miércoles, 30 de septiembre de 2009
viernes, 25 de septiembre de 2009
la murga en el teatro
este sabado 26de septiembre la murga presenta el espectaculo la ciudad del olvido en el teatro auditorium a las 21 hs los esperamos!!!!!!
Cómo acelerar los juicios
EL IV ENCUENTRO DE LA COMISION DE LA MEMORIA BONAERENSE SOBRE JUSTICIA
Con la sola ausencia de los integrantes de la Corte Suprema, fiscales, abogados, camaristas y jueces debatieron sobre las causas por las que se demoran los procesos por delitos de lesa humanidad. Reclamos a los Supremos por la Comisión Interpoderes.
“Es imprescindible que la Corte Suprema de Justicia asuma el rol que le corresponde, que no es condenar o sobreseer a nadie sino garantizar la administración de justicia.” La reflexión pertenece a Pablo Parenti, coordinador de la unidad de la Procuración General de la Nación que impulsa y coordina el trabajo de los fiscales federales en causas de lesa humanidad, y resume el principal punto de acuerdo de quienes integraron ayer la mesa de trabajo “Justicia y crímenes de lesa humanidad: una política de Estado”, convocada por la Comisión por la Memoria bonaerense en el marco del VI Encuentro sobre Construcción de la Memoria.
Los representantes del alto tribunal fueron los grandes ausentes de la tarde. Hubo jueces, fiscales, abogados, miembros de organismos de todo el país, testigos y periodistas, coordinados por el anfitrión Leopoldo Schiffrin, juez de la Cámara Federal de La Plata. La agenda fue abierta. Los temas, añejos: los operadores de la impunidad disfrazados de fiscales y jueces; la necesidad de acelerar y unificar procesos; la ausencia de una política de Estado que amerite tal denominación; los flancos débiles de los programas de protección de testigos; la resistencia del Tribunal Oral Federal 5 de garantizar la publicidad de los juicios.
El juez federal Daniel Rafecas, miembro de la Comisión Interpoderes creada a instancias del máximo tribunal y “relanzada” el martes, fue el portavoz de una buena nueva: a propuesta del procurador Esteban Righi, la comisión que encabeza Ricardo Lorenzetti resolvió realizar visitas periódicas a los departamentos judiciales con problemas más acuciantes, como Mendoza o La Plata, para tratarlos en persona y buscar soluciones en plazos razonables. “Eso tendría un efecto tremendo. Es imprescindible que la Corte tenga un mapa actualizado de los juicios y que los ministros recorran los juzgados todos los meses”, celebró Schiffrin.
Rafecas describió con crudeza el presente de la Justicia federal. Destacó que tras las leyes de impunidad y los indultos “hubo un tercer gran momento” para garantizar la obstaculización de los procesos. Fue “la designación sistemática y planificada de jueces y fiscales en todo el país con el objetivo de asegurar la impunidad”. Mencionó casos de “absoluta y deliberada resistencia” y planteó que “llegó el momento crucial de plantear qué vamos a hacer con estos jueces, fiscales y camaristas”. Agregó que percibía “una postura muy ingenua” frente al tema y destacó que los operadores de la impunidad “no van a defraudar a quienes los designaron”.
El fiscal federal Jorge Auat, titular de la unidad especial de la PGN, compartió el diagnóstico y destacó que “nunca antes de los procesos por crímenes de lesa humanidad el Poder Judicial puso tanto énfasis en las garantías constitucionales”. Auat sostuvo que “la herramienta más idónea y la única respuesta posible es el trabajo cotidiano, la actitud permanente de lucha para derribar cada nueva barrera”, y enfatizó la necesidad de disponer de “una ingeniería política” que permita hablar “de una verdadera política de Estado, no de respuestas aisladas ante hechos consumados”.
Guadalupe Godoy, abogada de Justicia Ya! en La Plata, sostuvo que “una política estatal no es sólo tener voluntad: implica una inercia en la que los procesos fluyen” sin que organismos y abogados controlen cada día la actuación de la Justicia. Lamentó que “dependemos de personas puntuales, un fiscal, un juez, en tanto sigue faltando una estructura acorde” con la entidad de los procesos. Manifestó que “no vemos todavía resultados de la comisión interpoderes” y dedicó “una crítica específica al Centro de Información Judicial, que difunde las noticias que sugieren que el proceso marcha sobre ruedas pero oculta todas las trabas que impone la Justicia”.
Parenti admitió cierto “estancamiento” en La Plata y destacó los avances en jurisdicciones del interior del país que no suelen trascender. Coincidió en que “todos esperábamos más de la comisión interpoderes”, que “aún no se logró que la Corte tenga una unidad fuerte” y confesó que “nos sentimos bastante solos” en la unidad de la PGN. “Falta que la Corte asuma su rol, que es garantizar la administración de justicia”, resumió.
Gerardo Fernández, abogado del CELS, planteó el problema de “la renuencia de algunos testigos a seguir declarando, porque están agotados”, y “la amenaza del TOF-5 de no empezar el juicio ESMA si sólo se realizan dos audiencias por semana, que eternizarían el proceso”. Inti Pérez Aznar, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, recordó que por orden de la Cámara de Casación ayer “estuvieron a punto de ser excarcelados once represores de la Unidad 9, que superaron los tres años de prisión preventiva”, mientras “esperamos desde hace diez meses que la Corte se expida sobre el criterio a aplicar a la hora de excarcelar a procesados por crímenes de lesa humanidad”.
Con la sola ausencia de los integrantes de la Corte Suprema, fiscales, abogados, camaristas y jueces debatieron sobre las causas por las que se demoran los procesos por delitos de lesa humanidad. Reclamos a los Supremos por la Comisión Interpoderes.
“Es imprescindible que la Corte Suprema de Justicia asuma el rol que le corresponde, que no es condenar o sobreseer a nadie sino garantizar la administración de justicia.” La reflexión pertenece a Pablo Parenti, coordinador de la unidad de la Procuración General de la Nación que impulsa y coordina el trabajo de los fiscales federales en causas de lesa humanidad, y resume el principal punto de acuerdo de quienes integraron ayer la mesa de trabajo “Justicia y crímenes de lesa humanidad: una política de Estado”, convocada por la Comisión por la Memoria bonaerense en el marco del VI Encuentro sobre Construcción de la Memoria.
Los representantes del alto tribunal fueron los grandes ausentes de la tarde. Hubo jueces, fiscales, abogados, miembros de organismos de todo el país, testigos y periodistas, coordinados por el anfitrión Leopoldo Schiffrin, juez de la Cámara Federal de La Plata. La agenda fue abierta. Los temas, añejos: los operadores de la impunidad disfrazados de fiscales y jueces; la necesidad de acelerar y unificar procesos; la ausencia de una política de Estado que amerite tal denominación; los flancos débiles de los programas de protección de testigos; la resistencia del Tribunal Oral Federal 5 de garantizar la publicidad de los juicios.
El juez federal Daniel Rafecas, miembro de la Comisión Interpoderes creada a instancias del máximo tribunal y “relanzada” el martes, fue el portavoz de una buena nueva: a propuesta del procurador Esteban Righi, la comisión que encabeza Ricardo Lorenzetti resolvió realizar visitas periódicas a los departamentos judiciales con problemas más acuciantes, como Mendoza o La Plata, para tratarlos en persona y buscar soluciones en plazos razonables. “Eso tendría un efecto tremendo. Es imprescindible que la Corte tenga un mapa actualizado de los juicios y que los ministros recorran los juzgados todos los meses”, celebró Schiffrin.
Rafecas describió con crudeza el presente de la Justicia federal. Destacó que tras las leyes de impunidad y los indultos “hubo un tercer gran momento” para garantizar la obstaculización de los procesos. Fue “la designación sistemática y planificada de jueces y fiscales en todo el país con el objetivo de asegurar la impunidad”. Mencionó casos de “absoluta y deliberada resistencia” y planteó que “llegó el momento crucial de plantear qué vamos a hacer con estos jueces, fiscales y camaristas”. Agregó que percibía “una postura muy ingenua” frente al tema y destacó que los operadores de la impunidad “no van a defraudar a quienes los designaron”.
El fiscal federal Jorge Auat, titular de la unidad especial de la PGN, compartió el diagnóstico y destacó que “nunca antes de los procesos por crímenes de lesa humanidad el Poder Judicial puso tanto énfasis en las garantías constitucionales”. Auat sostuvo que “la herramienta más idónea y la única respuesta posible es el trabajo cotidiano, la actitud permanente de lucha para derribar cada nueva barrera”, y enfatizó la necesidad de disponer de “una ingeniería política” que permita hablar “de una verdadera política de Estado, no de respuestas aisladas ante hechos consumados”.
Guadalupe Godoy, abogada de Justicia Ya! en La Plata, sostuvo que “una política estatal no es sólo tener voluntad: implica una inercia en la que los procesos fluyen” sin que organismos y abogados controlen cada día la actuación de la Justicia. Lamentó que “dependemos de personas puntuales, un fiscal, un juez, en tanto sigue faltando una estructura acorde” con la entidad de los procesos. Manifestó que “no vemos todavía resultados de la comisión interpoderes” y dedicó “una crítica específica al Centro de Información Judicial, que difunde las noticias que sugieren que el proceso marcha sobre ruedas pero oculta todas las trabas que impone la Justicia”.
Parenti admitió cierto “estancamiento” en La Plata y destacó los avances en jurisdicciones del interior del país que no suelen trascender. Coincidió en que “todos esperábamos más de la comisión interpoderes”, que “aún no se logró que la Corte tenga una unidad fuerte” y confesó que “nos sentimos bastante solos” en la unidad de la PGN. “Falta que la Corte asuma su rol, que es garantizar la administración de justicia”, resumió.
Gerardo Fernández, abogado del CELS, planteó el problema de “la renuencia de algunos testigos a seguir declarando, porque están agotados”, y “la amenaza del TOF-5 de no empezar el juicio ESMA si sólo se realizan dos audiencias por semana, que eternizarían el proceso”. Inti Pérez Aznar, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, recordó que por orden de la Cámara de Casación ayer “estuvieron a punto de ser excarcelados once represores de la Unidad 9, que superaron los tres años de prisión preventiva”, mientras “esperamos desde hace diez meses que la Corte se expida sobre el criterio a aplicar a la hora de excarcelar a procesados por crímenes de lesa humanidad”.
jueves, 24 de septiembre de 2009
“Tiró gente viva al mar y se jactaba
JULIO ALBERTO POCH, PILOTO DE UNA AEROLINEA HOLANDESA, FUE DETENIDO EN ESPAñA POR LOS VUELOS DE LA MUERTE
El marino contó ante sus compañeros de la aerolínea Transavia que piloteó vuelos desde los que se arrojaba a “terroristas”. Lo denunciaron ante la Justicia holandesa. Una investigación conjunta con Argentina permitió apresarlo en su último viaje antes de jubilarse.
A un tercio de siglo de los crímenes y a catorce años de la confesión del capitán Adolfo Scilingo, la Justicia detuvo por primera vez a un piloto de la Armada por arrojar personas vivas al mar durante la última dictadura. El teniente de fragata retirado Julio Alberto Poch, radicado desde 1988 en Holanda, donde se recicló como piloto civil, fue capturado el martes en la pista del aeropuerto de Manises, en Valencia, por agentes de la Policía Nacional de España. Ese mismo día, por orden de un juez penal del Reino de los Países Bajos, la policía holandesa allanó su domicilio en la ciudad de Alkmaar, donde encontró el arma reglamentaria que usaba cuando pertenecía a la Armada y documentación sobre sus vuelos registrados entre 1974 y 1980. Poch pasó su primera noche preso en el centro penitenciario Picassent, donde ahora deberá esperar su extradición a la Argentina.
La denuncia contra el ex aviador naval de 57 años la formularon hace dos años sus propios compañeros de la aerolínea Transavia, que lo marginaron luego de escucharlo justificar su actuación en vuelos de la muerte. La investigación de la Justicia y del gobierno del Reino de los Países Bajos fue corroborada por el juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, que en diciembre ordenó la detención. En el mismo juzgado hiberna desde hace cuatro años una instrucción idéntica originada en la confesión del capitán de corbeta Hemir Sisul Hess, quien tras la publicación de su historia en Página/12 comenzó a organizar un largo viaje a Europa.
Poch nació el 20 de febrero de 1952 e integra una familia con tres generaciones en las filas de la Armada. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1968 e ingresó a la Escuela Naval. Pertenece a la promoción 101 del Comando Naval. En 1974 aprobó el curso de aviadores navales con la mejor calificación sobre 16 participantes. Cuando se produjo el último golpe de Estado tenía el grado de teniente de corbeta y estaba destinado en la Escuela Aeronaval de Ataque. En 1977 pasó a integrar la Tercera Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque. En esos dos años se produjeron la mayor parte de los vuelos con los que la Armada borró del mapa a sus enemigos, delito que la Justicia argentina nunca investigó.
La carrera militar de Poch duró apenas ocho años. Pasó a retiro voluntario en 1980, con el grado de teniente de fragata. A fines de mayo de 1982, a sus treinta años, fue convocado por la Armada para participar de la guerra de Malvinas. Seis años después se trasladó a Holanda junto con su esposa, Elsa Margarita Nyborg Andersen, y sus tres hijos, todos nacidos durante la dictadura. El mayor, que también es piloto de Transavia, fue registrado en agosto de 1976 en la localidad de Verónica, cerca de la base aeronaval Punta Indio. Las dos hijas mujeres fueron inscriptas en 1979 y 1980 en Bahía Blanca.
Gracias, Máxima
Los primeros datos sobre las confesiones de Poch se conocieron en 2007, luego de que las autoridades holandesas recibieron las denuncias de los empleados de Transavia y comenzaron a indagar sobre su pasado durante la dictadura. A mediados de 2008, un fiscal holandés y dos miembros del equipo de investigación se trasladaron a la Argentina para profundizar la pesquisa y notificaron formalmente al juez Torres, que poco después viajó a Europa para escuchar en persona a los testigos.
Un piloto contó que el detonante del relato del marino fue un comentario sobre Jorge Zorreguieta, ex secretario de Agricultura del dictador Jorge Rafael Videla. Cuando un comensal afirmó que el padre de la princesa Máxima de Holanda “fue miembro del régimen criminal”, Poch “comenzó a defender a ese gobierno y nos dijo que teníamos una imagen errónea de esa época”.
El marino confesó “que durante el período de su servicio como piloto del régimen de Videla realizó vuelos regulares desde los cuales grupos de personas eran arrojadas desde su avión al mar” y que “el objetivo de esos vuelos era matar y deshacerse de los terroristas”, relató un testigo ante el juez y su secretario Pablo Yadarola. “Poch todavía cree que hizo lo justo. Nos dio la impresión de que no fue forzado y que puede vivir con eso sin problemas emocionales”, agregó.
“Contó que desde su avión se echaba fuera de la borda a personas con vida, con el fin de ejecutarlas”, reiteró un piloto que escuchó a Poch durante una cena en un restaurante en la isla de Bali, en Indonesia. El testigo confesó haberse “enojado fuertemente, porque uno no puede imaginar cosas tan terribles”, y agregó que Poch se justificó diciendo que “era una guerra” y que las víctimas “habían sido drogadas previamente”. Luego añadió que los familiares de los desaparecidos “no se deben quejar porque sabían que sus hijos y sus esposos eran terroristas”.
Otro testigo sugirió que Poch “tiene dos caras: puede comportarse como una persona amable pero a su vez tiene algo invisible que lo hace sentirse superior, y puede que ello tenga que ver con su pasado como militar”. “Su comportamiento era impresionante, defendía el hecho de haber arrojado gente al mar. El todavía cree que tiene razón. Lo veo en su cara, en su ferocidad. Habla de terroristas de izquierda”, recordó.
El 30 de diciembre pasado el juez Torres solicitó a Holanda la detención de Poch “con miras de extradición”, y a Interpol su captura en el resto del mundo. Dos meses atrás, en el marco de una investigación sobre los vuelos, Página/12 intentó sin suerte obtener una explicación sobre los motivos de la demora. Días después, a pedido de Holanda, el juzgado realizó modificaciones en la solicitud. Según fuentes diplomáticas, la captura no se concretó en los Países Bajos porque la doble nacionalidad del imputado habría dificultado su extradición.
Poch tenía previsto realizar el martes su último vuelo antes de jubilarse. Partió desde el aeropuerto de Schipol, en Amsterdam, con rumbo a Valencia, donde debía hacer una escala de cuarenta minutos. Cuando bajó la escalerilla fue recibido por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos de la policía española. Excepto su esposa y su hijo, que integraban el pasaje, el resto del vuelo no sufrió ningún perjuicio porque ya había otro piloto listo para reemplazarlo.
El 7 de septiembre, cuando Página/12 informó sobre las confesiones del capitán Hess y los aviones Electra en exposición, apuntó que varios pilotos “trabajan en aerolíneas nacionales y extranjeras”. A pedido de diplomáticos holandeses y del juzgado, donde el caso tramitó bajo “secreto de sumario”, se omitió mencionar a Poch. La captura en España sugiere que tampoco sus camaradas procesados por crímenes en la ESMA hicieron nada para evitarlo. Lo saben al menos desde el 12 de enero, cuando el juez Torres, al procesar al capitán Juan Arturo Alomar, mencionó con todas las letras el pedido de extradición “por su vinculación con los vuelos de la muerte
La denuncia contra el ex aviador naval de 57 años la formularon hace dos años sus propios compañeros de la aerolínea Transavia, que lo marginaron luego de escucharlo justificar su actuación en vuelos de la muerte. La investigación de la Justicia y del gobierno del Reino de los Países Bajos fue corroborada por el juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, que en diciembre ordenó la detención. En el mismo juzgado hiberna desde hace cuatro años una instrucción idéntica originada en la confesión del capitán de corbeta Hemir Sisul Hess, quien tras la publicación de su historia en Página/12 comenzó a organizar un largo viaje a Europa.
Poch nació el 20 de febrero de 1952 e integra una familia con tres generaciones en las filas de la Armada. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1968 e ingresó a la Escuela Naval. Pertenece a la promoción 101 del Comando Naval. En 1974 aprobó el curso de aviadores navales con la mejor calificación sobre 16 participantes. Cuando se produjo el último golpe de Estado tenía el grado de teniente de corbeta y estaba destinado en la Escuela Aeronaval de Ataque. En 1977 pasó a integrar la Tercera Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque. En esos dos años se produjeron la mayor parte de los vuelos con los que la Armada borró del mapa a sus enemigos, delito que la Justicia argentina nunca investigó.
La carrera militar de Poch duró apenas ocho años. Pasó a retiro voluntario en 1980, con el grado de teniente de fragata. A fines de mayo de 1982, a sus treinta años, fue convocado por la Armada para participar de la guerra de Malvinas. Seis años después se trasladó a Holanda junto con su esposa, Elsa Margarita Nyborg Andersen, y sus tres hijos, todos nacidos durante la dictadura. El mayor, que también es piloto de Transavia, fue registrado en agosto de 1976 en la localidad de Verónica, cerca de la base aeronaval Punta Indio. Las dos hijas mujeres fueron inscriptas en 1979 y 1980 en Bahía Blanca.
Gracias, Máxima
Los primeros datos sobre las confesiones de Poch se conocieron en 2007, luego de que las autoridades holandesas recibieron las denuncias de los empleados de Transavia y comenzaron a indagar sobre su pasado durante la dictadura. A mediados de 2008, un fiscal holandés y dos miembros del equipo de investigación se trasladaron a la Argentina para profundizar la pesquisa y notificaron formalmente al juez Torres, que poco después viajó a Europa para escuchar en persona a los testigos.
