feliz 2010

FELIPE Y MARCELA NOBLE SE HICIERON LOS ANALISIS DE ADN EN LA MORGUE

Es una decisión político ideológica de un juez que transgrede a sabiendas

las leyes"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que la organización "no consentirá esta medida de prueba ilegal, ni que se realicen excepciones a la ley", al referirse al análisis de sangre de los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera, realizado en la Morgue Judicial. Las Abuelas reclamaron que la extracción se hiciera en el Hospital Durand, donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos. Presentarán una denuncia contra el juez federal Conrado Bergesio ante el Consejo de la Magistratura.

A través de un comunicado, Carlotto precisó que "

se interpondrán los recursos legales correspondientes a fin de garantizar que de una vez por todas se realice una investigación eficaz e independiente" para determinar si Felipe y Marcela Noble son hijos de desaparecidos.

La presidenta de Abuelas consideró que el juez federal Conrado Bergesio "transgrede a sabiendas las leyes" al interpretar la resolución por la que dispuso que los hijos de la dueña del Grupo Clarín realizaran sus exámenes de ADN en la Morgue Judi

cial, en lugar del Banco Nacional de Datos Genéticos.

El examen al que se sometieron Felipe y Marcela se realizó por primera vez en esa dependencia judicial de la calle Lavalle al 1400, por pedido de su madre adoptiva y a pesar del reclamo de Abuelas para que se hiciera en el Hospital Durand, donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos.

El abogado que acompañó a Marcela y Felipe, Jorge An

zorreguy, señaló que "los señores Noble vienen a cumplir lo que han solicitado hace muchos años".

Una vez tomada la muestra de sangre para la determi

nación del patrón genético, los resultados podrían demorar entre 15 y 45 días, explicaron fuentes del Cuerpo Médico Forense.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, consideró que la presentación de Felipe y Marcela Noble ante el Cuerpo Médico Forense de la Justicia nacional no reúne los requisitos establecidos por la ley que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Según señaló en un comunicado, Duhalde dijo comprender el "fuerte rechazo" de las Abuelas de Plaza de Mayo, dado que según lo establece la citada n

orma "es el Banco el que actúa como perito oficial exclusivo ante los jueces competentes en las causas penales", que tengan por objeto la identificación de niños apropiados durante el terrorismo de Estado.

También, el funcionario sostuvo que "los datos obtenidos deben ser cruzados con todos los que obran en los archivos del BNDG y no exclusivamente con aquellos que señalara la defensa de Ernestina Herrera de Noble, como ocurre en el caso en cuestión", añadió.

Por otra parte, Duhalde agregó que "más allá del res

ultado de esta diligencia, cabe esperar que se avance en el esclarecimiento de la identidad de ambos jóvenes, ya que está en juego el derecho a la verdad, que compete no sólo a sus familias biológicas sino a toda la sociedad".

"Es imprescindible continuar avanzando en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya que aún quedan aproximadamente 400 casos de sustitución d

e identidad sin esclarecer", agregó Duhalde a través de

un comunicado.

2004-2009

La mejor parte del amor,

Seguramente los apropiadores de niños sienten amor por ellos, o al menos eso deben creer. Quién sabe qué siente alguien que oculta una verdad atroz; que obliga al ser presuntamente amado a una reciprocidad que él mismo viola. Nadie está, sin embargo, preparado para fingir toda su vida. Ese amor que los apropiadores sienten por esos bebés que hoy son hombres y mujeres de treinta y pico debe haber tenido fallas, grietas, lapsus, desbordes inevitables de la verdad. Un hijo apropiado debe saber, en alguna parte sí, alguna forma de la verdad. Seguramente huele el tufo de ese amor, su hedor, el rastro de un crimen. Hay cuatrocientas personas todavía viviendo esas tensiones soterradas.

Hay mecanismos psíquicos y sociales que permanentemente bloquean el amor y lo reemplazan por sus simulacros. Estamos todos tan confundidos con el amor, que aceptamos sus sustitutos, sus malas copias. Los apropiadores de niños les han dicho a lo sumo a esas personas que son hijos adoptivos, bebés que ellos sí aman, en reemplazo de madres que los abandonaron. Desde el punto de vista de ese tipo de víctima, el hijo abandonado, ser hijo de un desaparecido es una enorme descarga de angustia. Es constatar que no hubo abandono. No son hijos biológicos de una madre que eligió seguir su vida sin ellos, sino que fueron bebés arrebatados de las manos de sus madres. Sus madres no siguieron sus vidas, no formaron otras familias, no tuvieron otros hijos. Fueron asesinadas.

Lo innombrable del abandono es el desamor. Cualquiera que haya sido abandonado en una circunstancia amorosa sabe que lo anímicamente intragable del abandono es el desamor. Una de las razones que siempre esgrimieron las Abuelas como motores de su búsqueda es hacerles saber a sus nietos que fueron bebés muy deseados y amados por sus padres y sus familias. Quieren hacerles saber algo que puede curarles un trauma y sanarles la vida.

Cuando esos bebés llegaron a la adolescencia, cuando pudieron hacer lo que un niño pequeño no puede, muchos hijos adoptivos fueron por sí mismos a la sede de Abuelas. Querían saber si eran hijos de desaparecidos. Buscaban su identidad, pero también buscaban, probablemente, ese consuelo terrible: no haber sido bebés abandonados, sino víctimas de crímenes políticos. Esto no tiene nada de ideológico, en principio. Se trata más bien de distintas dimensiones del amor y el desamor. Nuestras vidas penden de esas nociones. Nuestros dolores y pasiones nacen allí, a la sombra de cómo fuimos o no fuimos amados.

La idea que tenemos del amor, eso que reconocemos en los otros y en nosotros mismos como amor, no puede germinar en la mentira, sólo en la libertad. Nadie puede obligarnos a amar. No podemos tampoco obligarnos a nosotros mismos a hacerlo. Es un sentimiento que está fuera de nuestro control, que aparece y también desaparece, pero que suponemos sólo posible entre criaturas libres. Cuando la mentira atraviesa la circunstancia amorosa, no hay amor. Hay manipulación.

La manipulación en el amor, sin embargo, no es cosa extraña. El mercado Vero Peso, en la desembocadura del Amazonas, es enorme y extraordinario. Hay interminables filas de puestos que venden los mangos más grandes del mundo, pescados de diseños exóticos, instrumentos musicales de madera maciza. Allí hay un sector de hechiceras que vende frasquitos de esencias y aceites para curar la salud y para recuperar o afirmar el amor. Esas mujeres de etnias amazónicas la agarran a una de la pollera cuando pasa, le ofrecen felicidad. Un embrujo no es otra cosa que manipulación. O simulación.

Traje de allí un pequeño volante que no es indígena, es afro. “Mae Triana Cartomante Exotérica” se llama la mujer vidente. Promete traer a la persona amada rápido, “amarrada a tus pies”. El amarre es un tópico de la hechicería. Hay brujas urbanas en todo el mundo especializadas en amarres. Los amarres pretenden reemplazar al amor por fascinación. Ese es un truco posmoderno. Una prestidigitación tecnológica que hace llamar amistad a lo que pasa en Facebook. Es un atajo virtual para el atajo que siempre en todas las culturas se buscó: tomar por amor un sentimiento sintético que no se regocija en el bienestar del ser amado, sino en la propia necesidad de conexión.

A fin de año la palabra “amor” se multiplica. Son palabras. Las palabras tienen la particularidad de ser nada menos y nada más que palabras. Pueden ser decisivas o intrascendentes, pueden estar llenas o vacías.

Venimos terminando un año en el que las palabras fueron aligeradas, violentadas, subvertidas por el establishment. Se llegó a tal extremo que tuvimos que escuchar, como una reivindicación política de la mentira, que los hijos de Ernestina Herrera de Noble son nuestros hijos. Llama muy poco la atención que la lucha de las Abuelas sea cuestionada desde sectores golpistas que participan del juego democrático justo cuando esa lucha roza a una mujer muy poderosa. Cuando roza al poder. Eso pasa no inadvertido, sino no dicho.

Este año se puso en jaque a los derechos humanos. La primera en hacerlo fue Susana Giménez, entretenedora exquisita para la videopolítica. “Esa estupidez de los derechos humanos”, dijo aunque quedó sonando la otra parte de la frase, “el que mata tiene que morir”. Después se cuestionó a las Madres y a las Abuelas por la ley de ADN y se alzó nuevamente la frase hecha de que “los derechos humanos son sólo para los delincuentes”, y no para las víctimas de “la inseguridad”. Las coberturas políticas y policiales se entremezclaron. Abel Posse tuvo que renunciar, pero pasamos por el trance de tener unos días un ministro de Educación porteño que volvió a reivindicar el terrorismo de Estado. El huevo de la serpiente se instala en muchos nidos.

Nuestra veta fascista tiene sus dirigentes, pero tiene también muchos voceros en las calles, hombres o mujeres comunes y corrientes que de pronto se entreveran en conversaciones en las que piden matar a unos cuantos. La muerte es una de nuestras tradiciones. Una pulsión argentina que se regodea en soluciones finales. Matarlos a todos es una ilusión degenerada.

