EL JUICIO A LUCIANO MENENDEZ
–¿Es posible que su hermano se haya escapado con una mujer? –insistían los miembros del Departamento de Informaciones de la policía de Córdoba.
–¿Por qué me siguen haciendo esa pregunta si lo tienen ustedes? –respondía una y otra vez Armando Albareda, integrante de la misma fuerza y hermano del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, secuestrado, torturado y asesinado por miembros del D2 cuando descubrieron que militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. El diálogo tuvo lugar a fines de 1979 en el marco del sumario labrado para simular investigar el paradero de Albareda y lo recordó ayer su hermano Armando, quien declaró durante la primera audiencia de testimoniales en el juicio oral y público al condenado Luciano Benjamín Menéndez y a cinco ex miembros del D2.
También prestaron testimonio la viuda de la víctima, Susana Montoya, y otro de sus hermanos. El ex policía Ernesto Enrique Albareda confesó que desde el momento de los hechos hasta estos días siente “miedo” por lo que pueda sucederle a él y a su familia.
Armando Albareda recordó que lo citaron varias veces a la sede del D2 para formularle las mismas preguntas. Cuando volvió a su puesto luego de acusar a sus interrogadores, su superior Francisco Alejandro Agresta le recriminó “¿Gallego, qué hiciste? ¿Qué fuiste a decir a Informaciones? ¿Querés que nos maten a todos?”. Dijo también que tras la desaparición se presentó personal policial en su vivienda para preguntarle por el paradero de Ricardo, y que luego realizaron falsos operativos de rastrillaje.
El ex policía declaró que su madre buscó hasta el final a su hijo: “Ella intentó tener contacto con (Luciano Benjamín) Menéndez, dirigiéndose al cuartel donde él se refugiaba. Se presentaba a las siete de la mañana y aguardaba hasta las 14. Lo hizo todos los días, hasta que la salud no se lo permitió más”.
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miércoles, 28 de octubre de 2009
LA APDH EXPULSO A LA LIDER DE LA CC, COMO SOLO HABIA HECHO CON MENEM
Tarjeta roja para Carrió
Con el voto unánime de su comisión directiva, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos separó a Elisa Carrió de la entidad por sus críticas al proyecto oficial sobre la obtención de muestras de ADN para identificar a posibles hijos de desaparecidos.
Las críticas de Elisa Carrió al proyecto oficial sobre la obtención de muestras de ADN de posibles hijos de desaparecidos siguen levantando polvareda. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, uno de los organismos más antiguos del país en el área, resolvió por el voto unánime de su comisión directiva expulsar a la líder de la Coalición Cívica por sus declaraciones sobre la supuesta “persecución” a Ernestina Herrera viuda de Noble, dueña del Grupo Clarín e imputada en una investigación judicial por la adopción irregular en 1976 de un niño y una niña, hoy adultos, que podrían ser hijos de desaparecidos.
“Dadas sus declaraciones públicas, absolutamente incompatibles con los principios y valores de los derechos humanos, la mesa directiva ha decidido separar a la señora Carrió de esta institución”, señala el comunicado de la APDH, que copresiden Miguel Montserrat, la hermana Martha Pelloni y el obispo metodista Aldo Etchegoyen. Consultado por Página/12, Montserrat consideró que “con sus palabras Carrió se pone en la vereda de enfrente de los organismos de derechos humanos, junto con los apologistas de la dictadura, los mismos que plantean el olvido y la reconciliación para convivir con criminales y torturadores”. Agregó que el único antecedente de expulsión de APDH es el de Carlos Menem, separado cuando indultó a los represores que no habían sido alcanzados por las leyes de impunidad.
El proyecto que cuestionó Carrió se funda en argumentos de la Corte Suprema de Justicia y fue enviado al Congreso en el marco de un acuerdo de solución amistosa entre Abuelas y el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Establece que si el presunto hijo de desaparecidos no accede a extraerse sangre para conocer su identidad, la Justicia puede ordenar la obtención de material genético por medios alternativos, como el secuestro de ropa o cepillos de dientes. El método ya permitió la identificación de nueve hijos de desaparecidos.
“Esta ley no está dirigida a proteger los derechos humanos, sino que está dirigida a los hijos de la señora Herrera de Noble”, declaró Carrió hace diez días. “Es fascismo puro. El principio de la integridad y de la autonomía personal están por encima. Es una ley de persecución”, agregó. La respuesta de Abuelas fue inmediata: “Esta señora está tan desprestigiada que dice barbaridades, confunde las cosas y, con tal de echar más leña al fuego, nos ofende”, dijo Estela de Carlotto.
“Carrió ingresó a la APDH de la mano de Alfredo Bravo a fines de los ’90, cuando se formó el ARI”, recordó Etchegoyen. “Tenía un discurso relativamente progresista y hacía campaña levantando los nombres de Evita y (Leandro) Alem. Luego giró hacia el centro y en los últimos tiempos tiene un discurso francamente de derecha, que culmina ahora tocando aspectos muy sensibles a los organismos y solidarizándose con Herrera de Noble, como si fuera una víctima.”
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Con el voto unánime de su comisión directiva, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos separó a Elisa Carrió de la entidad por sus críticas al proyecto oficial sobre la obtención de muestras de ADN para identificar a posibles hijos de desaparecidos.
Las críticas de Elisa Carrió al proyecto oficial sobre la obtención de muestras de ADN de posibles hijos de desaparecidos siguen levantando polvareda. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, uno de los organismos más antiguos del país en el área, resolvió por el voto unánime de su comisión directiva expulsar a la líder de la Coalición Cívica por sus declaraciones sobre la supuesta “persecución” a Ernestina Herrera viuda de Noble, dueña del Grupo Clarín e imputada en una investigación judicial por la adopción irregular en 1976 de un niño y una niña, hoy adultos, que podrían ser hijos de desaparecidos.
“Dadas sus declaraciones públicas, absolutamente incompatibles con los principios y valores de los derechos humanos, la mesa directiva ha decidido separar a la señora Carrió de esta institución”, señala el comunicado de la APDH, que copresiden Miguel Montserrat, la hermana Martha Pelloni y el obispo metodista Aldo Etchegoyen. Consultado por Página/12, Montserrat consideró que “con sus palabras Carrió se pone en la vereda de enfrente de los organismos de derechos humanos, junto con los apologistas de la dictadura, los mismos que plantean el olvido y la reconciliación para convivir con criminales y torturadores”. Agregó que el único antecedente de expulsión de APDH es el de Carlos Menem, separado cuando indultó a los represores que no habían sido alcanzados por las leyes de impunidad.
El proyecto que cuestionó Carrió se funda en argumentos de la Corte Suprema de Justicia y fue enviado al Congreso en el marco de un acuerdo de solución amistosa entre Abuelas y el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Establece que si el presunto hijo de desaparecidos no accede a extraerse sangre para conocer su identidad, la Justicia puede ordenar la obtención de material genético por medios alternativos, como el secuestro de ropa o cepillos de dientes. El método ya permitió la identificación de nueve hijos de desaparecidos.
“Esta ley no está dirigida a proteger los derechos humanos, sino que está dirigida a los hijos de la señora Herrera de Noble”, declaró Carrió hace diez días. “Es fascismo puro. El principio de la integridad y de la autonomía personal están por encima. Es una ley de persecución”, agregó. La respuesta de Abuelas fue inmediata: “Esta señora está tan desprestigiada que dice barbaridades, confunde las cosas y, con tal de echar más leña al fuego, nos ofende”, dijo Estela de Carlotto.
“Carrió ingresó a la APDH de la mano de Alfredo Bravo a fines de los ’90, cuando se formó el ARI”, recordó Etchegoyen. “Tenía un discurso relativamente progresista y hacía campaña levantando los nombres de Evita y (Leandro) Alem. Luego giró hacia el centro y en los últimos tiempos tiene un discurso francamente de derecha, que culmina ahora tocando aspectos muy sensibles a los organismos y solidarizándose con Herrera de Noble, como si fuera una víctima.”
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sábado, 24 de octubre de 2009
Más absueltos que condenados
otra vez la justicia "falla"FINAL CON POLEMICA EN EL JUICIO A ALTOS MANDOS DEL PRIMER CUERPO DE EJERCITO
El general Jorge Olivera Róvere y el coronel Benardo José Menéndez recibieron prisión perpetua, aunque por el momento seguirán libres. Tres ex jefes del Regimiento Patricios fueron absueltos. “Es un paso atrás respecto del Juicio a las Juntas”, señaló un abogado del CELS.
Luego de treinta años de espera, de tres meses de audiencias anticipadas y otros nueve de juicio oral, en los que cuatrocientos testigos repitieron los padecimientos propios y de sus seres queridos, la alegría duró apenas segundos. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) porteño condenó ayer a prisión perpetua al general Jorge Olivera Róvere y al coronel Benardo José Menéndez por secuestros y homicidios en la ciudad de Buenos Aires, pero absolvió de culpa y cargo a tres ex jefes militares que ocuparon altos cargos en la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Tanto absueltos como condenados seguirán en libertad. El fallo marca un quiebre en el proceso de justicia por los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado.
Ex jefe de la subzona Capital Federal y mano derecha del general Carlos Suárez Mason como segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Olivera Róvere fue condenado por más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad, agravadas por su condición de funcionario público y por haber sido cometidas con violencia, y por los homicidios calificados con alevosía de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El coronel Menéndez, ex jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea y del área militar 5 en 1977, fue condenado por sólo cinco de los 41 secuestros que le imputaban, más un homicidio agravado.
Los flamantes absueltos son el coronel Humberto José Lobaiza y el general Teófilo Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, a quienes distintas instancias de la Justicia federal habían procesado por 83 y 28 secuestros respectivamente, y el coronel Felipe José Alespeiti, ex segundo jefe del Patricios y jefe del área militar 2 durante 1976, imputado por 34 secuestros. Si bien los fundamentos se harán públicos el 10 de diciembre, quienes conocen la causa a fondo descuentan que se condenó sólo por los casos en los que se probó la intervención directa de los imputados.
Con el fallo de ayer suman 23 los imputados que fueron juzgados en 2009. Antes fueron condenados cinco represores en San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros y dos interventores militares de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (donde fue absuelto Alejandro Duret) y el general Santiago Riveros y cinco de sus subordinados en Campo de Mayo. La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré, todos condenados por el TOF 5.
Un paso atrás
La sala explotó cuando el juez Guillermo Gordo, que no preside pero ofició de vocero del tribunal, concluyó la lectura. A los gritos de “¡cómplices!” y “¡asesinos!” siguió una música que ya es marca registrada de los procesos a represores: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. “Por segunda vez este tribunal absuelve a genocidas”, informaba una militante de HIJOS con un megáfono en la vereda de Comodoro Py. “Queremos que los vecinos de Recoleta tengan claro que si el Poder Judicial no hace justicia y estos tipos siguen libres, la condena social seguirá vigente”, agregó, como anticipo de nuevos “ataques acústicos” para informar a los vecinos de represores sobre sus labores durante la dictadura.
