Durante más de ocho horas de alegatos, dos abogados querellantes y un fiscal pidieron ayer reclusión o prisión perpetua para el general de brigada Pedro Pablo Mansilla (77) y el coronel Alejandro Guillermo Duret (56), quienes están siendo juzgados desde el 26 de mayo por la desaparición de Carlos Labolita (24).
Alrededor de las 20, el fiscal general federal Daniel Adler terminó de formular el último de los alegatos y requirió prisión perpetua para ambos militares más inhabilitación absoluta y perpetua por los delitos de "homicidio calificado por alevosía, torturas agravadas y privación de la libertad agravada".
La jornada -que tuvo dos cuarto intermedio- se había iniciado cerca de las 10, cuando el abogado de la familia Labolita, en un alegato de cuatro horas, solicitó reclusión perpetua en cárcel común para dos militares imputados por la desaparición del militante peronista, ocurrida en Las Flores en abril de 1976.
Por su parte, el abogado Eduardo Recses en representación de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, también ante el tribunal pidió para los imputados Mansilla y Duret reclusión perpetua y que además se revoque el beneficio de arresto domiciliario para Mansilla.
"Por considerar que quedó comprobado a lo largo del juicio que Carlos Labolita, fue secuestrado, torturado, desaparecido y luego asesinado pido reclusión perpetua para Mansilla y Duret, y que la cumplan en una cárcel común", sostuvo Sivo en su alegato.
El abogado también manifestó que "a lo largo de este juicio quedó comprobado que Labolita fue asesinado, sí tenemos certeza que lo mataron pero no cómo lo mataron. Si lo mataron con algunos de los medios o métodos que los militares utilizaban".
"Pedro Mansilla debe responder -prosiguió el abogado- ya que en esa época era el jefe de zona y el jefe del regimiento de Azul, fue el responsables de todo lo que sucedía en su zona, de la comisaría de Las Flores y de la policía. Quedó comprobado que todos respondían a sus órdenes".
"A Carlos Labolita cuando lo trasladan de Las Flores a Azul y los policías le entregan a Labolita esposado y encapuchado, sabían que lo iban a matar por que en ningún momento (el coronel) Duret, que es recibido por él, pide que le saquen las esposas. A los cinco días que a Labolita lo llevan a su casa para requisar su casa seguía esposado", expuso Sivo.
Dos detenciones
En su alegato también afirmó que "en este juicio está comprobado por testigos y no por dichos que cuando fueron a detener (24/3/1976) en forma ilegal al padre de Labolita y detuvieron (25/4/1976) a Carlos Labolita (hijo) estaba presente Duret".
"Quedó comprobado en la declaración por los propios policías que llevaron a Labolita de Las Flores hasta el regimiento de Azul, que fueron perseguidos por un Renault Blanco. El mismo auto que la esposa de Labolita dijo que conducía Duret el día que llevaron a Labolita a la casa y la requisaron", señaló el letrado.
Sivo también dijo que "quedó demostrado que Labolita fue torturado durante cinco días, en las declaraciones de su esposa, madre y hermanas, ya que lo vieron el día en que una comisión de personas de civil, en la que se encontraba Duret, llevaron a Labolita a la casa para requisarla, buscando armas".
"Labolita estaba esposado, encapuchado y con signos importantes que demostraban que había sido maltratado. Carlos Labolita le dijo a su madre: 'No te preocupes, estoy bien, hace 5 días que estoy en la parrilla'", relató el abogado en la audiencia.
"A lo largo de este juicio, quedó demostrado que Labolita fue secuestrado en forma ilegal por ser un militante peronista. Quedó demostrado que era investigado de antes del 24 de marzo del '76, en que se produjo el golpe militar", aseguró.
Además "quedó demostrado con papeles que Carlos Labolita fue detenido por orden de Mansilla y éste a su vez por haber recibido orden de sus superiores. Quedó demostrado por Mansilla que (Labolita) fue detenido por ser elemento subversivo".