Hubo una época bastante reciente en la que los mataron. A todos los que pudieron. Hubo uno o dos años, durante y después del Juicio a las Juntas, en los que el horror sacudía las almas. Habían hecho cosas como tirar a la gente viva de los aviones o como asesinarla y robarse a sus hijos. Eso no es de izquierda ni de derecha. A veces uno se pregunta, en este país jodido, si acaso es de izquierda o peronista haberse quedado atravesado por la decisión de “nunca más”. Este año, uno ha tenido la sensación de que si apareciera un liderazgo bestial, tendría sus bases en esa gente que tiene mucho y no quiere perderlo, o en los que tienen muy poco, quizá un freezer y un auto, o una casa propia y un plazo fijo en el banco, y sin embargo arengan la muerte de los que tienen menos que ellos.

Si se me permite, quisiera dedicar esta columna de fin de año a las Madres y a las Abuelas, por muchas razones. Pero entre ellas, la más firme y convencida es el agradecimiento por haber tramitado su dolor con lucha, y no con venganza. Por haber pedido siempre justicia, y haberse avenido a la mala, la poca, la lenta justicia que obtuvieron. Por haber estado dispuestas siempre a ofrecer a sus victimarios las garantías que sus hijos y sus nietos no tuvieron. Porque a pesar de sus diferencias y de sus líneas internas, siempre todas se pararon allí, en ese escalón que separa la civilización de la barbarie. Y porque en este país que aún conserva su horrible pulsión hacia la muerte, ellas la saltaron, se sobrepusieron, la reciclaron, la gestionaron hacia la vida. Porque son parte de lo mejor que somos, y somos peores si lo olvidamos.

ORDENAN ANALISIS DE ADN A LOS HIJOS DE ERNESTINA NOBLE

“Sin más dilaciones”

La Cámara Federal de San Martín dispuso que el juez Bergesio realice “en forma inmediata” los exámenes de los hijos adoptivos de Noble para conocer su identidad.

La Cámara Federal de San Martín le ordenó al juez federal Conrado Bergesio realizar “en forma inmediata y sin más dilaciones” los exámenes de ADN de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín, y “someter (las muestras genéticas) a los cotejos necesarios” para conocer su identidad. Los jueces Hugo Gurruchaga y Alberto Criscuolo destacaron que Bergesio “se enreda en discusiones inconducentes”, pero a siete años de haber heredado la causa “no realiza la medida básica, esencial e impostergable” de cruzar los ADN de Marcela y Felipe Noble con las 22 familias que buscan chicos desaparecidos antes de sus adopciones. “La resolución nos permite recuperar la expectativa de que la causa se resuelva y también creer que efectivamente existe el principio de igualdad ante la ley”, consideró Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, que pidió la medida hace un año y medio. “Es una decisión muy clara y justa”, celebró Estela de Carlotto, presidenta del organismo.

Según el expediente de adopción, el 13 de mayo de 1976 la viuda de Roberto Noble se presentó ante la jueza Ofelia Hejt, de San Isidro, con una beba a la que llamó Marcela. Dijo que la había encontrado once días antes en una caja abandonada en la puerta de su casa, en Lomas de San Isidro, y ofreció como testigos a una vecina y al cuidador de la casa de la vecina. En 2001 Roberto Antonio García, de 85 años, declaró ante el juez Roberto Marquevich que nunca fue cuidador de esa casa. Su trabajo durante cuarenta años fue como chofer de Noble y, tras su muerte en 1969, de la viuda. García agregó que Noble nunca vivió en la casa que declaró, dato que el juez confirmó en registros oficiales. Tampoco la presunta vecina vivía allí, según declaró su nieta y corroboró la policía.

El expediente de adopción de Felipe sostiene que la supuesta madre, Carmen Luisa Delta, lo puso a disposición de la jueza Hejt el 7 de julio de 1976. El mismo día, sin disponer un estudio ambiental ni determinar las circunstancias del nacimiento, la magistrada concedió la segunda guarda a la viuda de Noble. Marquevich determinó que la señora Delta nunca existió. Según el escrito presentado por Abuelas en julio de 2008, el dato falso sobre el domicilio en San Isidro y la omisión del sistema de turnos fueron “decisivos para determinar la competencia del tribunal”. Hejt, ya fallecida, es la misma jueza que en abril de 1977, sin disponer medidas para ubicar a su familia y pese a las evidencias de que sus padres habían sido secuestrados por el Ejército, entregó en guarda a Andrés La Blunda, de tres meses, quien recuperó su identidad en 1984.

Las irregularidades en las adopciones derivaron en 2001 en la detención de la viuda de Noble, que el juez Marquevich pagó con su destitución en un juicio político impulsado por Clarín. Su reemplazante Bergesio concedió desde entonces todas las medidas solicitadas por los abogados de la imputada pero rechazó ordenar la obtención de muestras por métodos alternativos a la extracción de sangre solicitada por Abuelas y por la fiscal Rita Molina. El método ya permitió la identificación de nueve hijos de desaparecidos y fue respaldado por los tres poderes del Estado.

“Se advierte que el señor juez se enreda en discusiones inconducentes a la par que no realiza la medida básica, esencial e impostergable de ejecutar la toma de muestras del ADN de las personas cuya identidad se cuestiona para someterlas a los cotejos necesarios”, consideró la Cámara. “Tal omisión resulta a esta altura manifiestamente injustificada, en particular cuando se advierte que el trámite de la causa lleva más de siete años”, agregó, y resolvió disponer “que el señor juez lleve a cabo la toma de muestras de ADN en forma inmediata y sin más dilaciones”.

Por la jurisprudencia de la Corte y la ley que asentó en el Código Procesal Penal el mecanismo de obtención de ADN con métodos no invasivos, el abogado Alan Iud destacó que la medida “debe realizarse de inmediato”, al margen de los recursos que pueda plantear la defensa. Carlotto recomendó “tomar los recaudos para que el rescate de prendas y objetos sea de las personas a analizar” y no de choferes o sirvientes de vecinos.

AS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO ANUNCIARON LA IDENTIFICACION DEL NIETO NUMERO 100

Con el nombre del padre confirmado

Matías fue criado por su madre Norma Espinosa. Su padre Tulio Valenzuela desapareció antes de poder reconocerlo. Recién a partir de la constatación de los datos genéticos con los de la familia de su padre pudo ratificar su identidad.

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación del nieto número cien. En este caso, la historia es distinta a la de otros nietos apropiados ilegítimamente durante la última dictadura militar. Matías es el hijo de Tulio Valenzuela y de Norma Espinosa, ambos militantes de Montoneros. Tulio murió en 1978, cercado por un grupo de tareas de la ESMA, y como estaba en la clandestinidad nunca pudo reconocerlo. Matías siempre vivió con Norma y siempre supo que era hijo de los dos, pero recién ahora pudo cruzar los datos genéticos suyos con los de la familia de su padre alojados en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Con ese resultado también puede obtener el apellido de su padre.

“El caso de Matías es un caso atípico”, explicó Estela Carlotto a Página/12. “Porque él no estuvo desaparecido, sino que recuperó la identidad, es un nieto cuya identidad estaba partida por la mitad porque su papá Tulio Valenzuela lo alcanzó a conocer pero no a reconocer con su apellido porque lo secuestraron, Norma Espinosa, su mamá, le fue contando algo de la historia y él, bueno, de adulto empezó a querer tener la historia completa con el apellido del papá.”

Necesitó acudir a Abuelas porque la historia no era fácil, dice Carlotto. “No era fácil porque no tenía contacto con la familia paterna, la familia no creía en esa historia; muchas familias a veces se cierran a ciertas cosas que les parecen extraterrestres y era que él, el Tucho (Tulio), había formado pareja con Norma y nace este niño de esa relación, y luego la vida continúa y espera un hijo con Raquel Negro, cosas que ocurren con el amor; finalmente entre gente normal que se enamora y se desenamora.”

Edgar Tulio Valenzuela nació, en 1945, en San Juan y en 1963 viajó a instalarse en Buenos Aires para hacer la carrera de Derecho en la UBA. Empezó a militar mientras estudiaba, primero lo hizo en la Juventud Peronista y años más tarde en Montoneros. Vivió en Jujuy, en la Regional de Rosario y quedó detenido por primera vez en 1972, alojado en la cárcel de máxima seguridad de Rawson donde, luego de la fuga de los dirigentes del ERP, FAR y Montoneros, quedó como segundo jefe de la organización. El 25 de mayo de 1973 salió en libertad con la asunción del “Tío” Héctor Cámpora.

