Alfonso, “el inocente

Juliana García acababa de cumplir tres años el 12 de enero de 1977. Treinta y dos años después no sabe qué recuerda y qué soñó o reconstruyó a partir de imágenes fragmentadas, relatos de vecinos, investigaciones judiciales. Ese día, ella vio a unos “señores malos” entrar en su casa de Villa Adelina. Después, la panza de su mamá, embarazada de cinco meses. Ruidos. Su mamá que le decía que estaban explotando globos. Su papá en un patio. Su papá muerto. Las rodillas lastimadas de su mamá mientras se la llevaban.

Con el tiempo, fueron apareciendo algunos datos que le permitieron conocer parte de la historia. Domingo García fue hallado enterrado como NN en el cementerio de Boulogne. Beatriz Recchia fue reconocida por sobrevivientes del centro clandestino El Campito, que funcionó en Campo de Mayo. “La Tina de pelo lacio, de ojos claros, que estaba con un embarazo muy avanzado, a punto de tener familia”, dice uno de los testimonios recopilados por Abuelas de Plaza de Mayo. Hace apenas unos meses, además, Juliana, que fue entregada a su abuela materna el día que asesinaron a su padre y secuestraron a su madre, pudo reencontrarse con su hermana nacida en cautiverio. “Yo la tocaba a través de la panza. Ese contacto físico... no hay palabras. No puedo creer que nos hayan robado esto, que nos hayan robado treinta y dos años”, dijo poco después de verla.

De aquellos “hombres malos” de los que dio testimonio a la edad que hoy tienen sus hijas, Juliana no supo nada más. Hasta el año pasado. Un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reveló que el legajo personal del ex secretario general del Ejército Eduardo Alfonso incluye el Informe de Calificación de 1976/1977 en el que el entonces teniente primero de Caballería aparece con parte de enfermo el 12 de enero de 1977. El diagnóstico fue “herida de bala con perforación intestinal (bajo información)”. Alfonso estaba destinado a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral con asiento en la guarnición militar de Campo de Mayo. Además, en el Boletín Público del Ejército Argentino número 4148 del 6 de julio de 1977 figura la condecoración que le dieron por haber recibido ese disparo. La reseña dice así: “Con motivo de las operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en Combate’ a Teniente primero C. D. Eduardo Alfonso y Teniente primero D Raúl Fernando Delaico”.

La información institucional del Ejército permitió establecer sin lugar a dudas que Alfonso participó del operativo en la casa de la familia García Recchia. Pero una vez citado a declarar, el ex secretario del Ejército intentó negarlo, dijo que había sido herido a unas cuadras del lugar, en un control vehicular. El juez Alberto Suares Araujo no le creyó y lo procesó. Los jueces de la Cámara Federal de San Martín Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati tampoco le creyeron, pero lo liberaron. Los argumentos, publicados por este diario el miércoles, fueron curiosos. Los magistrados sostuvieron que “no puede afirmarse fehacientemente” que Alfonso “conociera la finalidad del grupo operativo y que a consecuencia del disparo que recibió “se impone aceptar que no habría llegado a participar de ninguno de los hechos que podrían considerarse delictivos, pues no puede descartarse de un modo absoluto que quedara ajeno al procedimiento desde el inicio de las operaciones”.

Anuladas las leyes de punto final y obediencia debida no hay excusas jurídicas para justificar la participación en crímenes aberrantes por “no saber a dónde se iba” o “porque le ordenaron ir”. ¿Se dio media vuelta Alfonso cuándo supo de qué se trataba? (Si se cree en la benévola hipótesis de que desconocía que iba a participar de un operativo represivo.) ¿Por qué le dieron una medalla por este hecho si quedó fuera de juego antes de que empezara todo? No es sólo que Alfonso no se indignó y se fue (el disparo recibido, por otra parte, no hace sino ratificar que fue parte activa en el operativo), sino que veinte años después siguió defendiendo y reivindicando lo que hizo.

En 2001 Alfonso recorrió las guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba y Bahía Blanca exigiendo que todos los oficiales firmaran el recurso de hábeas data que se presentó ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH) y la Conadep para que esos organismos informaran qué datos tenían sobre más de 600 oficiales. Todavía estaban vigentes las leyes de punto final y obediencia debida, pero muchos miembros de las Fuerzas Armadas pensaban dos veces antes de salir del país por miedo a ser arrestados y llevados ante el juez español Baltasar Garzón u otro magistrado europeo. También en su carácter de secretario general del Ejército viajó a Córdoba y Bahía Blanca para respaldar institucionalmente a militares que habían sido arrestados por negarse a declarar en juicios por la verdad y se encargó de solidarizarse con el dictador Luciano Benjamín Menéndez cuando fue detenido por robo de bebés.

Si pudiera, Juliana reconocería a los otros miembros de la patota que entró a su casa. Pero no puede. Ella tenía tres años y han pasado más de treinta. Si pudieran, muchos jóvenes que hace treinta años tenían dos, tres, cuatro o cinco reconocerían a los hombres que irrumpieron en sus casas y se llevaron a sus padres. Pero no pueden. Si pudiera, Juliana señalaría a Alfonso en una ronda de reconocimiento. Pero no hace falta. Alfonso participó en el secuestro de Beatriz Recchia y en el asesinato de Domingo García. Documentos del Ejército lo prueban.

No parece aventurado decir que haber sido un hombre fuerte dentro del Ejército con variados contactos políticos hasta hace no tanto le jugó a Alfonso a su favor. Y se sabe que no es raro que algunos jueces, sobre todo los que integran el fuero federal, se acomoden según sienten soplar el viento de la política. Sería saludable que los magistrados de este país entendieran que la persecución judicial de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura no es patrimonio de un gobierno ni de un sector. Es lo que necesita la sociedad argentina para mirar al futuro.