El abogado junto con su pedido de penas solicitó "que se inicie una causa al militar Calbi, quien era el II comandante de la Brigada de Tandil, por mentir en este juicio oral, cuando en su momento declaró en primera instancia otros hechos que no condicen con los que dio en este juicio. Por desmemoriado, no acordarse de nada y no saber qué ocurrió en esa época".
"Lo mismo pido para los militares Onell y Rabazano, por falso testimonio, ocultar información y manifestar que no se acuerdan nada", puntualizó Sivo.
El juicio continuará el martes con los alegatos de la defensa.
viernes, 26 de junio de 2009
miércoles, 24 de junio de 2009
libertad a un apropiador condenado?
Aval a un entregador de bebés
El represor condenado a diez años de prisión, en abril del año pasado, por haber entregado a María Sampallo Barragán, nacida en cautiverio, sería liberado por el TOF-5. La sentencia no está firme y la pena podría ser incrementada.
El capitán retirado Enrique José Berthier, condenado en abril de 2008 a diez años de prisión por haber entregado a una beba nacida durante el cautiverio de sus padres en un centro clandestino a comienzos de 1978, podría recuperar la libertad en los próximos días. La decisión la tomaron los jueces Guillermo Andrés Gordo y Ricardo Farías, miembros del Tribunal Oral Federal 5, con el argumento de que el militar cumplió las dos terceras partes de la condena y goza de buen concepto en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo. La liberación se concretará cuando Berthier pague o cubra con sus propiedades una fianza de 175 mil pesos y no se interrumpirá por la apelación que presentará el fiscal federal Félix Crous.
El tercer juez del TOF-5, Daniel Obligado, se opuso a la excarcelación. Evaluó que Berthier ya estuvo prófugo de la Justicia, que la sentencia no está firme y que la Cámara de Casación Penal podría elevar la pena en base a los 25 años de prisión solicitados por fiscalía y querella. En tal caso se modificaría el cálculo de los dos tercios y el mismo TOF-5 debería ordenar la captura del oficial del Ejército, condenado por entregar a una pareja a María Eugenia Sampallo Barragán, nacida mientras sus padres estaban secuestrados en el centro clandestino Club Atlético.
“El problema es que la Sala II de la Cámara de Casación lleva más de un año sin resolver sobre la apelación. El expediente ingresó al tribunal en mayo de 2008. La demora de Casación fomenta la impunidad y la liberación de los represores”, consideró Tomás Ojea Quintana, que patrocina a Sampallo Barragán. “En el expediente queda claro que Berthier conspiró contra el proceso junto a su abogado (Alejandro) Macedo Rumi y que estuvo evadido de la Justicia. Ambos elementos sugieren que no debe ser excarcelado. Si la pena se eleva volverá a evadirse”, agregó el abogado.
Berthier fue detenido por la Policía Federal el 21 de agosto de 2002, por orden de la jueza María Servini de Cubría, luego de dos meses prófugo. Mientras las fuerzas de seguridad intentaban capturarlo, la joven apropiada, testigos, funcionarios de la Justicia y hasta ex camaradas que habían declarado en la causa recibieron amenazas. A una testigo le anticiparon que iba a aparecer “colgada de un árbol”. En escuchas ordenadas por la Justicia hay diálogos en los que se habla de matar al secretario del juzgado de Servini de Cubría. Los mensajes mafiosos se interrumpieron luego de la detención. El abogado de Berthier en 2002 era Juan Enrique Torres Bande, apoderado del partido neonazi Nuevo Triunfo.
En octubre de 2006, los jueces Gordo y Farías fallaron por primera vez a favor de la excarcelación del militar, que entonces llevaba cuatro años detenido y sin sentencia. Igual que Obligado ahora, en aquella oportunidad votó en disidencia el juez Luis Di Renzi, que interpretó las amenazas de 2002 como “indicios suficientes para inferir que Berthier intentaría entorpecer o eludir el accionar de la Justicia”.