Pasaron ocho años hasta su muerte. Tulio o Tucho, como lo llama Estela Carlotto, volvió a Rosario, se exilió tras el golpe de marzo de 1976 y volvió a Argentina en diciembre de 1977. El 2 de enero de 1978 cayó secuestrado con quien en ese momento era su mujer Raquel Negro, que estaba embarazada de siete meses, y con el hijo más grande de ella. Todos fueron alojados en el centro clandestino Quinta de Funes, a 20 kilómetros de Rosario. Lo que pasó con ellos a partir de ese momento volvió a recordarse en diciembre del año pasado, cuando Abuelas anunció la restitución de la nieta número 96. Tulio y Raquel fraguaron durante el cautiverio un pacto con los militares, él se fue a México para participar de un supuesto plan de ejecución a Mario Firmenich. En México denunció, en cambio, el plan ante la prensa, se quedó allá durante cinco meses y volvió para la Contraofensiva. En tanto, Raquel dio a luz a dos bebés en el Hospital Militar de Paraná. Según la investigación de Abuelas, un niño y una niña. Del niño se supo que podría haber muerto en ese momento. De la niña, en cambio, que quedó en un hogar de niños al cuidado de una congregación de monjas que aparentemente la entregó en adopción.

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
Foto: Pablo Piovano

Sabrina fue restituida por Abuelas, pero su familia todavía no entendía bien la historia de Matías. Según el comunicado de Abuelas, la relación entre Tulio y Norma fue anterior. Tulio conoció a Norma Espinosa a mediados de 1974, luego de la primera salida de la cárcel, mientras militaba en la columna oeste de Montoneros en la zona de San Justo. A fines de 1974 empezaron una relación de pareja, la organización trasladó a Tulio a Santa Fe y Norma lo acompañó. Luego del primer mes, en julio de 1975, ella quedó embarazada, pero enseguida se separaron. Norma volvió a Buenos Aires, se desconectó de la militancia y se fue a vivir a la casa de sus padres, a la espera del nacimiento de su hijo. Matías nació el 6 de marzo de 1976 en Lomas de Zamora. A los seis meses, su madre organizó un encuentro con su padre porque quería que se conocieran, pero Tulio no pudo darle el apellido a su hijo en ese momento, como sucedió con muchos otros militantes políticos, por la situación de clandestinidad. Matías se crió desde entonces con su madre y no mantuvo contacto con la familia de su padre. Terminó el secundario, estudió educación física y a pesar de que desde chico su madre le contó los detalles de la historia de su padre, recién durante la adolescencia –dice el comunicado de Abuelas–, él tomó conciencia de lo que significaba todo eso.

“No fue fácil este caso”, dice Estela. Matías se había acercado alguna vez a Abuelas, pero volvió a acercarse cuando apareció Sabrina. “Recién entonces él se animó a venir nuevamente para iniciar la búsqueda en la Conadi de sus datos genéticos, lo cual le facilita ahora el reconocimiento de su apellido paterno.”

Matías terminó los exámenes a mediados de este año. Recién entonces pudo reencontrarse con toda su familia. Las Abuelas mientras tanto siguieron trabajando en la causa. Estela Carlotto dice que todavía no está tan claro, por ejemplo, que el hijo varón de Tulio y de Raquel Negro nacido en cautiverio esté muerto. “O si está muerto tiene que aparecer el cuerpo.

“Digan dónde están los cuerpos”

EL TESTIMONIO DE LAS VICTIMAS EN EL JUICIO POR LOS CENTROS ATLETICO, BANCO Y OLIMPO

Carlos Pisoni, militante de H.I.J.O.S, se paró frente a los represores del Primer Cuerpo de Ejército para exigirles que “si les queda algo de valentía” informen sobre el destino de los desaparecidos. Toda la sala lo aplaudió de pie.

“Me hubiera encantado que mi papá me enseñara a hacer un asado, recibir caricias de mi mamá, gritar los goles del Enzo con mi viejo y tener un hermano”, confesó Carlos Pisoni, militante de H.I.J.O.S., frente a los represores del Primer Cuerpo de Ejército. “Fuimos muchos quienes sufrimos esas pérdidas”, aclaró, y celebró que “los responsables estén sentados en el banquillo”. Cuando concluyó sacó una foto con rostros de desaparecidos de los centros Atlético, Banco y Olimpo, incluidos sus padres, con quienes compartió sólo 37 días, y les habló a los imputados: “Lo único que les pido, si les queda algo de valentía, es que digan dónde están los cuerpos. Todavía tienen la oportunidad”, les advirtió, mirándolos a los ojos. Toda la sala lo aplaudió de pie.

El subsuelo de Comodoro Py estuvo ayer colmado. Salvo tres allegadas a los policías, el resto eran sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas, todos sentados gracias a los lugares vacíos destinados a la prensa. Cuando Delia Barrera se aprestó a dar testimonio, con la foto de su marido en la mano, varios represores prefirieron retirarse. Esposados en parejas, cantando bajito, se fueron Julio Simón, Samuel Miara, Ricardo Taddei, Raúl González, los gendarmes Guillermo Cardozo y Eugenio Pereyra Apestegui y el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti.

“Hace 32 años espero este momento”, aclaró Barrera, que estuvo 92 días en Atlético. Su compañero Hugo Scutari, militante de la JUP y delegado del Banco Nación, fue secuestrado el 5 de agosto de 1977. Minutos después una patota encabezada por Juan Carlos Falcón, alias Kung Fu, se la llevó de su casa. En Atlético pasó a ser “H26”. Le pusieron antifaz y le ataron los pies con cadenas y candados. “Primero me desnudan y me largan un perro ovejero. Luego me golpean en la cabeza y el estómago, me hacen agarrar un cable con electricidad”, recordó, y enfatizó el rol de Falcón, que criticaba a otros torturadores porque, decía, “no saben cómo se pega”. De los presentes padeció con certeza a dos: “El Fuhrer (Eufemio Uballes) nos hacía gritar ‘Heil, Hitler’ en las torturas”, dijo. “A Doctor K (Eduardo Kalinec) lo vi en la enfermería. Me dijo ‘tenés la costilla fisurada pero no te vendo porque te vas a ahorcar’”, recordó.

El 20 de septiembre tuvo el último contacto con su compañero. “Sé fuerte y no me abandones”, fueron sus últimas palabras. Luego les negaron un abrazo de despedida. “Quedate tranquila, va a una granja de recuperación”, le mintió el comisario Antonio Fioravanti, que murió impune en 1985. Cuando las preguntas concluyeron, Delia contó que honraba por séptima vez el compromiso de dar testimonio asumido en cautiverio. Luego se dirigió a sus torturadores. “Sepan bien que no cumplí con el mandato de silencio, que no pudieron quebrarme y que voy a seguir hasta el último día”, prometió. Les aclaró que la acompañaba la familia que formó al ser liberada pero también su primer compañero y los desaparecidos que conoció, y leyó sus nombres. Cerró con un pedido a los jueces: “No nos abandonen”.

“No sé cómo caminaban”

“Me arrancaron de los brazos de mis viejos cuando tenía 37 días”, arrancó Carlos Pisoni, con pañuelo de H.I.J.O.S. en el cuello. Su padre Rolando, de 29 años, estudiaba ingeniería y militaba en la JUP. Su mamá, Irene Bellocchi, 27 años, era delegada en el Banco Galicia y militaba en la JTP. “Desaparecieron porque eran militantes. En H.I.J.O.S. estamos orgullosos de nuestros padres y no reivindicamos su lucha como utopía, sino que perseguimos sus objetivos: no queremos pibes muertos de hambre”, aclaró Pisoni, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad.

“Gracias a sobrevivientes pude saber que despojaron a mis padres de su identidad: pasaron a ser H24 y H25”, relató, y volvió al significado de ser hijo de desaparecidos. “No recuerdo sus voces, no tengo la imagen de ellos en mi retina, no sé cómo caminaban”, explicó a los jueces. “Puedo dar testimonio gracias a una vecina que me llevó con mi abuela. Gracias a esa vecina, a quien me gustaría conocer (el operativo fue el 5 de agosto de 1977 en Mármol 483), no soy uno más de los pibes robados”, aclaró.

Testigo y querellante, Pisoni recordó la trilogía “Dios, Patria, Hogar” invocada por los militares y juzgó “incongruente que una persona de moral cristiana pueda cometer el pecado más grande para un creyente, como es matar, matar y matar”. Lamentó “el rol de la Iglesia que los confesaba”, destacó que “hay centenares de Von Wernich” y diferenció a “la Iglesia cómplice de la verdadera, la de Mujica, Angelelli y los palotinos, que sufrió tortura y desaparición como nuestros viejos”.

Su abuela, Aurora Zucco de Bellocchio, pañuelo de Madre de Plaza de Mayo en la cabeza, confesó que desde que recibió a su nieto “supe que iba a estar siempre pegado a mi corazón”. Contó que tras los secuestros recibió un llamado de Rolando para preguntarle si le habían dado a su hijo. “Estoy tranquila porque sabemos que mamá tiene al nene”, le dijo Irene a un sobreviviente, que en los ’80 ubicó a Aurora. La mujer diferenció también las caras de la Iglesia: su asesor espiritual Fernando Carballo le dijo “El que las hace las paga”; el cura Jorge Aguiar aceptó dar una misa por desaparecidos, pero él mismo desapareció antes de concretarla. “Al tiempo me contó que se despertó en un psiquiátrico del sur bonaerense”, recordó. “No pensaba que este momento iba a llegar”, confió a los jueces. Lamentó “el abandono que sufrimos por gran parte del pueblo” y expresó su deseo “de que esta Justicia haga lo que debió haber hecho muchos años antes”.