“Filmen las caras de los genocidas impunes para que todo el mundo las conozca”, proponían a los camarógrafos, mientras algunos familiares de desaparecidos alternaban críticas al Poder Judicial y a los medios de comunicación presentes. “¿Dónde estuvieron ustedes durante los nueve meses que duró el juicio?”, gritaba un hombre con los ojos llenos de lágrimas. “Vayan a buscar a los genocidas, que siguen libres, y no sigan filmando nuestro dolor, que no sirve de nada”, les explicaba a los gritos.
“Se probó la división territorial y la función de las áreas militares como elementos de ejecución, no se entienden las absoluciones”, destacó Gerardo Fernández, del CELS. “Había pruebas para condenar a todos. Nos hubiera gustado que la sociedad pudiera tener acceso al debate para comprobarlo. Hay que esperar los fundamentos, pero la absolución de ex jefes de áreas es un paso atrás respecto de los criterios aplicados en el Juicio a las Juntas”, agregó.
“De ahora en más se puede esperar cualquier cosa de este tribunal”, resumió el fiscal federal Félix Crous, que había pedido una pena de 25 años de prisión para los tres absueltos. “Desde antes del comienzo del juicio, personal del tribunal hizo conocer a terceros la presunción de que los jefes de área eran inocentes. Causa inquietud que haya podido haber un prejuicio sobre la responsabilidad de los imputados y que pueda haber repercutido en el fallo”, agregó, y consideró “irónico” que los fundamentos se lean el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
“El fallo implica negar la existencia de un plan sistemático, implica considerar que los jefes de área podían desconocer los secuestros y asesinatos que ocurrían en Capital Federal. Es como pensar que entre Olivera Róvere y las patotas no había nadie en el medio”, reflexionaron miembros de HIJOS regional Capital.
“Las condenas se ven opacadas por la absolución a quienes fueron jefes operativos. El tribunal pretende instalar la teoría de la ‘obediencia debida’ cuando ya en el fallo de la causa 13 se afirmó la existencia de un plan de exterminio de las Fuerzas Armadas y el Estado en su conjunto”, consideró la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Página/12 le pidió una opinión sobre el fallo a una decena de familiares de los imputados. Todos prefirieron guardar silencio.
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viernes, 23 de octubre de 2009
RECLAMO DE ORGANIZACIONES CIVILES ANTE LA CORTE POR LA DIFUSION DE LOS JUICIOS
Sin límites para la prensa
Asociaciones de periodistas, de editores de medios y organismos defensores de los derechos humanos le plantearon a la Corte su preocupación por las limitaciones al trabajo de la prensa en los juicios a los represores de la última dictadura
Once organizaciones de la sociedad civil, incluidas asociaciones de periodistas y de editores de medios, manifestaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia su preocupación por las restricciones al trabajo de la prensa en los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Las entidades alertaron sobre normas de ingreso a las salas que “resultan violatorias del principio de publicidad y del derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía”, destacaron como “ejemplo más resonante” al Tribunal Oral Federal 5 porteño que hoy dictará sentencia a ex jerarcas militares de la ciudad de Buenos Aires y luego juzgará a represores de la ESMA y reclamaron al alto tribunal una aclaratoria sobre su acordada 29, de octubre pasado, para “garantizar de manera plena el derecho a la información y al control de los actos de gobierno en este proceso de gran trascendencia pública y especial relevancia institucional”.
Los obstáculos del Poder Judicial al trabajo de la prensa no son nuevos. Querellantes y organismos de derechos humanos de todo el país han reclamado mayor publicidad a medida que sus causas llegaron a juicio. La particularidad del nuevo pedido a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, radica en la diversidad de las entidades, que no son parte en juicios a represores: la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Poder Ciudadano y hasta la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Adepa, que reúne a los dueños de los diarios, incluidos los críticos a la reapertura de los juicios.
La nota a la Corte analiza la situación en distintas jurisdicciones: desde “buenos ejemplos de relación entre prensa y Justicia” como en La Plata y Córdoba, pasando por “el caso intermedio” de Tucumán, donde detectaron “limitaciones en el ingreso” de los reporteros, de Neuquén y Rosario, donde existen “reales limitaciones materiales para el trabajo de prensa”, hasta el caso extremo del TOF-5 porteño, que dictó seis sentencias sin reporteros en la sala y donde comenzará el mes próximo “un juicio de inconmensurable valor simbólico: la llamada causa ESMA”.
Las organizaciones recordaron que, “en clara contradicción con lo dispuesto por la Corte Suprema”, el tribunal que integran Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado prohíbe el ingreso de cámaras de televisión a la sala y sólo permite a los canales tomar imágenes a través de un circuito cerrado operado por la Policía Federal. La prohibición a los fotógrafos fue absoluta hasta el escándalo en el inicio del juicio al general Olivera Róvere, cuando un secretario del TOF y otro de la Corte cubrieron con sus manos la cámara de un reportero de Télam. Desde entonces sólo autorizan el ingreso de la agencia oficial, aunque con la prohibición de tomar primeros planos de los imputados y fotos del tribunal.
Las organizaciones proponen como criterio general “permitir la toma directa de imágenes y audio”, con “pautas diferenciadas” según las etapas del proceso. Sostienen que “no debería limitarse el ingreso de reporteros gráficos”, estiman “no razonable” prohibir primeros planos de imputados o imágenes de Sus Señorías, sugieren permitir el ingreso de periodistas radiales con grabadores y, frente a las excusas fundadas en “razones de espacio”, proponen buscar alternativas “para una mejor cobertura de estos acontecimientos”.
Asociaciones de periodistas, de editores de medios y organismos defensores de los derechos humanos le plantearon a la Corte su preocupación por las limitaciones al trabajo de la prensa en los juicios a los represores de la última dictadura
Once organizaciones de la sociedad civil, incluidas asociaciones de periodistas y de editores de medios, manifestaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia su preocupación por las restricciones al trabajo de la prensa en los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Las entidades alertaron sobre normas de ingreso a las salas que “resultan violatorias del principio de publicidad y del derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía”, destacaron como “ejemplo más resonante” al Tribunal Oral Federal 5 porteño que hoy dictará sentencia a ex jerarcas militares de la ciudad de Buenos Aires y luego juzgará a represores de la ESMA y reclamaron al alto tribunal una aclaratoria sobre su acordada 29, de octubre pasado, para “garantizar de manera plena el derecho a la información y al control de los actos de gobierno en este proceso de gran trascendencia pública y especial relevancia institucional”.
Los obstáculos del Poder Judicial al trabajo de la prensa no son nuevos. Querellantes y organismos de derechos humanos de todo el país han reclamado mayor publicidad a medida que sus causas llegaron a juicio. La particularidad del nuevo pedido a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, radica en la diversidad de las entidades, que no son parte en juicios a represores: la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Poder Ciudadano y hasta la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Adepa, que reúne a los dueños de los diarios, incluidos los críticos a la reapertura de los juicios.
La nota a la Corte analiza la situación en distintas jurisdicciones: desde “buenos ejemplos de relación entre prensa y Justicia” como en La Plata y Córdoba, pasando por “el caso intermedio” de Tucumán, donde detectaron “limitaciones en el ingreso” de los reporteros, de Neuquén y Rosario, donde existen “reales limitaciones materiales para el trabajo de prensa”, hasta el caso extremo del TOF-5 porteño, que dictó seis sentencias sin reporteros en la sala y donde comenzará el mes próximo “un juicio de inconmensurable valor simbólico: la llamada causa ESMA”.
Las organizaciones recordaron que, “en clara contradicción con lo dispuesto por la Corte Suprema”, el tribunal que integran Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado prohíbe el ingreso de cámaras de televisión a la sala y sólo permite a los canales tomar imágenes a través de un circuito cerrado operado por la Policía Federal. La prohibición a los fotógrafos fue absoluta hasta el escándalo en el inicio del juicio al general Olivera Róvere, cuando un secretario del TOF y otro de la Corte cubrieron con sus manos la cámara de un reportero de Télam. Desde entonces sólo autorizan el ingreso de la agencia oficial, aunque con la prohibición de tomar primeros planos de los imputados y fotos del tribunal.
Las organizaciones proponen como criterio general “permitir la toma directa de imágenes y audio”, con “pautas diferenciadas” según las etapas del proceso. Sostienen que “no debería limitarse el ingreso de reporteros gráficos”, estiman “no razonable” prohibir primeros planos de imputados o imágenes de Sus Señorías, sugieren permitir el ingreso de periodistas radiales con grabadores y, frente a las excusas fundadas en “razones de espacio”, proponen buscar alternativas “para una mejor cobertura de estos acontecimientos”.
El día de la sentencia
El Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires dictará hoy la sentencia del juicio en el que está procesado el general retirado Jorge Olivera Róvere. El ex titular del Primer Cuerpo de Ejército está señalado como el responsable máximo de 116 secuestros y desapariciones, entre ellos el del escritor Haroldo Conti. Se conocerán los veredictos contra los militares Bernardo José Menéndez, Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Lobaiza y Teófilo Saá. El fiscal Félix Crous solicitó prisión perpetua para Olivera Róvere y para Menéndez.
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Comisarios con coronita
Los comisarios retirados Raúl Carlos Rodríguez y Juan Miguel Wolk, alias “Patón”, seguirán en sus casas. El juez federal Arnaldo Corazza, que la semana pasado los detuvo e indagó por secuestros y torturas en el centro clandestino Pozo de Banfield, los procesó pero les concedió el arresto domiciliario. El colectivo Justicia Ya! repudió la decisión y reclamó “la inmediata detención e indagatoria de todos los responsables” del ex circuito Camps. Wolk fue dado por muerto durante años hasta que la hermana de un desaparecido detectó que vivía en Benedetto Crocce 3045, de Mar del Plata.
jueves, 22 de octubre de 2009
EXCARCELARON A UN EX CNU EN MAR DEL PLATA
Un abogado con amigos en la Justicia
El abogado Eduardo Cincotta, procesado por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata durante la última dictadura, fue excarcelado “por razones humanitarias” luego de trece meses con prisión preventiva, primero en la Alcaidía 44 de Batán y luego en su casa. La Cámara Federal local, integrada por Alejandro Tazza, Jorge Ferro y Juan Alberto Ferrara, argumentó en su resolución que el ex miembro de la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria y del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 padece una enfermedad grave que lo obliga a deambular por centros asistenciales. Ferrara es el mismo juez que en abril de 1976 sobreseyó sin investigar el asesinato de los padres y la hermana de un militante montonero, que aparecieron cubiertos de cal y sin dedos luego de cuatro días desaparecidos. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó investigarlo el año pasado por el encubrimiento de los crímenes.
El único ex miembro de la CNU detenido es ahora Nicolás Cafarello, en tanto permanecen prófugos Fernando Delgado y Eduardo Salvador Ullúa. El último tuvo pedido de captura durante dos meses y medio, hasta que el juez Alejandro Castellanos revocó su propia resolución, decisión por la que fue denunciado ante el Colegio de la Magistratura. Luego la Cámara ordenó la captura nacional e internacional de Ullúa.
Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata reclamaron la semana pasada que Castellanos se aparte de la instrucción de la causa “La Cueva”, el centro clandestino del GADA 601. Cuestionaron “el trato privilegiado recibido por Cincotta” y calificaron de “capcioso” que el juez solicitara una constancia de ausencia con presunción de fallecimiento de Hugo Alais, uno de los abogados laboralistas secuestrados y desaparecidos durante la “Noche de las Corbatas”. Sostuvieron que ambas actitudes “indican falta de imparcialidad” y consideraron que “se está invirtiendo la situación con este tipo de pedidos: pareciera que la intención no es juzgar a los victimarios sino a las víctimas del terrorismo de Estado”. “La profesionalidad de un juez implica no desconocer el sufrimiento de nuestro pueblo; hacerlo significa convertirse en cómplice del gobierno dictatorial”, afirmaron.
El abogado Cincotta, quien luce en su estudio jurídico una distinción por servicios prestado “en la lucha contra la subversión”, está procesado por la desaparición de los abogados laboralistas secuestrados en la Noche de las Corbatas y vistos por última vez en el centro clandestino La Cueva, entre ellos Alais, Jorge Candeloro y Norberto Centeno.
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El abogado Eduardo Cincotta, procesado por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata durante la última dictadura, fue excarcelado “por razones humanitarias” luego de trece meses con prisión preventiva, primero en la Alcaidía 44 de Batán y luego en su casa. La Cámara Federal local, integrada por Alejandro Tazza, Jorge Ferro y Juan Alberto Ferrara, argumentó en su resolución que el ex miembro de la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria y del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 padece una enfermedad grave que lo obliga a deambular por centros asistenciales. Ferrara es el mismo juez que en abril de 1976 sobreseyó sin investigar el asesinato de los padres y la hermana de un militante montonero, que aparecieron cubiertos de cal y sin dedos luego de cuatro días desaparecidos. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó investigarlo el año pasado por el encubrimiento de los crímenes.
El único ex miembro de la CNU detenido es ahora Nicolás Cafarello, en tanto permanecen prófugos Fernando Delgado y Eduardo Salvador Ullúa. El último tuvo pedido de captura durante dos meses y medio, hasta que el juez Alejandro Castellanos revocó su propia resolución, decisión por la que fue denunciado ante el Colegio de la Magistratura. Luego la Cámara ordenó la captura nacional e internacional de Ullúa.
Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata reclamaron la semana pasada que Castellanos se aparte de la instrucción de la causa “La Cueva”, el centro clandestino del GADA 601. Cuestionaron “el trato privilegiado recibido por Cincotta” y calificaron de “capcioso” que el juez solicitara una constancia de ausencia con presunción de fallecimiento de Hugo Alais, uno de los abogados laboralistas secuestrados y desaparecidos durante la “Noche de las Corbatas”. Sostuvieron que ambas actitudes “indican falta de imparcialidad” y consideraron que “se está invirtiendo la situación con este tipo de pedidos: pareciera que la intención no es juzgar a los victimarios sino a las víctimas del terrorismo de Estado”. “La profesionalidad de un juez implica no desconocer el sufrimiento de nuestro pueblo; hacerlo significa convertirse en cómplice del gobierno dictatorial”, afirmaron.
El abogado Cincotta, quien luce en su estudio jurídico una distinción por servicios prestado “en la lucha contra la subversión”, está procesado por la desaparición de los abogados laboralistas secuestrados en la Noche de las Corbatas y vistos por última vez en el centro clandestino La Cueva, entre ellos Alais, Jorge Candeloro y Norberto Centeno.
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miércoles, 21 de octubre de 2009
LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO CONMEMORARON SUS TREINTA Y DOS AñOS
Un festejo por los logros y un acto de desagravio
Ustedes nos hicieron comprender y entender que mejor es saber, porque entonces uno puede elegir y ser libre”, dijo Tatiana Sfiligoy sobre el escenario del teatro ND Ateneo al entregar el regalo que los nietos recuperados les hicieron a las Abuelas de Plaza de Mayo para su 32º aniversario. Era un cuadro con el logo de la institución hecho con huellas digitales.
Videos, flores, fragmentos de obras de teatro y la voz de Adriana Varela fueron algunos de los presentes que recibieron las Abuelas en su cumpleaños. Pero el evento se convirtió, además, en un acto de desagravio ante las críticas que la semana pasada la diputada electa Elisa Carrió hizo a un proyecto de ley impulsado por el organismo de derechos humanos. La líder de la Coalición Cívica aseguró que se trataba de una medida de venganza del gobierno nacional contra la directora de Clarín, involucrada en una causa penal en la que se investiga si sus hijos adoptivos son víctimas del terrorismo de Estado. La iniciativa, elaborada a partir de un acuerdo amistoso de Abuelas y el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apunta a ratificar la validez de los métodos alternativos a la extracción de sangre para obtener ADN y así garantizar el derecho a la identidad.
“Rescatemos el proyecto de ley que se mandó al Congreso, para que los brindis (que se hacen cada vez que se encuentra un nieto o nieta) se multipliquen”, dijo Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, al hablar junto a sus compañeras Marta Vázquez y Laura Conte. Poco antes, también desde el escenario, Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, dijo que no quería referirse a Carrió, pero repudió “el maltrato”. “Tenemos muy claro que para nosotros las Abuelas no sólo son sagradas, las amamos a todas”, agregó.
Conrado Geiger ofició de maestro de ceremonias. Leyó las numerosas adhesiones y mensajes de respaldo, entre ellos, los del municipio de Morón, el CELS, los nietos recuperados que viven en Uruguay, el subsecretario de Derechos Humanos porteño, Helio Rebot; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; el ministro de Justicia, Julio Alak, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Geiger improvisó cuando la pantalla que luego mostraría un video tardó en bajar. Allí aparecieron imágenes que dieron cuenta de la historia de la institución. Las marchas, el seguimiento de los debates parlamentarios de las leyes de punto final y obediencia debida y los reencuentros. Desde los niños que fueron recuperados apenas comenzó la democracia hasta los adultos, mucho de los cuales hicieron su propia búsqueda y se acercaron a Abuelas con dudas sobre su identidad.
Además, Geiger habló de “los casi cien nietos encontrados y los 400 que faltan, de la persistencia, la continuidad y los logros de las Abuelas”. “Acá están las Abuelas, los nietos”, dijo al inicio del acto. “Y los bisnietos”, le sopló una abuela desde la platea. La presencia de los niños, hijos de los nietos recuperados, era visible en el teatro. Algunos paseaban en los pasillos y otros se hicieron oír desde sus asientos. “Las gracias más amplias que existen a ustedes, porque conocemos nuestra identidad y les pudimos dar la identidad a nuestros hijos gracias a ustedes. Las gracias más eternas”, dijeron los jóvenes que recuperaron su identidad al entregar el dibujo con las huellas digitales a las Abuelas.
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Ustedes nos hicieron comprender y entender que mejor es saber, porque entonces uno puede elegir y ser libre”, dijo Tatiana Sfiligoy sobre el escenario del teatro ND Ateneo al entregar el regalo que los nietos recuperados les hicieron a las Abuelas de Plaza de Mayo para su 32º aniversario. Era un cuadro con el logo de la institución hecho con huellas digitales.
Videos, flores, fragmentos de obras de teatro y la voz de Adriana Varela fueron algunos de los presentes que recibieron las Abuelas en su cumpleaños. Pero el evento se convirtió, además, en un acto de desagravio ante las críticas que la semana pasada la diputada electa Elisa Carrió hizo a un proyecto de ley impulsado por el organismo de derechos humanos. La líder de la Coalición Cívica aseguró que se trataba de una medida de venganza del gobierno nacional contra la directora de Clarín, involucrada en una causa penal en la que se investiga si sus hijos adoptivos son víctimas del terrorismo de Estado. La iniciativa, elaborada a partir de un acuerdo amistoso de Abuelas y el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apunta a ratificar la validez de los métodos alternativos a la extracción de sangre para obtener ADN y así garantizar el derecho a la identidad.
“Rescatemos el proyecto de ley que se mandó al Congreso, para que los brindis (que se hacen cada vez que se encuentra un nieto o nieta) se multipliquen”, dijo Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, al hablar junto a sus compañeras Marta Vázquez y Laura Conte. Poco antes, también desde el escenario, Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, dijo que no quería referirse a Carrió, pero repudió “el maltrato”. “Tenemos muy claro que para nosotros las Abuelas no sólo son sagradas, las amamos a todas”, agregó.
Conrado Geiger ofició de maestro de ceremonias. Leyó las numerosas adhesiones y mensajes de respaldo, entre ellos, los del municipio de Morón, el CELS, los nietos recuperados que viven en Uruguay, el subsecretario de Derechos Humanos porteño, Helio Rebot; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; el ministro de Justicia, Julio Alak, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Geiger improvisó cuando la pantalla que luego mostraría un video tardó en bajar. Allí aparecieron imágenes que dieron cuenta de la historia de la institución. Las marchas, el seguimiento de los debates parlamentarios de las leyes de punto final y obediencia debida y los reencuentros. Desde los niños que fueron recuperados apenas comenzó la democracia hasta los adultos, mucho de los cuales hicieron su propia búsqueda y se acercaron a Abuelas con dudas sobre su identidad.
Además, Geiger habló de “los casi cien nietos encontrados y los 400 que faltan, de la persistencia, la continuidad y los logros de las Abuelas”. “Acá están las Abuelas, los nietos”, dijo al inicio del acto. “Y los bisnietos”, le sopló una abuela desde la platea. La presencia de los niños, hijos de los nietos recuperados, era visible en el teatro. Algunos paseaban en los pasillos y otros se hicieron oír desde sus asientos. “Las gracias más amplias que existen a ustedes, porque conocemos nuestra identidad y les pudimos dar la identidad a nuestros hijos gracias a ustedes. Las gracias más eternas”, dijeron los jóvenes que recuperaron su identidad al entregar el dibujo con las huellas digitales a las Abuelas.
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La mira sobre Menéndez y la policía
EMPEZO OTRO JUICIO CONTRA MENENDEZ EN CORDOBA. APARECIO APUñALADO UN TESTIGO
El gobernador Schiaretti asistió a la primera audiencia del juicio al ex jefe del Tercer Cuerpo y a policías retirados que actuaron a sus órdenes. Un policía, que había actuado como guardia de un centro clandestino, apareció muerto.
Con la lectura del requerimiento de elevación y el clima enrarecido por la muerte violenta de un policía retirado que actuó como guardia de un centro clandestino y estaba citado como testigo, comenzó ayer el segundo juicio por delitos de lesa humanidad de Córdoba. El principal acusado, general Luciano Benjamín Menéndez, con dos condenas a reclusión perpetua en el haber por su actuación como comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, concurrió a la sala de audiencias con una escarapela argentina. El segundo militar imputado, coronel retirado Rodolfo Aníbal Campos, siguió la lectura de la acusación por videoconferencia desde una sala del Consejo de la Magistratura, en Buenos Aires, porque su salud le impide trasladarse hasta Córdoba.