Los 175 mil pesos de fianza no serían un problema. Los investigadores que rastrearon a Berthier mientras estaba escondido detectaron que tenía cuentas corrientes en cinco bancos, varias propiedades, automóviles y acciones en diferentes sociedades anónimas. En diciembre el TOF-5 le negó a María Eugenia una copia de los videos del juicio que marcó un quiebre en su vida con el argumento de que la condena no estaba firme. Seis meses después, la demora de Casación vuelve a jugar a favor del victimario.
María Eugenia recuperó su identidad en 2002. Es hija de Edgardo Sampallo y Mirta Mabel Barragán, secuestrados el 6 de diciembre de 1977, Mirta con un embarazo de seis meses. Berthier, con destino formal en el Regimiento de La Tablada, entregó a la niña a Osvaldo Rivas y María Gómez Pinto. Ambos fueron condenados a ocho y siete años de prisión pero están en libertad.
El represor condenado a diez años de prisión, en abril del año pasado, por haber entregado a María Sampallo Barragán, nacida en cautiverio, sería liberado por el TOF-5. La sentencia no está firme y la pena podría ser incrementada.
El capitán retirado Enrique José Berthier, condenado en abril de 2008 a diez años de prisión por haber entregado a una beba nacida durante el cautiverio de sus padres en un centro clandestino a comienzos de 1978, podría recuperar la libertad en los próximos días. La decisión la tomaron los jueces Guillermo Andrés Gordo y Ricardo Farías, miembros del Tribunal Oral Federal 5, con el argumento de que el militar cumplió las dos terceras partes de la condena y goza de buen concepto en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo. La liberación se concretará cuando Berthier pague o cubra con sus propiedades una fianza de 175 mil pesos y no se interrumpirá por la apelación que presentará el fiscal federal Félix Crous.
El tercer juez del TOF-5, Daniel Obligado, se opuso a la excarcelación. Evaluó que Berthier ya estuvo prófugo de la Justicia, que la sentencia no está firme y que la Cámara de Casación Penal podría elevar la pena en base a los 25 años de prisión solicitados por fiscalía y querella. En tal caso se modificaría el cálculo de los dos tercios y el mismo TOF-5 debería ordenar la captura del oficial del Ejército, condenado por entregar a una pareja a María Eugenia Sampallo Barragán, nacida mientras sus padres estaban secuestrados en el centro clandestino Club Atlético.
“El problema es que la Sala II de la Cámara de Casación lleva más de un año sin resolver sobre la apelación. El expediente ingresó al tribunal en mayo de 2008. La demora de Casación fomenta la impunidad y la liberación de los represores”, consideró Tomás Ojea Quintana, que patrocina a Sampallo Barragán. “En el expediente queda claro que Berthier conspiró contra el proceso junto a su abogado (Alejandro) Macedo Rumi y que estuvo evadido de la Justicia. Ambos elementos sugieren que no debe ser excarcelado. Si la pena se eleva volverá a evadirse”, agregó el abogado.
Berthier fue detenido por la Policía Federal el 21 de agosto de 2002, por orden de la jueza María Servini de Cubría, luego de dos meses prófugo. Mientras las fuerzas de seguridad intentaban capturarlo, la joven apropiada, testigos, funcionarios de la Justicia y hasta ex camaradas que habían declarado en la causa recibieron amenazas. A una testigo le anticiparon que iba a aparecer “colgada de un árbol”. En escuchas ordenadas por la Justicia hay diálogos en los que se habla de matar al secretario del juzgado de Servini de Cubría. Los mensajes mafiosos se interrumpieron luego de la detención. El abogado de Berthier en 2002 era Juan Enrique Torres Bande, apoderado del partido neonazi Nuevo Triunfo.