Voces contra el silencio

Por fin, empezó. Tardó décadas. Hubo inicios postergados. Pero llegó el 11 de diciembre y 16 de los genocidas que tuvieron su base de operaciones en la ESMA entran en la sala del tribunal. Con aire soberbio y desafiante, saludando como invitados a un almuerzo televisivo, o bailando por algún premio, sonreían a sus fans que les tiraban besos desde la bandeja alta. De a ratos el ex canciller de la dictadura y asiduo visitante del campo de concentración se levantaba de la silla de ruedas, asistido por un Astiz, solícito y reverente ante el antiguo jefe. Siete horas de lectura de cientos de páginas que detallan sus crímenes. Quedan muchas más; el tribunal decide un receso y se van retirando. “Treinta mil compañeros detenidos-desaparecidos. Presente”, afirmamos nosotros.

Algunos reos se vuelven hacia el público. Uno de ellos no tiene la cofia que luce la enfermera del cartel que en los hospitales pide silencio. Pero los mismos ojos feroces del que ejercía de Rata, Trueno, Martín, los de Antonio Pernías, nos miran del otro lado del blindex y con el dedo sobre los labios ordena silencio. El, que a punta de picana se afanaba sin límites procurando que los atados al catre metálico de “la 13” en el sótano de la ESMA dijeran algo, ayer, en el subsuelo de Comodoro Py pretende callarnos. En la puerta de “la 13”, en sus años de amo de la muerte y de la vida, colgaba un cartel: “El silencio es salud”, decía. Paradoja, ¿verdad? Tal “consejo” ahí donde todo enfilaba a arrancar palabras entre gritos de dolor.

A un paso de ser condenado a perpetua, en septiembre de 2006, el genocida Etchecolatz alzó su rosario y besó un crucifijo. Desde entonces, el sobreviviente testigo Jorge Julio López está desaparecido, sin que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires –sus tres poderes– hayan identificado y juzgado a quienes lo desaparecieron. Pero no logró abortar los juicios ni paralizar a los miles que los impulsan y llevan adelante en todo el país.

Astiz apuntó con “Volver a matar”. Pernías ordenó silencio. Una coreografía con dos actores, un mismo mensaje: “Volveremos a hacerlo, no lo olviden. Volveremos a matar”, anuncia Astiz blandiendo la bibliografía que ilustra a Abel Posse, el nuevo ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y al multicondenado genocida Luciano Menéndez. “Cállense. Nunca renunciamos al poder de matar. Nosotros tenemos armas más poderosas; ustedes apenas palabras”, transmite el dedo de Pernías que le cruza los labios. El 10 de diciembre de 2007 lo ratificaron, esa vez contra un camarada de crímenes: Héctor Febres, envenenado con cianuro en su cárcel cinco estrellas regenteado por sus pares de la Prefectura.

Dos abogados de los querellantes –con términos despojados de pomposidad judicial, y por eso contundentes para definir a los provocadores– procuraron lo que ni los funcionarios del tribunal ni los miembros del Servicio Penitenciario Federal hicieron: impedir que los reos siguieran amenazando. Del otro lado del blindex, nosotros –poniéndonos “la camiseta del juicio y castigo”–, les volvimos a recordar: “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.

En tantas décadas, nunca abandonamos el compromiso con nuestros luchadores desaparecidos, con nuestro pueblo hoy, con nuestro pueblo del futuro: enfrentar sin descanso a la impunidad, exigir justicia.

Los poderes del Estado deben cumplir su misión: garantizar la vigencia de todos los derechos humanos para todos. Entre ellos, proteger a todos los habitantes de este suelo de la amenaza que constituyen los genocidas impunes. Incluso de aquellos que aun entre rejas, siguen actuando como un grupo de tareas.

Por Graciela Daleo *

* Sobreviviente de la ESMA.

El juicio de la ESMA

El primer juicio a los represores de la ESMA comenzará mañana con al menos dos bajas transitorias. Por problemas de salud no estarán en la audiencia inicial el capitán de fragata retirado Néstor Omar Savio, que en la clandestinidad se hacía llamar “Norberto”, y tampoco el penitenciario Carlos Orlando Generoso, alias Fragote. El dato, confirmado a Página/12 por una alta fuente judicial, no fue notificado aún a las partes. Ayer, en tanto, una fuente allegada a Alfredo Astiz dejó trascender ante la agencia DyN que el ex marino había sido internado en el Hospital Naval por un aparente agravamiento de un tumor renal, problema que pondría en duda su presencia en Comodoro Py. Al atardecer, Página/12 confirmó que el traslado al nosocomio fue para realizarle una tomografía computada de rutina, pero que ya había sido devuelto al penal de Marcos Paz.

Un renovado pacto de silencio

EL PAIS › ONCE IMPUTADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD NO PRESTARON DECLARACION POR CONSEJO DE SUS ABOGADOS

Alineados frente al Tribunal Oral Federal 2, los militares, gendarmes y policías acusados por su actuación en el Atlético, El Banco y El Olimpo no hicieron uso de la palabra. Esta vez, las cámaras pudieron registrar los rostros de los victimarios.

El pacto de silencio se mantiene. Once imputados por crímenes de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército que juzga el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) respondieron ayer que, por consejo de su defensora oficial Verónica Blanco, no iban a prestar declaración indagatoria. La jornada tuvo un comienzo inusual para la historia de los juicios a represores en Comodoro Py: una docena de fotógrafos y camarógrafos retrataron durante cinco minutos, antes del comienzo, a Guglielminetti, Simón & Cía. El proceso por secuestros y torturas en el circuito Atlético-Banco-Olimpo continuará el lunes, cuando el TOF2 les conceda la palabra a los imputados que tienen abogado particular: el capitán Enrique Del Pino y los policías Samuel Miara, Eufemio Uballes y Roberto Rosa.

Cuando el gendarme Guillermo Cardozo pasó al frente, el resto de los imputados debieron abandonar la sala, esposados de a dos. La jueza Ana María D’Alessio le explicó que no estaba obligado a declarar, que no debía prestar juramento y que no se usaría el silencio en su contra.

–¿Entendió los hechos motivo de la imputación?

–No voy a declarar –se apuró el gendarme.

Con tono cordial, D’Alessio le explicó que debía responderle.

–Lo he entendido –se explayó.

Dio sus datos personales, ratificó la negativa y durante una hora escuchó su indagatoria en instrucción. Tras el Mundial de 1978, el coronel Roberto Roualdes lo designó en el Destacamento Móvil 1 de Gendarmería para “dar seguridad al lugar de reunión de detenidos en Lacarra y Falcón”, léase Olimpo. Debió “preparar a cuarenta hombres para dar seguridad” ante “posibles ataques subversivos”, dijo, y agregó que Roualdes le aseguró que eran “detenidos en transición” que “iban a recuperar su libertad”. Su mayor desafío fue enfrentar “la desmoralización de mi fuerza” por la mala comida, la falta de lugar de alojamiento y el maltrato de militares y policías que los consideraban “negritos del interior”. Fechó el “repliegue del personal” en enero de 1979, tras el último traslado de El Olimpo. “Gendarmería no tenía responsabilidad sobre terroristas detenidos” y tampoco sobre “la destrucción de documentos que probarían mi inocencia”, dijo. “No cometí delitos, simplemente cumplí con mi deber”, concluyó.

El comisario Raúl González dijo al pie de la letra las dos frases que le indicó su abogada: “Por pedido expreso de mi defensa me niego a declarar” y “Mi domicilio es la unidad penal de Marcos Paz”. En las declaraciones que le leyeron aseguró no haber conocido centros de detención. “Cumplía funciones técnicas, como oficial de comunicaciones”, agregó. Negó conocer los alias de los represores, excepto el de Julio Simón, “Turco Julián”, por las entrevistas en televisión.

Raúl Guglielminetti se presentó como “comerciante”. Dijo haber sido “empleado civil del Ejército durante cuatro años”, periodista en Neuquén y hombre abocado a “actividades privadas” en Estados Unidos y España.

–¿Va a prestar declaración? –preguntó D’Alessio.

–No en este momento, señora presidenta –dijo.

Su indagatoria en instrucción fue breve. “No tenía acceso a lugares operativos y no me consta que los mencionados lo fueran”, dijo luego de ser detenido en su quinta La Mapuche, de Mercedes.