Los policías imputados “degradaron y enlodaron” a la institución, afirmó el gobernador cordobés Juan Schiaretti, quien concurrió a la audiencia inicial con miembros de su gabinete. “Queremos un juzgamiento, pero sin odio ni venganza. Que tengan un juicio justo como el que no tuvieron quienes ellos mataron”, agregó. “Es necesario que la gente entienda que hoy no sólo se va a juzgar el crimen de Albareda sino la impunidad de la policía de Córdoba durante tanto tiempo”, señaló Fernando Albareda, hijo del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, un ex militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores que fue secuestrado, torturado y asesinado el 25 de septiembre de 1979 por miembros del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba.
La muerte que acaparó los comentarios de centenares de personas que siguieron el juicio desde el exterior de los tribunales ocurrió el viernes, pero se conoció públicamente ayer. Jesús González, ex miembro de la misma fuerza de seguridad a la que pertenecieron cuatro de los imputados, fue encontrado sin vida en el baño de su casa, en el barrio Alejandro Carbó. En principio la causa fue caratulada como de “etiología dudosa”, como se rotulan las muertes que a priori se consideran suicidios. Según los primeros informes de los forenses, el deceso se habría producido por una herida punzo-cortante en el pecho.
Según declaró durante la instrucción el policía Roque Calderón, ex guardia del centro clandestino “Casa de Hidráulica” donde fue torturado y asesinado Albareda, González estaba allí la noche del secuestro y presenció el ingreso del militante del PRT. González también prestó testimonio durante la investigación inicial, y según trascendidos habría confirmado la existencia del centro de torturas y exterminio a la vera del dique San Roque. En su caso fue ofrecido como testigo por la defensa del imputado Hugo Cayetano Britos, quien formó pareja con la ex esposa de Calderón y pretende demostrar que la acusación en su contra es producto del rencor. Calderón, testigo central del proceso, está preso en la cárcel de San Martín por un asesinato que cometió luego de dejar la fuerza. González era un testigo clave para corroborar o refutar sus dichos.
El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano explicó ayer que, “sin saber que se trataba de un testigo” del juicio a Menéndez & Cía., la muerte comenzó a ser investigada el viernes por la fiscal provincial María Antonia de la Rúa. Cuando se detectó el vínculo con el juicio, el primero a ex miembros del D2, el Tribunal Oral Federal 1 solicitó el expediente a la Justicia provincial y encomendó la investigación a Vidal Lascano. Jaime Díaz Gavier, presidente del TOF-1, informó ayer que González había “rehusado” la protección policial y psicológica que se le había ofrecido por su condición de testigo. La fiscal De la Rúa confirmó que el ex policía “llevaba al menos dos horas muerto” cuando fue revisado por el médico forense y que, si bien se espera todavía un informe oficial, los indicios sugieren que el ex agente murió desangrado. “Vamos a trabajar en forma colaborativa con la Justicia para determinar si hay algún delito punible. Si es suicido, no lo es. Pero sí está castigado en el Código Penal que sea una instigación al suicidio o, en el otro extremo, que lo hayan matado”, señaló.
La audiencia comenzó pasadas las once y se demoró porque Campos, ex jefe de la policía de Córdoba, adujo problemas para seguir el audio desde el Consejo de la Magistratura. “¿Me está escuchando, Campos?”, preguntó más de una vez Díaz Gavier. “No escucho, señor”, respondía el militar, mientras una asistente a su lado aseguraba que se escuchaba. Al mediodía la situación derivó en un cuarto intermedio. A las 16.30 concluyó la lectura del requerimiento de elevación de la causa “Albareda”, la única de las tres que se juzgan en la que está imputado Campos, por lo que pudo retirarse a su casa. El represor no tiene obligación de escuchar a los testigos, por lo que podrá estar en su casa al menos hasta los alegatos.
Martín Fresneda, abogado de HIJOS que patrocina a la familia Albareda, destacó ayer que “mientras no aparezcan los restos de cada uno de los desaparecidos, los delitos continúan y se debe seguir investigando, para romper con el pacto de silencio”. Fernando Albareda, hijo de la víctima, celebró que “a pesar de las amenazas telefónicas y las maniobras intimidatorios con el objetivo de obstaculizar la realización de este juicio, hoy estamos aquí con todas las garantías”. El proceso continuará hoy con la declaración de los primeros tres testigos.
El gobernador Schiaretti asistió a la primera audiencia del juicio al ex jefe del Tercer Cuerpo y a policías retirados que actuaron a sus órdenes. Un policía, que había actuado como guardia de un centro clandestino, apareció muerto.
Con la lectura del requerimiento de elevación y el clima enrarecido por la muerte violenta de un policía retirado que actuó como guardia de un centro clandestino y estaba citado como testigo, comenzó ayer el segundo juicio por delitos de lesa humanidad de Córdoba. El principal acusado, general Luciano Benjamín Menéndez, con dos condenas a reclusión perpetua en el haber por su actuación como comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, concurrió a la sala de audiencias con una escarapela argentina. El segundo militar imputado, coronel retirado Rodolfo Aníbal Campos, siguió la lectura de la acusación por videoconferencia desde una sala del Consejo de la Magistratura, en Buenos Aires, porque su salud le impide trasladarse hasta Córdoba.
Los policías imputados “degradaron y enlodaron” a la institución, afirmó el gobernador cordobés Juan Schiaretti, quien concurrió a la audiencia inicial con miembros de su gabinete. “Queremos un juzgamiento, pero sin odio ni venganza. Que tengan un juicio justo como el que no tuvieron quienes ellos mataron”, agregó. “Es necesario que la gente entienda que hoy no sólo se va a juzgar el crimen de Albareda sino la impunidad de la policía de Córdoba durante tanto tiempo”, señaló Fernando Albareda, hijo del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, un ex militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores que fue secuestrado, torturado y asesinado el 25 de septiembre de 1979 por miembros del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba.
La muerte que acaparó los comentarios de centenares de personas que siguieron el juicio desde el exterior de los tribunales ocurrió el viernes, pero se conoció públicamente ayer. Jesús González, ex miembro de la misma fuerza de seguridad a la que pertenecieron cuatro de los imputados, fue encontrado sin vida en el baño de su casa, en el barrio Alejandro Carbó. En principio la causa fue caratulada como de “etiología dudosa”, como se rotulan las muertes que a priori se consideran suicidios. Según los primeros informes de los forenses, el deceso se habría producido por una herida punzo-cortante en el pecho.
Según declaró durante la instrucción el policía Roque Calderón, ex guardia del centro clandestino “Casa de Hidráulica” donde fue torturado y asesinado Albareda, González estaba allí la noche del secuestro y presenció el ingreso del militante del PRT. González también prestó testimonio durante la investigación inicial, y según trascendidos habría confirmado la existencia del centro de torturas y exterminio a la vera del dique San Roque. En su caso fue ofrecido como testigo por la defensa del imputado Hugo Cayetano Britos, quien formó pareja con la ex esposa de Calderón y pretende demostrar que la acusación en su contra es producto del rencor. Calderón, testigo central del proceso, está preso en la cárcel de San Martín por un asesinato que cometió luego de dejar la fuerza. González era un testigo clave para corroborar o refutar sus dichos.
El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano explicó ayer que, “sin saber que se trataba de un testigo” del juicio a Menéndez & Cía., la muerte comenzó a ser investigada el viernes por la fiscal provincial María Antonia de la Rúa. Cuando se detectó el vínculo con el juicio, el primero a ex miembros del D2, el Tribunal Oral Federal 1 solicitó el expediente a la Justicia provincial y encomendó la investigación a Vidal Lascano. Jaime Díaz Gavier, presidente del TOF-1, informó ayer que González había “rehusado” la protección policial y psicológica que se le había ofrecido por su condición de testigo. La fiscal De la Rúa confirmó que el ex policía “llevaba al menos dos horas muerto” cuando fue revisado por el médico forense y que, si bien se espera todavía un informe oficial, los indicios sugieren que el ex agente murió desangrado. “Vamos a trabajar en forma colaborativa con la Justicia para determinar si hay algún delito punible. Si es suicido, no lo es. Pero sí está castigado en el Código Penal que sea una instigación al suicidio o, en el otro extremo, que lo hayan matado”, señaló.
La audiencia comenzó pasadas las once y se demoró porque Campos, ex jefe de la policía de Córdoba, adujo problemas para seguir el audio desde el Consejo de la Magistratura. “¿Me está escuchando, Campos?”, preguntó más de una vez Díaz Gavier. “No escucho, señor”, respondía el militar, mientras una asistente a su lado aseguraba que se escuchaba. Al mediodía la situación derivó en un cuarto intermedio. A las 16.30 concluyó la lectura del requerimiento de elevación de la causa “Albareda”, la única de las tres que se juzgan en la que está imputado Campos, por lo que pudo retirarse a su casa. El represor no tiene obligación de escuchar a los testigos, por lo que podrá estar en su casa al menos hasta los alegatos.
Martín Fresneda, abogado de HIJOS que patrocina a la familia Albareda, destacó ayer que “mientras no aparezcan los restos de cada uno de los desaparecidos, los delitos continúan y se debe seguir investigando, para romper con el pacto de silencio”. Fernando Albareda, hijo de la víctima, celebró que “a pesar de las amenazas telefónicas y las maniobras intimidatorios con el objetivo de obstaculizar la realización de este juicio, hoy estamos aquí con todas las garantías”. El proceso continuará hoy con la declaración de los primeros tres testigos.