En octubre de 2006, los jueces Gordo y Farías fallaron por primera vez a favor de la excarcelación del militar, que entonces llevaba cuatro años detenido y sin sentencia. Igual que Obligado ahora, en aquella oportunidad votó en disidencia el juez Luis Di Renzi, que interpretó las amenazas de 2002 como “indicios suficientes para inferir que Berthier intentaría entorpecer o eludir el accionar de la Justicia”.
Los 175 mil pesos de fianza no serían un problema. Los investigadores que rastrearon a Berthier mientras estaba escondido detectaron que tenía cuentas corrientes en cinco bancos, varias propiedades, automóviles y acciones en diferentes sociedades anónimas. En diciembre el TOF-5 le negó a María Eugenia una copia de los videos del juicio que marcó un quiebre en su vida con el argumento de que la condena no estaba firme. Seis meses después, la demora de Casación vuelve a jugar a favor del victimario.
María Eugenia recuperó su identidad en 2002. Es hija de Edgardo Sampallo y Mirta Mabel Barragán, secuestrados el 6 de diciembre de 1977, Mirta con un embarazo de seis meses. Berthier, con destino formal en el Regimiento de La Tablada, entregó a la niña a Osvaldo Rivas y María Gómez Pinto. Ambos fueron condenados a ocho y siete años de prisión pero están en libertad.
perpetua y efectiva!!!!!
Luciano Benjamín Menéndez seguirá preso en la cárcel de Bouwer. La Cámara Federal de Córdoba argumentó que el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército desconoce la legitimidad de las instituciones y reivindica sus crímenes, que existe un “fundado riesgo procesal” para las causas que investigan delitos de lesa humanidad en su jurisdicción, y ante la posibilidad de que entorpezca las investigaciones presionando a testigos, fugándose o incluso suicidándose, revocó por unanimidad el beneficio de prisión domiciliaria que le concedió la jueza federal Cristina Garzón de Lascano.
Menéndez se esperanzó con la posibilidad de acceder al arresto hogareño tras los fallos favorables de la Cámara de Casación y de los jueces de Córdoba y San Juan. La medida no se concretó porque también está procesado por el juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena. Pero ante el rumor de su traslado más de trescientas personas se concentraron frente a su casa para repudiar el posible retorno.
La negativa lleva la firma de los camaristas Ignacio Vélez Funes, Abel Sánchez Torres y Luis Rodolfo Martínez. El primero destacó que el arresto domiciliario es una facultad del juez y “no una obligación imperativa y automática”. Destacó que al desconocer la jurisdicción de los tribunales ordinarios, Menéndez “no reconoce la legitimidad de la detención, con lo cual podría desconocer su cumplimiento y condiciones de detención domiciliaria”.
Sánchez Torres agregó que las dos condenas a perpetua “pueden generar en su ánimo la intención de eludir el accionar de la Justicia” y que enviarlo a su casa “podría propiciar el entorpecimiento de la investigación ejerciendo presión sobre los testigos, hayan sido víctimas o no de su presunto accionar”. Agregó que “su permanencia en el domicilio le podría facilitar el acceso a armas de fuego con las cuales agredir a terceros o autoagredirse, pudiendo llegar a quitarse la vida, como también ha sucedido” con otros represores.
Martínez adhirió al primer voto, destacó que las declaraciones del condenado “resultan suficientes para presumir la existencia del riesgo procesal” y que “de cumplir dicha detención fuera del ámbito carcelario” intentará “fugarse del lugar u obstaculizar con los medios a su alcance la actuación del Tribunal competente”.
Menéndez se esperanzó con la posibilidad de acceder al arresto hogareño tras los fallos favorables de la Cámara de Casación y de los jueces de Córdoba y San Juan. La medida no se concretó porque también está procesado por el juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena. Pero ante el rumor de su traslado más de trescientas personas se concentraron frente a su casa para repudiar el posible retorno.