Luego se leyó la declaración de Juan Carlos Falcón, custodio del ministro del Interior Albano Harguindeguy hasta 1982, detalle que “me convirtió en un blanco fácil”, dijo. Explicó que apodaban Kung Fu a todos los karatecas del Círculo Policial, pero que no fue él quien actuó en cautiverio, adjudicó la confusión al inspector Peregrino Fernández, ayudante de Harguindeguy en 1976, y aseguró que el Kung Fu torturador fue el suboficial Luis Armando Galarce, porque “estuvo en el departamento Situación Subversiva”. Por la tarde, luego de un cuarto intermedio, ratificaron su silencio el gendarme Eugenio Pereyra Apestegui, el penitenciario Juan Carlos Avena y los policías Simón, Eduardo Kalinec, Luis Donocik, Oscar Rolón y Ricardo Tadde

PAGINA/12 HABLO CON EL TESTIGO QUE TRATARON DE SECUESTRAR DESPUES DE DECLARAR EN LA CAUSA BRUSA

“Estos tipos son profesionales”

El comisario de la policía santafesina Avelino Cantelli dijo que detrás del hecho hay un represor exonerado de esa fuerza. Explicó que quienes por error se llevaron a un vecino suyo “estaban organizados

“¿Quién es?”, pregunta detrás de la puerta. La identificación del cronista lo tranquiliza. Abre y deja el revólver arriba de la mesa: un Magnum 357. “Un arma poderosa”, bromea. Y explica por qué tantas precauciones. “Lo que pasó es gravísimo”, dice Avelino Cantelli, el comisario de la policía santafesina que el martes pasado declaró en el juicio a los represores de la dictadura, entre ellos el ex juez Víctor Brusa. Al día siguiente, cuatro desconocidos intentaron secuestrarlo, pero se confundieron y tomaron como rehén a un vecino suyo, de su misma edad, muy parecido él, que vive en el mismo edificio, en la planta baja y en el departamento de enfrente.

Cantelli es preciso y, al referirse al secuestro que por error sufrió su vecino Raúl Bianchi, hasta menciona el nombre de un represor que anda suelto. “Le digo la última información que recibí. Me dijeron que uno de los que podría integrar esta banda de delincuentes sería un tal González, un ex policía que fue exonerado de la fuerza y estaría implicado en esto”, relata en diálogo con Página/12.

–¿Cree que hay un ex policía detrás de esto?

–Es el dato que me dieron. Sí, efectivamente. Es una persona muy peligrosa, capaz de hacer este secuestro. Porque no fue una tentativa. A mí me quisieron secuestrar, pero por error se llevaron a un vecino.

–¿Y qué más le dijeron?

–Que no sería el único, que podría haber más secuestros en Santa Fe.

–Parece un mensaje para meter miedo.

–Una cosa mafiosa. Estos tipos son profesionales, los que secuestraron a mi vecino estaban organizados. Porque cuando se dan cuenta del error, que se habían llevado a otra persona, dicen: “Este no es Cantelli. Seguí con el procedimiento”. Y después lo dejan en el Puente Negro.

El secuestro fue el martes pasado a la mañana. Cantelli volvió a su departamento alrededor de las 9 y diez minutos después salió Bianchi. “Se ve que nos estaban espiando porque había dos vehículos estacionados cerca del edificio: un auto y una camioneta”, dijo Cantelli. Quienes secuestraron a Bianchi tenían el rostro cubierto. “Eran dos muchachones, me manotearon desde atrás, me pusieron una manta en la cabeza y me alzaron en la caja de la camioneta. Quedé boca abajo. En el vehículo había dos más. Los cuatro con pasamontañas”, contó después el vecino de Cantelli, quien calcula haber hecho un recorrido de media hora, sin escalas, hasta que lo bajaron en una casa, en la que apenas pudo ver una puerta marrón. Cuando le sacaron la manta de la cabeza, se dieron cuenta del error. “¡Ese no es Cantelli! ¿Qué hicieron pelotudos?” escuchó que decían. Ya no hubo más comentarios ni diálogos. Lo volvieron a subir a la camioneta y lo dejaron en la zona del Puente Negro.

Cantelli declaró el martes como testigo en el juicio a Brusa y compañía. Ya no tiene dudas de que el intento de secuestro está vinculado con su testimonio. En su declaración ante el Tribunal Oral, ratificó el rol que cumplía en el aparato represivo de la dictadura uno de los imputados en la causa que falleció en 2007: el ex encargado del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Nicolás Correa. “Era un asesio”, dijo. Y lo acusó por una bomba que le pusieron en la puerta de su casa después del golpe de 1976, que “gracias a Dios no explotó”. “Los militares eran una banda de delincuentes comunes”, agregó.

También le pidió explicaciones al ex gobernador Jorge Obeid por haber reciclado a Correa en la democracia, como asesor de seguridad de su primer gobierno (1995/99). “Yo lo denuncio al ingeniero Obeid porque lo tuvo cuatro años a Correa al lado suyo”, como segundo de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

–¿Usted acusó a Correa y a otro militar, Eleodoro Jorge Hauque?

–Correa le ordenó a Hauque que me pusiera la bomba. Ese día explotaron trece bombas en Santa Fe. Yo vivía en Francia 4229. La que pusieron en la puerta de mi casa lograron desactivarla antes de que explote. Hubo un revuelo bárbaro en el barrio. Mi señora y mi hija sufrieron un ataque de pánico, un trauma por el que estuvieron bajo tratamiento médico y que les dejó secuelas hasta el día de hoy. Quedaron mal. La nena tenía nueve años.

–El juicio dejó a la luz el rol de Correa en el circuito represivo, pero usted ya lo había denunciado hace once años, cuando era funcionario de Obeid.

–Sí, lo denuncié y nadie hizo nada. Obeid lo apañaba. Cuentan que Obeid y (el ex subsecretario de Seguridad Pública, teniente coronel José) Bernhardt son del mismo pueblo de Entre Ríos. Y Correa trabajaba con Bernhardt.

–Y también mencionó a otros dos imputados: Héctor Colombini y Eduardo Ramos.

–Me preguntaron si integraban la patota militar. Yo dije que Colombini y Ramos eran oficiales del D-2 (Departamento Informaciones) que dependía directamente del jefe de Policía de la provincia (coronel Carlos Alberto Ramírez). El D-2 era una brigada antisubversiva a las órdenes del Ejército, era el nexo con la policía. Y los operativos eran conjuntos.

PROCESARON POR PRIMERA VEZ A UN PILOTO NAVAL POR SU PARTICIPACION EN LOS VUELOS DE LA MUERTE

Cuando los confesores no encubren

Es el capitán Emir Hess. Para su procesamiento resultaron claves los testimonios de dos allegados que contaron cómo relataba que sus víctimas caían “como hormiguitas”. Fue detenido en septiembre después de que Página/12 publicara su historia.

El capitán Emir Sisul Hess se convirtió esta semana en el primer piloto naval procesado por confesar su actuación en vuelos de la muerte. Si bien su legajo es idéntico al de cientos de marinos, la prueba que lo llevó a Marcos Paz fueron testimonios de allegados, quienes lo escucharon relatar que los secuestrados de la ESMA “iban cayendo como hormiguitas” hacia el vacío. El caso Hess, igual que el del teniente Julio Alberto Poch, preso en España por la denuncia de sus compañeros de la aerolínea holandesa Transavia, revela cuánto depende de los confesores el avance de las causas que investigan el último eslabón del terrorismo de Estado.

El método de arrojar personas al mar fue utilizado durante la dictadura por las tres Fuerzas Armadas. Existen casos probados a partir del hallazgo de cadáveres de personas vistas en Campo de Mayo, ESMA y Olimpo. Por testimonios de sobrevivientes y del capitán Adolfo Scilingo se sabe que en los vuelos hubo militares, prefectos, gendarmes, policías y civiles. También que contaron con la asistencia espiritual de capellanes como Luis Manceñido y Alberto Zanchetta, aún libres e impunes.

El denunciante que inició a la causa, en 2002, supo del relato de Hess por boca de un tercero. Cuando el carromato judicial se puso en marcha, no sólo el confesor admitió la historia: una ex empleada del marino la ratificó y amplió. “Contaba en tono burlón que las personas pedían por favor” y que “no le temblaba el pulso”, dijo el primero. Hablaba con “bronca y resentimiento”, dijo la mujer. Hess le aseguró que las víctimas “eran tipos muy pesados” y que no se sentía un criminal porque “había que cumplir órdenes”.

En 2005 el expediente llegó al juzgado de Sergio Torres, responsable de la causa ESMA. Allí hibernó durante cuatro años, hasta que a principios de septiembre Página/12 contó la historia. La detención fue el 29 de septiembre, una semana después que la de Poch. Hess declaró ante el juez que arrojar personas al mar era “aberrante e innecesariamente cruento”, porque “en una fuerza armada lo que abundan son las armas, para ser utilizadas conforme a la Convención de Ginebra” (sic). Negó haber integrado “la fuerza de tareas creada para la lucha antisubversiva”, intentó demostrar que piloteaba helicópteros que no podían usarse para tirar personas y dijo desconocer las razones de los testigos para “tergiversar la realidad”.