Un piloto contó que el detonante del relato del marino fue un comentario sobre Jorge Zorreguieta, ex secretario de Agricultura del dictador Jorge Rafael Videla. Cuando un comensal afirmó que el padre de la princesa Máxima de Holanda “fue miembro del régimen criminal”, Poch “comenzó a defender a ese gobierno y nos dijo que teníamos una imagen errónea de esa época”.
El marino confesó “que durante el período de su servicio como piloto del régimen de Videla realizó vuelos regulares desde los cuales grupos de personas eran arrojadas desde su avión al mar” y que “el objetivo de esos vuelos era matar y deshacerse de los terroristas”, relató un testigo ante el juez y su secretario Pablo Yadarola. “Poch todavía cree que hizo lo justo. Nos dio la impresión de que no fue forzado y que puede vivir con eso sin problemas emocionales”, agregó.
“Contó que desde su avión se echaba fuera de la borda a personas con vida, con el fin de ejecutarlas”, reiteró un piloto que escuchó a Poch durante una cena en un restaurante en la isla de Bali, en Indonesia. El testigo confesó haberse “enojado fuertemente, porque uno no puede imaginar cosas tan terribles”, y agregó que Poch se justificó diciendo que “era una guerra” y que las víctimas “habían sido drogadas previamente”. Luego añadió que los familiares de los desaparecidos “no se deben quejar porque sabían que sus hijos y sus esposos eran terroristas”.
Otro testigo sugirió que Poch “tiene dos caras: puede comportarse como una persona amable pero a su vez tiene algo invisible que lo hace sentirse superior, y puede que ello tenga que ver con su pasado como militar”. “Su comportamiento era impresionante, defendía el hecho de haber arrojado gente al mar. El todavía cree que tiene razón. Lo veo en su cara, en su ferocidad. Habla de terroristas de izquierda”, recordó.
El 30 de diciembre pasado el juez Torres solicitó a Holanda la detención de Poch “con miras de extradición”, y a Interpol su captura en el resto del mundo. Dos meses atrás, en el marco de una investigación sobre los vuelos, Página/12 intentó sin suerte obtener una explicación sobre los motivos de la demora. Días después, a pedido de Holanda, el juzgado realizó modificaciones en la solicitud. Según fuentes diplomáticas, la captura no se concretó en los Países Bajos porque la doble nacionalidad del imputado habría dificultado su extradición.
Poch tenía previsto realizar el martes su último vuelo antes de jubilarse. Partió desde el aeropuerto de Schipol, en Amsterdam, con rumbo a Valencia, donde debía hacer una escala de cuarenta minutos. Cuando bajó la escalerilla fue recibido por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos de la policía española. Excepto su esposa y su hijo, que integraban el pasaje, el resto del vuelo no sufrió ningún perjuicio porque ya había otro piloto listo para reemplazarlo.
El 7 de septiembre, cuando Página/12 informó sobre las confesiones del capitán Hess y los aviones Electra en exposición, apuntó que varios pilotos “trabajan en aerolíneas nacionales y extranjeras”. A pedido de diplomáticos holandeses y del juzgado, donde el caso tramitó bajo “secreto de sumario”, se omitió mencionar a Poch. La captura en España sugiere que tampoco sus camaradas procesados por crímenes en la ESMA hicieron nada para evitarlo. Lo saben al menos desde el 12 de enero, cuando el juez Torres, al procesar al capitán Juan Arturo Alomar, mencionó con todas las letras el pedido de extradición “por su vinculación con los vuelos de la muerte
miércoles, 23 de septiembre de 2009
EL TESTIMONIO CLAVE DE JAIME DRI SOBRE SU DETENCION EN LA QUINTA DE FUNES
“Era un trofeo de Massera”
En el juicio a represores en Rosario, Dri –trasladado de la ESMA a la Quinta de Funes–, identificó a los cinco acusados presentes en la audiencia. También declaró el ex canciller Rafael Bielsa.
Desde Rosario
Jaime Dri giró su cuerpo y mirando a cada uno de los imputados a los ojos, de izquierda a derecha, dijo: “Ese es Daniel, él es Jorge, ése es Sergio II, el siguiente es Sebastián y el último es el Tucumano”. Así identificó claramente a Juan Daniel Amelong, Oscar Pascual Guerrieri, Walter Pagano, Jorge Fariña y Eduardo Costanzo, uniendo por primera vez en más de treinta años los rostros con sus nombres de guerra. Fue la medida más contundente en la causa Guerrieri-Amelong. Luego declaró el ex canciller Rafael Bielsa, que pidió girar su escritorio y sentarse “mirando a los ojos a los imputados”.
- De la ESMA a Funes: Dri fue detenido y llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada y desde allí trasladado a la Quinta de Funes, en Rosario. “Entré a un lugar donde había un escritorio, y ahí aparece mi antiguo jefe, el Tío Retamar, y me dice: ‘Pelado, qué miserable que sos, caíste con la misma camisa que usabas en Rosario...’. El Tío me sigue visitando en la celda, me llevaba los cigarrillos, y me decía que habíamos perdido, que él colaboraba con el Ejército”, narró.
- La fuga de Tucho: “Días después los detienen en Mar del Plata a Tulio Valenzuela y Raquel Negro –contó Dri– y los traen a Funes. Tucho dice que acepta colaborar. En pocos días tiene acceso a la casa principal, donde había muchos archivos, y empieza a preparar el informe que iba a llevar a la conducción de la columna Rosario. Finalmente se arma la propuesta del viaje a México para entregar la conducción del movimiento. Ahí creo que se hizo un asado, porque venía (Leopoldo Fortunato) Galtieri para hablar con Tucho. Tiene que haber sido en los primeros 10 días de enero que sale la comitiva a México. Hasta que una tarde, una llamada de México, entró Jorge, y atendió, salió muy nervioso, y se fue de ese lugar, que a esta altura todos sabemos que se trata de la Quinta de Funes. El Foca muy calladito en un rincón me dice: ‘Pelado, no abrás la boca que nos van a matar a todos, porque Tucho se fugó’”.
- El final. “El Tío Retamar me tiraba chicanas, me decía: ‘Decidite’. Pensé que a María la habían torturado, que había dicho que nos íbamos a fugar. Lo concreto es que me anuncian que al otro día me devuelven a la ESMA. El Nacho me dice: ‘Mirá que yo estoy entregando compañeros para salvarlos’. Y yo le dije: ‘Eso no es salvarlos, estamos acá prisioneros’. A la mañana temprano el Teniente Daniel (Amelong) es uno de los que me llevaron. Yo viví porque era un trofeo de Massera”, contó Dri, que luego se fugó de la ESMA y denunció a sus captores.
Bielsa contó luego cómo lo secuestraron en el edificio de tribunales y lo llevaron “a un sótano donde me encadenaron a una baranda, luego de unas horas me llevaron a una habitación, me desnudaron y humedecieron, y me amarraron a una especie de cama elástica donde fui torturado, con algo que llamaban Martita Corrientes, que no era otra cosa que la picana”. Narró que recibió la visita del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y señaló que estuvo en dos centros clandestinos: al primero se lo denominaba El Castillo y el otro es La Calamita.
//
En el juicio a represores en Rosario, Dri –trasladado de la ESMA a la Quinta de Funes–, identificó a los cinco acusados presentes en la audiencia. También declaró el ex canciller Rafael Bielsa.
Desde Rosario
Jaime Dri giró su cuerpo y mirando a cada uno de los imputados a los ojos, de izquierda a derecha, dijo: “Ese es Daniel, él es Jorge, ése es Sergio II, el siguiente es Sebastián y el último es el Tucumano”. Así identificó claramente a Juan Daniel Amelong, Oscar Pascual Guerrieri, Walter Pagano, Jorge Fariña y Eduardo Costanzo, uniendo por primera vez en más de treinta años los rostros con sus nombres de guerra. Fue la medida más contundente en la causa Guerrieri-Amelong. Luego declaró el ex canciller Rafael Bielsa, que pidió girar su escritorio y sentarse “mirando a los ojos a los imputados”.
- De la ESMA a Funes: Dri fue detenido y llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada y desde allí trasladado a la Quinta de Funes, en Rosario. “Entré a un lugar donde había un escritorio, y ahí aparece mi antiguo jefe, el Tío Retamar, y me dice: ‘Pelado, qué miserable que sos, caíste con la misma camisa que usabas en Rosario...’. El Tío me sigue visitando en la celda, me llevaba los cigarrillos, y me decía que habíamos perdido, que él colaboraba con el Ejército”, narró.
- La fuga de Tucho: “Días después los detienen en Mar del Plata a Tulio Valenzuela y Raquel Negro –contó Dri– y los traen a Funes. Tucho dice que acepta colaborar. En pocos días tiene acceso a la casa principal, donde había muchos archivos, y empieza a preparar el informe que iba a llevar a la conducción de la columna Rosario. Finalmente se arma la propuesta del viaje a México para entregar la conducción del movimiento. Ahí creo que se hizo un asado, porque venía (Leopoldo Fortunato) Galtieri para hablar con Tucho. Tiene que haber sido en los primeros 10 días de enero que sale la comitiva a México. Hasta que una tarde, una llamada de México, entró Jorge, y atendió, salió muy nervioso, y se fue de ese lugar, que a esta altura todos sabemos que se trata de la Quinta de Funes. El Foca muy calladito en un rincón me dice: ‘Pelado, no abrás la boca que nos van a matar a todos, porque Tucho se fugó’”.
- El final. “El Tío Retamar me tiraba chicanas, me decía: ‘Decidite’. Pensé que a María la habían torturado, que había dicho que nos íbamos a fugar. Lo concreto es que me anuncian que al otro día me devuelven a la ESMA. El Nacho me dice: ‘Mirá que yo estoy entregando compañeros para salvarlos’. Y yo le dije: ‘Eso no es salvarlos, estamos acá prisioneros’. A la mañana temprano el Teniente Daniel (Amelong) es uno de los que me llevaron. Yo viví porque era un trofeo de Massera”, contó Dri, que luego se fugó de la ESMA y denunció a sus captores.
Bielsa contó luego cómo lo secuestraron en el edificio de tribunales y lo llevaron “a un sótano donde me encadenaron a una baranda, luego de unas horas me llevaron a una habitación, me desnudaron y humedecieron, y me amarraron a una especie de cama elástica donde fui torturado, con algo que llamaban Martita Corrientes, que no era otra cosa que la picana”. Narró que recibió la visita del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y señaló que estuvo en dos centros clandestinos: al primero se lo denominaba El Castillo y el otro es La Calamita.
//
ONCE REPRESORES DE LA UNIDAD 9 PODRIAN SER EXCARCELADOS
Un reclamo para Romero Victorica
Once represores de la Unidad 9, incluido uno que es investigado por la segunda desaparición de Jorge Julio López, podrían quedar en libertad esta semana. La decisión la tomaron Luis García y Guillermo Yacobucci, los mismos jueces de la Cámara de Casación Penal que en diciembre ordenaron excarcelar a Astiz, Acosta & Cía. La diferencia con el caso de los marinos es que, según trascendió entre organismos y querellantes, el fiscal Juan Martín Romero Victorica no fue notificado, no tiene ninguna motivación para hacerlo por su cuenta y menos aún para impedir excarcelaciones en La Plata.
Se trata de la jurisdicción en la que Romero Victorica blanqueó su amistad con Jaime Smart, ministro de Gobierno durante la dictadura, que le valió una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por “no representar al Ministerio Público ni a los intereses de la sociedad”.
La medida de Casación llega cuando el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata se disponía a fijar la fecha del primer juicio contra miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, imputados por nueve homicidos más un centenar de secuestros y tormentos en la U9, cárcel que concentró a la mayor cantidad de presos políticos durante la dictadura. Entre los beneficiarios se destacan el entonces segundo jefe del SPB Elvio Omar Cosso, el sanguinario director del penal Abel David Dupuy, y el ex jefe de inteligencia del gobierno de Felipe Solá Ramón “El Manchado” Fernández.
La decisión de García y Yacobucci, ex pluma del pasquín Cabildo, contraría el criterio de tres instancias judiciales, incluido el TOF-1. El argumento es que llevan tres años y cuatro meses detenidos, cuando por ley la prisión preventiva no puede exceder los tres años. Los querellantes cuestionan que la medida de Casación no toma en cuenta las particulares características de los delitos imputados, la magnitud de las causas, el ocultamiento de pruebas y el amedrentamiento de los testigos. Los organismos presentarán hoy una carta a Esteban Righi, titular de la Procuración General de la Nación, para que tome cartas en el asunto e inste a Romero Victorica a evitar la liberación de los represores.
/
Once represores de la Unidad 9, incluido uno que es investigado por la segunda desaparición de Jorge Julio López, podrían quedar en libertad esta semana. La decisión la tomaron Luis García y Guillermo Yacobucci, los mismos jueces de la Cámara de Casación Penal que en diciembre ordenaron excarcelar a Astiz, Acosta & Cía. La diferencia con el caso de los marinos es que, según trascendió entre organismos y querellantes, el fiscal Juan Martín Romero Victorica no fue notificado, no tiene ninguna motivación para hacerlo por su cuenta y menos aún para impedir excarcelaciones en La Plata.
Se trata de la jurisdicción en la que Romero Victorica blanqueó su amistad con Jaime Smart, ministro de Gobierno durante la dictadura, que le valió una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por “no representar al Ministerio Público ni a los intereses de la sociedad”.
La medida de Casación llega cuando el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata se disponía a fijar la fecha del primer juicio contra miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, imputados por nueve homicidos más un centenar de secuestros y tormentos en la U9, cárcel que concentró a la mayor cantidad de presos políticos durante la dictadura. Entre los beneficiarios se destacan el entonces segundo jefe del SPB Elvio Omar Cosso, el sanguinario director del penal Abel David Dupuy, y el ex jefe de inteligencia del gobierno de Felipe Solá Ramón “El Manchado” Fernández.
La decisión de García y Yacobucci, ex pluma del pasquín Cabildo, contraría el criterio de tres instancias judiciales, incluido el TOF-1. El argumento es que llevan tres años y cuatro meses detenidos, cuando por ley la prisión preventiva no puede exceder los tres años. Los querellantes cuestionan que la medida de Casación no toma en cuenta las particulares características de los delitos imputados, la magnitud de las causas, el ocultamiento de pruebas y el amedrentamiento de los testigos. Los organismos presentarán hoy una carta a Esteban Righi, titular de la Procuración General de la Nación, para que tome cartas en el asunto e inste a Romero Victorica a evitar la liberación de los represores.
/
sábado, 19 de septiembre de 2009
EL LEGISLADOR JUAN CABANDIE DECLARO CONTRA SU APROPIADOR, LUIS ANTONIO FALCO, EX OFICIAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA FEDERAL
“Mi casa era una sucursal de una comisaría”
Contó que fue “criado a los golpes”. Explicó el vínculo de Falco con el represor Samuel Miara y dijo que el ex policía, que sigue libre, se ufanaba de haber participado en secuestros y haberse infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo.
Cruces esvásticas. Armas a la vista. Golpes y maltrato psíquico. Apología del genocidio. Discursos antisemitas. El miedo como compañía omnipresente. El escenario lo padeció durante veintiséis años Juan Cabandié Alfonsín, y el responsable principal, según su propio relato, fue su apropiador Luis Antonio Falco, oficial de Inteligencia de la Policía Federal. El actual legislador del Frente para la Victoria, nacido durante el cautiverio de su mamá en la ESMA, describió ayer su infancia y adolescencia en la primera audiencia del juicio, a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría. Falco está acusado de retención y ocultamiento de un menor de diez años y falsedad ideológica de instrumento público. El fiscal Carlos Rívolo y Abuelas de Plaza de Mayo pidieron condenas de 17 y 25 años de prisión, respectivamente. Hasta ahora, el policía no estuvo un solo día preso: fue excarcelado por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Tampoco debió concurrir ayer a escuchar el relato de quien alguna vez fue su trofeo de guerra.
Si bien el juicio se tramita por el viejo Código Procesal Penal, que no prevé audiencias orales y públicas, a pedido de Abuelas son abiertos a la sociedad los relatos de los testigos ofrecidos por la querella. La jornada inicial, en la principal sala del Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema de Justicia, comenzó con el testimonio de Cabandié, quien debió extremar su paciencia para compensar la desidia del Poder Judicial: un micrófono para todas las partes, el testigo sentado junto a la jueza, que por momentos parecía una entrevistadora de TV, y un asistente interrumpiendo el relato cada dos oraciones para tomar nota, ya que ni siquiera contaban con un grabador para registrar el audio.
El actual legislador porteño ratificó sus declaraciones anteriores y respondió preguntas de los abogados de Abuelas. El de Falco, Diego Martín Sánchez, no concurrió. Cabandié afirmó que su apropiador “andaba armado todo el día”, recibía de regalo cruces esvásticas y símbolos nazis “que ponía en su boina azul de comando y lucía con orgullo”, mientras sus camaradas “justificaban el genocidio”. “Cuando crezcas vas a saber lo que son los judíos”, le advertían los policías.
Cabandié ratificó que Falco era oficial de Inteligencia de la Policía Federal, que tuvo una “activa participación en secuestros” durante la dictadura y que actuaba con el seudónimo Leonardo Fajardo, conservando las iniciales del nombre real como todo servicio. Explicó que el policía se jactaba de haberse infiltrado en la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. “Sostenía que por la Marina había ido (Alfredo) Astiz, y por la Federal, él”, contó. También admitía “haber hecho allanamientos y haber adquirido artículos de las casas, como muebles, discos o guitarras”, contó y recordó que en una oportunidad le ordenó tomar distancia de un compañero de la escuela primaria que tenía a sus padres desaparecidos.
Cabandié afirmó que el policía “siempre supo que era hijo de desaparecidos” y que era amigo del ex comisario Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa. Cuando ese caso trascendió en la prensa, Falco y su esposa le explicaron que los Miara desconocían el origen de los chicos y enfatizaron que “los criaron con amor, los alimentaron, ya que cuando los recibieron estaban tan flaquitos que parecían dos ratitas”. También recordó que “en una ocasión Falco me refirió que fue él quien consiguió falsificar los documentos de los mellizos”.
“Tenía que reprimirme para no contar qué hacía Falco, porque en el seno de la familia había una orden, entre comillas, para que no dijéramos su verdadera actividad. Teníamos que decir que era visitador médico”, reveló Cabandié, quien aludió al acusado como “este hombre”, “el apropiador”, “ese sujeto” o directamente lo mencionó por su apellido. “Siempre me sometían a malos tratos. Fui criado a golpes, físicos y psíquicos”, reveló el joven, visiblemente emocionado. La casa “era una sucursal de una comisaría”, graficó, donde “el miedo estaba presente a cada instante”.
El testigo contó que por los golpes y el maltrato dejó de ver a Falco a los 19 años. “Pero el miedo, el clima hostil y la violencia seguían siempre presentes”, recordó. Luego contó una anécdota que por algunos segundos descomprimió el clima y generó sonrisas. En enero de 2004, cuando supo que era hijo de los desaparecidos Damián Cabandié y Alicia Alfonsín, llamó por teléfono a Falco, le dijo que tenía los análisis de ADN en su mano y lo increpó por su origen.
–¿Quién más lo sabe? –preguntó el apropiador.
–Lo sabe Estela de Carlotto y (el entonces presidente Néstor) Kirchner –se permitió mentir Juan.
“Para cubrirme le dije Estela y Kirchner, estuve rápido de reflejos”, bromeó. El recuerdo dio pie a la narración sobre los conflictos psicológicos que los apropiadores generan en los hijos de desaparecidos. “Nos hacen sentir culpas poniéndonos por delante lo bueno que fueron al darnos comida y estudios”, explicó.