La negativa lleva la firma de los camaristas Ignacio Vélez Funes, Abel Sánchez Torres y Luis Rodolfo Martínez. El primero destacó que el arresto domiciliario es una facultad del juez y “no una obligación imperativa y automática”. Destacó que al desconocer la jurisdicción de los tribunales ordinarios, Menéndez “no reconoce la legitimidad de la detención, con lo cual podría desconocer su cumplimiento y condiciones de detención domiciliaria”.
Sánchez Torres agregó que las dos condenas a perpetua “pueden generar en su ánimo la intención de eludir el accionar de la Justicia” y que enviarlo a su casa “podría propiciar el entorpecimiento de la investigación ejerciendo presión sobre los testigos, hayan sido víctimas o no de su presunto accionar”. Agregó que “su permanencia en el domicilio le podría facilitar el acceso a armas de fuego con las cuales agredir a terceros o autoagredirse, pudiendo llegar a quitarse la vida, como también ha sucedido” con otros represores.
Martínez adhirió al primer voto, destacó que las declaraciones del condenado “resultan suficientes para presumir la existencia del riesgo procesal” y que “de cumplir dicha detención fuera del ámbito carcelario” intentará “fugarse del lugar u obstaculizar con los medios a su alcance la actuación del Tribunal competente”.
viernes, 19 de junio de 2009
El coronel Duret dijo que es "un trofeo, un chivo expiatorio"
A las 11, el coronel Alejandro Guillermo Duret (56) se sentó frente al Tribunal Oral Federal que lo juzga por la desaparición del militante peronista Carlos Labolita (24), ocurrida en Las Flores en abril de 1976.
La audiencia tuvo que haber comenzado una hora antes, pero la excesiva concurrencia de público –cerca de 150 personas– generó demoras, ya que los asistentes fueron identificados y revisados con un detector de metales antes de ingresar a la sala.
Tan numeroso público, no visto en jornadas anteriores, tenía un obvio propósito: escuchar la declaración que iban a prestar Duret y el general de brigada Pedro Mansilla. Este último era jefe del regimiento de Azul, unidad adonde fue trasladado Labolita después de ser detenido en Las Flores.
La expectativa quedó parcialmente frustrada cuando la defensa de Mansilla anunció que el general había decidido no declarar. Ello generó el primer murmullo en la sala y, consecuentemente, el primer pedido de silencio que tuvo que formular el presidente del tribunal, Alejandro Esmoris.
La exposición del coronel
Sentado frente al Tribunal, de impecable traje gris, Duret escuchó durante cinco minutos, de boca del juez Esmoris, los términos de la acusación. En ese lapso, el militar destapó una botella de agua mineral que había sobre su pupitre, bebió algunos sorbos, abrió una carpeta que contenía abundante documentación y extrajo de su saco media docena de marcadores. Luego los utilizaría para dibujar gráficos con un propósito manifiesto: instruir al tribunal sobre cuestiones militares. Para ello también empleó un panel de madera con papeles blancos que –a pedido de su defensor– había sido ubicado en la sala. Un ligero temblor en las manos de Duret fue el único signo de nerviosismo que pudo advertirse mientras escuchaba la acusación.
"No voy a responder"
"En primer lugar, sólo voy a responder a las preguntas de mi defensa", fue la primera frase del coronel. Posteriormente manifestó que "este juicio es una oportunidad y un agravio", tras lo cual recordó que lleva "tres años, seis meses y 12 días" detenido sin sentencia.
Pronto quedaría en claro que toda su declaración estaba contenida en la abultada carpeta. El presidente del Tribunal le indicó que no podía leer, de manera que Duret sólo la empleó para apoyarse en sus escritos a manera de apunte, circunstancia que no le restó frondosidad a su extenso relato indagatorio.
Contenido político
Duret admitió que estaba "intranquilo, aunque no se note" por afrontar un juicio "con un alto contenido político" en el que hubo injerencia "de personas de altísimo nivel".