El juez consideró probado que Hess “formó parte de las tripulaciones de aviones y helicópteros utilizados en el sistema de eliminación física denominado ‘vuelos de la muerte’”. Apuntó que tres aeronaves que piloteó servían para “arrojar carga sin perder capacidad de vuelo”: los helicópte- ros Sea King y los aviones Beechcraft C-45 y Pilatus Porter PL-6-A. Agregó que las confesiones fueron ante personas “de su confianza” y que un testigo de la defensa ratificó la amistad con el primer confesor.

El procesamiento de 583 páginas detalla el método que según Scilingo bendijo la jerarquía católica. Los condenados “eran designados por oficiales de Inteligencia los martes a la noche”. Los miércoles se aislaba el sótano. A las cinco de la tarde un suboficial leía una lista con números de prisioneros. “Se producía un clima de violencia, con una gran carga de adrenalina, ya que el futuro trasladado era tomado en forma impulsiva”, contó un sobreviviente. “Se los hacía tomar manos con hombro en un trencito”, apuntó Ricardo Coquet. Tabicados y encadenados, bajaban hasta la enfermería. Con la excusa de “las condiciones higiénicas” del “campo de recuperación”, les inyectaban un somnífero. Los sacaban por “una puerta que sólo se abría en esas oportunidades, directo hacia el playón”, recordó Elisa Tokar. Mareados o desmayados, los cargaban a un camión que los llevaba al aeropuerto. Gras apuntó que lo subían “a un Fokker de la Escuadrilla Multipropósito”, el destino de Hess en 1978 y 1979. Otro sobreviviente vio en la ESMA “un libro donde estaba desarrollado el proceso que seguía un cadáver cuando se descomponía abajo del mar”.

Los traslados eran “en forma semanal”, apuntó Torres, y citó un cálculo de Scilingo: “Hubo entre ciento ochenta y doscientos vuelos, arrojando en cada uno entre quince y treinta personas”, léase entre 2700 y 6000 víctimas. “Lo insólito era la vida, los nacimientos. La rutina era la muerte”, dijo Scilingo. “No matamos a nadie, no tiramos a nadie al mar”, confesaban algunos “Verdes”, aspirantes a suboficiales de dieciocho años, que a veces lloraban ante algún secuestrado. El cabo Juan Carlos Fotea confesó que era “rallante” ver el desfile de condenados. “Estamos tirando una generación al mar”, admitió el policía, que comenzará a ser juzgado en dos semanas. Varios oficiales contaron que habían “fondeado” a las monjas francesas. “Toda la Armada va a tener que poner los dedos”, sonreía el Tigre Acosta para referirse a la rotación orquestada por Emilio Massera.

El documento incluye la historia del desaparecido que volvió de un vuelo. Emilio Assales, alias Tincho, suboficial de la Armada, secuestrado el 11 de enero de 1977, fue conducido un mes después al sótano del Casino de Oficiales. El somnífero tardó en hacerle efecto porque era corpulento. Alcanzó a ver que sus compañeros vomitaban, se desmayaban y eran sacados a la rastra hacia el playón. Lo subieron a un camión y lo trasladaron al área militar del Aeroparque Jorge Newbery. Lo obligaron a subir a un avión y antes de despegar le preguntaron el número asignado. Se percataron de que aún no había sido interrogado por el Servicio de Inteligencia Naval y ordenaron devolverlo a Capucha.

–Quiero ir al sur –le insistió al suboficial a cargo del traslado, según le contó luego a un sobreviviente.

–Vos no sabés de lo que te salvaste –le respondió “Pedro Bolita”, jujeño de ojos achinados que aún no fue identificado.

Antes de relatar su experiencia, Tincho durmió un día entero. Tiempo después fue trasladado, entonces sí para siempre.

PROCESARON A LOS EX JEFES DE LA PREFECTURA RESPONSABLES DE LA DETENCION DE HECTOR FEBRES

Prefectos sin ningún tipo de privilegio

Entre los procesados está el ex titular de la fuerza Carlos Fernández. La jueza Sandra Arroyo Salgado dio por probado que el represor, que apareció muerto días antes de que se conociera su sentencia en la causa ESMA, cumplía un arresto con muchas comodidades

Los ex jefes de la Prefectura responsables de las condiciones de detención híper flexibles que tuvo Héctor Febres antes de aparecer muerto fueron finalmente procesados por la Justicia. Hace casi dos años, cuando faltaban pocas horas para que se conociera su sentencia en la causa ESMA, el represor fue encontrado sin vida en su “celda” de la dependencia Delta de la Prefectura Naval y su cadáver contenía una enorme cantidad de cianuro. En pocas horas los investigadores comprobaron denuncias que habían sido desoídas por las autoridades respecto de los considerables privilegios de los que gozaba el ex prefecto, enlace entre esa fuerza y la Armada durante la dictadura: departamento privado cuya llave estaba en manos del “preso”, telefonía, computadora, visitas ilimitadas, uso de las instalaciones para fiestas privadas, vacaciones en la base naval de Azul y hasta chofer para su familia. Semejante escenario dificultó de manera determinante la posibilidad de establecer cómo llegó el cianuro a manos de Febres.

Por semejantes concesiones, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin prisión preventiva, al ex jefe de la Prefectura Naval Carlos Fernández, al ex responsable de la base Delta Rubén Iglesias y a los ex prefectos Víctor Sosa, Luis María Morel, Rodrigo Olazábal, José Luis López y Roberto Cherey. El procesamiento dio por probado que Febres tenía en su celda teléfono, celular y una computadora, recibía visitas fuera del horario permitido y le permitían salir a descansar en dependencias de la Armada, junto a su familia. Hubo “traslados durante los meses de enero y febrero a fin de residir o vacacionar en dependencias del Arsenal Naval Azopardo (Azul), durante los años 2003, 2004 y 2005, viajes a los que, en general, era autorizado en virtud de su diabetes o de las necesidades invocadas por la misma fuerza vinculadas con la refacción de su lugar de alojamiento”, escribió la jueza. La resolución también sostiene que Febres estuvo “vacacionando junto a toda su familia en comodísimas instalaciones, con variados banquetes de comida a su alcance, que en nada se compadecen con el sometimiento a un tratamiento médico tendiente a tratar la diabetes de la que adolecía”.

Consultada sobre el fallo, la abogada Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, opinó: “El caso Febres demostró la capacidad operativa que tienen los sectores de la dictadura para seguir actuando, López era un testigo indefenso pero Febres estaba, en teoría, detenido en Prefectura. Nos preocupa el secuestro de un testigo en Santa Fe, los juicios siguen con el mismo nivel de desprotección, por eso más que cuidarnos a nosotros que vigilen a los genocidas que hacen estas cosas”.

Febres fue detenido en diciembre de 1998 en la causa sobre la apropiación sistemática de menores nacidos en cautiverio, por su actuación de enlace entre la Prefectura y la Armada durante la dictadura. En diciembre de 2007 estaba terminando el juicio que lo tuvo como único represor sentado en el banquillo de los acusados. El 10 de ese mes apareció su cadáver en la celda y luego de la autopsia los peritos informaron a la jueza el hallazgo de altas dosis de cianuro. Luego de varios meses de investigación, Arroyo Salgado dio por probado que la muerte se produjo por la ingesta de ese veneno a la que habría sido forzado, y por ello procesó a los dos prefectos asignados a la custodia, junto a la esposa y el hijo de Febres, a quienes consideró cómplices en la alteración de la escena del crimen. Sin embargo, la Cámara de San Martín revocó esos procesamientos al entender que no habían sido suficientemente probados. Ahora la jueza dictó el segundo procesamiento en esta causa en la que se intenta buscar a los responsables de los privilegios que quedaron al descubierto con la muerte de Febres.

Pero ya en su primer fallo, la magistrada tenía claro que el encarcelamiento que había ordenado en su momento el ex juez Adolfo Bagnasco, y que debieron controlar sus sucesores, estuvo muy lejos de ser una prisión. “El alojamiento de Febres distaba de ser aquel proporcionado a una persona comúnmente privada de su libertad en forma cautelar”, había dicho la jueza. “El occiso se manejaba con absoluta libertad e incluso contaba con diversos medios de comunicación y poseía las llaves de su camarote”, agregó.

PRIMERA AUDIENCIA EN EL JUICIO A DIECISIETE REPRESORES DE CENTROS CLANDESTINOS PORTEÑOS

Los dioses del Olimpo en el banquillo

Con Guglielminetti, Uballes, Simón, Miara y otros entre los acusados, comenzó el proceso por los delitos cometidos durante la dictadura en Atlético, Banco y Olimpo. El tribunal pretende que los sobrevivientes reconozcan a sus torturadores, pero la querella se opone.