lunes, 19 de octubre de 2009
El silencio de los culpables
Durante décadas el Grupo Clarín utilizó sus medios y su poder de presión para mantener en las sombras la verdadera identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, adoptados de manera irregular en 1976, mientras Clarín apoyaba a la dictadura
La causa que investiga la presunta apropiación, en 1976, de dos hijos de desaparecidos por parte de la directora del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, avanza a paso de hormiga. Cuando no queda paralizada. La semana pasada, el careo entre el CEO del monopolio, Héctor Magnetto, y el periodista José Ignacio López, autor del libro El hombre de Clarín, no aportó ningún nuevo elemento. Su objetivo era aclarar dichos contradictorios sobre el conocimiento y/o la participación que Magnetto podría haber tenido en el proceso que culminó con la inscripción irregular de Marcela y Felipe Noble Herrera como hijos adoptivos de la viuda del fundador del diario. Este resultado se debió, dicen cerca de la querella, a que el juez Conrado Bergesio no permitió que se le hicieran preguntas clave al CEO del multimedios Clarín.La noticia sobre el careo –realizado la misma semana que el Senado aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que terminará con el monopolio radial y televisivo del Grupo Clarín– no fue publicada por ningún diario de alcance nacional. La cobertura fue también nula en radio y en televisión. Este silencio no es novedoso ni extraño, sino apenas un eslabón más de una prolongada y exitosa estrategia de Clarín para que el tema no sea tratado (no exista) en los medios del Grupo –que obviamente le responden– ni por otros que no le pertenecen pero lo temen. Una estrategia cuya eficacia, quizás, esté a punto de terminar, pero que durante décadas no ha reparado en utilizar cualquier arma para conseguir su único objetivo: el silencio.Mejor prevenir que curar. En abril de 1998 –cuando uno de los temas recurrentes entre los periodistas argentinos era la inminente salida del diario Perfil–, el director de una consultora especializada en la capacitación de ejecutivos de empresas para el contacto con el periodismo en situaciones críticas recibió una sorprendente llamada del gerente de Comunicaciones Externas de Clarín, Ramiro Costa.–Necesito que prepares un curso para algunos directivos del Grupo –dijo el hombre después de los saludos de rigor–.–No entiendo. Ustedes son gente de medios, tienen medios propios –fue la respuesta del estupefacto consultor–.–No es para nuestros periodistas… mejor hablemos personalmente.Días después el consultor participó de una reunión en el cuarto piso del edificio del diario, en la calle Tacuarí. Además de Costa lo esperaban su segundo, Martín Etchevers, y el gerente de noticias de Canal 13 y TN, Carlos De Elía. Después de explicar las características generales del curso, que incluía un training intensivo para enfrentar airosamente el asalto de los movileros, preguntas poco cómodas en conferencias de prensa, y duras entrevistas radiales y televisivas, el consultor agregó:–Lo mejor es preparar un caso definido, así el entrenamiento se hace sobre una crisis posible para la empresa. Algo que pueda pasarles.–De acuerdo. En unos días te contestamos –le respondió Costa–.Una semana más tarde, un periodista que solía colaborar con la consultora fue convocado a una breve reunión con el directivo de Clarín en el cuarto piso del edificio de la calle Tacuarí.–Todavía no decidimos si vamos a tomar el curso –dijo el hombre del Grupo–, pero me gustaría que avanzáramos en la preparación del caso.–¿De qué se trata? –preguntó el periodista, que por entonces trabajaba en el diario Crónica–.–Como primer paso tendrías que escribir una nota de tapa al estilo de Noticias, de esas bien fuertes, con toda la información que puedas encontrar. Una nota de tapa contra Clarín.–Sí, pero dame un tema concreto… –insistió el periodista–.La respuesta lo dejó helado:–Tenés que escribir sobre los hijos de la señora de Noble.El periodista nunca escribió la nota en cuestión.La elección de Noticias (de una “nota al estilo de Noticias”) no era caprichosa. El anuncio de la salida del diario Perfil había tensado al máximo las relaciones entre Clarín y la empresa periodística de la familia Fontevecchia, tradicionalmente dedicada a la publicación de revistas y que nunca antes había incursionado en el mercado con un diario. Por esos mismos días, el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, había mantenido una reunión tan dura cuanto reservada con Jorge Fontevecchia en un hotel céntrico de Buenos Aires. Las palabras que allí cruzaron fueron publicadas hace dos semanas en Miradas al Sur:–Vengo a aconsejarle que no se meta en el mercado de los diarios– disparó el hombre de Clarín.–Me tengo que meter en el mercado de los diarios porque ustedes se metieron en el de las revistas –le contestó el director de Perfil, refiriéndose a la remozada edición de Viva, la revista dominical que se vendía los domingos con el diario Clarín.El diálogo era una virtual declaración de guerra y los estrategas de Clarín sabían muy bien cuál era el punto más débil de las defensas de su propio Grupo, aquel que Editorial Perfil podía llegar a atacar para causarles el peor daño: el origen de Felipe y Marcela, los hijos que la directora de la corporación, Ernestina Herrera de Noble, había adoptado durante la última dictadura. Más precisamente, en 1976.La guerra fue corta. El diario Perfil, aparecido el 9 de mayo de 1998, duró menos de tres meses en la calle. Hoy, después de mucho tiempo y como todo el mundo sabe, circula como semanario doble, los sábados y los domingos. De diario ni hablar.Kelly por López Foresi (o viceversa). El Grupo conocía bien su punto –política, judicial y éticamente– más vulnerable y tenía experiencia en defenderlo sin reparar en las armas. Desde hacía muchos años.El jueves 2 de mayo de 1991 en la quinta de Olivos el presidente Carlos Saúl Menem y el secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá, recibieron a la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y al CEO del Grupo, Héctor Magnetto, para compartir un almuerzo en el que ambas partes tenían algo importante que negociar.El riojano estaba molesto. Se quejaba de una “campaña de desprestigio” del diario, centrada en denuncias de corrupción en el gobierno, pero más que nada le molestaban las encendidas críticas (fundamentalmente contra los indultos y la decisión de enviar tropas argentinas al Golfo Pérsico) que la periodista Liliana López Foresi le venía haciendo desde Revista 13, su programa en Canal 13, la tele emisora que desde el año anterior estaba en manos del Grupo Clarín. Menem quería que terminaran.Del otro lado de la mesa, la viuda de Noble y su acompañante tampoco las tenían todas consigo. Los preocupaba un anuncio que Guillermo Patricio Kelly –ex miembro de la Alianza Libertadora Nacionalista, pseudoperiodista, operador a favor del mejor postor, pero también receptor de buena información– repetía sistemáticamente en Sin Concesiones, su programa de Canal 7. “Voy a contarles de dónde vienen los hijos de las ‘señoras nobles’”, venía diciendo. Un periodista del diario con fluidos contactos con el entorno más íntimo del presidente les había aportado, además, un dato: que las amenazas de Kelly eran una operación de Menem para forzar una negociación sobre la manera en que lo trataban algunos medios y periodistas del Grupo.En otras palabras, era cuestión de entenderse.A los postres, la viuda, madre adoptiva y directora fue al grano:–Que se calle Kelly –le dijo a Menem.El presidente sonrió e hizo una pausa antes de contestar:–Que se calle Liliana.Ese mismo día, apenas unas horas después, el radical César Jaroslavsky, casualmente invitado a Revista 13, le dijo fuera del aire a López Foresi: “Ese almuerzo te va a costar la cabeza”.Guillermo Patricio Kelly no volvió a hablar de los hijos de la viuda de Noble en Canal 7. Liliana López Foresi fue restringida a la lectura de noticias (sin opinar sobre ellas) en la medianoche. Ocho meses después la dejaron sin aire en el 13.Nada personal, diría Brando en su mejor papel.De eso no se habla. El 12 de enero de 2003, en una carta abierta publicada en Clarín, Ernestina Herrera de Noble se refirió al origen de Marcela y Felipe: “… muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”, escribió. Fue su primera y única declaración pública sobre el tema en más de 25 años de democracia. Y la hizo porque no tenía alternativa: un mes antes, el 17 de diciembre de 2002, el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich la había detenido por los delitos de “falsificación de documentos públicos, inserción de datos falsos y uso de documento público falso”, durante los trámites de adopción de sus dos hijos. La directora del Grupo Clarín pasó tres días detenida en la División de Delitos Complejos de la Policía Federal, en Cavia 1350, en Palermo, y luego beneficiada con la detención domiciliaria. Con llamativa celeridad, quince días después la Sala II de la Cámara Federal de San Martín ordenó su excarcelación, pero ya nada sería igual: el caso había tomado estado público.El juez Marquevich pagó cara la audacia de poner en evidencia a la dueña del monopolio mediático más grande de la Argentina. El Consejo de la Magistratura lo suspendió el 11 de diciembre de 2003 y dos años después fue procesado por el delito de “haber obrado en forma ilegítima” cuando detuvo a la viuda de Noble. “Fue una presión del Grupo Clarín sobre el Consejo de la Magistratura. El encargado de visitar a varios consejeros fue (el director de Relaciones Institucionales de Clarín), Jorge Rendo. De esta manera, la causa pasó a manos de otro juez que dilató las cosas. Desde el arresto de Ernestina ordenado por Marquevich hasta hoy nada se avanzó. Las pruebas de ADN están paralizadas”, dijo a Miradas al Sur Pablo Llonto, autor de La noble Ernestina y abogado de los Lanoscou, una de las posibles familias biológicas de Marcela Noble Herrera.Los motivos para realizar las pruebas de ADN son sobrados. De acuerdo con la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo y los resultados de la investigación que llevó adelante Marquevich, las adopciones de Felipe y Marcela estuvieron plagadas de irregularidades:1) Ernestina Herrera de Noble declaró que dos personas habían visto que una beba (Marcela) había sido dejada en la puerta de su casa el 2 de mayo de 1976, pero esas dos personas la desmintieron.2) También dijo que una de esas personas (Yolanda Echagüe de Aragón) era su vecina cuando en realidad no vivía en esa localidad, y que la otra (Roberto García) era el “cuidador de una finca vecina”, pero se comprobó que era su chofer personal.3) La persona que se identificó como Carmen Luisa Delta y que supuestamente concurrió al Tribunal de Menores con la intención de “entregar a su hijo (Felipe) en adopción”, brindó un nombre y un número de documento (correspondiente a una persona de sexo masculino) que no eran los suyos. Además, nadie intentó corroborar que efectivamente fuera la madre de la criatura.4) La viuda de Noble dijo que vivía en San Isidro, dando un domicilio distinto al que efectivamente tenía, en Avenida del Libertador 3752, en la Capital Federal. Esta cuestión invalida la competencia del tribunal que intervino en el trámite de adopción.5) Se omitió el sistema de turnos para que la guarda del niño (Felipe) quedara radicada en el mismo tribunal que la de la niña (Marcela).6) Se inscribió a ambos niños con el mismo apellido (Noble Herrera), de acuerdo con una legislación (los artículos 45 del decreto ley 8.204 y 76 de la ley 5.725) que había sido derogada desde siete años antes.Las investigaciones realizadas por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo determinan que la familia biológica de la niña inscripta como Marcela Noble Herrera podría encontrarse entre 12 grupos de familiares de víctimas del terrorismo de Estado, mientras que la del niño inscripto como Felipe Noble Herrera podría encontrarse entre otros 18. Para descubrir la verdad (y permitir que los dos hijos adoptivos de la directora de Clarín conozcan sus identidades) sólo es necesario realizar una prueba de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. “Cada vez aparecen más elementos que indican la apropiación. Queremos el examen de ADN para que se les diga la verdad a los chicos y para que se impute a los responsables – dijo Llonto a Miradas al Sur–. Magnetto y Noble saben de dónde trajeron esos chicos.”Así las cosas, la causa está lejos de avanzar. Por estos días, la estrategia de los abogados de la viuda de Noble apunta a limitar análisis comparativos de ADN a dos familias (Lanoscou-Miranda y García-Gualdero, que iniciaron querellas individuales) con las que, suponen, los niños anotados como Felipe y Marcela Noble Herrera no tendrían lazos biológicos. “Como es muy difícil que los chicos sean hijos de aquellos desaparecidos, la idea es cerrar la causa con el pretexto de que las pruebas se efectuaron y fueron negativas” explicó a Miradas al Sur Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. La entidad, en cambio, pide comparar las muestras con las de 30 familias posibles.Quizás en un futuro próximo, sin monopolios mediáticos que obligan a silencios cómplices o temerosos, pueda llegarse a la verdad.
sábado, 17 de octubre de 2009
Con tal de echar más leña al fuego nos ofende
Las Abuelas de Plaza de Mayo y los jóvenes que recuperaron su identidad le respondieron a Elisa Carrió
La líder de la Coalición Cívica había asegurado que un proyecto sobre obtención de muestras de ADN estaba dirigido a perjudicar a la directora de Clarín. La iniciativa se hizo por un acuerdo con la CIDH y se basa en fallos de la Corte.