"Soy inocente; no vi ni traté a Labolita", enfatizó Duret, para ampliar en otro momento de su declaración: "No sé qué pasó, nunca lo supe, se lo dije a la madre durante un careo en 1985: si supiera qué pasó con su hijo se lo diría".
El padre del joven desaparecido estaba sentado en primera fila, a escasos tres metros de Duret, y si bien pudo advertirse en su expresión el malestar que le provocaban estas afirmaciones, no hizo ninguna exteriorización.
"No tenemos a la vista testigos reales, no hay testigos presenciales", aseguró el coronel para demostrar que la acusación reposa en una serie de comentarios. "Me dijo, me dijo que le dijeron", ironizó.
"Así como a Labolita le asignaban todo en Las Flores, hasta el copamiento del regimiento de Azul –cosa que no creo– a Duret le asignan todo", aseguró.
Enemigos
"La familia Labolita conceptualmente es mi enemiga –admitió– porque quiere dañarme y dañar a mi familia. No los odio, ni los odié, ni les guardo rencor. Créase o no. Tienen todo el derecho a pedir justicia, pero no tienen derecho a pedir que pague cualquiera".
En varios tramos de su declaración, Duret manifestó que "una barbaridad como la que le ocurrió a Carlos Labolita y a su familia no puede ser justificada de ninguna manera" y de manera insistente reiteró que "nada de lo que voy a decir pretende justificar lo que pasó".
Debe aclararse que estos conceptos exculpatorios fueron vertidos en forma alternada durante una declaración que duró alrededor de tres horas y que tuvo dos intervalos dispuestos por el Tribunal.
A lo largo de esa declaración, y quizás anticipándose al alegato, Duret hizo planteos de corte jurídico. De hecho, invocó las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, la aplicación de normativas actuales con retroactividad y la negativa a encuadrarlo en la ley más benigna.
"Estoy alelado por el poder punitivo del Estado", aseguró, para manifestar posteriormente que "el Estado persigue a ciudadanos comunes a través de organismos de Derechos Humanos".
"Un chivo expiatorio"
El presidente del Tribunal tuvo que reiterar su pedido de silencio cuando Duret citó a Jhon William Cooke –uno de los principales referentes de Juan Domingo Perón durante su exilio– y en la sala estallaron manifestaciones de asombro.
"Soy un chivo expiatorio, un trofeo", aseguró Duret, "un objeto de venganza. A 33 años del hecho se afecta mi derecho a defensa y tengo que probar mi inocencia", agregó.
En el marco de sus planteos, cuestionó la jurisdicción en que estaba siendo juzgado y reconoció la de un tribunal militar, remarcando el desconocimiento de temas castrenses que observó a lo largo de las audiencias.
Por otra parte, aseguró que el Estado "me perjudicó al destruir toda la documentación relacionada con la lucha antisubversiva".
"El teniente Duret"
Varias veces, el imputado manifestó: "Aquí no están juzgando al coronel Duret, sino al teniente Duret", un joven de 23 años recién ascendido "al que todos muestran como un tiburón cuando era un cornalito".
También indicó que el grado de responsabilidad penal tuvo que haberse acotado a los comandantes y "también a los que cometieron excesos". Al detallar este concepto, mencionó a "los violadores, los ladrones, los que se apropiaron de niños".
Inesperadamente, en un tramo de su declaración dijo: "Los que tendrían que estar poniendo la cara no se encuentran acá", pero no hizo mayores especificaciones.
"Hice el 75 por ciento de mi carrera en gobiernos democráticos y ascendí a coronel en abril del 2000 con acuerdo del Senado. El 12 de abril de 1994 fui designado al cuartel de Zapala en pleno Caso Carrasco. No me hubieran designado a cumplir esa misión si fuera un violador de Derechos Humanos", manifestó.