En segundo turno declaró Alicia Milia, quien compartió el cautiverio en la ESMA con la madre de Cabandié. Relató que a Alicia Alfonsín la llamaban “Bebé” porque parecía una nena, “muy delgada y con una panza inmensa”. Recordó que cuando iba al baño tenían oportunidad de dialogar con las embarazadas y que, cuando nació, Juan era “un bebé grande, hermoso”. Contó que los verdugos le habían hecho redactar una carta para enviar a su familia, que nunca llegó a destino. Milia recordó que en los grupos de tareas de la ESMA había varios agentes de la Policía Federal. Más tarde declararon otras tres sobrevivientes: Elisa Tokar, Graciela Daleo y Ana María Martí.
El juicio continuará el martes con los testimonios de Miriam Lewin y Andrés Castillo, que estuvieron secuestrados en la ESMA. Luego declarará como simple testigo el policía Jorge Mario Veyra, viejo amigo del apropiador, quien se benefició con una falta de mérito en la causa por la Masacre de Fátima. El ex inspector Rodolfo Fernández, ayudante del ministro Albano Harguindeguy durante la dictadura, incluyó en 1983 a Veyra entre “los mayores torturadores y asesinos salidos de la Triple A, a quienes (el comisario Juan Carlos) Lapuyole llevó a la Dirección General de Inteligencia” de la Federal tras el golpe de Estado. Veyra continúa libre e impune, ya que ningún juez investiga aún a la Superintendencia de Seguridad Federal.
Contó que fue “criado a los golpes”. Explicó el vínculo de Falco con el represor Samuel Miara y dijo que el ex policía, que sigue libre, se ufanaba de haber participado en secuestros y haberse infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo.
Cruces esvásticas. Armas a la vista. Golpes y maltrato psíquico. Apología del genocidio. Discursos antisemitas. El miedo como compañía omnipresente. El escenario lo padeció durante veintiséis años Juan Cabandié Alfonsín, y el responsable principal, según su propio relato, fue su apropiador Luis Antonio Falco, oficial de Inteligencia de la Policía Federal. El actual legislador del Frente para la Victoria, nacido durante el cautiverio de su mamá en la ESMA, describió ayer su infancia y adolescencia en la primera audiencia del juicio, a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría. Falco está acusado de retención y ocultamiento de un menor de diez años y falsedad ideológica de instrumento público. El fiscal Carlos Rívolo y Abuelas de Plaza de Mayo pidieron condenas de 17 y 25 años de prisión, respectivamente. Hasta ahora, el policía no estuvo un solo día preso: fue excarcelado por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Tampoco debió concurrir ayer a escuchar el relato de quien alguna vez fue su trofeo de guerra.
Si bien el juicio se tramita por el viejo Código Procesal Penal, que no prevé audiencias orales y públicas, a pedido de Abuelas son abiertos a la sociedad los relatos de los testigos ofrecidos por la querella. La jornada inicial, en la principal sala del Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema de Justicia, comenzó con el testimonio de Cabandié, quien debió extremar su paciencia para compensar la desidia del Poder Judicial: un micrófono para todas las partes, el testigo sentado junto a la jueza, que por momentos parecía una entrevistadora de TV, y un asistente interrumpiendo el relato cada dos oraciones para tomar nota, ya que ni siquiera contaban con un grabador para registrar el audio.
El actual legislador porteño ratificó sus declaraciones anteriores y respondió preguntas de los abogados de Abuelas. El de Falco, Diego Martín Sánchez, no concurrió. Cabandié afirmó que su apropiador “andaba armado todo el día”, recibía de regalo cruces esvásticas y símbolos nazis “que ponía en su boina azul de comando y lucía con orgullo”, mientras sus camaradas “justificaban el genocidio”. “Cuando crezcas vas a saber lo que son los judíos”, le advertían los policías.
Cabandié ratificó que Falco era oficial de Inteligencia de la Policía Federal, que tuvo una “activa participación en secuestros” durante la dictadura y que actuaba con el seudónimo Leonardo Fajardo, conservando las iniciales del nombre real como todo servicio. Explicó que el policía se jactaba de haberse infiltrado en la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. “Sostenía que por la Marina había ido (Alfredo) Astiz, y por la Federal, él”, contó. También admitía “haber hecho allanamientos y haber adquirido artículos de las casas, como muebles, discos o guitarras”, contó y recordó que en una oportunidad le ordenó tomar distancia de un compañero de la escuela primaria que tenía a sus padres desaparecidos.
Cabandié afirmó que el policía “siempre supo que era hijo de desaparecidos” y que era amigo del ex comisario Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa. Cuando ese caso trascendió en la prensa, Falco y su esposa le explicaron que los Miara desconocían el origen de los chicos y enfatizaron que “los criaron con amor, los alimentaron, ya que cuando los recibieron estaban tan flaquitos que parecían dos ratitas”. También recordó que “en una ocasión Falco me refirió que fue él quien consiguió falsificar los documentos de los mellizos”.
“Tenía que reprimirme para no contar qué hacía Falco, porque en el seno de la familia había una orden, entre comillas, para que no dijéramos su verdadera actividad. Teníamos que decir que era visitador médico”, reveló Cabandié, quien aludió al acusado como “este hombre”, “el apropiador”, “ese sujeto” o directamente lo mencionó por su apellido. “Siempre me sometían a malos tratos. Fui criado a golpes, físicos y psíquicos”, reveló el joven, visiblemente emocionado. La casa “era una sucursal de una comisaría”, graficó, donde “el miedo estaba presente a cada instante”.
El testigo contó que por los golpes y el maltrato dejó de ver a Falco a los 19 años. “Pero el miedo, el clima hostil y la violencia seguían siempre presentes”, recordó. Luego contó una anécdota que por algunos segundos descomprimió el clima y generó sonrisas. En enero de 2004, cuando supo que era hijo de los desaparecidos Damián Cabandié y Alicia Alfonsín, llamó por teléfono a Falco, le dijo que tenía los análisis de ADN en su mano y lo increpó por su origen.
–¿Quién más lo sabe? –preguntó el apropiador.
–Lo sabe Estela de Carlotto y (el entonces presidente Néstor) Kirchner –se permitió mentir Juan.
“Para cubrirme le dije Estela y Kirchner, estuve rápido de reflejos”, bromeó. El recuerdo dio pie a la narración sobre los conflictos psicológicos que los apropiadores generan en los hijos de desaparecidos. “Nos hacen sentir culpas poniéndonos por delante lo bueno que fueron al darnos comida y estudios”, explicó.
En segundo turno declaró Alicia Milia, quien compartió el cautiverio en la ESMA con la madre de Cabandié. Relató que a Alicia Alfonsín la llamaban “Bebé” porque parecía una nena, “muy delgada y con una panza inmensa”. Recordó que cuando iba al baño tenían oportunidad de dialogar con las embarazadas y que, cuando nació, Juan era “un bebé grande, hermoso”. Contó que los verdugos le habían hecho redactar una carta para enviar a su familia, que nunca llegó a destino. Milia recordó que en los grupos de tareas de la ESMA había varios agentes de la Policía Federal. Más tarde declararon otras tres sobrevivientes: Elisa Tokar, Graciela Daleo y Ana María Martí.
El juicio continuará el martes con los testimonios de Miriam Lewin y Andrés Castillo, que estuvieron secuestrados en la ESMA. Luego declarará como simple testigo el policía Jorge Mario Veyra, viejo amigo del apropiador, quien se benefició con una falta de mérito en la causa por la Masacre de Fátima. El ex inspector Rodolfo Fernández, ayudante del ministro Albano Harguindeguy durante la dictadura, incluyó en 1983 a Veyra entre “los mayores torturadores y asesinos salidos de la Triple A, a quienes (el comisario Juan Carlos) Lapuyole llevó a la Dirección General de Inteligencia” de la Federal tras el golpe de Estado. Veyra continúa libre e impune, ya que ningún juez investiga aún a la Superintendencia de Seguridad Federal.
viernes, 18 de septiembre de 2009
El caso López ante la Corte
Las organizaciones nucleadas en Justicia Ya! presentarán ante la Corte Suprema un escrito denunciando el retardo y la denegación de justicia en el caso López. “Llegamos a tres años sin saber dónde está Jorge Julio López y quiénes son los responsables de su secuestro y desaparición”, expresaron. Denunciaron “la cadena de reticencias, ineficacias, obstrucciones intencionales de las líneas de investigación por parte de fuerzas de seguridad y funcionarios intervinientes en la causa” y dividieron el caso en cinco etapas. La primera fue cuando la Justicia ordinaria bonaerense buscaba a alguien extraviado, se hacían operativos mediáticos como el de Atalaya “tratando de negar la evidente relación del hecho con el intento de obstruir los juicios por delitos de lesa humanidad”. Recién en abril de 2008 la Justicia admitió que se trataba de una desaparición forzada y apartó a la Policía Bonaerense, pero luego la Federal quiso investigar a la víctima con una “autopsia psicológica”. Recién en noviembre pasado la causa tuvo por primera vez dedicación exclusiva, cuando pasó a la secretaría especial de delitos de lesa humanidad, que avanzó en las pistas impulsadas por las querellas con buenos resultados, pero en marzo el juez federal Arnaldo Corazza se apartó y el expediente quedó empantanado y paralizado. Justicia Ya! le pidió a la Corte que controle el desempeño del Poder Ejecutivo nacional y provincial en torno de esta causa, así como la actuación del juez Manuel Blanco, del fiscal Sergio Franco, de la sala I de la Cámara platense y la III de Casación, además de solicitar que las querellas tengan control de las medidas que realicen agencias del Estado.
EL FISCAL CROUS PIDIO PERPETUA PARA OLIVERA ROVERE Y MENENDEZ
En el marco de la causa por la represión ilegal en el Primer Cuerpo de Ejército, la fiscalía reclamó prisión para los cinco procesados que están en libertad. La semana próxima será el turno del ex juez de la dictadura y abogado de Olivera Róvere.
‘‘Hoy y aquí siguen siendo torturadores. Tienen mucho para decir y lo callan. Eligieron perpetuar el padecimiento de los familiares. Callan el destino de los niños nacidos en cautiverio. ¿Qué indulgencia merecen estos señores? Son ancianos, sí, ancianos que han envejecido impunes y que no esbozan ningún atisbo de reparar el infinito dolor que causaron.” La reflexión del fiscal federal Félix Crous tuvo lugar ayer durante el cuarto y último día de su alegato contra el general Jorge Olivera Róvere y cuatro de sus subordinados directos en la represión ilegal en la ciudad de Buenos Aires, acusados por un total de 242 privaciones ilegales de la libertad y seis homicidios agravados. El representante del Ministerio Público pidió al Tribunal Oral Federal cinco penas de prisión perpetua para el ex jefe de la subzona Capital Federal y para el coronel Bernardo José Menéndez, y de veinticinco años de prisión para el general Teófilo Saa y los coroneles Humberto Lobaiza y Felipe Alespeiti, a quienes no se les imputan homicidios sólo porque las víctimas permanecen desaparecidas.
Los cinco militares están excarcelados y pasan inadvertidos entre los viejos abogados que deambulan por los pasillos de Comodoro Py. Olivera Róvere es el único que llama la atención. No porque su figura sea conocida (permanece intacta la decisión del TOF-5 de burlar la acordada de la Corte Suprema que ordenó garantizar el trabajo de los reporteros gráficos), sino por los hematomas que cubren la mitad de su rostro desde que se topó con el blíndex que lo separa del público. “Señores jueces, no fue una agresión”, aclaró tras el hecho el inefable Norberto Giletta padre, mencionado por varios familiares de desaparecidos por rechazarles hábeas corpus como juez de la dictadura, hoy abogado del represor.
El fiscal Crous desmenuzó durante las tres primeras audiencias cada uno de los casos imputados, de víctimas que fueron vistas por última vez en los centros clandestino Atlético, Banco, Olimpo, Automotores Orletti, o bien que se les perdió el rastro tras el secuestro. Analizó directivas, reglamentos y órdenes militares del Estado terrorista que rigió la actuación de los represores, desgranó sus legajos y refutó las coartadas esbozadas durante las indagatorias anteriores al comienzo del juicio, ya que ninguno atinó a defenderse durante el juicio oral.
Crous consideró “muy llamativas las similitudes de los descargos con los de los brigadieres Comes y Mariani”, condenados a 25 años de prisión como autores mediatos de delitos de lesa humanidad en Mansión Seré pero en libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia. “Intentaron mostrar un cuadro de absoluto incumplimiento de la misión encomendada en la llamada ‘lucha contra la subversión’. Esto luce totalmente absurdo y no se condice con las elogiosas calificaciones recibidas y los cargos ocupados, que muestran que cumplieron exitosamente su misión, desde la perspectiva de la eficiencia criminal”, aclaró.
El fiscal describió que por debajo del fallecido Guillermo Suárez Mason, comandante del Primer Cuerpo, se ubicaba Olivera Róvere, jefe de subzona, y en el escalón siguiente los ex jefes de áreas, que transmitían las órdenes a los ejecutores, al tiempo que garantizaban que la Policía Federal declarara “zonas liberadas” para actuar con impunidad. Contrastó el supuesto desconocimiento de los secuestros con operativos en los que se usaron hasta helicópteros, recordó que la negativa policial a recibir denuncias era una orden transmitida por la cadena de mandos y citó un artículo del coronel Menéndez de 1983, publicado en el diario La Nación, en el que agradeció “la ayuda invalorable que la policía prestó a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión”.
Luego enumeró los delitos imputados. A Olivera Róvere, jefe de subzona durante 1976, coautor mediato de 121 privaciones ilegales de la libertad (nueve secuestrados fueron liberados, cuatro asesinados, ocho enterrados como NN e identificados en democracia, el resto desaparecidos) y cuatro homicidios agravados. A Lobaiza y Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, 82 y 28 secuestros respectivamente. A Saa, segundo jefe del Regimiento y jefe del área II en 1976, 33 secuestros. Y a Menéndez, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 y del área V en 1977 y 1978, 41 secuestros y dos homicidios. Entre los agravantes destacó la condición militar, el carácter de delitos de lesa humanidad y la desaparición de las víctimas, “que los ubica en una condición previa a la civilización”, remarcó.
“No hay esperanzas de resocialización. Lo único que se puede ofrecer a las víctimas es penar al ofensor”, resumió Crous. Recordó que la ley prevé 25 años de prisión “para una sola desaparición” y planteó: “Si no es para estos crímenes, ¿para cuáles ha reservado el legislador la máxima pena? Si no es para estos crímenes, señores jueces, ¿para quiénes ustedes se la guardan?”. El juicio continuará el martes 29 con la defensa de Olivera Róvere, a cargo de los abogados Norberto Giletta padre e hijo.
‘‘Hoy y aquí siguen siendo torturadores. Tienen mucho para decir y lo callan. Eligieron perpetuar el padecimiento de los familiares. Callan el destino de los niños nacidos en cautiverio. ¿Qué indulgencia merecen estos señores? Son ancianos, sí, ancianos que han envejecido impunes y que no esbozan ningún atisbo de reparar el infinito dolor que causaron.” La reflexión del fiscal federal Félix Crous tuvo lugar ayer durante el cuarto y último día de su alegato contra el general Jorge Olivera Róvere y cuatro de sus subordinados directos en la represión ilegal en la ciudad de Buenos Aires, acusados por un total de 242 privaciones ilegales de la libertad y seis homicidios agravados. El representante del Ministerio Público pidió al Tribunal Oral Federal cinco penas de prisión perpetua para el ex jefe de la subzona Capital Federal y para el coronel Bernardo José Menéndez, y de veinticinco años de prisión para el general Teófilo Saa y los coroneles Humberto Lobaiza y Felipe Alespeiti, a quienes no se les imputan homicidios sólo porque las víctimas permanecen desaparecidas.
Los cinco militares están excarcelados y pasan inadvertidos entre los viejos abogados que deambulan por los pasillos de Comodoro Py. Olivera Róvere es el único que llama la atención. No porque su figura sea conocida (permanece intacta la decisión del TOF-5 de burlar la acordada de la Corte Suprema que ordenó garantizar el trabajo de los reporteros gráficos), sino por los hematomas que cubren la mitad de su rostro desde que se topó con el blíndex que lo separa del público. “Señores jueces, no fue una agresión”, aclaró tras el hecho el inefable Norberto Giletta padre, mencionado por varios familiares de desaparecidos por rechazarles hábeas corpus como juez de la dictadura, hoy abogado del represor.
El fiscal Crous desmenuzó durante las tres primeras audiencias cada uno de los casos imputados, de víctimas que fueron vistas por última vez en los centros clandestino Atlético, Banco, Olimpo, Automotores Orletti, o bien que se les perdió el rastro tras el secuestro. Analizó directivas, reglamentos y órdenes militares del Estado terrorista que rigió la actuación de los represores, desgranó sus legajos y refutó las coartadas esbozadas durante las indagatorias anteriores al comienzo del juicio, ya que ninguno atinó a defenderse durante el juicio oral.
Crous consideró “muy llamativas las similitudes de los descargos con los de los brigadieres Comes y Mariani”, condenados a 25 años de prisión como autores mediatos de delitos de lesa humanidad en Mansión Seré pero en libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia. “Intentaron mostrar un cuadro de absoluto incumplimiento de la misión encomendada en la llamada ‘lucha contra la subversión’. Esto luce totalmente absurdo y no se condice con las elogiosas calificaciones recibidas y los cargos ocupados, que muestran que cumplieron exitosamente su misión, desde la perspectiva de la eficiencia criminal”, aclaró.
El fiscal describió que por debajo del fallecido Guillermo Suárez Mason, comandante del Primer Cuerpo, se ubicaba Olivera Róvere, jefe de subzona, y en el escalón siguiente los ex jefes de áreas, que transmitían las órdenes a los ejecutores, al tiempo que garantizaban que la Policía Federal declarara “zonas liberadas” para actuar con impunidad. Contrastó el supuesto desconocimiento de los secuestros con operativos en los que se usaron hasta helicópteros, recordó que la negativa policial a recibir denuncias era una orden transmitida por la cadena de mandos y citó un artículo del coronel Menéndez de 1983, publicado en el diario La Nación, en el que agradeció “la ayuda invalorable que la policía prestó a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión”.
Luego enumeró los delitos imputados. A Olivera Róvere, jefe de subzona durante 1976, coautor mediato de 121 privaciones ilegales de la libertad (nueve secuestrados fueron liberados, cuatro asesinados, ocho enterrados como NN e identificados en democracia, el resto desaparecidos) y cuatro homicidios agravados. A Lobaiza y Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, 82 y 28 secuestros respectivamente. A Saa, segundo jefe del Regimiento y jefe del área II en 1976, 33 secuestros. Y a Menéndez, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 y del área V en 1977 y 1978, 41 secuestros y dos homicidios. Entre los agravantes destacó la condición militar, el carácter de delitos de lesa humanidad y la desaparición de las víctimas, “que los ubica en una condición previa a la civilización”, remarcó.
“No hay esperanzas de resocialización. Lo único que se puede ofrecer a las víctimas es penar al ofensor”, resumió Crous. Recordó que la ley prevé 25 años de prisión “para una sola desaparición” y planteó: “Si no es para estos crímenes, ¿para cuáles ha reservado el legislador la máxima pena? Si no es para estos crímenes, señores jueces, ¿para quiénes ustedes se la guardan?”. El juicio continuará el martes 29 con la defensa de Olivera Róvere, a cargo de los abogados Norberto Giletta padre e hijo.
