo de Mayo y recordó que su seudónimo en el centro clandestino era “María”. Para ese entonces ya cursaba su séptimo mes de gestación.
Otro de los testimonios clave fue el de Juan Carlos Scarpati, con quien Quintela estuvo detenida. En su declaración, Scarpati afirmó que fue atendido por la médica en una lugar llamado Las Casitas –dentro del CCD Campo de Mayo–, en virtud de las heridas que le habían provocado al capturarlo. El mismo testigo aseguró que Quintela dio a luz fuera de la sala de partos de El Campito cuando los alumbramientos comenzaron a realizarse por cesárea programada en el Hospital Militar de Campo de Mayo. “Pude estar unas horas con él”, comentó al reincorporarse al día siguiente ya sin su bebé y con la promesa de sus captores de entregarlo a su familia.
El capitán retirado del Ejército y ex carapintada Víctor Alejandro Gallo fue detenido el viernes pasado, mientras se daba a conocer a las partes el resultado de los estudios que probaban su vínculo. Gallo se encuentra ahora imputado por el delito de apropiación ilegal de un menor de edad, pero también había sido condenado en 1997 a diez años de prisión, por la Cámara Penal de San Martín. En ese caso, se lo encontró culpable de los delitos de robo calificado, tenencia de arma de guerra, privación ilegal de la libertad y coacción, junto a otras dos personas que la Justicia condenó por la llamada Masacre de Benavídez, ocurrida el 6 de septiembre de 1994.
La conferencia de prensa en la que padre e hijo se mostrarán juntos por primera vez se llevará a cabo hoy a las 12. De esta manera, Abuelas revelará de qué modo se logró recuperar la identidad del nieto número 101 y la red de complicidades que permitieron su apropiación.



actualizado:
Francisco Madariaga Quintela, el nieto 101 que recuperó su identidad, aseguró que siempre sintió que "no pertenecía a la familia" en donde vivía porque "eran muy violentos". Su apropiador fue el capitán retirado del Ejército y ex carapintada Víctor Alejandro Gallo, condenado en 1997 a diez años de prisión por su participación en la llamada Masacre de Benavídez

"Fueron 32 años de angustia, de vivir mucha violencia y maltratos. Ha sido una historia oscura...", confió Francisco en la conferencia de prensa que brindó esta tarde junto a su padre, Abel Madariaga, actual secretario de Abuelas, y la titular del organismo, Estela de Carlotto.
El nieto 101 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo afirmó que vivió "como un fantasma" y con "un vacío adentro inexplicable" durante los 32 años que pasó apropiado por un represor de la dictadura y sin conocer su verdadera identidad.
"Es hermosa la vivencia de encontrar algo tuyo y algo que me habían privado, 32 años, de la verdad", comentó Francisco abrazado a su progenitor.
Francisco Madariaga Quintela es hijo de Silvia Quintela, secuestrada por la dictadura militar el 17 de enero de 1977 en la localidad bonaerense de Florida, cuando estaba embarazada de cuatro meses, y de Abel Madariaga, quien se exilió y regresó al país en 1983.
Carlotto celebró que el apropiador "felizmente esté detenido dada su peligrosidad y el riesgo de vida que corría el chico y la familia biológica".
El militar detenido por estar acusado de la apropiación es el capitán retirado del Ejército y ex carapintada Víctor Alejandro Gallo, que ya en 1997 fue condenado a diez años de prisión por un Tribunal de San Martín por su implicación en la llamada Masacre de Benavídez, donde un matrimonio y su hija fueron asesinados, en 1994.
Carlotto confió que Francisco "tuvo sus dudas y se acercó" a Abuelas de Plaza de Mayo para certificar su identidad y explicó que "todo se desarrollo rápidamente dada la peligrosidad del apropiador... un hombre que está detenido felizmente dado el riesgo que corría el chico de vida y la propia familia biológica".
"En unos días estuvo resuelto el tema (de cotejo del ADN) con el resultado del Banco Nacional de Datos Genéticos que es el único lugar donde se pueden obtener las comparaciones lógicas" con las muestras genéticas de los familiares de los desaparecidos, añadió.

jueves, 11 de febrero de 2010

Envío al Banco de Datos Genéticos



Siete años después de recibir el expediente, intimado por la Cámara Federal de San Martín, denunciado por retardo de justicia y mientras Abuelas de Plaza de Mayo y el Gobierno analizaban la posibilidad de pedir su juicio político, el juez federal Conrado Bergesio ordenó enviar al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) los objetos de uso personal recabados el 30 de diciembre que pertenecerían a Marcela y Felipe Noble Herrera, adoptados de manera irregular en 1976 por Ernestina Herrera de Noble, dueña del grupo Clarín. El organismo que funciona en el Hospital Durand deberá determinar si los objetos contienen ADN y, en tal caso, entrecruzar las muestras con las familias de desaparecidos secuestrados junto a sus hijos o de mujeres que dieron a luz en cautiverio.