Estiró los brazos para que le sacaran las esposas. Miró hacia la bandeja superior, vio muecas de lástima en los rostros de sus seres queridos, las ñatas contra el blíndex, un rosario en la mano de su hijo, y esbozó una sonrisa poco convincente. Al bajar la mirada se encontró con un grupo de Madres de Plaza de Mayo, pañuelos blancos en la cabeza, y militantes de Hijos, varios con fotos de sus padres desaparecidos en las manos. Entonces el comisario Eugenio Uballes se transformó, frunció el ceño y volvió a ser El Führer o Anteojito Quiroga, interrogador y torturador de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Sostuvo la mirada con odio durante varios segundos, dio vuelta la cara y se sentó resignado.

La escena formó parte de la audiencia inicial del juicio a diecisiete represores del principal circuito represivo de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura, dependiente del Primer Cuerpo de Ejército. Tuvo lugar ayer, en el subsuelo de Comodoro Py, donde un tribunal porteño volvió a diferenciarse de sus pares del resto del país que juzgan a represores de la dictadura al prohibir a los reporteros gráficos tomar imágenes de los imputados.

Hace casi tres décadas de las primeras declaraciones de sobrevivientes que nombraron a Eugenio Uballes. Por sus apodos, sus tareas y también su apellido. El fallecido torturador Juan Antonio del Cerro lo confirmó en su indagatoria: “Anteojito Quiroga era el comisario Uballes, de la Superintendencia de Comunicaciones”. Formalmente era segundo jefe de guardia de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Según testigos que declararon en instrucción ante el juez federal Daniel Rafecas, en la práctica compartía con Baqueta (Juan Carlos Gómez) la “guardia más dura”. “No es que hacían cumplir las disposiciones disciplinarias, sino que muchas veces sacaban gente al pasillo para garrotearla”, declaró Mario Villani.

La abundancia de pruebas le permitió a Rafecas procesarlo y llevarlo a juicio sin ordenar ningún reconocimiento por parte de los sobrevivientes, con el visto bueno de la Cámara Federal. La novedad introducida por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF-2), que lo diferencia del resto de los tribunales que instruyen juicios de lesa humanidad (excepto del TOF-5, que prohíbe de plano el trabajo de reporteros), es la prohibición de registrar su rostro. La decisión tiene por fin no explicitado someter a los sobrevivientes a reconocimientos en público de quienes los torturaron en cautiverio, e implica burlar la acordada 29/08 de la Corte Suprema de Justicia sobre publicidad de los procesos orales y, en teoría, públicos.

“Desde ya nos oponemos a cualquier intento de identificación, ni siquiera de reconocimiento”, planteó el abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina de los Derechos del Hombres. “Un eventual reconocimiento exige inmediatez, no tiene sentido a 33 años de los hechos”, agregó. El pedido no fue como consecuencia de la prohibición a la prensa, sino al ingreso a la sala de los querellantes que son a su vez testigos. De la respuesta de los jueces Jorge Tassara, Ana María D’Alessio y María Laura Garrigós de Rébori, que se conocerá hoy, depende que la sociedad pueda conocer el rostro de quienes torturaron y asesinaron en un galpón de la Policía Federal, en cuya entrada un cartel decía: “Bienvenidos al Olimpo de los Dioses”.

Trajes y gomina

La jornada arrancó en la calle. A la convocatoria de Hijos, que repartió camisetas “Por Juicio y Castigo”, respondieron los legisladores Claudio Lozano, Eduardo Macaluse, Fabio Basteiro, Juan Cabandié y el director técnico Angel Cappa, entre otros. A las 14.30, después de que los reporteros retrataran a los jueces, ingresaron los imputados: todos con esposas, rostros adustos, la mayoría de traje, varios con gomina. Se distinguían el célebre Raúl Guglielminetti, con menos pelo y más kilos que en los ’80, cuando cayó por secuestros extorsivos, y Julio Simón, alias Turco Julián, de camisa rosa, que va en busca de su tercera condena.

Se sentaron diez en hilera, otro junto a la defensora oficial Verónica Blanca, y cuatro en segunda fila, incluido al capitán Enrique Del Pino y el subcomisario Samuel Miara, condenado ya por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa. Desde la bandeja superior los miraban el juez Daniel Rafecas y su equipo de trabajo, responsables de la instrucción de la megacausa Primer Cuerpo. Entre periodistas y allegados a los imputados también se mezclaron el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alen, y el embajador de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian.

El juez Tassara, presidente del tribunal, informó una serie de formalidades y calculó en ocho meses la duración del juicio. Antes de que sus secretarios comenzaran a leer los requerimientos de elevación, el abogado Rodolfo Yanzón formuló dos pedidos: que se permita el ingreso a la sala de los querellantes que son al mismo tiempo sobrevivientes, y que durante el transcurso del juicio se informe a las partes, día a día, quiénes visitan a los imputados. “Para evitar un deceso no deseado, un segundo (Héctor) Febres”, explicó, en referencia al prefecto de la ESMA envenenado en su dúplex de Prefectura días antes de escuchar la sentencia. Hoy se conocerá la respuesta del tribunal.

El resto de la jornada estuvo dedicado a la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fiscal Federico Delgado, un documento de casi cuatrocientas páginas con el detalle de imputados, víctimas, pruebas y estructura del aparato terrorista. Los datos de los policías sirvieron para recordar que la mayoría pertenecía formalmente a la Superintendencia de Seguridad Federal, que hasta el momento tiene sólo dos condenados por la Masacre de Fátima, y que los dos jefes del circuito Atlético-Banco-Olimpo murieron impunes: el entonces mayor Guillermo Antonio Minicucci y el comisario Antonio Benito Fioravanti. El juicio continuará hoy, desde las 14, con la lectura de los requerimientos de las querellas, y luego se interrumpirá hasta el lunes a las 9.

Marinos detenidos

Tres oficiales retirados de la Armada, investigados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, fueron detenidos ayer en la ciudad de Buenos Aires y trasladados a Bahía Blanca, donde permanecerán detenidos a la espera de juicio. Uno de ellos es el contraalmirante Carlos Busser, conocido por haber estado a cargo del Operativo Rosario que desembarcó en las islas Malvinas el 2 de abril de 1982. A la vez fueron detenidos en sus domicilios por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria los capitanes Hernán Payba y Carlos Padula, en el marco de la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en la base naval de Puerto Belgrano. Los tres marinos serán trasladados a Bahía Blanca para ser investigados en la causa que instruye el juez federal ad hoc de esa ciudad bonaerense, Eduardo Tentoni.

Una sesión por los derechos humanos

El Senado convirtió en ley la obtención de ADN por medios alternativos y que el Banco de Datos Genéticos sea un ente autárquico.

A diez años del compromiso asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Senado convirtió en ley anoche, por unanimidad, el proyecto oficial para despenalizar los delitos de calumnias e injurias. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado el proyecto en septiembre, en la ESMA, durante un homenaje a los miembros de la CIDH que en 1979 corroboraron los crímenes de la última dictadura. La promesa de eliminar ambos delitos del Código Penal fue incumplida por todos los presidentes argentinos durante la última década. En la misma sesión y luego de un debate de cuatro, la Cámara alta también aprobó tres proyectos oficiales reclamados por organismos de derechos humanos:

- El primero permite a los jueces que intervienen en causas por apropiaciones obtener muestras de ADN “por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo”, tal como aprobó la Corte Suprema y como se aplicó con éxito en nueve casos de jóvenes recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Se aprobó por 57 votos a favor y sólo uno en contra.

- El segundo convierte el Banco Nacional de Datos Genéticos, que tenía una doble dependencia funcional, en un ente autárquico que funcionará dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El BNDG se encarga de realizar los exámenes genéticos que hicieron posible identificar a decenas de hijos de desaparecidos. Fue el que mayor resistencia tuvo: 38 votos a favor, 20 en contra.

- El tercero establece que las asociaciones o fundaciones registradas conforme a la ley pueden constituirse como querellantes en los procesos por crímenes de lesa humanidad, al margen de representar a víctimas directas, siempre que su objetivo estatutario se vincule con la defensa de los derechos lesionados. La ley pone fin al cuestionamiento de distintos tribunales a la legitimidad de organismos que patrocinan a víctimas o familiares. Se aprobó por 50 votos a favor y siete en contra.

La eliminación de los llamados “delitos contra el honor” del Código Penal implica cumplir el fallo de la Corte Interamericana en el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia durante su investigación de la Masacre de San Patricio en 1976. El tribunal le ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista, reconocer su responsabilidad en un acto público y modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión, punto que se cumplió ayer.

El debate comenzó poco antes de las seis de la tarde. Los tres proyectos, con dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se debatieron en conjunto. El pampeano Rubén Marín los presentó en nombre del oficialismo. Remarcó que el traspaso del BNDG a Ciencia y Tecnología y no al Ministerio de Justicia, como establecía el proyecto original, era un pedido de los partidos que asegura “una independencia y autonomía mayor”. Sobre el proyecto de extracción de ADN, destacó que estaba en línea con los fallos de la Corte Suprema y las indicaciones de la Comisión Interamericana, y que trataba de “contemporizar un medio de prueba que la tecnología puso al servicio de los jueces, sin invadir la privacidad de la persona”.