La apropiación de Cabandié
Hoy a las once, en la misma sala del palacio de Tribunales donde se juzgó a los ex comandantes en 1984, comenzará un nuevo juicio por la apropiación de un niño nacido en cautiverio durante la dictadura. El acusado es Luis Antonio Falco, oficial de inteligencia de la Policía Federal, y la víctima es Juan Cabandié Alfonsín, que nació en la ESMA en marzo de 1978, compartió apenas veinte días con su mamá y vivió casi 26 años con una identidad falsa. En enero de 2004 supo que era hijo de Damián Cabandié y Alicia Alfonsín, ambos desaparecidos. Las audiencias, orales y públicas, estarán a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría. Como querellantes actuarán los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo.
martes, 15 de septiembre de 2009
AUDIENCIA EN EL JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Testimonio del cautiverio en Santa Fe
El abogado Jorge Pedraza, querellante en la denominada “causa Brusa”, brindó ayer una extensa declaración testimonial sobre su cautiverio durante la dictadura e incriminó a algunos de los acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe. Pedraza, de 55 años, fue integrante de Montoneros y detenido por primera vez el 6 de noviembre de 1975, aún en democracia, aunque posteriormente fue preso político en las diferentes dependencias controladas por los militares, además de cárceles como Coronda, Sierra Chica y Rawson.
En su declaración, que se extendió por más de tres horas, el abogado incriminó el ex policía Eduardo “Curro” Ramos y al fallecido Nicolás Correa, además de mencionar la participación de otros de los acusados en tareas propias de la represión ilegal. Las denuncias y pruebas que Pedraza aportó fueron claves en el inicio de las investigaciones contra represores que actuaron en Santa Fe, tras la nulidad de las leyes de impunidad.
El abogado fue el primero de una serie de alrededor de cien testigos que declarará ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que juzga a seis acusados por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos, todos en concurso real. Se trata del ex juez federal Víctor Brusa, el ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas Héctor Colombini, el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada Juan Perizotti, la ex carcelera policial María Eva Aebi, el ex jefe del Comando Radioeléctrico y de la comisaría 4ª Mario Facino, y el ex policía Eduardo Ramos.
Pedraza brindó un testimonio preciso y contundente, aunque por momentos se emocionó, especialmente cuando narró los sufrimientos padecidos y el atentado explosivo que sufrió su familia en 1975, hecho que motivó una risa burlona del acusado Brusa. Dijo que fue detenido por primera vez tras un atentado incendiario contra una concesionaria de autos, atribuido a la organización Montoneros. Pedraza relató que primero estuvo cautivo en la Guardia de Infantería Reforzada, luego en la comisaría 4ª y posteriormente en un centro clandestino de detención denominado La Casita, descubierto en 1998 sobre la Ruta Nacional 19.
Pedraza dijo que Correa intentó vincularlo con un atentado contra un cuartel de Formosa, cometido en 1975. “En realidad yo era un integrante de Montoneros, pero no tuve nada que ver con ese intento de copamiento”, aclaró el sobreviviente.
lunes, 14 de septiembre de 2009
RECLAMOS DE JUSTICIA Y HOMENAJES POR EL CASO DEL TESTIGO EN EL JUICIO CONTRA ETCHECOLATZ
Tres años de la desaparición de López
El próximo viernes se cumple un nuevo aniversario desde que Julio López fue visto por última vez. La investigación judicial no obtuvo resultados. Habrá actividades en La Plata y en la Capital se hará una marcha al Congreso.
El próximo viernes se cumple un nuevo aniversario desde que Julio López fue visto por última vez. La investigación judicial no obtuvo resultados. Habrá actividades en La Plata y en la Capital se hará una marcha al Congreso.
Cuando los jugadores de Estudiantes de La Plata salgan a la cancha el próximo viernes para enfrentar a Huracán, desplegarán una bandera con la leyenda “Tres años sin López”. Será el puntapié inicial de una serie de reclamos por el testigo de cuya desaparición se cumplen, justamente, tres años. Al día siguiente, el otro equipo platense, Gimnasia y Esgrima, hará lo mismo cuando juegue en su cancha contra Tigre, en ambas oportunidades por iniciativa del colectivo Justicia Ya! El caso de la desaparición de uno de los principales testigos del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz llega a un nuevo aniversario con ausencia absoluta de resultados, más bien con el expediente judicial aún empantanado en la maraña burocrática de la Justicia. López, un albañil de 77 años sobreviviente de la dictadura, dejó su casa de Los Hornos la mañana del 18 de septiembre de 2006, pero nunca llegó a Tribunales, donde lo esperaban en la audiencia de alegatos del proceso contra el ex lugarteniente del genocida Ramón Camps.
Este viernes 18, a las 10.30, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Surcos, Praxis y otras organizaciones plantarán un árbol en la esquina de 66 y 137 de Los Hornos. Según un testigo, en ese lugar y a esa hora fue visto López por última vez. (El mes pasado la calle 66 fue señalizada con el nombre del testigo desaparecido.) Durante la mañana, Surcos, LADH y Unión por los Derechos Humanos harán un muro de silencio frente a la gobernación y rodearán los Tribunales platenses con carteles. A las 18, desde Plaza Moreno saldrá una marcha de antorchas organizada por el espacio de coordinación Jorge Julio López, mientras que a las 17.30 en Capital Memoria, Verdad y Justicia convoca a marchar de Congreso a Plaza de Mayo.
La investigación judicial de la desaparición de López, que había sido secuestrado el 27 de octubre de 1976 por una patota encabezada por Etchecolatz y sobrevivió para acusarlo, aunque no llegó a verlo condenado, está paralizada desde hace un año, cuando una denuncia de la familia contra sobrevivientes compañeras del testigo, sus abogadas y funcionarios judiciales “por no haberlo protegido” hizo que el juez federal Arnaldo Corazza se apartara de la causa por sentirse “violentado”. El caso terminó en la Cámara Federal de La Plata, donde la sala I decidió pasarlo a manos del juez federal Manuel Blanco. En los últimos días la Cámara de Casación revocó esa decisión y consideró que la investigación debía continuar a cargo del fiscal federal Sergio Franco. Ahora, la sala Federal tiene otra vez la palabra. Durante estos meses los 29 cuerpos, 50 legajos y 70 anexos del ámbito federal, más los cuatro cuerpos y unos 40 anexos del orden provincial, durmieron en el despacho de Blanco.
Desde aquellas primeras horas de estupor, cuando la familia de López lo creía perdido y los funcionarios nacionales lo buscaban debajo de los puentes, quienes habían participado con él en el juicio contra Etchecolatz no dudaron en exigir que la mira se pusiera en represores policiales y militares. Tres meses pasaron hasta que la Justicia reconoció que se trataba de un secuestro y no de una búsqueda de paradero. Hubo que esperar un año hasta que la Procuración designó personal para investigar, y un año y medio para que fuera apartada la Policía Bonaerense. Así, el caso se fue llenando de pistas disparatadas, que aportaron desde videntes hasta agentes de inteligencia, y que enturbiaron las que pudieron haber sido firmes. Recién dos años más tarde de la desaparición de López, su caso pasó a la secretaría especial de Juan Martín Nogueira, quien privilegió las líneas que conducen a la hipótesis de que el testigo fue secuestrado por una banda de policías y militares en actividad y retirados, en relación directa con su contribución en las causas contra represores de los centros clandestinos del circuito platense. Son dos vertientes que apuntan a represores imputados en otras causas y mencionados en este expediente, con cierta actividad previa al juicio contra Etchecolatz. Nogueira realizó una serie de medidas, entre ellas allanamientos a propiedades del ex médico de la Policía Bonaerense Osvaldo Falcone, y estaba a punto de identificar a imputados pidiendo su declaración indagatoria cuando le sacaron el expediente.
La ausencia de Tito, como lo llama su familia, puso en evidencia que nueve mil agentes de la Policía Bonaerense revistaron en esa fuerza durante la dictadura, y que los internos del pabellón “de lesa humanidad” de la cárcel de Marcos Paz gozan de increíbles privilegios. Allí fue donde Falcone visit
viernes, 11 de septiembre de 2009
Un encuentro
El lunes 10 de agosto, mi abuela, mi hermana y yo fuimos en remis a las oficinas en Capital del Equipo Argentino de Antropología Forense. En una sala inundada de sol, sobre una mesa cubierta con una tela celeste, estaba el cuerpo de mi mamá Norma.
Después de 33 años y medio en una fosa común en el cementerio de Avellaneda iba a recibir una sepultura familiar.
Fue realmente un encuentro.
Nos volvimos a ver.
Yo lo sentí así.
El cuerpo no es nada, los huesos no son nada, una vez que lo que da vida a alguien vuelve al núcleo primigenio ya no queda más que materia.
Pero también un cuerpo, unos huesos, pueden ser canal de conexión.
Cualquier cosa puede serlo.
Yo sentí esa conexión, ese día, sosteniendo con mis manos y con mi alma los huesos de mi madre.
Me dio mucha paz, me dio alegría. No creo en las paradojas.
Después fuimos al Parque de la Gloria, con mi tía María Luisa y cuatro de mis primos.
No cremamos los restos. En una urna de madera bajaron a la tierra donde ya están mi abuela Tita, mi abuelo Nino, mi abuelo Javier. Donde un día vamos a estar mi abuela María, mi hermana Mariana y yo.
Los rituales son importantes. Los homenajes son importantes.
Tengo la imagen de mi hermana y de mi abuela caminando por la avenida del parque cargando la urna. Tres generaciones. Las tres primeras mujeres de mi vida.
Todos escribimos algún mensaje sobre esa urna de madera.
Mi abuela, que tiene la sabiduría de sus 85 años, escribió:
“Fuiste hermosa, fuiste buena. Estoy segura de que todo lo que hiciste lo hiciste por amor”.
Es lo que hay en el principio y en el fin de todas las cosas: amor.
Ahora estamos enteros.
Después de 33 años y medio en una fosa común en el cementerio de Avellaneda iba a recibir una sepultura familiar.
Fue realmente un encuentro.
Nos volvimos a ver.
Yo lo sentí así.
El cuerpo no es nada, los huesos no son nada, una vez que lo que da vida a alguien vuelve al núcleo primigenio ya no queda más que materia.
Pero también un cuerpo, unos huesos, pueden ser canal de conexión.
Cualquier cosa puede serlo.
Yo sentí esa conexión, ese día, sosteniendo con mis manos y con mi alma los huesos de mi madre.
Me dio mucha paz, me dio alegría. No creo en las paradojas.
Después fuimos al Parque de la Gloria, con mi tía María Luisa y cuatro de mis primos.
No cremamos los restos. En una urna de madera bajaron a la tierra donde ya están mi abuela Tita, mi abuelo Nino, mi abuelo Javier. Donde un día vamos a estar mi abuela María, mi hermana Mariana y yo.
Los rituales son importantes. Los homenajes son importantes.
Tengo la imagen de mi hermana y de mi abuela caminando por la avenida del parque cargando la urna. Tres generaciones. Las tres primeras mujeres de mi vida.
Todos escribimos algún mensaje sobre esa urna de madera.
Mi abuela, que tiene la sabiduría de sus 85 años, escribió:
“Fuiste hermosa, fuiste buena. Estoy segura de que todo lo que hiciste lo hiciste por amor”.
Es lo que hay en el principio y en el fin de todas las cosas: amor.
Ahora estamos enteros.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
El pasado en tiempo presente
DESPEDIDAS Y HOMENAJES A DESAPARECIDOS CUYOS CUERPOS FUERON IDENTIFICADOS
La historia de Roberto Castillo, que desapareció el 12 de enero de 1977. Su cuerpo estaba en una fosa común en Avellaneda. Laura Feldman fue enterrada como NN en Lomas de Zamora. Mañana se realizará un homenaje en el Pellegrini.
Hablaban en voz baja. Se saludaban con un beso silencioso. Una palmada en la espalda. Lloraban. Se abrazaban. Rezaban. Los hijos se reunieron alrededor de los restos del padre. Era un velorio. La particularidad era que los deudos lo eran desde hacía más de treinta años, pero sólo hace unas semanas tuvieron la certeza de serlo. El cadáver era ya un esqueleto, huesos que se acariciaban como si fueran la piel, los músculos, el cuerpo de Roberto Castillo. Como si el tiempo no hubiera pasado desde que fue secuestrado. Desde el 12 de enero de 1977.
Castillo es una de las víctimas de la última dictadura identificadas en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos (ILID). La ceremonia se realizó en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuando más de veinte familiares –sus hijos, nueras, yernos y nietos– fueron a buscar sus restos. Luego lo enterraron en un cementerio de Longchamps.
Desde el mes pasado y a medida que la Cámara Federal porteña concluye los trámites que permiten hacer entrega de los cuerpos, estos rituales, más públicos o más privados, se repiten. Llegarán a 42 el número de desaparecidos que el EAAF logró recuperar y ponerles nombre a partir de la ILID.
Juan Carlos Arroyo, secuestrado el 28 de octubre de 1976, fue enterrado el 8 de agosto pasado en Jujuy, en un acto del que participaron más de mil personas, integrantes de movimientos sociales. Luis Alberto Ciancio, desaparecido el 7 de diciembre de 1976, será inhumado el próximo viernes en el cementerio Parque de Berisso. El acto fue declarado de interés municipal.
Arroyo y Ciancio, como Castillo, habían sido enterrados como NN en el cementerio de Avellaneda. En el sector 134 de ese lugar, el EAAF encontró, en 1988, 336 cuerpos: es la fosa colectiva más grande hallada hasta ahora con restos de desaparecidos. A través del trabajo antropológico fueron identificaron 27 esqueletos en veinte años. El resto fue guardado y cuidado, a la espera de alguna pista que permitiera unir los cadáveres con alguna circunstancia de sus secuestros y asesinatos. Con la ILID, que implicó el entrecruzamiento de material genético de 598 esqueletos recuperados durante más de 25 años por el EAAF en distintos cementerios y la sangre de cinco mil familiares de desaparecidos, otros 21 restos de aquella tumba de Avellaneda tienen nombre.
Castillo desapareció el 12 de enero de 1977. Fue secuestrado en su casa de Lanús. Su familia no pudo conseguir ningún dato. Ni el centro clandestino, cuartel o comisaría donde lo llevaron. Ni el testimonio de algún sobreviviente que lo hubiera visto o hablado con él. Sus hijos y su mujer mantenían hasta hace poco la esperanza de encontrarlo con vida. “No pensamos que estaba muerto, pensábamos que estaba en otro país. A veces pensábamos que podía haber perdido la memoria, si le pegaron mucho. Cuando veía hombres perdidos en las plazas me fijaba si era mi papá”, contó Betty, la hija mayor.
El año pasado, Betty vio en la televisión el aviso sobre la campaña del EAAF que contó con apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio de Salud y junto a Gastón, el menor de sus nueve hermanos, que no había llegado a conocer a su papá, fue a dejar su muestra de sangre.
Con el esqueleto de su papá sobre la mesa, los hijos quisieron saber qué información les traía el cuerpo, si la muerte fue rápida, si sufrió mucho, por qué algunos huesos estaban rotos. Los miembros del Equipo de Antropología acompañaron en el dolor y explicaron con paciencia los datos que el cadáver devolvía sobre su pasado. La familia, no habituada al contacto con organismos de derechos humanos, preguntó si alguien iba a responder por lo que pasó, si era posible encerrar a los culpables. Hablaron, entonces, de la causa judicial sobre los crímenes del Primer Cuerpo de Ejército que lleva a delante el juez Daniel Rafecas y de cómo el hallazgo de los restos permitirá sumar un cargo de homicidio para los represores involucrados en ese expediente. “Ahora por lo menos tenemos algo de él. Tenemos un lugar en el cementerio”, se consoló Betty.
Penny
Laura Isabel Feldman era Penny. En 1972, a los doce años, cursaba primer año en la escuela Carlos Pellegrini y participó de sus primeras marchas. Colaboraba con la Federación Juvenil Comunista, pero luego de las elecciones del ’73 comenzó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), rama estudiantil del peronismo revolucionario. En el ’75 se cambió a una escuela de Barracas para trabajar y militar.
Fue secuestrada el 18 de febrero de 1978, pocas horas después que su pareja, Eduardo Alberto Garuti, “Angelito”, estudiante del Otto Krause. Los padres de Laura, Mabel Itzcovich y Simón Feldman, presentaron hábeas corpus y denunciaron el caso en todos los lugares que pudieron, desde el Vaticano hasta la Embajada de Israel, donde les dijeron que Laura “era montonera y que seguramente estaba muerta”.
Por testimonios de sobrevivientes pudieron establecer que pasó por el centro clandestino de detención El Vesubio. Ese era el último eslabón de la cadena hasta que el EAAF la identificó. Estaba enterrada junto con otros cuatro cadáveres en el cementerio de Lomas de Zamora. Y así se supo que los cinco fueron dejados el 14 de marzo de 1978 en las calles Virgilio y Urunduy y que Laura fue fusilada.
Ana Feldman, su hermana, es la organizadora de un homenaje que se realizará mañana en la escuela Carlos Pellegrini. Ana contó que, al igual que cuando murió su madre, tuvo problemas para que el diario La Nación publicara un aviso en donde se mencionaba a Laura como desaparecida. “Les molesta esa palabra”, dijo a Página/12. Para Ana, por duro que suene, identificar a Laura fue “lo más maravilloso” que le pasó en la vida. “Lo mejor para el ser humano es saber –explicó–, necesitamos un duelo. Hace treinta años que hablo en presente, que digo ‘mi hermana está desaparecida’. Ahora digo ‘a mi hermana la fusilaron: la secuestraron, la desaparecieron y la fusilaron’. Sé lo que pasó. No me gusta, pero tengo el verbo final. Tengo sus restos y puedo demostrar que no tuvo un juicio, que la mataron y cómo la mataron. Tengo pruebas para decirles ‘hijos de puta’ con todas las letras.”
La historia de Roberto Castillo, que desapareció el 12 de enero de 1977. Su cuerpo estaba en una fosa común en Avellaneda. Laura Feldman fue enterrada como NN en Lomas de Zamora. Mañana se realizará un homenaje en el Pellegrini.
Hablaban en voz baja. Se saludaban con un beso silencioso. Una palmada en la espalda. Lloraban. Se abrazaban. Rezaban. Los hijos se reunieron alrededor de los restos del padre. Era un velorio. La particularidad era que los deudos lo eran desde hacía más de treinta años, pero sólo hace unas semanas tuvieron la certeza de serlo. El cadáver era ya un esqueleto, huesos que se acariciaban como si fueran la piel, los músculos, el cuerpo de Roberto Castillo. Como si el tiempo no hubiera pasado desde que fue secuestrado. Desde el 12 de enero de 1977.
Castillo es una de las víctimas de la última dictadura identificadas en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos (ILID). La ceremonia se realizó en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuando más de veinte familiares –sus hijos, nueras, yernos y nietos– fueron a buscar sus restos. Luego lo enterraron en un cementerio de Longchamps.
Desde el mes pasado y a medida que la Cámara Federal porteña concluye los trámites que permiten hacer entrega de los cuerpos, estos rituales, más públicos o más privados, se repiten. Llegarán a 42 el número de desaparecidos que el EAAF logró recuperar y ponerles nombre a partir de la ILID.
Juan Carlos Arroyo, secuestrado el 28 de octubre de 1976, fue enterrado el 8 de agosto pasado en Jujuy, en un acto del que participaron más de mil personas, integrantes de movimientos sociales. Luis Alberto Ciancio, desaparecido el 7 de diciembre de 1976, será inhumado el próximo viernes en el cementerio Parque de Berisso. El acto fue declarado de interés municipal.
Arroyo y Ciancio, como Castillo, habían sido enterrados como NN en el cementerio de Avellaneda. En el sector 134 de ese lugar, el EAAF encontró, en 1988, 336 cuerpos: es la fosa colectiva más grande hallada hasta ahora con restos de desaparecidos. A través del trabajo antropológico fueron identificaron 27 esqueletos en veinte años. El resto fue guardado y cuidado, a la espera de alguna pista que permitiera unir los cadáveres con alguna circunstancia de sus secuestros y asesinatos. Con la ILID, que implicó el entrecruzamiento de material genético de 598 esqueletos recuperados durante más de 25 años por el EAAF en distintos cementerios y la sangre de cinco mil familiares de desaparecidos, otros 21 restos de aquella tumba de Avellaneda tienen nombre.