Abuelas consideró como “un avance importante que Bergesio finalmente haya actuado acorde con la Ley Nacional del Banco Nacional de Datos Genéticos”, pero manifestó su “preocupación acerca de la calidad de este material genético, obtenido en allanamientos notoriamente irregulares”. Para evitar futuros planteos de nulidad, reclamó que las muestras de sangre brindadas voluntariamente por los jóvenes al Cuerpo Médico Forense “también sean analizadas de manera urgente en el Banco, tal como marca la Ley 26.548”. Abuelas consideró “extraño” que Bergesio no enviara las muestras y sí un hisopado de saliva de Marcela.

Las irregularidades en los allanamientos, a cargo de la Policía Federal de San Isidro, surgen de las declaraciones de los testigos, incluidos los técnicos del BNDG. Bergesio no realizó ninguna inteligencia previa para constatar el domicilio de los jóvenes. Ordenó buscar a Felipe en la casa de la imputada, donde no vivía desde hacía más de un mes. Los custodios de la dueña de Clarín retuvieron a los funcionarios durante 45 minutos, primero por un “cambio de guardias”, luego “para esperar a los abogados” Alejandro Carrió y Jorge Anzorreguy, defensores de las víctimas y de la imputada, que en teoría dormía. Los técnicos del BNDG retiraron un par de pantuflas y una máquina de afeitar de la habitación que hasta su casamiento ocupaba Felipe, a quien no buscaron. En el mismo momento pero en casa de Marcela, también en Martínez, debieron esperar una hora, a pedido de la anfitriona y hasta la llegada de los abogados.

La decisión de Bergesio se produce ocho años después de que el juez Roberto Marquevich –destituido en un juicio político impulsado por Clarín– ordenara la detención de Herrera de Noble por irregularidades en las adopciones. Según la imputada, encontró a la beba en una caja abandonada en su casa de San Isidro. Marquevich comprobó que no vivía allí, que tampoco la vecina ofrecida como testigo vivía en la cuadra y que el supuesto cuidador de la casa vecina era el chofer de la viuda de Noble. Según Abuelas, la falacia sobre el domicilio y la omisión del sistema de turnos fueron determinantes para que interviniera la jueza Ofelia Hejt, quien también dejó su sello en la apropiación de Andrés La Bluda. El expediente de adopción de Felipe muestra que la misma jueza lo entregó en guarda sin determinar las circunstancias del nacimiento. Marchevich determinó que tampoco existió la supuesta madre que lo entregó en adopción.

miércoles, 27 de enero de 2010

Sin Memoria no hay Justicia ni futuro

Parido por el brutal “menosprecio de los derechos humanos” ejercido por el régimen genocida del nacional socialismo alemán, el Holocausto ha sido uno de esos “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” que la Declaración Universal de los Derechos Humanos condena en su preámbulo. Acaso haya sido el más atroz del siglo XX.

Seis millones de personas fueron torturadas y asesinadas por el odio racial y el delirio mesiánico de Adolf Hitler, autor de un plan de aniquilación que clavó un puñal en las entrañas de la historia moderna. El pueblo judío fue blanco de esa furia demencial.

En noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, a propósito de la fecha en la que, en 1945, el ejército soviético liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, símbolo de la maquinaria de muerte construida por el nazismo.

La decisión de la Asamblea General es altamente simbólica y responde a los objetivos que llevaron a fundar la Organización de las Naciones Unidas, que, como sabemos, nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial con el fin de “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra” y de promover el respeto de los derechos humanos sin distinción alguna.

Lo que hace hoy el mundo es, en definitiva, recordar a las víctimas de aquella masacre. O, lo que es casi lo mismo pero aun mejor: lo que hacemos hoy es no olvidar, practicamos el necesario, imprescindible ejercicio de la Memoria.

Mientras tanto, en nuestro país escuchamos voces que se animan reclamar amnistías para los responsables del terrorismo de Estado que hizo desaparecer y asesinó a 30 mil compatriotas entre 1976 y 1983. Nos piden que dejemos de “mirar hacia atrás”, que olvidemos los crímenes del régimen que impuso en la Argentina la fuerza sobre la razón, la ilegalidad sobre el Derecho, la barbarie sobre la civilidad, el terror sobre la paz, la muerte sobre la vida. Pretenden que no encarcelemos a los cerebros y a los ejecutores del plan que arrasó, a sangre y fuego, con los derechos esenciales de los argentinos.