Luis Petcoff Naidenoff fundó la negativa al proyecto del BNDG tras remarcar la trayectoria de la UCR, por haber excluido de las leyes de impunidad la apropiación de menores. Cuestionó que se limita la utilización del BNDG a causas vinculadas con delitos de lesa humanidad; la misma crítica formuló Sonia Escudero, del Interbloque Federal: el traspaso implica “la apropiación de once mil muestras de ADN, y se deja en desamparo total a actuales y futuras víctimas de delitos”, afirmó.

Petcoff leyó una carta de Adolfo Pérez Esquivel. Según el Premio Nobel de la Paz, el Banco bajo la órbita del Ejecutivo “afecta el requisito de la imparcialidad”, porque la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en causas penales, y por ende “implica otorgar un salvoconducto a los imputados”. El radicalismo también objetó que los jueces pudieran ordenar la extracción de ADN de imputados. “Si pasamos esa línea nos llevamos puesta la arquitectura garantista de la Constitución”, afirmó. Samuel Cabanchik, de la Coalición Cívica, consideró que la transformación del Banco era “inmotivada para las necesidades de investigación y reparación”, sugirió errores de redacción y consideró “bochornoso” que no se haya solicitado la opinión de las autoridades del Banco.

La senadora chaqueña Elena Corregido prefirió relatar la recuperación de Martín Amarilla Molfino. “Le quitaron el derecho a la intimidad, que es el de mirarse con su madre cuando se alimenta”, dijo, y recordó que “su propia sospecha lo llevó a hacerse los análisis de ADN, datos que el Banco no tenía, porque su familia ignoraba que la mamá estaba embarazada”. “Todos tenemos derecho a la identidad y a recuperar a nuestros hijos y nietos. Con estas leyes estamos asegurando el derecho a la verdad”, afirmó.

Daniel Filmus recordó que “este Congreso aprobó las leyes de impunidad” y destacó “el aval para debatir estos proyectos es el respaldo de los organismos de derechos humanos”. “Cuando buena parte de la sociedad les daba la espalda, Madres y Abuelas siguieron luchando. Hoy plantean estos temas como centrales para recuperar la dignidad de la sociedad”, dijo. Rubén Giustiniani fundó la disidencia del socialismo sobre el traspaso del Banco, y respaldó los otros proyectos. “Van a significar un instrumento legal importante para avanzar en el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad”, afirmó. “Hoy damos un paso adelante en el camino de la verdad, la justicia y la consolidación de la democracia”, cerró.

Una demora para el juicio de la ESMA

BA A COMENZAR EL JUEVES Y SE POSTERGO POR EL CAMBIO DE UN JUEZ

El comienzo del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que estaba previsto para este jueves, fue suspendido al producirse un cambio en la composición del Tribunal Oral Federal 5, que atiende este caso. La modificación debe ser notificada a las partes antes de iniciarse el proceso.

El sábado pasado, la Presidenta firmó el decreto que llevó al juez Guillermo Gordo al TOF-3 y lo reemplazó por el magistrado de ese tribunal, Oscar Hergott, en una suerte de enroque. De esta manera, la nueva fecha de inicio en el proceso se dará a conocer apenas concluyan los trámites correspondientes. Según aseguraron fuentes judiciales, ya habría ingresado en el tribunal un pedido de recusación contra Hergott, que podría dilatar aún más la espera.

Aunque ninguno de los dos magistrados hizo públicos los motivos por los que solicitaron el cambio, aprobado por el Consejo de la Magistratura el jueves pasado, el decreto que firmó la presidenta Cristina Fernández apunta a “lograr una más eficaz prestación del servicio de justicia”. Lo cierto es que ni Gordo ni Hergott tenían una buena relación con sus compañeros de juzgado. En particular, Gordo siempre se opuso a la publicidad de los juicios, por lo que en varias ocasiones prohibió el ingreso de reporteros gráficos, algo que le valió no sólo reclamos de fiscales y organismos de derechos humanos, sino también una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En los 16 años durante los que formó parte del TOF-5, Gordo condenó a dos parejas de expropiadores, al policía Julio Simón (“el Turco Julián”) y a los ex jefes del centro de detención clandestino Mansión Seré, entre otros casos. También absolvió a Miguel Angel Timarchi por la Masacre de Fátima, y juzgó al prefecto Héctor Febres, que fue envenenado antes de que se conociera el fallo. Su nuevo destino no tiene causas vinculadas con el accionar de la represión estatal durante la última dictadura militar, por lo que podrá alejarse de un tema que sobrevoló toda su carrera.

Por su parte, Hergott participó en la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Policlínico Posadas, pero el ex dictador Reynaldo Bignone lo recusó antes de que comenzara el juicio, como una estrategia para dilatar el proceso. Algo similar a lo que ocurre ahora: antes de que su designación en el TOF-5 sea oficial, ya habría recibido una impugnación.

El juicio a los miembros del Grupo de Tareas 3.3.2, enmarcado en la megacausa ESMA que instruye el juez Sergio Torres, es uno de los más relevantes por violaciones de los derechos humanos en la última dictadura, tanto por su magnitud (se espera que dure unos seis meses y que desfilen por el tribunal casi 300 testigos) como por la notoriedad de los crímenes que serán juzgados. Entre esos delitos se encuentran el asesinato de Rodolfo Walsh, el secuestro y desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y el de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Entre los 19 ex marinos acusados están Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta, Antonio Pernías, Jorge Radice, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda Tiguel

Las pericias de ADN

ANALIZARAN ROPA DE DOS PRESUNTOS HIJOS DE DESAPARECIDOS

En la causa Prieto, la Cámara Federal porteña avaló la decisión de la jueza Servini de obtener datos genéticos mediante el análisis de prendas incautadas en un allanamiento.

La Justicia podrá analizar el ADN de dos presuntos hijos de desaparecidos utilizando muestras obtenidas de ropa incautada en un allanamiento. La Cámara Federal porteña avaló una decisión de la jueza María Servini de Cubría en la causa Prieto, que investiga la apropiación de dos menores por un suboficial de la Marina durante la dictadura. En esa misma causa, en agosto pasado, la Corte Suprema autorizó el secuestro de artículos personales, cepillos de dientes, peines y ropas como medios de prueba para determinar la identidad de posibles descendientes de desaparecidos.

La Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, rechazó los recursos de queja presentados por Emiliano y Guillermo Prieto. Ambos objetaban que los efectos personales que Servini de Cubría ordenó secuestrarles en septiembre fueran peritados para determinar su ADN. El objeto del peritaje es cotejar el resultado con el Banco Nacional de Datos Genéticos y realizar “los correspondientes estudios de histocompatibilidad”, según señalaron los jueces, para determinar si existen vínculos entre los jóvenes y “los grupos familiares Ingold-Angerosa y Segarra-Torres”, dos matrimonios de desaparecidos, o con otras víctimas de la dictadura.

Emiliano y Guillermo fueron criados por Guillermo Antonio Prieto, un suboficial de la Marina en actividad durante la dictadura, y su esposa Emma. El matrimonio inscribió a los niños como hijos biológicos: Emiliano, del 6 de agosto de 1978, y Guillermo Gabriel, del 1º de junio de 1976. Las Abuelas de Plaza de Mayo creen que nacieron en cautiverio y que sus verdaderos padres serían dos parejas diferentes. Ambos figuran como nacidos en un domicilio particular y se presume que el certificado, como sus documentos de identidad, son falsos.

Ante la resistencia de los hermanos a que se analice su código genético, la jueza Servini de Cubría había argumentado que el análisis de las muestras obtenidas era la “única alternativa capaz de dar respuesta a la cuestión debatida, ya que se intenta dilucidar la eventual filiación de quien fuera inscripto como Emiliano Matías Prieto”. Ahora, tras la apelación, la Cámara consideró que “la cuestión puesta a estudio se torna claramente inapelable, ya que obtenido el material genético conforme a las pautas indicadas por la Corte Suprema de Justicia en sus recientes pronunciamientos, la magistrada ha dispuesto la realización de un peritaje, sin involucrar ninguna acción de Emiliano Matías Prieto”.

La puja por conocer la filiación de los dos jóvenes comenzó en 2000, cuando la Justicia ordenó una extracción compulsiva de sangre a Emiliano. El se negó y tras sucesivas apelaciones su expediente llegó a la Corte Suprema. El joven planteó que el examen viola sus derechos de “intimidad, integridad física, psíquica y moral, a la dignidad, a la vida privada y a gozar de los derechos civiles”. Hace tres meses, el máximo tribunal rechazó la extracción compulsiva de sangre a mayores de edad para obtener muestras genéticas, pero autorizó los allanamientos a domicilios de personas presuntamente apropiadas durante la dictadura para incautar elementos que permitan rastrear su verdadera filiación.

Mientras, el Congreso analiza un proyecto oficial que habilita a la Justicia a ordenar la recolección de pertenencias de posibles hijos de desaparecidos para constatar su identidad, aun cuando la víctima no dé su conformidad.