Castillo desapareció el 12 de enero de 1977. Fue secuestrado en su casa de Lanús. Su familia no pudo conseguir ningún dato. Ni el centro clandestino, cuartel o comisaría donde lo llevaron. Ni el testimonio de algún sobreviviente que lo hubiera visto o hablado con él. Sus hijos y su mujer mantenían hasta hace poco la esperanza de encontrarlo con vida. “No pensamos que estaba muerto, pensábamos que estaba en otro país. A veces pensábamos que podía haber perdido la memoria, si le pegaron mucho. Cuando veía hombres perdidos en las plazas me fijaba si era mi papá”, contó Betty, la hija mayor.
El año pasado, Betty vio en la televisión el aviso sobre la campaña del EAAF que contó con apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio de Salud y junto a Gastón, el menor de sus nueve hermanos, que no había llegado a conocer a su papá, fue a dejar su muestra de sangre.
Con el esqueleto de su papá sobre la mesa, los hijos quisieron saber qué información les traía el cuerpo, si la muerte fue rápida, si sufrió mucho, por qué algunos huesos estaban rotos. Los miembros del Equipo de Antropología acompañaron en el dolor y explicaron con paciencia los datos que el cadáver devolvía sobre su pasado. La familia, no habituada al contacto con organismos de derechos humanos, preguntó si alguien iba a responder por lo que pasó, si era posible encerrar a los culpables. Hablaron, entonces, de la causa judicial sobre los crímenes del Primer Cuerpo de Ejército que lleva a delante el juez Daniel Rafecas y de cómo el hallazgo de los restos permitirá sumar un cargo de homicidio para los represores involucrados en ese expediente. “Ahora por lo menos tenemos algo de él. Tenemos un lugar en el cementerio”, se consoló Betty.
Penny
Laura Isabel Feldman era Penny. En 1972, a los doce años, cursaba primer año en la escuela Carlos Pellegrini y participó de sus primeras marchas. Colaboraba con la Federación Juvenil Comunista, pero luego de las elecciones del ’73 comenzó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), rama estudiantil del peronismo revolucionario. En el ’75 se cambió a una escuela de Barracas para trabajar y militar.
Fue secuestrada el 18 de febrero de 1978, pocas horas después que su pareja, Eduardo Alberto Garuti, “Angelito”, estudiante del Otto Krause. Los padres de Laura, Mabel Itzcovich y Simón Feldman, presentaron hábeas corpus y denunciaron el caso en todos los lugares que pudieron, desde el Vaticano hasta la Embajada de Israel, donde les dijeron que Laura “era montonera y que seguramente estaba muerta”.
Por testimonios de sobrevivientes pudieron establecer que pasó por el centro clandestino de detención El Vesubio. Ese era el último eslabón de la cadena hasta que el EAAF la identificó. Estaba enterrada junto con otros cuatro cadáveres en el cementerio de Lomas de Zamora. Y así se supo que los cinco fueron dejados el 14 de marzo de 1978 en las calles Virgilio y Urunduy y que Laura fue fusilada.
Ana Feldman, su hermana, es la organizadora de un homenaje que se realizará mañana en la escuela Carlos Pellegrini. Ana contó que, al igual que cuando murió su madre, tuvo problemas para que el diario La Nación publicara un aviso en donde se mencionaba a Laura como desaparecida. “Les molesta esa palabra”, dijo a Página/12. Para Ana, por duro que suene, identificar a Laura fue “lo más maravilloso” que le pasó en la vida. “Lo mejor para el ser humano es saber –explicó–, necesitamos un duelo. Hace treinta años que hablo en presente, que digo ‘mi hermana está desaparecida’. Ahora digo ‘a mi hermana la fusilaron: la secuestraron, la desaparecieron y la fusilaron’. Sé lo que pasó. No me gusta, pero tengo el verbo final. Tengo sus restos y puedo demostrar que no tuvo un juicio, que la mataron y cómo la mataron. Tengo pruebas para decirles ‘hijos de puta’ con todas las letras.”
domingo, 6 de septiembre de 2009
DOS DE LOS ELECTRA USADOS POR LA ARMADA PARA ARROJAR PRISIONEROS AL MAR
Aviones de la muerte
Una de las aeronaves está en el museo de la base Comandante Espora, en Bahía Blanca. La otra, en un predio de una empresa privada en Esteban Echeverría. Página/12 revela dos nuevos testimonios sobre la metodología utilizada por las Fuerzas Armadas para deshacerse de los detenidos-desaparecidos.
Dos de los aviones usados por la Armada para desaparecer de la tierra a sus enemigos secuestrados en la ESMA permanecen en exposición. Se trata de modelos Lockheed L-188 AF Electra, el mismo que el ex capitán Adolfo Scilingo utilizó en su segundo vuelo, confesado hace ya catorce años. Ambos integraron durante la dictadura la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, con base en el sector militar del aeropuerto de Ezeiza, última escala antes de la muerte. Mientras, la Justicia no esboza ninguna estrategia para identificar a los pilotos y tripulantes que participaron de los vuelos de la muerte.
El Electra mejor preservado, matrícula 5-T-2, bautizado Ushuaia, está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, y luce un “esquema de colores de baja visibilidad”: gris oscuro, descolorido por los años, con la bandera argentina en la cola. El segundo, matrícula 5-T-3 Río Grande, está desde 1997 en un predio de la firma Astilleros Irupé de Marina del Sur SRL, en Camino de Cintura al 8300 de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Conserva los colores originales de la Armada, blanco con líneas celestes, aunque los emblemas de la fuerza fueron tapados.
La 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, que participó de los últimos eslabones del proceso de secuestro, tortura, muerte y desaparición, dependía de la 5ª Escuadra Aeronaval. Sus comandantes fueron los capitanes de corbeta César Enrique Avila en 1976 y José Roberto Fernández en 1977. La certeza sobre el uso de ambos aparatos para arrojar personas al mar surge de combinar la confesión de Scilingo con un dato originado en la burocracia naval: hasta 1982 la Armada tenía sólo tres Electra, todos “con portalón trasero con capacidad de ser abierto en vuelo”, según explicó una fuente con acceso a registros de la Marina al periodista Roberto Leiva, del diario Crónica. El tercero, matrícula 5-T-1, Antártida Argentina, habría sido desguazado y convertido en chatarra.
El piloto y blogger Carlos Abella, en su artículo “El Electra del Camino de Cintura”, detalló que el decreto de compra de la flota lo firmó el dictador Agustín Lanusse, pero que ingresaron al país tras el retorno del peronismo al poder. La fuente naval precisó la fecha: diciembre de 1973. Durante la guerra de Malvinas los Electra “prestaron servicio con el Grupo de Tareas 80.4 bajo el mando del capitán de navío Jorge Vildoza”, torturador de la ESMA prófugo desde 1986. “Los amplios interiores de los Electra” sirvieron para trasladar material bélico, personal y carga, apuntó Abella, que no mencionó el relato de Scilingo.
El empresario Jorge Ramírez compró el aparato con la idea de “conseguir un sponsor para pintarlo y obtener algún tipo de ingreso desde lo publicitario, ofreciendo la posibilidad de ganar un aerocartel de 36 metros de largo sobre el Camino de Cintura, vista obligada para los transeúntes”, contó el piloto. El proyecto incluía “una confitería con asientos enfrentados delante de un parque de recreación, con lago artificial destinado a actividades náuticas, situación que hasta el presente no prosperó”.
El abogado y periodista Pablo Llonto, que patrocina al padre de Norma Arrostito, asesinada y desaparecida luego de un año de cautiverio en la ESMA, solicitó al juez Sergio Torres que dicte una medida de no innovar sobre los dos Electra en exposición y que disponga su custodia con vistas a futuras inspecciones oculares y reconocimientos. Aún no obtuvo respuesta.
“El nivel de los subversivos”
La cita es un bar de Bahía Blanca. Roberto Venancio Del Valle, 62 años, suboficial de la Armada, integró en 1976 la 2ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil de mecánicos de Ezeiza, que no operaba con los Electra sino con los más antiguos Douglas DC3, utilizados también para arrojar personas al mar. La 2ª Escuadrilla fue comandada por los capitanes de corbeta Norberto Horacio Dazzi en 1976 y Adolfo Guillermo Videla en 1977.
La cita es para hablar sobre la muerte de su hijo, cabo segundo Eduardo Del Valle, el 27 de agosto de 2007 en la base Espora. La versión oficial dice que se suicidó de un disparo en la cabeza. “Lo mataron”, afirma el padre. “No tenía ningún motivo. Algo escuchó o vio”, sugiere, y enumera: robo de accesorios de aviones, drogas, prófugos con protección. Agrega que tenía signos de violencia en la cabeza y que no confía en la Justicia. “A cinco días de la muerte, la secretaria del fiscal, sobrina del almirante Carlos Marrón, dijo que esperaban los resultados de las pericias para archivar la causa. Logramos la calificación de ‘muerte dudosa’ pero hasta ahí llegamos”, concluye. Consciente de que el hombre de manos curtidas ha hablado sobre los vuelos, Página/12 propone el tema:
Un día vi manchas de sangre en el patín de cola de un DC3. Abrí la puerta y vi restos de sogas, de unos cuarenta centímetros, y restos de ropas, pedacitos de telas como de camisas arrancadas. Pensé “hijos de puta, están matando gente”. Se corrió la bola, hubo malestar y, como a la semana, el comandante juntó a toda la Escuadrilla.
–¿Quién era el comandante?
–Capitán Dazzi.
–¿Qué les dijo?
–Que estábamos en guerra y que había que rebajarse al nivel de los subversivos para poder combatirlos. Ahí empiezan a involucrar a todos.
–¿A todos?
–A mí no me tocó, no sé por qué –responde. El hijo que lo acompaña escucha casi sin respirar–. “Muchos quedaron locos”, continúa. “¿Te acordás del que salía a correr desnudo?”, le pregunta al hijo, que sigue en silencio. “Creo que se suicidó. Otro quedó mudo”, agrega.
–¿Por qué había sangre?
–Les pegaban con una estaca de hierro en la cabeza. Me lo contó un muchacho que después gritaba cuando dormía, un mecánico que era soltero y vivía en Ezeiza.
“Nunca vi cuando traían a los secuestrados”, afirma Del Valle, aunque sabe que “había pendejitas chiquitas” y, para graficar, coloca sus manos casi pegadas al pecho. Agrega que los vuelos “se hacían siempre de noche”, que “ponían como operadores de tierra a civiles amigos” y que “no se registraba nada: esos vuelos salían sin comunicación”.
Página/12 se comunicó con el capitán Dazzi. El ex jefe de la Escuadrilla confirmó su destino de 1976 pero no respondió preguntas y sugirió que las debe responder la Armada. Consultado sobre la orden de “rebajarse al nivel de los subversivos”, cortó la comunicación.
El Colorado Ormello
Rubén Ricardo Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada. Tenía 21 años, era mecánico motorista y también prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su recuerdo de los vuelos lo escucharon sus compañeros del hangar de aeroparque de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. Página/12 confirmó el dato con dos fuentes que lo escucharon en lugares y momentos distintos. Ambos están dispuestos a declarar ante la Justicia.
“Escuché el relato en el hangar 2 de Ezeiza. Sería 1984 o 1985. Habíamos ido a reparar un Fokker F-28. El jefe de turno conocía la historia y le pidió que la repitiera”, recuerda el primer testigo. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Venía un ‘tordo’ con un maletín y se paraba en el portón del avión. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’ y con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos adelante y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruye el operario, ya jubilado.
“Yo lo escuché una madrugada en el hangar de aeroparque. El turno noche era el más distendido, se charlaba mucho. Eramos cuatro o cinco”, recuerda el segundo testigo, que reitera un relato similar. “Lo contó con frialdad, con naturalidad, como quien se limitó a cumplir una orden”, agrega.
Las dos fuentes citan un detalle que los paralizó. “Una vez trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho el efecto suficiente –contaba Ormello–. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba el joven suboficial, ya retirado y sin remordimientos.
Página/12 buscó a Ormello para darle la palabra. El encuentro debió concretarse el jueves 13 de agosto en su lugar de trabajo, el aeropuerto de Mendoza. No pudo ser: el ex marino viajó a Buenos Aires minutos después del arribo del cronista para embarcarse hacia Colombia. Por la tarde, en su caserón de Godoy Cruz, su esposa confirmó que “está de viaje” y “por mucho tiempo”. No facilitó ningún teléfono y tomó nota de los de Página/12. Ormello nunca se comunicó.
El mes pasado la Unión de Promociones Navales renegó desde las páginas del diario La Nueva Provincia por lo que llama “presos políticos”. Lamentó que Astiz, Acosta & Cía. “sean juzgados individualmente, como si hubieran cometido delitos en forma personal”, y aseguró que durante la dictadura existió una “participación integral” de la Armada. Tal vez los vuelos sean el mejor ejemplo.
Una de las aeronaves está en el museo de la base Comandante Espora, en Bahía Blanca. La otra, en un predio de una empresa privada en Esteban Echeverría. Página/12 revela dos nuevos testimonios sobre la metodología utilizada por las Fuerzas Armadas para deshacerse de los detenidos-desaparecidos.
Dos de los aviones usados por la Armada para desaparecer de la tierra a sus enemigos secuestrados en la ESMA permanecen en exposición. Se trata de modelos Lockheed L-188 AF Electra, el mismo que el ex capitán Adolfo Scilingo utilizó en su segundo vuelo, confesado hace ya catorce años. Ambos integraron durante la dictadura la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, con base en el sector militar del aeropuerto de Ezeiza, última escala antes de la muerte. Mientras, la Justicia no esboza ninguna estrategia para identificar a los pilotos y tripulantes que participaron de los vuelos de la muerte.
El Electra mejor preservado, matrícula 5-T-2, bautizado Ushuaia, está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, y luce un “esquema de colores de baja visibilidad”: gris oscuro, descolorido por los años, con la bandera argentina en la cola. El segundo, matrícula 5-T-3 Río Grande, está desde 1997 en un predio de la firma Astilleros Irupé de Marina del Sur SRL, en Camino de Cintura al 8300 de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Conserva los colores originales de la Armada, blanco con líneas celestes, aunque los emblemas de la fuerza fueron tapados.
La 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, que participó de los últimos eslabones del proceso de secuestro, tortura, muerte y desaparición, dependía de la 5ª Escuadra Aeronaval. Sus comandantes fueron los capitanes de corbeta César Enrique Avila en 1976 y José Roberto Fernández en 1977. La certeza sobre el uso de ambos aparatos para arrojar personas al mar surge de combinar la confesión de Scilingo con un dato originado en la burocracia naval: hasta 1982 la Armada tenía sólo tres Electra, todos “con portalón trasero con capacidad de ser abierto en vuelo”, según explicó una fuente con acceso a registros de la Marina al periodista Roberto Leiva, del diario Crónica. El tercero, matrícula 5-T-1, Antártida Argentina, habría sido desguazado y convertido en chatarra.
El piloto y blogger Carlos Abella, en su artículo “El Electra del Camino de Cintura”, detalló que el decreto de compra de la flota lo firmó el dictador Agustín Lanusse, pero que ingresaron al país tras el retorno del peronismo al poder. La fuente naval precisó la fecha: diciembre de 1973. Durante la guerra de Malvinas los Electra “prestaron servicio con el Grupo de Tareas 80.4 bajo el mando del capitán de navío Jorge Vildoza”, torturador de la ESMA prófugo desde 1986. “Los amplios interiores de los Electra” sirvieron para trasladar material bélico, personal y carga, apuntó Abella, que no mencionó el relato de Scilingo.
El empresario Jorge Ramírez compró el aparato con la idea de “conseguir un sponsor para pintarlo y obtener algún tipo de ingreso desde lo publicitario, ofreciendo la posibilidad de ganar un aerocartel de 36 metros de largo sobre el Camino de Cintura, vista obligada para los transeúntes”, contó el piloto. El proyecto incluía “una confitería con asientos enfrentados delante de un parque de recreación, con lago artificial destinado a actividades náuticas, situación que hasta el presente no prosperó”.
El abogado y periodista Pablo Llonto, que patrocina al padre de Norma Arrostito, asesinada y desaparecida luego de un año de cautiverio en la ESMA, solicitó al juez Sergio Torres que dicte una medida de no innovar sobre los dos Electra en exposición y que disponga su custodia con vistas a futuras inspecciones oculares y reconocimientos. Aún no obtuvo respuesta.
“El nivel de los subversivos”
La cita es un bar de Bahía Blanca. Roberto Venancio Del Valle, 62 años, suboficial de la Armada, integró en 1976 la 2ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil de mecánicos de Ezeiza, que no operaba con los Electra sino con los más antiguos Douglas DC3, utilizados también para arrojar personas al mar. La 2ª Escuadrilla fue comandada por los capitanes de corbeta Norberto Horacio Dazzi en 1976 y Adolfo Guillermo Videla en 1977.
La cita es para hablar sobre la muerte de su hijo, cabo segundo Eduardo Del Valle, el 27 de agosto de 2007 en la base Espora. La versión oficial dice que se suicidó de un disparo en la cabeza. “Lo mataron”, afirma el padre. “No tenía ningún motivo. Algo escuchó o vio”, sugiere, y enumera: robo de accesorios de aviones, drogas, prófugos con protección. Agrega que tenía signos de violencia en la cabeza y que no confía en la Justicia. “A cinco días de la muerte, la secretaria del fiscal, sobrina del almirante Carlos Marrón, dijo que esperaban los resultados de las pericias para archivar la causa. Logramos la calificación de ‘muerte dudosa’ pero hasta ahí llegamos”, concluye. Consciente de que el hombre de manos curtidas ha hablado sobre los vuelos, Página/12 propone el tema:
Un día vi manchas de sangre en el patín de cola de un DC3. Abrí la puerta y vi restos de sogas, de unos cuarenta centímetros, y restos de ropas, pedacitos de telas como de camisas arrancadas. Pensé “hijos de puta, están matando gente”. Se corrió la bola, hubo malestar y, como a la semana, el comandante juntó a toda la Escuadrilla.
–¿Quién era el comandante?
–Capitán Dazzi.
–¿Qué les dijo?
–Que estábamos en guerra y que había que rebajarse al nivel de los subversivos para poder combatirlos. Ahí empiezan a involucrar a todos.
–¿A todos?
–A mí no me tocó, no sé por qué –responde. El hijo que lo acompaña escucha casi sin respirar–. “Muchos quedaron locos”, continúa. “¿Te acordás del que salía a correr desnudo?”, le pregunta al hijo, que sigue en silencio. “Creo que se suicidó. Otro quedó mudo”, agrega.
–¿Por qué había sangre?
–Les pegaban con una estaca de hierro en la cabeza. Me lo contó un muchacho que después gritaba cuando dormía, un mecánico que era soltero y vivía en Ezeiza.
“Nunca vi cuando traían a los secuestrados”, afirma Del Valle, aunque sabe que “había pendejitas chiquitas” y, para graficar, coloca sus manos casi pegadas al pecho. Agrega que los vuelos “se hacían siempre de noche”, que “ponían como operadores de tierra a civiles amigos” y que “no se registraba nada: esos vuelos salían sin comunicación”.
Página/12 se comunicó con el capitán Dazzi. El ex jefe de la Escuadrilla confirmó su destino de 1976 pero no respondió preguntas y sugirió que las debe responder la Armada. Consultado sobre la orden de “rebajarse al nivel de los subversivos”, cortó la comunicación.
El Colorado Ormello
Rubén Ricardo Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada. Tenía 21 años, era mecánico motorista y también prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su recuerdo de los vuelos lo escucharon sus compañeros del hangar de aeroparque de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. Página/12 confirmó el dato con dos fuentes que lo escucharon en lugares y momentos distintos. Ambos están dispuestos a declarar ante la Justicia.