"Esta señora está tan desprestigiada que dice barbaridades, confunde las cosas y, con tal de echar más leña al fuego, nos ofende. La ley la necesitamos las Abuelas porque va a facilitar el encuentro con la identidad de nuestros nietos. Hay 400 chicos apropiados que todavía faltan, que están caminando." Así respondió Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a las palabras de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que criticó un proyecto legislativo sobre obtención de muestras de ADN a posibles hijos de desaparecidos y dijo que la iniciativa estaba dirigida a perjudicar a la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, ya que la Justicia investiga si sus hijos adoptivos fueron víctimas del terrorismo de Estado.
"Esa ley no está dirigida a proteger los derechos humanos, sino que está dirigida, y tiene nombre y apellido, a los hijos de la señora Herrera de Noble. Esto es fascismo puro. El principio de la integridad y de la autonomía personal están por encima. Es una ley de persecución. Están violando los derechos humanos para una venganza personal", aseguró Carrió. La iniciativa a la que se refirió la líder de la Coalición Cívica fue anunciada por la presidenta Cristina Fernández hace un mes en la ex ESMA, en ocasión de la visita de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El proyecto responde a un acuerdo de solución amistosa entre Abuelas y el Estado ante el organismo internacional para garantizar el derecho a la verdad de los jóvenes que fueron apropiados durante la última dictadura.
El texto establece que si la presunta víctima no estuviera dispuesta a realizarse una extracción de sangre para que se compruebe su identidad, el juez podrá ordenar la obtención de ADN por "medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas de su cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa personal". Esto significa que si la persona sobre la que hay sospechas de que puede ser hijo de desaparecido no accede a sacarse sangre, los jueces pueden hacer allanamientos y buscar material genético en cepillos de dientes, pelos o ropa interior.
Esta medida ya fue puesta en práctica por varios magistrados. Nueve jóvenes recuperaron su identidad por esta vía. "Si bien se trató de procesos con dificultades y contradicciones, ninguno de ellos impugnó el resultado una vez que lo conocieron. Al contrario, sus posiciones cambiaron luego de conocer la verdad. Y es que como aprendimos las Abuelas en treinta y dos años de incansable lucha, la verdad libera", señaló la institución en un comunicado. Las Abuelas explicaron que el proyecto "recoge los fundamentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia en sus fallos del 11 de agosto de 2009, en los cuales se estableció que la identificación de una persona no es violatoria de su autonomía ni de su voluntad cuando es realizada por medios no violentos regulados por ley".
La iniciativa ya tiene dictamen de las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a llevar la discusión al recinto en quince días. La diputada de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano anunció que su bloque presentará en los próximos días un proyecto de minoría.
No sólo Carlotto le contestó a Carrió. "Fascista es quien sostiene que las apropiaciones de menores en el marco de un plan sistemático deben seguir impunes. Fascista es quien niega los derechos de las familias a conocer a sus seres queridos que, en la mayoría de los casos, fueron arrancados de los vientres de sus madres en campos de concentración. Fascista es quien niega los tratados internacionales de derechos humanos", dijo la diputada de Libres del Sur y nieta recuperada Victoria Donda. El legislador porteño Juan Cabandié, que también nació en la ESMA y fue apropiado por un policía, señaló que la posición de Carrió "es una crítica a la historia y a la dignidad de la lucha de Abuelas".
En la misma línea, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, aseguró que "es grave y lamentable" que la líder de la Coalición Cívica "pretenda desconocer el reclamo histórico de las Abuelas de Plaza de Mayo". El funcionario explicó que "el proyecto viene a cubrir un vacío legal, ya que el actual Código Procesal Penal no contempla la toma de muestras de ADN, y que las medidas propuestas tienden a resguardar la integridad de quienes deben brindar las muestras, estableciendo procedimientos progresistas no invasivos".
Carlotto dio ayer una conferencia de prensa de la que participaron las Abuelas Rosa Roisinblit y Elsa Oesterheld y jóvenes que fueron apropiados y recuperaron su identidad. "La letra del proyecto nace aquí en Abuelas, por lo tanto no tiene tiempos políticos", aseguró la presidenta de la institución. Sobre Carrió dijo que "hace daño porque tiene prensa" y que no sabe "si está en condiciones de representarnos en el Congreso. No es una persona que tenga equilibrio". Agregó que "los hijos de la señora Herrera de Noble son nuestros hijos y son víctimas de las negociaciones del poder desde hace quince años". Alan Iud, abogado de Abuelas, negó que la iniciativa esté orientada a resolver un caso en particular y aclaró que el caso Herrera de Noble está en el ámbito judicial y con eso alcanza para conocer la verdad.
El diputado Remo Carlotto, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, interpretó que las declaraciones de Carrió "buscan generar una confrontación en la sociedad argentina".
La líder de la Coalición Cívica había asegurado que un proyecto sobre obtención de muestras de ADN estaba dirigido a perjudicar a la directora de Clarín. La iniciativa se hizo por un acuerdo con la CIDH y se basa en fallos de la Corte.
"Esta señora está tan desprestigiada que dice barbaridades, confunde las cosas y, con tal de echar más leña al fuego, nos ofende. La ley la necesitamos las Abuelas porque va a facilitar el encuentro con la identidad de nuestros nietos. Hay 400 chicos apropiados que todavía faltan, que están caminando." Así respondió Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a las palabras de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que criticó un proyecto legislativo sobre obtención de muestras de ADN a posibles hijos de desaparecidos y dijo que la iniciativa estaba dirigida a perjudicar a la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, ya que la Justicia investiga si sus hijos adoptivos fueron víctimas del terrorismo de Estado.
"Esa ley no está dirigida a proteger los derechos humanos, sino que está dirigida, y tiene nombre y apellido, a los hijos de la señora Herrera de Noble. Esto es fascismo puro. El principio de la integridad y de la autonomía personal están por encima. Es una ley de persecución. Están violando los derechos humanos para una venganza personal", aseguró Carrió. La iniciativa a la que se refirió la líder de la Coalición Cívica fue anunciada por la presidenta Cristina Fernández hace un mes en la ex ESMA, en ocasión de la visita de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El proyecto responde a un acuerdo de solución amistosa entre Abuelas y el Estado ante el organismo internacional para garantizar el derecho a la verdad de los jóvenes que fueron apropiados durante la última dictadura.
El texto establece que si la presunta víctima no estuviera dispuesta a realizarse una extracción de sangre para que se compruebe su identidad, el juez podrá ordenar la obtención de ADN por "medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas de su cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa personal". Esto significa que si la persona sobre la que hay sospechas de que puede ser hijo de desaparecido no accede a sacarse sangre, los jueces pueden hacer allanamientos y buscar material genético en cepillos de dientes, pelos o ropa interior.
Esta medida ya fue puesta en práctica por varios magistrados. Nueve jóvenes recuperaron su identidad por esta vía. "Si bien se trató de procesos con dificultades y contradicciones, ninguno de ellos impugnó el resultado una vez que lo conocieron. Al contrario, sus posiciones cambiaron luego de conocer la verdad. Y es que como aprendimos las Abuelas en treinta y dos años de incansable lucha, la verdad libera", señaló la institución en un comunicado. Las Abuelas explicaron que el proyecto "recoge los fundamentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia en sus fallos del 11 de agosto de 2009, en los cuales se estableció que la identificación de una persona no es violatoria de su autonomía ni de su voluntad cuando es realizada por medios no violentos regulados por ley".
La iniciativa ya tiene dictamen de las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a llevar la discusión al recinto en quince días. La diputada de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano anunció que su bloque presentará en los próximos días un proyecto de minoría.
No sólo Carlotto le contestó a Carrió. "Fascista es quien sostiene que las apropiaciones de menores en el marco de un plan sistemático deben seguir impunes. Fascista es quien niega los derechos de las familias a conocer a sus seres queridos que, en la mayoría de los casos, fueron arrancados de los vientres de sus madres en campos de concentración. Fascista es quien niega los tratados internacionales de derechos humanos", dijo la diputada de Libres del Sur y nieta recuperada Victoria Donda. El legislador porteño Juan Cabandié, que también nació en la ESMA y fue apropiado por un policía, señaló que la posición de Carrió "es una crítica a la historia y a la dignidad de la lucha de Abuelas".
En la misma línea, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, aseguró que "es grave y lamentable" que la líder de la Coalición Cívica "pretenda desconocer el reclamo histórico de las Abuelas de Plaza de Mayo". El funcionario explicó que "el proyecto viene a cubrir un vacío legal, ya que el actual Código Procesal Penal no contempla la toma de muestras de ADN, y que las medidas propuestas tienden a resguardar la integridad de quienes deben brindar las muestras, estableciendo procedimientos progresistas no invasivos".
Carlotto dio ayer una conferencia de prensa de la que participaron las Abuelas Rosa Roisinblit y Elsa Oesterheld y jóvenes que fueron apropiados y recuperaron su identidad. "La letra del proyecto nace aquí en Abuelas, por lo tanto no tiene tiempos políticos", aseguró la presidenta de la institución. Sobre Carrió dijo que "hace daño porque tiene prensa" y que no sabe "si está en condiciones de representarnos en el Congreso. No es una persona que tenga equilibrio". Agregó que "los hijos de la señora Herrera de Noble son nuestros hijos y son víctimas de las negociaciones del poder desde hace quince años". Alan Iud, abogado de Abuelas, negó que la iniciativa esté orientada a resolver un caso en particular y aclaró que el caso Herrera de Noble está en el ámbito judicial y con eso alcanza para conocer la verdad.
El diputado Remo Carlotto, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, interpretó que las declaraciones de Carrió "buscan generar una confrontación en la sociedad argentina".
miércoles, 14 de octubre de 2009
PROCESARON A UN EMPRESARIO QUE AYUDO A UN REPRESOR
Por ofrecerle cobertura a un prófugo
Ser cómplice de represores prófugos tiene sus riesgos. El empresario Héctor Lapeyrade fue procesado por encubrimiento agravado, delito con una pena de dos a seis años de prisión, por ayudar a burlar a la Justicia durante catorce meses al teniente coronel Julián Oscar Corres, imputado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. La lista de prófugos por secuestros y torturas durante la dictadura tiene 39 nombres, desde marinos de la ESMA hasta el ex juez Guillermo Madueño, miembro hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5 y hermano de Raúl Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal. El Estado ofrece cien mil pesos de recompensa para quien brinde información que permita capturarlos. Sus datos y fotos constan en el sitio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, www.jus.gov.ar, en la solapa “Personas buscadas”.