Que lo sepan bien: no hay marcha atrás en la decisión inclaudicable de buscar y alcanzar la Verdad y la Justicia. Porque estamos convencidos de que los pueblos que olvidan corren el riesgo de repetir sus errores y sus horrores. Sin Memoria no hay Justicia, no hay futuro y no hay Nunca Más.

Los juicios a los genocidas, alumbrados por la voluntad política de un gobierno decidido a saldar la deuda que el Estado mantiene con los detenidos-desaparecidos y con cada uno de los argentinos que abrazan la democracia, son un acto fenomenal de reparación histórica. Y son, también, una rotunda demostración de madurez: los genocidas, esos que pisotearon el Estado de Derecho, están siendo juzgados bajo las garantías constitucionales que les negaron a sus víctimas.

En aquellos años febriles de la Europa fascista, les dijo Miguel de Unamuno a los falangistas que –como los que hoy reclaman olvido y perdón– vivaban la muerte y pedían la derrota de la inteligencia: “Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha”.

Hoy, mientras resuena en el mundo una voz muy parecida a nuestro Nunca Más, el gobierno argentino reafirma su compromiso con la inteligencia, con la razón y con el Derecho. Y con la lucha por un país y un mundo que garanticen “el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre”.

* Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

miércoles, 30 de diciembre de 2009

FELIPE Y MARCELA NOBLE SE HICIERON LOS ANALISIS DE ADN EN LA MORGUE


Es una decisión político ideológica de un juez que transgrede a sabiendas

las leyes"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que la organización "no consentirá esta medida de prueba ilegal, ni que se realicen excepciones a la ley", al referirse al análisis de sangre de los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera, realizado en la Morgue Judicial. Las Abuelas reclamaron que la extracción se hiciera en el Hospital Durand, donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos. Presentarán una denuncia contra el juez federal Conrado Bergesio ante el Consejo de la Magistratura.

A través de un comunicado, Carlotto precisó que "

se interpondrán los recursos legales correspondientes a fin de garantizar que de una vez por todas se realice una investigación eficaz e independiente" para determinar si Felipe y Marcela Noble son hijos de desaparecidos.

La presidenta de Abuelas consideró que el juez federal Conrado Bergesio "transgrede a sabiendas las leyes" al interpretar la resolución por la que dispuso que los hijos de la dueña del Grupo Clarín realizaran sus exámenes de ADN en la Morgue Judi

cial, en lugar del Banco Nacional de Datos Genéticos.

El examen al que se sometieron Felipe y Marcela se realizó por primera vez en esa dependencia judicial de la calle Lavalle al 1400, por pedido de su madre adoptiva y a pesar del reclamo de Abuelas para que se hiciera en el Hospital Durand, donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos.

El abogado que acompañó a Marcela y Felipe, Jorge An

zorreguy, señaló que "los señores Noble vienen a cumplir lo que han solicitado hace muchos años".

Una vez tomada la muestra de sangre para la determi

nación del patrón genético, los resultados podrían demorar entre 15 y 45 días, explicaron fuentes del Cuerpo Médico Forense.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, consideró que la presentación de Felipe y Marcela Noble ante el Cuerpo Médico Forense de la Justicia nacional no reúne los requisitos establecidos por la ley que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Según señaló en un comunicado, Duhalde dijo comprender el "fuerte rechazo" de las Abuelas de Plaza de Mayo, dado que según lo establece la citada n

orma "es el Banco el que actúa como perito oficial exclusivo ante los jueces competentes en las causas penales", que tengan por objeto la identificación de niños apropiados durante el terrorismo de Estado.

También, el funcionario sostuvo que "los datos obtenidos deben ser cruzados con todos los que obran en los archivos del BNDG y no exclusivamente con aquellos que señalara la defensa de Ernestina Herrera de Noble, como ocurre en el caso en cuestión", añadió.

Por otra parte, Duhalde agregó que "más allá del res

ultado de esta diligencia, cabe esperar que se avance en el esclarecimiento de la identidad de ambos jóvenes, ya que está en juego el derecho a la verdad, que compete no sólo a sus familias biológicas sino a toda la sociedad".

"Es imprescindible continuar avanzando en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya que aún quedan aproximadamente 400 casos de sustitución d

e identidad sin esclarecer", agregó Duhalde a través de

un comunicado.

2004-2009