“Escuché el relato en el hangar 2 de Ezeiza. Sería 1984 o 1985. Habíamos ido a reparar un Fokker F-28. El jefe de turno conocía la historia y le pidió que la repitiera”, recuerda el primer testigo. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Venía un ‘tordo’ con un maletín y se paraba en el portón del avión. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’ y con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos adelante y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruye el operario, ya jubilado.
“Yo lo escuché una madrugada en el hangar de aeroparque. El turno noche era el más distendido, se charlaba mucho. Eramos cuatro o cinco”, recuerda el segundo testigo, que reitera un relato similar. “Lo contó con frialdad, con naturalidad, como quien se limitó a cumplir una orden”, agrega.
Las dos fuentes citan un detalle que los paralizó. “Una vez trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho el efecto suficiente –contaba Ormello–. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba el joven suboficial, ya retirado y sin remordimientos.
Página/12 buscó a Ormello para darle la palabra. El encuentro debió concretarse el jueves 13 de agosto en su lugar de trabajo, el aeropuerto de Mendoza. No pudo ser: el ex marino viajó a Buenos Aires minutos después del arribo del cronista para embarcarse hacia Colombia. Por la tarde, en su caserón de Godoy Cruz, su esposa confirmó que “está de viaje” y “por mucho tiempo”. No facilitó ningún teléfono y tomó nota de los de Página/12. Ormello nunca se comunicó.
El mes pasado la Unión de Promociones Navales renegó desde las páginas del diario La Nueva Provincia por lo que llama “presos políticos”. Lamentó que Astiz, Acosta & Cía. “sean juzgados individualmente, como si hubieran cometido delitos en forma personal”, y aseguró que durante la dictadura existió una “participación integral” de la Armada. Tal vez los vuelos sean el mejor ejemplo.
sábado, 5 de septiembre de 2009
habla horacio pietragalla corti y abuelas de plaza de mayo mar del plata
apertura del ciclo teatro por la identidad mar del plata 2009
SEIS REPRESORES ESCUCHARON LOS CARGOS EN SU CONTRA
El ex juez Brusa y Cía. en el banquillo
El ex juez Víctor Brusa y sus cinco compañeros de banquillo escucharon ayer las acusaciones fiscales en su contra en la segunda audiencia del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad. Brusa fue imputado por “apremios ilegales” en ocho casos, mientras que los cinco policías, Héctor Colombini, Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Eduardo Ramos, serán juzgados por “privación ilegal de la libertad” y “tormentos” en concurso real.
El Tribunal Oral Federal resolvió también suspender por una semana el juicio al ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, el único mando del Ejército que sigue en el banquillo en Santa Fe. Marcellini estaba internado ayer en el hospital Italiano de la ciudad de Mendoza, donde se sometió a un examen médico y psiquiátrico a cargo de dos peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que concluyeron que no estaba en condiciones de salud para afrontar el juicio y sugirieron un nueva revisación en siete días.
El requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía –que se leyó en la sala del tribunal– relató cómo operaba el circuito represivo en Santa Fe: el secuestro; el paso de las víctimas por los centros clandestinos –como La Casita, en las afueras de Santo Tomé–, donde el grupo de tareas arrancaba declaraciones bajo torturas. Y luego, en una etapa posterior, esas mismas confesiones aparecían en manos de Brusa, que intentaba judicializarlas bajo presiones y amenazas. Una de sus denunciantes, Anatilde Bugna, le comentó sus padecimientos en La Casita, pero el ex juez se burló de ella: “Agradecé que lo podés contar”, le dijo, según el relato del fiscal Eduardo Grioglio, que intervino en la etapa de instrucción.
El fiscal Grioglio reconstruyó –hasta con detalles– el circuito clandestino de la represión en Santa Fe y citó el testimonio ante la Conadep de un secuestrado en el campo de concentración de La Perla, en Córdoba, a quien después trasladaron a Santa Fe y pasó por tres centros clandestinos que podía localizar: uno, en Santo Tomé; otro, en San José del Rincón, y un tercero en Coronda, donde habría terminado como casero, a principios de 1977. Grioglio señaló que dos fueron localizados: La Casita, de Santo Tomé, y una casaquinta en Villa California, en las cercanías de Rincón, a la que los represores llamaban “Borgia”, según los esposos Daniel García y Alba Sánchez, que estuvieron secuestrados en esa vivienda.
Antes de la audiencia, familiares de las víctimas e integrantes de organismos de derechos humanos se juntaron frente a tribunales para repudiar una intimidación sufrida por la esposa del fiscal de la causa, José Candioti.
El ex juez Víctor Brusa y sus cinco compañeros de banquillo escucharon ayer las acusaciones fiscales en su contra en la segunda audiencia del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad. Brusa fue imputado por “apremios ilegales” en ocho casos, mientras que los cinco policías, Héctor Colombini, Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Eduardo Ramos, serán juzgados por “privación ilegal de la libertad” y “tormentos” en concurso real.
El Tribunal Oral Federal resolvió también suspender por una semana el juicio al ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, el único mando del Ejército que sigue en el banquillo en Santa Fe. Marcellini estaba internado ayer en el hospital Italiano de la ciudad de Mendoza, donde se sometió a un examen médico y psiquiátrico a cargo de dos peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que concluyeron que no estaba en condiciones de salud para afrontar el juicio y sugirieron un nueva revisación en siete días.
El requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía –que se leyó en la sala del tribunal– relató cómo operaba el circuito represivo en Santa Fe: el secuestro; el paso de las víctimas por los centros clandestinos –como La Casita, en las afueras de Santo Tomé–, donde el grupo de tareas arrancaba declaraciones bajo torturas. Y luego, en una etapa posterior, esas mismas confesiones aparecían en manos de Brusa, que intentaba judicializarlas bajo presiones y amenazas. Una de sus denunciantes, Anatilde Bugna, le comentó sus padecimientos en La Casita, pero el ex juez se burló de ella: “Agradecé que lo podés contar”, le dijo, según el relato del fiscal Eduardo Grioglio, que intervino en la etapa de instrucción.
El fiscal Grioglio reconstruyó –hasta con detalles– el circuito clandestino de la represión en Santa Fe y citó el testimonio ante la Conadep de un secuestrado en el campo de concentración de La Perla, en Córdoba, a quien después trasladaron a Santa Fe y pasó por tres centros clandestinos que podía localizar: uno, en Santo Tomé; otro, en San José del Rincón, y un tercero en Coronda, donde habría terminado como casero, a principios de 1977. Grioglio señaló que dos fueron localizados: La Casita, de Santo Tomé, y una casaquinta en Villa California, en las cercanías de Rincón, a la que los represores llamaban “Borgia”, según los esposos Daniel García y Alba Sánchez, que estuvieron secuestrados en esa vivienda.
Antes de la audiencia, familiares de las víctimas e integrantes de organismos de derechos humanos se juntaron frente a tribunales para repudiar una intimidación sufrida por la esposa del fiscal de la causa, José Candioti.
viernes, 4 de septiembre de 2009
Alfonso, “el inocente
Juliana García acababa de cumplir tres años el 12 de enero de 1977. Treinta y dos años después no sabe qué recuerda y qué soñó o reconstruyó a partir de imágenes fragmentadas, relatos de vecinos, investigaciones judiciales. Ese día, ella vio a unos “señores malos” entrar en su casa de Villa Adelina. Después, la panza de su mamá, embarazada de cinco meses. Ruidos. Su mamá que le decía que estaban explotando globos. Su papá en un patio. Su papá muerto. Las rodillas lastimadas de su mamá mientras se la llevaban.
Con el tiempo, fueron apareciendo algunos datos que le permitieron conocer parte de la historia. Domingo García fue hallado enterrado como NN en el cementerio de Boulogne. Beatriz Recchia fue reconocida por sobrevivientes del centro clandestino El Campito, que funcionó en Campo de Mayo. “La Tina de pelo lacio, de ojos claros, que estaba con un embarazo muy avanzado, a punto de tener familia”, dice uno de los testimonios recopilados por Abuelas de Plaza de Mayo. Hace apenas unos meses, además, Juliana, que fue entregada a su abuela materna el día que asesinaron a su padre y secuestraron a su madre, pudo reencontrarse con su hermana nacida en cautiverio. “Yo la tocaba a través de la panza. Ese contacto físico... no hay palabras. No puedo creer que nos hayan robado esto, que nos hayan robado treinta y dos años”, dijo poco después de verla.
De aquellos “hombres malos” de los que dio testimonio a la edad que hoy tienen sus hijas, Juliana no supo nada más. Hasta el año pasado. Un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reveló que el legajo personal del ex secretario general del Ejército Eduardo Alfonso incluye el Informe de Calificación de 1976/1977 en el que el entonces teniente primero de Caballería aparece con parte de enfermo el 12 de enero de 1977. El diagnóstico fue “herida de bala con perforación intestinal (bajo información)”. Alfonso estaba destinado a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral con asiento en la guarnición militar de Campo de Mayo. Además, en el Boletín Público del Ejército Argentino número 4148 del 6 de julio de 1977 figura la condecoración que le dieron por haber recibido ese disparo. La reseña dice así: “Con motivo de las operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en Combate’ a Teniente primero C. D. Eduardo Alfonso y Teniente primero D Raúl Fernando Delaico”.
La información institucional del Ejército permitió establecer sin lugar a dudas que Alfonso participó del operativo en la casa de la familia García Recchia. Pero una vez citado a declarar, el ex secretario del Ejército intentó negarlo, dijo que había sido herido a unas cuadras del lugar, en un control vehicular. El juez Alberto Suares Araujo no le creyó y lo procesó. Los jueces de la Cámara Federal de San Martín Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati tampoco le creyeron, pero lo liberaron. Los argumentos, publicados por este diario el miércoles, fueron curiosos. Los magistrados sostuvieron que “no puede afirmarse fehacientemente” que Alfonso “conociera la finalidad del grupo operativo y que a consecuencia del disparo que recibió “se impone aceptar que no habría llegado a participar de ninguno de los hechos que podrían considerarse delictivos, pues no puede descartarse de un modo absoluto que quedara ajeno al procedimiento desde el inicio de las operaciones”.
Anuladas las leyes de punto final y obediencia debida no hay excusas jurídicas para justificar la participación en crímenes aberrantes por “no saber a dónde se iba” o “porque le ordenaron ir”. ¿Se dio media vuelta Alfonso cuándo supo de qué se trataba? (Si se cree en la benévola hipótesis de que desconocía que iba a participar de un operativo represivo.) ¿Por qué le dieron una medalla por este hecho si quedó fuera de juego antes de que empezara todo? No es sólo que Alfonso no se indignó y se fue (el disparo recibido, por otra parte, no hace sino ratificar que fue parte activa en el operativo), sino que veinte años después siguió defendiendo y reivindicando lo que hizo.
En 2001 Alfonso recorrió las guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba y Bahía Blanca exigiendo que todos los oficiales firmaran el recurso de hábeas data que se presentó ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH) y la Conadep para que esos organismos informaran qué datos tenían sobre más de 600 oficiales. Todavía estaban vigentes las leyes de punto final y obediencia debida, pero muchos miembros de las Fuerzas Armadas pensaban dos veces antes de salir del país por miedo a ser arrestados y llevados ante el juez español Baltasar Garzón u otro magistrado europeo. También en su carácter de secretario general del Ejército viajó a Córdoba y Bahía Blanca para respaldar institucionalmente a militares que habían sido arrestados por negarse a declarar en juicios por la verdad y se encargó de solidarizarse con el dictador Luciano Benjamín Menéndez cuando fue detenido por robo de bebés.
Si pudiera, Juliana reconocería a los otros miembros de la patota que entró a su casa. Pero no puede. Ella tenía tres años y han pasado más de treinta. Si pudieran, muchos jóvenes que hace treinta años tenían dos, tres, cuatro o cinco reconocerían a los hombres que irrumpieron en sus casas y se llevaron a sus padres. Pero no pueden. Si pudiera, Juliana señalaría a Alfonso en una ronda de reconocimiento. Pero no hace falta. Alfonso participó en el secuestro de Beatriz Recchia y en el asesinato de Domingo García. Documentos del Ejército lo prueban.
No parece aventurado decir que haber sido un hombre fuerte dentro del Ejército con variados contactos políticos hasta hace no tanto le jugó a Alfonso a su favor. Y se sabe que no es raro que algunos jueces, sobre todo los que integran el fuero federal, se acomoden según sienten soplar el viento de la política. Sería saludable que los magistrados de este país entendieran que la persecución judicial de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura no es patrimonio de un gobierno ni de un sector. Es lo que necesita la sociedad argentina para mirar al futuro.
Con el tiempo, fueron apareciendo algunos datos que le permitieron conocer parte de la historia. Domingo García fue hallado enterrado como NN en el cementerio de Boulogne. Beatriz Recchia fue reconocida por sobrevivientes del centro clandestino El Campito, que funcionó en Campo de Mayo. “La Tina de pelo lacio, de ojos claros, que estaba con un embarazo muy avanzado, a punto de tener familia”, dice uno de los testimonios recopilados por Abuelas de Plaza de Mayo. Hace apenas unos meses, además, Juliana, que fue entregada a su abuela materna el día que asesinaron a su padre y secuestraron a su madre, pudo reencontrarse con su hermana nacida en cautiverio. “Yo la tocaba a través de la panza. Ese contacto físico... no hay palabras. No puedo creer que nos hayan robado esto, que nos hayan robado treinta y dos años”, dijo poco después de verla.
De aquellos “hombres malos” de los que dio testimonio a la edad que hoy tienen sus hijas, Juliana no supo nada más. Hasta el año pasado. Un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reveló que el legajo personal del ex secretario general del Ejército Eduardo Alfonso incluye el Informe de Calificación de 1976/1977 en el que el entonces teniente primero de Caballería aparece con parte de enfermo el 12 de enero de 1977. El diagnóstico fue “herida de bala con perforación intestinal (bajo información)”. Alfonso estaba destinado a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral con asiento en la guarnición militar de Campo de Mayo. Además, en el Boletín Público del Ejército Argentino número 4148 del 6 de julio de 1977 figura la condecoración que le dieron por haber recibido ese disparo. La reseña dice así: “Con motivo de las operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en Combate’ a Teniente primero C. D. Eduardo Alfonso y Teniente primero D Raúl Fernando Delaico”.
La información institucional del Ejército permitió establecer sin lugar a dudas que Alfonso participó del operativo en la casa de la familia García Recchia. Pero una vez citado a declarar, el ex secretario del Ejército intentó negarlo, dijo que había sido herido a unas cuadras del lugar, en un control vehicular. El juez Alberto Suares Araujo no le creyó y lo procesó. Los jueces de la Cámara Federal de San Martín Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati tampoco le creyeron, pero lo liberaron. Los argumentos, publicados por este diario el miércoles, fueron curiosos. Los magistrados sostuvieron que “no puede afirmarse fehacientemente” que Alfonso “conociera la finalidad del grupo operativo y que a consecuencia del disparo que recibió “se impone aceptar que no habría llegado a participar de ninguno de los hechos que podrían considerarse delictivos, pues no puede descartarse de un modo absoluto que quedara ajeno al procedimiento desde el inicio de las operaciones”.
Anuladas las leyes de punto final y obediencia debida no hay excusas jurídicas para justificar la participación en crímenes aberrantes por “no saber a dónde se iba” o “porque le ordenaron ir”. ¿Se dio media vuelta Alfonso cuándo supo de qué se trataba? (Si se cree en la benévola hipótesis de que desconocía que iba a participar de un operativo represivo.) ¿Por qué le dieron una medalla por este hecho si quedó fuera de juego antes de que empezara todo? No es sólo que Alfonso no se indignó y se fue (el disparo recibido, por otra parte, no hace sino ratificar que fue parte activa en el operativo), sino que veinte años después siguió defendiendo y reivindicando lo que hizo.
En 2001 Alfonso recorrió las guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba y Bahía Blanca exigiendo que todos los oficiales firmaran el recurso de hábeas data que se presentó ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH) y la Conadep para que esos organismos informaran qué datos tenían sobre más de 600 oficiales. Todavía estaban vigentes las leyes de punto final y obediencia debida, pero muchos miembros de las Fuerzas Armadas pensaban dos veces antes de salir del país por miedo a ser arrestados y llevados ante el juez español Baltasar Garzón u otro magistrado europeo. También en su carácter de secretario general del Ejército viajó a Córdoba y Bahía Blanca para respaldar institucionalmente a militares que habían sido arrestados por negarse a declarar en juicios por la verdad y se encargó de solidarizarse con el dictador Luciano Benjamín Menéndez cuando fue detenido por robo de bebés.
Si pudiera, Juliana reconocería a los otros miembros de la patota que entró a su casa. Pero no puede. Ella tenía tres años y han pasado más de treinta. Si pudieran, muchos jóvenes que hace treinta años tenían dos, tres, cuatro o cinco reconocerían a los hombres que irrumpieron en sus casas y se llevaron a sus padres. Pero no pueden. Si pudiera, Juliana señalaría a Alfonso en una ronda de reconocimiento. Pero no hace falta. Alfonso participó en el secuestro de Beatriz Recchia y en el asesinato de Domingo García. Documentos del Ejército lo prueban.
No parece aventurado decir que haber sido un hombre fuerte dentro del Ejército con variados contactos políticos hasta hace no tanto le jugó a Alfonso a su favor. Y se sabe que no es raro que algunos jueces, sobre todo los que integran el fuero federal, se acomoden según sienten soplar el viento de la política. Sería saludable que los magistrados de este país entendieran que la persecución judicial de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura no es patrimonio de un gobierno ni de un sector. Es lo que necesita la sociedad argentina para mirar al futuro.
jueves, 3 de septiembre de 2009
ORDENAN VIGILAR A REPRESORES EXCARCELADOS
Otra forma de proteger a testigos
La Justicia reconoció la falta de eficiencia de los programas de protección de testigos y puso el foco, por primera vez, en cuidar a los que declaran en procesos por delitos de lesa humanidad haciendo un seguimiento de los represores que estos sobrevivientes acusan. Fue en una resolución referida al caso de un testigo en riesgo, que recogió un pedido de la agrupación Justicia Ya! También destacó el impacto negativo de las constantes excarcelaciones de represores en estos procesos.
El juez federal Arnaldo Corazza citó a un “testigo clave” en una de las causas del circuito Camps para ofrecerle ingresar a alguno de los programas de protección de testigos vigentes. “Los programas de protección existentes en la actualidad no guardan correlación con las necesidades de los testigos y la única protección eficiente sería que los distintos imputados-procesados de estas causas, que fueron puestos en libertad a partir de las excarcelaciones decretadas en instancias superiores, fueran debidamente controlados y/o vigilados por las autoridades competentes y responsables de su seguridad”, dijo el testigo ante el juez. El sobreviviente agregó que aceptar una custodia o control policial respecto de su persona sería “un absurdo”, y expresó que “las excarcelaciones constituyen un mensaje de impunidad que repercute negativamente en la subjetividad y ánimo de los testigos, y si se implementara vigilancia sobre el grupo de procesados excarcelados la medida no sólo beneficiaría a su situación personal sino también la de otros testigos”.