Corres está preso en Marcos Paz por su actuación en el Cuerpo V de Ejército, donde se apodaba “Laucha”, igual que quien manejaba la picana en la mesa de torturas de La Escuelita. Lapeyrade, de 80 años, es dueño de la petrolera Chañares Herrados, de bodegas Lapeyrade en Viedma y de campos en Mercedes. Era amigo íntimo del padre de Corres, ya fallecido, y según declaró, el represor le daba 4500 pesos por mes a cambio de “diligencias no específicas”. La primera detención de Corres, el 3 de abril de 2008, se produjo cuando salía de la firma de su padrino, en Uruguay 824.
El juez federal Norberto Oyarbide consideró probado que Lapeyrade conocía la situación del prófugo, lo invitaba a almorzar, le facilitaba celulares y pases en Autopistas del Sol a nombre de su firma. “A través de los mismos pudo movilizarse y comunicarse manteniéndose en el anonimato”, escribió el juez, que consideró “completamente contradictorio” al descargo del empresario. Lo procesó pero lo dejó en libertad y decretó un embargo de diez mil pesos.
El rol de Lapeyrade se conoció tras la fuga de Corres de la delegación bahiense de la Policía Federal. Eduardo Díaz, empleado de Bodegas Lapeyrade, declaró que lo visitó tres veces para entregarle sobre cerrados con dinero y provisiones “de parte del patrón”. También recibía plata de manos de su primo Oscar Corres, aunque según declaró eran fondos que le enviaba el empresario. Los ahorros le sirvieron para pagarse el taxi que lo trasladó desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata.
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Ser cómplice de represores prófugos tiene sus riesgos. El empresario Héctor Lapeyrade fue procesado por encubrimiento agravado, delito con una pena de dos a seis años de prisión, por ayudar a burlar a la Justicia durante catorce meses al teniente coronel Julián Oscar Corres, imputado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. La lista de prófugos por secuestros y torturas durante la dictadura tiene 39 nombres, desde marinos de la ESMA hasta el ex juez Guillermo Madueño, miembro hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5 y hermano de Raúl Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal. El Estado ofrece cien mil pesos de recompensa para quien brinde información que permita capturarlos. Sus datos y fotos constan en el sitio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, www.jus.gov.ar, en la solapa “Personas buscadas”.
Corres está preso en Marcos Paz por su actuación en el Cuerpo V de Ejército, donde se apodaba “Laucha”, igual que quien manejaba la picana en la mesa de torturas de La Escuelita. Lapeyrade, de 80 años, es dueño de la petrolera Chañares Herrados, de bodegas Lapeyrade en Viedma y de campos en Mercedes. Era amigo íntimo del padre de Corres, ya fallecido, y según declaró, el represor le daba 4500 pesos por mes a cambio de “diligencias no específicas”. La primera detención de Corres, el 3 de abril de 2008, se produjo cuando salía de la firma de su padrino, en Uruguay 824.
El juez federal Norberto Oyarbide consideró probado que Lapeyrade conocía la situación del prófugo, lo invitaba a almorzar, le facilitaba celulares y pases en Autopistas del Sol a nombre de su firma. “A través de los mismos pudo movilizarse y comunicarse manteniéndose en el anonimato”, escribió el juez, que consideró “completamente contradictorio” al descargo del empresario. Lo procesó pero lo dejó en libertad y decretó un embargo de diez mil pesos.
El rol de Lapeyrade se conoció tras la fuga de Corres de la delegación bahiense de la Policía Federal. Eduardo Díaz, empleado de Bodegas Lapeyrade, declaró que lo visitó tres veces para entregarle sobre cerrados con dinero y provisiones “de parte del patrón”. También recibía plata de manos de su primo Oscar Corres, aunque según declaró eran fondos que le enviaba el empresario. Los ahorros le sirvieron para pagarse el taxi que lo trasladó desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata.
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martes, 13 de octubre de 2009
CARTA DE ESPERANZA LABRADOR
La súplica de una Madre
Esperanza Labrador, la Madre de la Plaza 25 de mayo cuya familia fue devastada por el terrorismo de Estado, remitió ayer una carta al comisario Alberto Vitantonio, policía que era amigo de Palmiro Labrador, uno de los hijos de Esperanza, asesinado durante la dictadura junto a su padre Víctor Labrador. "Ante la imposibilidad de entregarte esta carta en mano, he decidido hacerla pública a través del diario Rosario/12", comienza Esperanza, que vive en España y está preocupada porque la salud del imputado por crímenes de lesa humanidad se deteriora sin que haya contado qué pasó con su otro hijo, Miguel Angel Labrador.
"Han pasado muchos años desde las dos últimas veces que nos vimos, cuando me presenté en la ex Jefatura de Policía para pedirte información sobre el paradero de mi hijo Miguel Angel, desaparecido desde septiembre de 1976. Me atreví a hacerlo por la amistad que tú tenías con mi otro hijo, Palmiro, asesinado por el ejército junto a su padre, Víctor Labrador, y su compañera, en octubre de 1976. A pesar de que Palmiro y tú habían sido compañeros y amigos durante todo el colegio industrial, en la primera ocasión aparentaste no reconocerme y negaste tener información sobre mi hijo. Años más tarde volví a presentarme en Jefatura, esta vez acompañada de mi hija Manuela, y seguiste negando saber nada sobre Miguel Angel".
El pedido de Esperanza es desgarrador: "No quiero morir sin saber qué pasó con mi hijo, a dónde lo llevaron, qué hicieron con él. No cargues sobre tu conciencia, además de los hechos de los que se te acusa, con la culpa de no haber tenido compasión por una madre que aún espera saber la verdad".
Esperanza Labrador, la Madre de la Plaza 25 de mayo cuya familia fue devastada por el terrorismo de Estado, remitió ayer una carta al comisario Alberto Vitantonio, policía que era amigo de Palmiro Labrador, uno de los hijos de Esperanza, asesinado durante la dictadura junto a su padre Víctor Labrador. "Ante la imposibilidad de entregarte esta carta en mano, he decidido hacerla pública a través del diario Rosario/12", comienza Esperanza, que vive en España y está preocupada porque la salud del imputado por crímenes de lesa humanidad se deteriora sin que haya contado qué pasó con su otro hijo, Miguel Angel Labrador.
"Han pasado muchos años desde las dos últimas veces que nos vimos, cuando me presenté en la ex Jefatura de Policía para pedirte información sobre el paradero de mi hijo Miguel Angel, desaparecido desde septiembre de 1976. Me atreví a hacerlo por la amistad que tú tenías con mi otro hijo, Palmiro, asesinado por el ejército junto a su padre, Víctor Labrador, y su compañera, en octubre de 1976. A pesar de que Palmiro y tú habían sido compañeros y amigos durante todo el colegio industrial, en la primera ocasión aparentaste no reconocerme y negaste tener información sobre mi hijo. Años más tarde volví a presentarme en Jefatura, esta vez acompañada de mi hija Manuela, y seguiste negando saber nada sobre Miguel Angel".
El pedido de Esperanza es desgarrador: "No quiero morir sin saber qué pasó con mi hijo, a dónde lo llevaron, qué hicieron con él. No cargues sobre tu conciencia, además de los hechos de los que se te acusa, con la culpa de no haber tenido compasión por una madre que aún espera saber la verdad".
miércoles, 7 de octubre de 2009
UN DETENIDO POR AMENAZAR A FUNCIONARIOS Y TESTIGOS DE CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS
Primer arresto por intimidar
El ex policía Luis Gil envió mails con amenazas de muerte a testigos, querellantes y funcionarios que investigan delitos de lesa humanidad en Santa Fe. Firmaba en nombre de “La Hermandad”. En su casa encontraron, entre otras cosas, armas de guerra sin documentación.
Por orden del juez federal Aldo Alurralde y luego de tres meses de investigación junto al programa Verdad y Justicia, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvieron ayer a un ex policía de Reconquista por enviar amenazas de muerte, vía mail, a testigos, querellantes y funcionarios que investigan delitos de lesa humanidad en el norte santafecino. Se trata de Luis Gil, de 64 años, quien firmaba en nombre de un grupo autodenominado “La Hermandad”. En el allanamiento a su casa se secuestraron armas de guerra sin documentación, listas de personas detenidas durante la dictadura, credenciales gremiales en blanco y “cuadernos con descripciones para interceptar personas”, informó la PSA en un comunicado. “Es la primera detención por amenazas en causas de lesa humanidad. Cuando comenzó la investigación manifesté mi confianza en detener a los responsables. Estoy contenta de que se haya cumplido”, señaló Elena Mariani, titular del programa Verdad y Justicia, que no descartó nuevas detenciones.
“Los ilustrados del Juzgado Federal y de la fiscalía también van a ser tenidos en cuenta en el momento de saldar las cuentitas y hacerles ver que en la vida todo se paga, especialmente en esta guerra que ustedes están empeñados en continuar. Si algo les pasa a los policías detenidos o al hermano de la Fuerza Aérea (en referencia al comodoro Danilo Sambuelli, procesado con prisión preventiva), serán ejecutados”, advierte sin medias tintas uno de los mensajes suscripto por “La Hermandad” y enviado a funcionarios judiciales. Entre los destinatarios se destaca el fiscal Juan Ignacio Candiotti, a quien también le hacían saber que controlaban los movimientos de sus hijos, y su prosecretario Gabriel Hernández.
La denuncia de las amenazas fue formulada por el fiscal Roberto Salum. Según el informe de la PSA, “los mails no sólo fueron dirigidos a testigos, querellantes o funcionarios judiciales, sino también a sus allegados, a políticos y funcionarios, asegurándose que llegaran fehacientemente a su destinatario”. Su contenido demostraba conocimientos precisos de circunstancias personales y familiares de los destinatarios y de la causa judicial en la que se investiga el circuito represivo del norte santafecino, con epicentro en la Brigada Aérea III de Reconquista, donde funcionó un centro clandestino de detención y traslado de detenidos-desaparecidos hacia la vecina Resistencia, en Chaco.
“Gil perteneció durante la dictadura a la guardia rural Los Pumas, la misma que integraban algunos detenidos de la causa”, explicó Mariani. El cuartel central de la guardia Los Pumas funcionó en Santa Felicia, departamento de Vera. El primer represor detenido por su actuación en ese centro clandestino, en mayo, fue el policía Héctor Aglieri, alias Rengo. Según la PSA, Gil se desempeñó como docente en un colegio secundario de Reconquista y fue echado luego de un sumario administrativo por abuso de menores. Ayer al mediodía, cuando la PSA llegó a detenerlo, se encontraba con su esposa.
Según el comunicado, en su casa encontraron listas de detenidos, armas sin registrar, DNI originales de personas fallecidas, credenciales en blanco de la Unión Obrera Metalúrgica, notas extorsivas a un comerciante, copias de declaraciones de testigos en la causa judicial y viejos documentos de la agrupación Tacuara. En el marco de la misma investigación, la PSA también secuestró una notebook y una computadora de escritorio en una casa de Paraná, Entre Ríos, y cinco discos rígidos de un locutorio ubicado a veinte metros de la casa del ex policía, donde Gil creó la cuenta de correo electrónico desde la que enviaba las amenazas.