En su respuesta el juez comenzó diciendo que a partir de la desaparición del testigo Jorge Julio López quedó en evidencia la falta de un “plan de asistencia, seguridad y protección de testigos para estos casos” y “todavía queda un margen muy holgado en materia de seguridad”. Tras establecer que se encontraba ante un conflicto entre el derecho de las víctimas testigos a la protección integral y los derechos de los procesados excarcelados a la libertad ambulatoria e intimidad, el magistrado expresó que “las excarcelaciones generan un efecto disfuncional en materia de protección” y “representan una respuesta institucional contraria a los intereses y necesidades” de las víctimas. A su criterio, “no puede dejar de advertirse el grado de relaciones y vínculos que, en general, tienen las personas excarceladas con agencias de seguridad y personal que participó en la última dictadura y que tienen en la actualidad bases operativas y de acción tangibles. La desaparición de Jorge Julio López es un ejemplo de ello”. Por estas razones decidió “dictar una medida cautelar consistente en la vigilancia, seguimiento y realización de tareas de inteligencia sobre los distintos procesados que han sido excarcelados” en las causas que tramitan en su juzgado por delitos de lesa humanidad. La medida fue ordenada al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, bajo la coordinación del programa Verdad y Justicia.
La Justicia reconoció la falta de eficiencia de los programas de protección de testigos y puso el foco, por primera vez, en cuidar a los que declaran en procesos por delitos de lesa humanidad haciendo un seguimiento de los represores que estos sobrevivientes acusan. Fue en una resolución referida al caso de un testigo en riesgo, que recogió un pedido de la agrupación Justicia Ya! También destacó el impacto negativo de las constantes excarcelaciones de represores en estos procesos.
El juez federal Arnaldo Corazza citó a un “testigo clave” en una de las causas del circuito Camps para ofrecerle ingresar a alguno de los programas de protección de testigos vigentes. “Los programas de protección existentes en la actualidad no guardan correlación con las necesidades de los testigos y la única protección eficiente sería que los distintos imputados-procesados de estas causas, que fueron puestos en libertad a partir de las excarcelaciones decretadas en instancias superiores, fueran debidamente controlados y/o vigilados por las autoridades competentes y responsables de su seguridad”, dijo el testigo ante el juez. El sobreviviente agregó que aceptar una custodia o control policial respecto de su persona sería “un absurdo”, y expresó que “las excarcelaciones constituyen un mensaje de impunidad que repercute negativamente en la subjetividad y ánimo de los testigos, y si se implementara vigilancia sobre el grupo de procesados excarcelados la medida no sólo beneficiaría a su situación personal sino también la de otros testigos”.
En su respuesta el juez comenzó diciendo que a partir de la desaparición del testigo Jorge Julio López quedó en evidencia la falta de un “plan de asistencia, seguridad y protección de testigos para estos casos” y “todavía queda un margen muy holgado en materia de seguridad”. Tras establecer que se encontraba ante un conflicto entre el derecho de las víctimas testigos a la protección integral y los derechos de los procesados excarcelados a la libertad ambulatoria e intimidad, el magistrado expresó que “las excarcelaciones generan un efecto disfuncional en materia de protección” y “representan una respuesta institucional contraria a los intereses y necesidades” de las víctimas. A su criterio, “no puede dejar de advertirse el grado de relaciones y vínculos que, en general, tienen las personas excarceladas con agencias de seguridad y personal que participó en la última dictadura y que tienen en la actualidad bases operativas y de acción tangibles. La desaparición de Jorge Julio López es un ejemplo de ello”. Por estas razones decidió “dictar una medida cautelar consistente en la vigilancia, seguimiento y realización de tareas de inteligencia sobre los distintos procesados que han sido excarcelados” en las causas que tramitan en su juzgado por delitos de lesa humanidad. La medida fue ordenada al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, bajo la coordinación del programa Verdad y Justicia.
MURIO EL EX CORONEL CARAPINTADA MOHAMED ALI SEINELDIN
Un paro cardíaco terminó con la vida de Seineldín, el ex coronel que entrenó a torturadores, peleó en Malvinas y atentó contra la democracia
A los 75 años murió ayer el ex coronel Mohamed Alí Seineldín, el inspirador de los carapintadas que se levantaron en armas para evitar el juzgamiento de los represores. Formado como comando, fanático nacionalista y adorador de la Virgen de Luján, fue acusado de enseñar a torturar en Centroamérica, fue reivindicado como héroe de Malvinas, fue condenado a cadena perpetua por la rebelión de Semana Santa del ’90, fue indultado por el ex presidente Eduardo Duhalde y terminó enseñando tiro y desalojando campesinos contratado por terratenientes en Santiago del Estero.
Su nombre empezó a trascender cuando en 1987 desde Panamá, donde seguía desempeñándose como instructor militar, comandó el primer alzamiento contra el gobierno de Raúl Alfonsín. La citación judicial a los militares acusados de secuestros, torturas y asesinatos desencadenó la resistencia castrense cuando recién despuntaba la democracia tras casi ocho años de terrorismo de Estado. Sin embargo, su influencia en el interior del Ejército venía macerando desde hacía años. En el ’83, en una entrevista con la revista Ariel, destinada a los cadetes del Liceo Militar (reproducida en el ’87 por El Periodista), Seineldín desplegó su pensamiento:
- “La ley 1420 derogó la enseñanza católica obligatoria de las escuelas, quitando de esta manera la savia natural que sustentó durante siglos nuestra cultura occidental. Posteriormente, y a sólo un año de la Revolución Comunista de 1917, vino la Reforma Universitaria de 1918, yo creo que los resultados de esta descristianización los hemos podido comprobar con el producto que dio el terrorismo marxista-leninista que asoló nuestra Patria. Deben recordar que sus principales dirigentes salieron de la universidad”.
- “El país tiene dos instituciones básicas: la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Hoy las dos son atacadas, el enemigo es coherente en esto, el día en que ambas estén debilitadas, prácticamente nuestra Patria no existirá más. No se olviden de que aquí llegó el Adelantado español con la espada y la cruz. ¿Y a qué vino? ¿A matar y a destruir? ¡¡No!! Llegó para convertir a los aborígenes para hacerles conocer la verdad. Por lo tanto, la Iglesia y las Fuerzas Armadas conforman un sólo núcleo, debiendo ser estas últimas las continuadoras de las enseñanzas de Cristo”.
- “La Guerra Revolucionaria busca alterar o cambiar los valores impuestos por Dios y su accionar es tan viejo como el mundo mismo. Es la lucha del Bien contra el Mal, de los Hijos de la Cruz contra los Hijos de las Tinieblas, de Cristo contra el Anticristo”.
- “El Estado de paz no existe, es un anhelo, pues el Hombre y las naciones están en lucha permanente”.
Sus prácticas
Después de los levantamientos de Semana Santa y Monte Caseros en 1987, que había encabezado el entonces teniente coronel Aldo Rico, Seineldín, quien había compartido con él la “gesta” de Malvinas, hizo declaraciones en las que exigía una “solución política para terminar con el grotesco de que una situación de guerra como la que vivimos entre 1975 y 1980 se la juzgue con leyes propias de épocas de paz” y consideraba que la lucha antisubversiva fue una “guerra larga de miles y miles de pequeños combates, en la que vale todo”. Esos dichos le valieron una sanción. Sin embargo, las cartas ya estaban echadas y el crescendo continuó. En el ’88 lideró en persona la rebelión de Villa Martelli y negoció con el general Isidoro Cáceres. Allí surgió el primer encontronazo con el riquismo, que quería forzar un enfrentamiento para liberar a su jefe que estaba preso en Magdalena.
Con la llegada de Carlos Menem al poder, el nombre de Seineldín había empezado a circular como posible jefe del Ejército. El origen árabe del entonces coronel y su amistad con Zulema Yoma alimentaban toda clase de versiones. Menem le permitió recuperar la libertad, estaba preso por atentar contra la democracia, pero el idilio con el coronel se quebró en el ’90: en octubre Seineldín le envió una carta advirtiendo que “están dadas las condiciones para que sucedan acontecimientos reivindicatorios de tal gravedad, que ni usted, ni yo, estamos en condiciones de precisar”. Sesenta días de arresto fue la respuesta oficial pero nada lo detuvo.
Desde su prisión en San Martín de los Andes el 3 de diciembre de 1990 dirigió a sus hombres, encabezados por Gustavo Breide Obeid, a tomar el Edificio Libertador y parte del Regimiento de Patricios. Murieron 13 personas, entre ellas el teniente coronel Hernán Pita y el mayor Federico Pedernera, ambos leales, asesinados en Patricios. También murieron cinco civiles, cuando un tanque carapintada atropelló en la ruta Panamericana a un colectivo de la línea 60. Seineldín fue condenado a prisión perpetua. Estuvo tras las rejas trece años: uno en Caseros, cuatro en Magdalena y el resto en Campo de Mayo.
En el ’94, el ex presidente Arturo Frondizi intercedió sin éxito ante Menem para que lo indultará. Fue Duhalde, quien antes de entregar el poder a Néstor Kirchner firmó, en 2002, ese beneficio que borra la pena pero no el delito para Seineldín y también para Enrique Gorriarán Merlo, el líder guerrillero condenado por la toma del Regimiento de La Tablada en 1989.
Ya en el ’92, Seineldín se había volcado a la política. En prisión formó el Movimiento por la Identidad Nacional e Integración Iberoamericana. Reivindicaba el carapintadismo como “un sentimiento de resistencia a la opresión, a la injusticia, a la sumisión, a la corrupción, al deshonor”. Años más tarde, el canciller de Panamá, José Mulino, aseguró que “Seineldín fue uno de los principales instructores de tortura contra el pueblo civilista que exigía democracia y libertad”. Recordó que entrenó en ese país a un grupo militar cuya misión era torturar opositores al régimen del general Manuel Noriega.
“Nunca dejé de ser soldado, es un sello que llevaré hasta la muerte”, repetía Seineldín. Su predicamento se fue desdibujando al ritmo de su fanatismo religioso y de sus pronósticos apocalípticos sobre una tercera guerra mundial. Apoyó a su incondicional aliado Breide Obeid en sus sucesivas y fallidas candidaturas desde el Partido Popular para la Reconstrucción. Apenas recuperó la libertad desenfundó una poderosa Glock para enseñar tiro en un polígono de Lanús. Poco después lo contrató un empresario de la salud para estar seguro en sus otros negocios: despejar de intrusos sus campos en Santiago del Estero.
Una de sus últimas apariciones había sido en 2007, en un acto por Malvinas en Chubut, donde se abrazó con el ex jefe del Ejército Roberto Bendini. Fue un ícono de los militares forjados en la Doctrina de la Seguridad Nacional.
A los 75 años murió ayer el ex coronel Mohamed Alí Seineldín, el inspirador de los carapintadas que se levantaron en armas para evitar el juzgamiento de los represores. Formado como comando, fanático nacionalista y adorador de la Virgen de Luján, fue acusado de enseñar a torturar en Centroamérica, fue reivindicado como héroe de Malvinas, fue condenado a cadena perpetua por la rebelión de Semana Santa del ’90, fue indultado por el ex presidente Eduardo Duhalde y terminó enseñando tiro y desalojando campesinos contratado por terratenientes en Santiago del Estero.
Su nombre empezó a trascender cuando en 1987 desde Panamá, donde seguía desempeñándose como instructor militar, comandó el primer alzamiento contra el gobierno de Raúl Alfonsín. La citación judicial a los militares acusados de secuestros, torturas y asesinatos desencadenó la resistencia castrense cuando recién despuntaba la democracia tras casi ocho años de terrorismo de Estado. Sin embargo, su influencia en el interior del Ejército venía macerando desde hacía años. En el ’83, en una entrevista con la revista Ariel, destinada a los cadetes del Liceo Militar (reproducida en el ’87 por El Periodista), Seineldín desplegó su pensamiento:
- “La ley 1420 derogó la enseñanza católica obligatoria de las escuelas, quitando de esta manera la savia natural que sustentó durante siglos nuestra cultura occidental. Posteriormente, y a sólo un año de la Revolución Comunista de 1917, vino la Reforma Universitaria de 1918, yo creo que los resultados de esta descristianización los hemos podido comprobar con el producto que dio el terrorismo marxista-leninista que asoló nuestra Patria. Deben recordar que sus principales dirigentes salieron de la universidad”.
- “El país tiene dos instituciones básicas: la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Hoy las dos son atacadas, el enemigo es coherente en esto, el día en que ambas estén debilitadas, prácticamente nuestra Patria no existirá más. No se olviden de que aquí llegó el Adelantado español con la espada y la cruz. ¿Y a qué vino? ¿A matar y a destruir? ¡¡No!! Llegó para convertir a los aborígenes para hacerles conocer la verdad. Por lo tanto, la Iglesia y las Fuerzas Armadas conforman un sólo núcleo, debiendo ser estas últimas las continuadoras de las enseñanzas de Cristo”.
- “La Guerra Revolucionaria busca alterar o cambiar los valores impuestos por Dios y su accionar es tan viejo como el mundo mismo. Es la lucha del Bien contra el Mal, de los Hijos de la Cruz contra los Hijos de las Tinieblas, de Cristo contra el Anticristo”.
- “El Estado de paz no existe, es un anhelo, pues el Hombre y las naciones están en lucha permanente”.
Sus prácticas
Después de los levantamientos de Semana Santa y Monte Caseros en 1987, que había encabezado el entonces teniente coronel Aldo Rico, Seineldín, quien había compartido con él la “gesta” de Malvinas, hizo declaraciones en las que exigía una “solución política para terminar con el grotesco de que una situación de guerra como la que vivimos entre 1975 y 1980 se la juzgue con leyes propias de épocas de paz” y consideraba que la lucha antisubversiva fue una “guerra larga de miles y miles de pequeños combates, en la que vale todo”. Esos dichos le valieron una sanción. Sin embargo, las cartas ya estaban echadas y el crescendo continuó. En el ’88 lideró en persona la rebelión de Villa Martelli y negoció con el general Isidoro Cáceres. Allí surgió el primer encontronazo con el riquismo, que quería forzar un enfrentamiento para liberar a su jefe que estaba preso en Magdalena.
Con la llegada de Carlos Menem al poder, el nombre de Seineldín había empezado a circular como posible jefe del Ejército. El origen árabe del entonces coronel y su amistad con Zulema Yoma alimentaban toda clase de versiones. Menem le permitió recuperar la libertad, estaba preso por atentar contra la democracia, pero el idilio con el coronel se quebró en el ’90: en octubre Seineldín le envió una carta advirtiendo que “están dadas las condiciones para que sucedan acontecimientos reivindicatorios de tal gravedad, que ni usted, ni yo, estamos en condiciones de precisar”. Sesenta días de arresto fue la respuesta oficial pero nada lo detuvo.
Desde su prisión en San Martín de los Andes el 3 de diciembre de 1990 dirigió a sus hombres, encabezados por Gustavo Breide Obeid, a tomar el Edificio Libertador y parte del Regimiento de Patricios. Murieron 13 personas, entre ellas el teniente coronel Hernán Pita y el mayor Federico Pedernera, ambos leales, asesinados en Patricios. También murieron cinco civiles, cuando un tanque carapintada atropelló en la ruta Panamericana a un colectivo de la línea 60. Seineldín fue condenado a prisión perpetua. Estuvo tras las rejas trece años: uno en Caseros, cuatro en Magdalena y el resto en Campo de Mayo.
En el ’94, el ex presidente Arturo Frondizi intercedió sin éxito ante Menem para que lo indultará. Fue Duhalde, quien antes de entregar el poder a Néstor Kirchner firmó, en 2002, ese beneficio que borra la pena pero no el delito para Seineldín y también para Enrique Gorriarán Merlo, el líder guerrillero condenado por la toma del Regimiento de La Tablada en 1989.
Ya en el ’92, Seineldín se había volcado a la política. En prisión formó el Movimiento por la Identidad Nacional e Integración Iberoamericana. Reivindicaba el carapintadismo como “un sentimiento de resistencia a la opresión, a la injusticia, a la sumisión, a la corrupción, al deshonor”. Años más tarde, el canciller de Panamá, José Mulino, aseguró que “Seineldín fue uno de los principales instructores de tortura contra el pueblo civilista que exigía democracia y libertad”. Recordó que entrenó en ese país a un grupo militar cuya misión era torturar opositores al régimen del general Manuel Noriega.
“Nunca dejé de ser soldado, es un sello que llevaré hasta la muerte”, repetía Seineldín. Su predicamento se fue desdibujando al ritmo de su fanatismo religioso y de sus pronósticos apocalípticos sobre una tercera guerra mundial. Apoyó a su incondicional aliado Breide Obeid en sus sucesivas y fallidas candidaturas desde el Partido Popular para la Reconstrucción. Apenas recuperó la libertad desenfundó una poderosa Glock para enseñar tiro en un polígono de Lanús. Poco después lo contrató un empresario de la salud para estar seguro en sus otros negocios: despejar de intrusos sus campos en Santiago del Estero.
Una de sus últimas apariciones había sido en 2007, en un acto por Malvinas en Chubut, donde se abrazó con el ex jefe del Ejército Roberto Bendini. Fue un ícono de los militares forjados en la Doctrina de la Seguridad Nacional.
ALEGATOS EN EL JUICIO A JORGE OLIVERA ROVERE Y LOS EX JEFES DE AREAS MILITARES PORTEñAS
El objetivo era disciplinar”
El CELS pidió reclusión perpetua para el ex jefe de la subzona Capital y destacó que “el plan criminal” de las Fuerzas Armadas tuvo como objetivo “despolitizar y desmovilizar”. Justicia Ya! reclamó idéntica pena y que se considere el delito de genocidio
“Las subzonas tuvieron la responsabilidad primaria, total e indelegable en cuanto a la operativa concreta: determinación de blancos, traslados, lugares de reunión de detenidos.” La afirmación pertenece a Carlos Suárez Mason, ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército, y fue citada por el abogado Gerardo Fernández, del Centro de Estudios Legales y Sociales, para pedir la condena a reclusión perpetua del general Jorge Olivera Róvere, imputado por 120 secuestros y cuatro homicidios como ex jefe de la subzona Capital en 1976. Idéntica pena reclamaron los abogados de Justicia Ya!, que además pidieron al Tribunal Oral Federal 5 “una condena de acuerdo a la normativa del derecho interno, pero considerando a los delitos como de lesa humanidad en su sentido específico de genocidio”. Hoy será el turno de la abogada Mirta Mántaras y la semana próxima del fiscal federal Félix Crous.
El juicio a Olivera Róvere y los ex jefes de áreas militares de la ciudad de Buenos Aires, el mayor en términos de cantidad de víctimas desde el Juicio a las Juntas, transcurre desde hace siete meses. A diferencia de lo que ocurre en el interior del país, donde las salas suelen quedar chicas, la asistencia de público al subsuelo de Comodoro Py rara vez supera en cantidad a los policías presentes. Los imputados están excarcelados y tienen una certeza que los tranquiliza: seguirán en libertad aun en caso de ser condenados, criterio que el TOF 5 ratificó con los ex jefes de Mansión Seré. Sólo el coronel Bernardo Menéndez, que se defiende a sí mismo, aceptó el reto de concurrir a las audiencias para escuchar los padecimientos de los familiares de víctimas y de los sobrevivientes de Atlético, Banco, Olimpo, Vesubio y Automotores Orletti, a quienes reitera una misma pregunta: “¿Pertenecía usted a alguna organización política?”.
Los abogados del CELS destacaron el martes que “la Justicia tardía no es igual a la ausencia de Justicia”, pero también que por los años de impunidad pocos padres de víctimas viven para dar testimonio y demasiados represores murieron sin condena: Suárez Mason, José Montes, Andrés Ferrero y Rodolfo Wehner, entre otros. Consideraron que los 240 secuestros que se imputan representan “una ínfima porción” del universo total pero “brindan una clara muestra de la magnitud de la represión ilegal” y destacaron que “el plan criminal diseñado e implementado por las Fuerzas Armadas” tuvo como objetivo “despolitizar, desmovilizar y disciplinar a la población”.
Los letrados de Justicia Ya! recordaron “el genocidio contra los pueblos originarios para apropiarse de sus tierras”. “Dos siglos, dos genocidios, ambos impunes, ambos para reestructurar las relaciones sociales”, resumió Luis Bonomi. Durante la dictadura “no hubo represión indiscriminada” sino “destrucción sistemática de una parte sustancial de un grupo nacional: destruir la organización y la participación era uno de los objetivos a más largo plazo, cuyas consecuencias padecemos hasta hoy”, agregó.
Los querellantes coincidieron en que “el principal responsable” de la represión en la ciudad fue Olivera Róvere, que el viernes participó del velorio de Diana Julio de Massot, directora de La Nueva Provincia. Humberto Lobaiza y Teófilo Saa, ex jefes del Regimiento Patricios y del área II, “tuvieron a su cargo un área geográfica estratégica” y “pusieron a disposición de lo que llamaron ‘lucha contra la subversión’ un escuadrón de más de cien hombres”, destacó Fernández. Felipe Alespeiti, segundo jefe del regimiento, y Bernardo Menéndez, jefe del área V, fueron “eslabones intermedios de la cadena de mandos” y tenían autoridad sobre las comisarías que liberaban las áreas para concretar los secuestros.
El CELS pidió reclusión perpetua para el ex jefe de la subzona Capital y destacó que “el plan criminal” de las Fuerzas Armadas tuvo como objetivo “despolitizar y desmovilizar”. Justicia Ya! reclamó idéntica pena y que se considere el delito de genocidio
“Las subzonas tuvieron la responsabilidad primaria, total e indelegable en cuanto a la operativa concreta: determinación de blancos, traslados, lugares de reunión de detenidos.” La afirmación pertenece a Carlos Suárez Mason, ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército, y fue citada por el abogado Gerardo Fernández, del Centro de Estudios Legales y Sociales, para pedir la condena a reclusión perpetua del general Jorge Olivera Róvere, imputado por 120 secuestros y cuatro homicidios como ex jefe de la subzona Capital en 1976. Idéntica pena reclamaron los abogados de Justicia Ya!, que además pidieron al Tribunal Oral Federal 5 “una condena de acuerdo a la normativa del derecho interno, pero considerando a los delitos como de lesa humanidad en su sentido específico de genocidio”. Hoy será el turno de la abogada Mirta Mántaras y la semana próxima del fiscal federal Félix Crous.
El juicio a Olivera Róvere y los ex jefes de áreas militares de la ciudad de Buenos Aires, el mayor en términos de cantidad de víctimas desde el Juicio a las Juntas, transcurre desde hace siete meses. A diferencia de lo que ocurre en el interior del país, donde las salas suelen quedar chicas, la asistencia de público al subsuelo de Comodoro Py rara vez supera en cantidad a los policías presentes. Los imputados están excarcelados y tienen una certeza que los tranquiliza: seguirán en libertad aun en caso de ser condenados, criterio que el TOF 5 ratificó con los ex jefes de Mansión Seré. Sólo el coronel Bernardo Menéndez, que se defiende a sí mismo, aceptó el reto de concurrir a las audiencias para escuchar los padecimientos de los familiares de víctimas y de los sobrevivientes de Atlético, Banco, Olimpo, Vesubio y Automotores Orletti, a quienes reitera una misma pregunta: “¿Pertenecía usted a alguna organización política?”.
Los abogados del CELS destacaron el martes que “la Justicia tardía no es igual a la ausencia de Justicia”, pero también que por los años de impunidad pocos padres de víctimas viven para dar testimonio y demasiados represores murieron sin condena: Suárez Mason, José Montes, Andrés Ferrero y Rodolfo Wehner, entre otros. Consideraron que los 240 secuestros que se imputan representan “una ínfima porción” del universo total pero “brindan una clara muestra de la magnitud de la represión ilegal” y destacaron que “el plan criminal diseñado e implementado por las Fuerzas Armadas” tuvo como objetivo “despolitizar, desmovilizar y disciplinar a la población”.
Los letrados de Justicia Ya! recordaron “el genocidio contra los pueblos originarios para apropiarse de sus tierras”. “Dos siglos, dos genocidios, ambos impunes, ambos para reestructurar las relaciones sociales”, resumió Luis Bonomi. Durante la dictadura “no hubo represión indiscriminada” sino “destrucción sistemática de una parte sustancial de un grupo nacional: destruir la organización y la participación era uno de los objetivos a más largo plazo, cuyas consecuencias padecemos hasta hoy”, agregó.
Los querellantes coincidieron en que “el principal responsable” de la represión en la ciudad fue Olivera Róvere, que el viernes participó del velorio de Diana Julio de Massot, directora de La Nueva Provincia. Humberto Lobaiza y Teófilo Saa, ex jefes del Regimiento Patricios y del área II, “tuvieron a su cargo un área geográfica estratégica” y “pusieron a disposición de lo que llamaron ‘lucha contra la subversión’ un escuadrón de más de cien hombres”, destacó Fernández. Felipe Alespeiti, segundo jefe del regimiento, y Bernardo Menéndez, jefe del área V, fueron “eslabones intermedios de la cadena de mandos” y tenían autoridad sobre las comisarías que liberaban las áreas para concretar los secuestros.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
ciclo teatro por la identidad 2009
viernes 4 de setiembre a las 21 hs en el teatro colon apertura del ciclo
EMPEZO EL PRIMER JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN LA CIUDAD DE SANTA FE
“Efecto Pinochet” con aires santafesinos
Seis acusados estuvieron en el banquillo, entre ellos el ex juez Víctor Brusa. El único miembro del Ejército involucrado en el proceso fue internado en Mendoza y frustró la posibilidad de escuchar las acusaciones en su contra por videoconferencia.
El primer juicio oral y público al terrorismo de Estado en Santa Fe comenzó con seis represores en el banquillo y uno a mil kilómetros de distancia. El ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 coronel Domingo Manuel Marcellini, el único mando del Ejército que queda en el proceso, fue internado en una clínica de Mendoza y frustró la posibilidad de escuchar las acusaciones en su contra por el sistema de videoconferencia. “Es el efecto Pinochet”, dijo José Schulan, querellante en la causa, al denunciar el intento de la defensa para que Marcellini zafe por su estado de salud.
Otro de los acusados ya había logrado escapar del proceso: el ex jefe del área 212 coronel Juan Orlando Rolón –máximo responsable de la represión en el centro norte santafesino– consiguió que lo apartaran del juicio por problemas de salud. El tercero en la jerarquía militar, Nicolás Correa, un experto en inteligencia del Ejército que integró el gabinete de asesores del ex gobernador Jorge Obeid, murió hace dos años.
Ayer formaron en el banquillo seis imputados: el ex juez federal Víctor Brusa, el primer ex juez que fue preso por delitos de lesa humanidad en la Argentina y cinco ex policías: Héctor Colombini, Mario Facino, José Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Eduardo Ramos.
La audiencia se demoró más de una hora y media por la situación de Marcellini. Su defensa ya había pedido que lo aparten del juicio por una supuesta “incapacidad mental sobreviniente”. Pero el lunes, a las cinco de la tarde, volvió a la carga con otro escrito en el que informó que el coronel había sido internado en Mendoza y debía permanecer 48 horas en observación. La consecuencia quedó a la vista: los técnicos del tribunal no pudieron instalar el sistema de videoconferencia para que Marcellini siga las audiencias desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria.
“Nosotros pedimos que no se suspenda el debate y se rechacen las maniobras de mala fe. Porque una cosa son las garantías del debido proceso que prevé la Constitución y otra, estirar los códigos como un chicle, donde todo se permite”, dijo el abogado querellante Jorge Pedraza.
Marcellini era una pieza clave en el circuito represivo. Estuvo al mando del Destacamento de Inteligencia Militar 122, entre fines de 1975 y octubre de 1979, con jurisdicción en el centro norte de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y departamentos fronterizos del Uruguay. En su carrera, también pasó por la Escuela de las Américas. Su internación obligó a los jueces Roberto López Arango, Andrea Alberto de Creus y Carlos Renna a suspender la lectura de la acusación fiscal y solicitar al equipo de médicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que examine al paciente y eleve un informe. Mientras tanto, rechazó el pedido de la defensa de Marcellini para que se lo aparte del proceso.
Durante casi siete horas el secretario del tribunal César Toledo y la prosecretaria Marta Quiroga se alternaron en la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los querellantes: Pedraza, Schulman, Anatilde Bugna, Stella Vallejos, Patricia Traba, los esposos Daniel García y Alba Sánchez y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.
Los imputados escucharon los cargos en su contra casi sin inmutarse: algunos con la mirada perdida o buscando algún punto fijo en el espacio y otros, con gestos de fastidio o negativa. En la doble fila de butacas destinadas al público se ubicaron cinco Madres de Plaza de Mayo; Elsa Ramos, de Familiares de Desaparecidos; algunas querellantes, la vicegobernadora Griselda Tessio; la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, y el director del Programa de Protección a Testigos, Oscar Blando, entre otros.
Concluida la audiencia, dos de los imputados, Brusa y Ramos, volvieron a la cárcel de Las Flores, donde tendrán más compañía. El tribunal modificó el régimen de prisión domiciliaria que beneficiaba a Perizzotti, Facino y Colombini, que ahora serán alojados junto a Brusa y Ramos durante los días de audiencia.
Seis acusados estuvieron en el banquillo, entre ellos el ex juez Víctor Brusa. El único miembro del Ejército involucrado en el proceso fue internado en Mendoza y frustró la posibilidad de escuchar las acusaciones en su contra por videoconferencia.
El primer juicio oral y público al terrorismo de Estado en Santa Fe comenzó con seis represores en el banquillo y uno a mil kilómetros de distancia. El ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 coronel Domingo Manuel Marcellini, el único mando del Ejército que queda en el proceso, fue internado en una clínica de Mendoza y frustró la posibilidad de escuchar las acusaciones en su contra por el sistema de videoconferencia. “Es el efecto Pinochet”, dijo José Schulan, querellante en la causa, al denunciar el intento de la defensa para que Marcellini zafe por su estado de salud.
Otro de los acusados ya había logrado escapar del proceso: el ex jefe del área 212 coronel Juan Orlando Rolón –máximo responsable de la represión en el centro norte santafesino– consiguió que lo apartaran del juicio por problemas de salud. El tercero en la jerarquía militar, Nicolás Correa, un experto en inteligencia del Ejército que integró el gabinete de asesores del ex gobernador Jorge Obeid, murió hace dos años.
Ayer formaron en el banquillo seis imputados: el ex juez federal Víctor Brusa, el primer ex juez que fue preso por delitos de lesa humanidad en la Argentina y cinco ex policías: Héctor Colombini, Mario Facino, José Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Eduardo Ramos.
La audiencia se demoró más de una hora y media por la situación de Marcellini. Su defensa ya había pedido que lo aparten del juicio por una supuesta “incapacidad mental sobreviniente”. Pero el lunes, a las cinco de la tarde, volvió a la carga con otro escrito en el que informó que el coronel había sido internado en Mendoza y debía permanecer 48 horas en observación. La consecuencia quedó a la vista: los técnicos del tribunal no pudieron instalar el sistema de videoconferencia para que Marcellini siga las audiencias desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria.
“Nosotros pedimos que no se suspenda el debate y se rechacen las maniobras de mala fe. Porque una cosa son las garantías del debido proceso que prevé la Constitución y otra, estirar los códigos como un chicle, donde todo se permite”, dijo el abogado querellante Jorge Pedraza.
Marcellini era una pieza clave en el circuito represivo. Estuvo al mando del Destacamento de Inteligencia Militar 122, entre fines de 1975 y octubre de 1979, con jurisdicción en el centro norte de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y departamentos fronterizos del Uruguay. En su carrera, también pasó por la Escuela de las Américas. Su internación obligó a los jueces Roberto López Arango, Andrea Alberto de Creus y Carlos Renna a suspender la lectura de la acusación fiscal y solicitar al equipo de médicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que examine al paciente y eleve un informe. Mientras tanto, rechazó el pedido de la defensa de Marcellini para que se lo aparte del proceso.
Durante casi siete horas el secretario del tribunal César Toledo y la prosecretaria Marta Quiroga se alternaron en la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los querellantes: Pedraza, Schulman, Anatilde Bugna, Stella Vallejos, Patricia Traba, los esposos Daniel García y Alba Sánchez y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.
Los imputados escucharon los cargos en su contra casi sin inmutarse: algunos con la mirada perdida o buscando algún punto fijo en el espacio y otros, con gestos de fastidio o negativa. En la doble fila de butacas destinadas al público se ubicaron cinco Madres de Plaza de Mayo; Elsa Ramos, de Familiares de Desaparecidos; algunas querellantes, la vicegobernadora Griselda Tessio; la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, y el director del Programa de Protección a Testigos, Oscar Blando, entre otros.
Concluida la audiencia, dos de los imputados, Brusa y Ramos, volvieron a la cárcel de Las Flores, donde tendrán más compañía. El tribunal modificó el régimen de prisión domiciliaria que beneficiaba a Perizzotti, Facino y Colombini, que ahora serán alojados junto a Brusa y Ramos durante los días de audiencia.
Alegatos en Primer Cuerpo
Prisión perpetua para el general Carlos Olivera Róvere y el coronel Bernardo Menéndez y 25 años de prisión para los coroneles Humberto Lobaiza, Teófilo Saá y Felipe Alespeiti. Esas fueron las penas solicitadas ayer por la querella del CELS durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal 5 en el juicio al ex jefe de la subzona Capital Federal y a cuatro ex jefes de áreas militares durante la última dictadura. Si bien todos están procesados por decenas de privaciones ilegales de la libertad, la mayor pena para los primeros obedece a que también se les imputan homicidios. Hoy será el turno de los abogados de Justicia Ya! y la semana próxima del fiscal federal Félix Crous. A diferencia del resto del país, los alegatos se desarrollan sin reporteros gráficos en la sala. Los cinco octogenarios imputados están excarcelados
Regresó la obediencia debida
LA CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN LIBERO AL EX SECRETARIO DEL EJERCITO
Aunque está documentada la participación de Eduardo Alfonso en un operativo en el que se asesinó a un hombre y se secuestró a una mujer embarazada, los jueces dijeron que “no puede afirmarse fehacientemente que conociera la finalidad del grupo operativo”.
Acreditar la participación de un militar en un allanamiento ilegal, un asesinato y el secuestro de una mujer embarazada no es motivo suficiente para procesarlo. Primero porque “no puede afirmarse fehacientemente que conociera la finalidad del grupo operativo”. Segundo, porque las heridas que recibió bien pudieron haberlo dejado fuera de juego antes de que se cometieran los delitos. El razonamiento pertenece a los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati, de la Cámara Federal de San Martín, y derivó en la falta de mérito y la liberación del general Eduardo Alfonso, ex secretario general del Ejército. Abuelas de Plaza de Mayo repudió “la decisión política de no procesar a autores directos de crímenes de lesa humanidad”, consideró que el tribunal “se sumó a la larga y penosa tradición de buena parte de la corporación judicial de proteger a los genocidas” y anticipó que analiza la posibilidad de impulsar un juicio político contra los camaristas.
El 12 de enero de 1977 el teniente primero Alfonso integró el grupo de tareas que asesinó a Antonio García y secuestró a Beatriz Recchia. La mujer fue trasladada a Campo de Mayo y desapareció tras dar a luz a su hija, que recuperó la identidad en febrero. Alfonso hizo carrera, llegó a general y organizó desde la Secretaría del Ejército la contraofensiva contra la Justicia durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. El año pasado, Página/12 reveló su actuación en los hechos, que surge del Boletín 4148 del Ejército: “Con motivo de operaciones realizadas en Villa Martelli el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en combate”. Citado a declarar, dijo que fue herido pero a quince cuadras, durante “un control vehicular”. El entonces juez Martín Suares Araujo lo procesó y lo envió al penal de Marcos Paz.
La Cámara de San Martín admitió que el militar mintió para ocultar su participación. Luego elaboró un razonamiento que ningún defensor privado se había animado a plantear. Afirmó que la inteligencia fue “fundamental para combatir a la subversión” (sic). Citó al sobreviviente Juan Carlos Scarpatti para destacar que el Comando de Institutos Militares “trataba de rotar” a los miembros de las patotas para “hacerles poner los dedos a todos” e invocó un testimonio anónimo de un supuesto asesor de inteligencia militar para dar por hecho que la orden de participar de un operativo “era emanada como para que un militar concurriera al combate, considerando la situación como de guerra”.
Conclusión: “no puede presumirse el conocimiento” de Alfonso sobre “el real motivo para el que fue convocado toda vez que tales sucesos eran planificados y llevados a cabo por ‘Equipos especiales’ con reserva del objetivo”. Para los camaristas también la prueba documental juega a favor del imputado. “Como consecuencia de las heridas recibidas Alfonso habría quedado de inmediato fuera de combate y ajeno a todo aquello que sucedió con posterioridad”, dado que era “un elemento intercambiable y hasta prescindible en la concreción de los ilícitos que se desplegaban”.
Aunque está documentada la participación de Eduardo Alfonso en un operativo en el que se asesinó a un hombre y se secuestró a una mujer embarazada, los jueces dijeron que “no puede afirmarse fehacientemente que conociera la finalidad del grupo operativo”.
Acreditar la participación de un militar en un allanamiento ilegal, un asesinato y el secuestro de una mujer embarazada no es motivo suficiente para procesarlo. Primero porque “no puede afirmarse fehacientemente que conociera la finalidad del grupo operativo”. Segundo, porque las heridas que recibió bien pudieron haberlo dejado fuera de juego antes de que se cometieran los delitos. El razonamiento pertenece a los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati, de la Cámara Federal de San Martín, y derivó en la falta de mérito y la liberación del general Eduardo Alfonso, ex secretario general del Ejército. Abuelas de Plaza de Mayo repudió “la decisión política de no procesar a autores directos de crímenes de lesa humanidad”, consideró que el tribunal “se sumó a la larga y penosa tradición de buena parte de la corporación judicial de proteger a los genocidas” y anticipó que analiza la posibilidad de impulsar un juicio político contra los camaristas.
El 12 de enero de 1977 el teniente primero Alfonso integró el grupo de tareas que asesinó a Antonio García y secuestró a Beatriz Recchia. La mujer fue trasladada a Campo de Mayo y desapareció tras dar a luz a su hija, que recuperó la identidad en febrero. Alfonso hizo carrera, llegó a general y organizó desde la Secretaría del Ejército la contraofensiva contra la Justicia durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. El año pasado, Página/12 reveló su actuación en los hechos, que surge del Boletín 4148 del Ejército: “Con motivo de operaciones realizadas en Villa Martelli el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en combate”. Citado a declarar, dijo que fue herido pero a quince cuadras, durante “un control vehicular”. El entonces juez Martín Suares Araujo lo procesó y lo envió al penal de Marcos Paz.
La Cámara de San Martín admitió que el militar mintió para ocultar su participación. Luego elaboró un razonamiento que ningún defensor privado se había animado a plantear. Afirmó que la inteligencia fue “fundamental para combatir a la subversión” (sic). Citó al sobreviviente Juan Carlos Scarpatti para destacar que el Comando de Institutos Militares “trataba de rotar” a los miembros de las patotas para “hacerles poner los dedos a todos” e invocó un testimonio anónimo de un supuesto asesor de inteligencia militar para dar por hecho que la orden de participar de un operativo “era emanada como para que un militar concurriera al combate, considerando la situación como de guerra”.
Conclusión: “no puede presumirse el conocimiento” de Alfonso sobre “el real motivo para el que fue convocado toda vez que tales sucesos eran planificados y llevados a cabo por ‘Equipos especiales’ con reserva del objetivo”. Para los camaristas también la prueba documental juega a favor del imputado. “Como consecuencia de las heridas recibidas Alfonso habría quedado de inmediato fuera de combate y ajeno a todo aquello que sucedió con posterioridad”, dado que era “un elemento intercambiable y hasta prescindible en la concreción de los ilícitos que se desplegaban”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