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El ex policía Luis Gil envió mails con amenazas de muerte a testigos, querellantes y funcionarios que investigan delitos de lesa humanidad en Santa Fe. Firmaba en nombre de “La Hermandad”. En su casa encontraron, entre otras cosas, armas de guerra sin documentación.
Por orden del juez federal Aldo Alurralde y luego de tres meses de investigación junto al programa Verdad y Justicia, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvieron ayer a un ex policía de Reconquista por enviar amenazas de muerte, vía mail, a testigos, querellantes y funcionarios que investigan delitos de lesa humanidad en el norte santafecino. Se trata de Luis Gil, de 64 años, quien firmaba en nombre de un grupo autodenominado “La Hermandad”. En el allanamiento a su casa se secuestraron armas de guerra sin documentación, listas de personas detenidas durante la dictadura, credenciales gremiales en blanco y “cuadernos con descripciones para interceptar personas”, informó la PSA en un comunicado. “Es la primera detención por amenazas en causas de lesa humanidad. Cuando comenzó la investigación manifesté mi confianza en detener a los responsables. Estoy contenta de que se haya cumplido”, señaló Elena Mariani, titular del programa Verdad y Justicia, que no descartó nuevas detenciones.
“Los ilustrados del Juzgado Federal y de la fiscalía también van a ser tenidos en cuenta en el momento de saldar las cuentitas y hacerles ver que en la vida todo se paga, especialmente en esta guerra que ustedes están empeñados en continuar. Si algo les pasa a los policías detenidos o al hermano de la Fuerza Aérea (en referencia al comodoro Danilo Sambuelli, procesado con prisión preventiva), serán ejecutados”, advierte sin medias tintas uno de los mensajes suscripto por “La Hermandad” y enviado a funcionarios judiciales. Entre los destinatarios se destaca el fiscal Juan Ignacio Candiotti, a quien también le hacían saber que controlaban los movimientos de sus hijos, y su prosecretario Gabriel Hernández.
La denuncia de las amenazas fue formulada por el fiscal Roberto Salum. Según el informe de la PSA, “los mails no sólo fueron dirigidos a testigos, querellantes o funcionarios judiciales, sino también a sus allegados, a políticos y funcionarios, asegurándose que llegaran fehacientemente a su destinatario”. Su contenido demostraba conocimientos precisos de circunstancias personales y familiares de los destinatarios y de la causa judicial en la que se investiga el circuito represivo del norte santafecino, con epicentro en la Brigada Aérea III de Reconquista, donde funcionó un centro clandestino de detención y traslado de detenidos-desaparecidos hacia la vecina Resistencia, en Chaco.
“Gil perteneció durante la dictadura a la guardia rural Los Pumas, la misma que integraban algunos detenidos de la causa”, explicó Mariani. El cuartel central de la guardia Los Pumas funcionó en Santa Felicia, departamento de Vera. El primer represor detenido por su actuación en ese centro clandestino, en mayo, fue el policía Héctor Aglieri, alias Rengo. Según la PSA, Gil se desempeñó como docente en un colegio secundario de Reconquista y fue echado luego de un sumario administrativo por abuso de menores. Ayer al mediodía, cuando la PSA llegó a detenerlo, se encontraba con su esposa.
Según el comunicado, en su casa encontraron listas de detenidos, armas sin registrar, DNI originales de personas fallecidas, credenciales en blanco de la Unión Obrera Metalúrgica, notas extorsivas a un comerciante, copias de declaraciones de testigos en la causa judicial y viejos documentos de la agrupación Tacuara. En el marco de la misma investigación, la PSA también secuestró una notebook y una computadora de escritorio en una casa de Paraná, Entre Ríos, y cinco discos rígidos de un locutorio ubicado a veinte metros de la casa del ex policía, donde Gil creó la cuenta de correo electrónico desde la que enviaba las amenazas.
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viernes, 2 de octubre de 2009
La identidad de los hijos
La Cámara Federal de San Martín confirmó la decisión del juez Conrado Bergesio de extender a veintidós familias la investigación sobre la identidad de los hijos adoptados en 1976 por Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín, y “recomendó” entrecruzar antes sus muestras de ADN con las de los dos querellantes originales, tema sobre el que no debía pronunciarse y caballo de batalla de los abogados de Noble. “Quisieron mostrar una decisión salomónica que termina siendo contradictoria”, evaluó Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. “No se entiende la urgencia en esos análisis, máxime cuando los proponentes han asegurado en el expediente su certeza sobre el resultado negativo. Están ordenando una medida de prueba sabiendo por anticipado que será ineficaz”, agregó.
EL GENERAL RETIRADO JUAN CARLOS COLOMBO FUE CONDENADO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
Un encierro de 25 años, pero en casa
El Tribunal Oral Federal de Formosa falló que el ex gobernador de facto de esa provincia integró una asociación ilícita, fue coautor de nueve privaciones de la libertad y de dos casos de torturas seguidas de muerte. La pena prevé arresto domiciliario.
Esperá que me peino –bromeó el general retirado Juan Carlos Colombo ante el fotógrafo de Página/12 dos minutos antes de escuchar por videoconferencia su sentencia por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, cuando era gobernador de facto de Formosa.
–Es arresto domiciliario –fueron las primeras palabras de su esposa, por si el militar de 85 años no había entendido, un minuto después de escuchar la condena a 25 años de prisión hogareña como miembro de una asociación ilícita, coautor mediato de nueve privaciones ilegales de la libertad agravadas por tormentos, y de dos tormentos seguidos de muerte.
Las escenas transcurrieron en una oficina diminuta del Consejo de la Magistratura, frente a un plasma y una cámara, a 1191 kilómetros del Colegio de Escribanos de Formosa, donde el Tribunal Oral Federal local lo juzgó en ausencia. Gracias a sus problemas de salud, el ahora condenado no pisó la sala de audiencias durante los siete meses que duró el juicio, que tuvo más de 150 testigos, y donde un centenar de personas escuchó ayer la lectura del fallo del juez Eduardo Belforte. Colombo sólo debió trasladarse tres veces al microcentro: una para escuchar la acusación, otra para desentenderse de los crímenes de sus su-bordinados y reivindicar a su compañero de promoción Jorge Rafael Videla –“un ferviente cristiano y un hombre de bien”, en sus palabras–, y ayer para escuchar el veredicto.
El fallo del TOF, que también integran Norberto Giménez y Gladys Yunes, no conformó a los querellantes: habían pedido reclusión perpetua, en cárcel común, y que se considerara que los crímenes no fueron aislados sino parte de un genocidio. Formosa no tiene un solo represor preso. Pedro Velázquez Ibarra, víctima y abogado querellante, lamentó “que el acusado no quebró el pacto de silencio y no dijo dónde están los cuerpos de los desaparecidos formoseños”. Admitió que “si bien no salió la reclusión perpetua, estamos satisfechos porque, por los tiempos biológicos, los 25 años significan lo mismo”. También el representante del Ministerio Público había pedido la máxima pena. Organismos de derechos humanos y miembros de HIJOS escucharon el fallo en la vereda del Colegio de Escribanos.
Colombo es el decimosexto imputado que escucha una sentencia por delitos de lesa humanidad en 2009. Antes fueron condenados cinco represores de San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (en el mismo juicio fue absuelto el coronel Alejandro Duret) y en agosto, en San Martín, el general Santiago Riveros y cinco de sus su-bordinados de Campo de Mayo.
Según registros del programa Lucha Contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, sobre 54 condenados por crímenes durante la dictadura hay ahora 15 que gozan de arresto domiciliario. Menos de la mitad (24) están en cárceles comunes. Diez están en la unidad penal de Campo de Mayo, donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular. Y cinco están en libertad, incluidos los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, jefes de Mansión Seré. La próxima sentencia sería la del TOF-5, que juzga al general Jorge Olivera Róvere y a cuatro ex jefes de áreas militares. Si el tribunal no modifica su criterio, pasarán a ser diez los condenados que siguen caminando por la calle.
El Tribunal Oral Federal de Formosa falló que el ex gobernador de facto de esa provincia integró una asociación ilícita, fue coautor de nueve privaciones de la libertad y de dos casos de torturas seguidas de muerte. La pena prevé arresto domiciliario.
Esperá que me peino –bromeó el general retirado Juan Carlos Colombo ante el fotógrafo de Página/12 dos minutos antes de escuchar por videoconferencia su sentencia por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, cuando era gobernador de facto de Formosa.
–Es arresto domiciliario –fueron las primeras palabras de su esposa, por si el militar de 85 años no había entendido, un minuto después de escuchar la condena a 25 años de prisión hogareña como miembro de una asociación ilícita, coautor mediato de nueve privaciones ilegales de la libertad agravadas por tormentos, y de dos tormentos seguidos de muerte.
Las escenas transcurrieron en una oficina diminuta del Consejo de la Magistratura, frente a un plasma y una cámara, a 1191 kilómetros del Colegio de Escribanos de Formosa, donde el Tribunal Oral Federal local lo juzgó en ausencia. Gracias a sus problemas de salud, el ahora condenado no pisó la sala de audiencias durante los siete meses que duró el juicio, que tuvo más de 150 testigos, y donde un centenar de personas escuchó ayer la lectura del fallo del juez Eduardo Belforte. Colombo sólo debió trasladarse tres veces al microcentro: una para escuchar la acusación, otra para desentenderse de los crímenes de sus su-bordinados y reivindicar a su compañero de promoción Jorge Rafael Videla –“un ferviente cristiano y un hombre de bien”, en sus palabras–, y ayer para escuchar el veredicto.
El fallo del TOF, que también integran Norberto Giménez y Gladys Yunes, no conformó a los querellantes: habían pedido reclusión perpetua, en cárcel común, y que se considerara que los crímenes no fueron aislados sino parte de un genocidio. Formosa no tiene un solo represor preso. Pedro Velázquez Ibarra, víctima y abogado querellante, lamentó “que el acusado no quebró el pacto de silencio y no dijo dónde están los cuerpos de los desaparecidos formoseños”. Admitió que “si bien no salió la reclusión perpetua, estamos satisfechos porque, por los tiempos biológicos, los 25 años significan lo mismo”. También el representante del Ministerio Público había pedido la máxima pena. Organismos de derechos humanos y miembros de HIJOS escucharon el fallo en la vereda del Colegio de Escribanos.
Colombo es el decimosexto imputado que escucha una sentencia por delitos de lesa humanidad en 2009. Antes fueron condenados cinco represores de San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (en el mismo juicio fue absuelto el coronel Alejandro Duret) y en agosto, en San Martín, el general Santiago Riveros y cinco de sus su-bordinados de Campo de Mayo.
Según registros del programa Lucha Contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, sobre 54 condenados por crímenes durante la dictadura hay ahora 15 que gozan de arresto domiciliario. Menos de la mitad (24) están en cárceles comunes. Diez están en la unidad penal de Campo de Mayo, donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular. Y cinco están en libertad, incluidos los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, jefes de Mansión Seré. La próxima sentencia sería la del TOF-5, que juzga al general Jorge Olivera Róvere y a cuatro ex jefes de áreas militares. Si el tribunal no modifica su criterio, pasarán a ser diez los condenados que siguen caminando por la calle.
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