Fechas, citas, autores
La declaración de Duret incluyó un amplio repaso histórico abundante en citas, autores e –incluso– páginas de los libros consultados. En vano fueron las protestas del fiscal Daniel Adler que llegó a definir como "divagaciones" algunos tramos de lo que ya era una disertación. En realidad, el Tribunal había advertido a Duret en varias oportunidades para que se acotara al hecho que se le imputa, pero el coronel se atuvo a su carpeta, que en determinado momento lo remontó a la publicación de "El Capital" de Carlos Marx en 1848.
De tal manera, reprochó que durante el juicio se mencionaron todos los genocidios reconocidos históricamente, "pero no se mencionó el genocidio comunista, que lleva 100 millones de muertos".
La hilación lo condujo minuciosamente a la revolución cubana que formó "a los sicarios" que instalaron la guerrilla en Argentina. Al pasar por el "Cordobazo", ya en 1969, lo definió como un movimiento gestado "por los obreros mejores pagos del país" que capitalizaron "el entusiasmo de los estudiantes". Y al esbozar una reseña sobre el tramado de las organizaciones guerrilleras en el país mencionó al actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Duhalde, e incluso recordó su presunto nombre de guerra: "Demián".
Luego, al referirse a la liberación de 1.600 presos políticos en 1973, remarcó la participación del doctor Esteban Righi, actual procurador general de la Nación.
Tales manifestaciones motivaron que el juez Rozansky lo conminara a no formular más imputaciones contra funcionarios del Estado.
"Los golpes de Estado –prosiguió Duret– le sacaron las papas del fuego a los políticos y terminaron pagando los militares. Nadie quería hacerse cargo del desastre. Lamentablemente, los militares creyeron que podían solucionar el problema".
"Nosotros –puntualizó posteriormente– estamos transfiriendo el problema a la generación siguiente" y sentenció: "Alguien tiene que parar esta rueda".
Los gráficos
Duret dibujó varios gráficos para ilustrar la pirámide castrense, su estructura de mandos, la forma en que decantan las órdenes dentro de ese organismo y –en definitiva– el rol ínfimo que, según sus dichos, ocupaba "un teniente recién ascendido que todavía tenía olor a subteniente" y que "el 24 de marzo de 1976 no sabía dónde estaba parado".
Uno de los puntos en los que puso más énfasis fue el rol de oficial de inteligencia que –según reza en su legajo– desempeñó en aquella época.
"No teníamos capacidad para averiguar nada", aseguró, y dijo que las tareas de inteligencia se limitaban a "estudios topográficos y de rutas, de caminos, puentes, etc.".
En ese contexto, negó la existencia de una estructura de inteligencia. "Era yo solo", indicó, para reiterar que la tarea se limitaba a reconocimientos del terreno.
Los datos policiales
Luego, ante una pregunta del juez Esmoris, Duret admitió que "era la policía la que proporcionaba datos sobre políticos y gremialistas". Cuando el magistrado lo interrogó sobre la forma en que "se procesaba esa información", el coronel indicó que lo explicaría más adelante, en otro tramo de su exposición, pero la respuesta no llegó.
Posteriormente, Duret dijo que "jamás recibí una orden ilegal" y aseguró que en su desempeño como militar nunca escuchó hablar de "grupos de tareas". Varias veces tuvo una postura despectiva hacia el general Videla "a quien sólo le digo Videla" y reiteró su inocencia total.
En razón de que Duret había dicho que "lo que le pasó a Labolita fue una barbaridad", el fiscal Adler le preguntó: ¿Qué le pasó a Labolita? Luego Adler le recordó que una hermana de Labolita lo reconoció fotográficamente como partícipe del allanamiento en el que el joven fue visto por última vez. Ante esas preguntas –y otras que formuló el querellante Cesar Sivo– Duret respondió: "No voy a responder", e hizo saber su intención de no seguir declarando.
El juicio continuará el jueves con la primera parte de los alegatos
jueves, 18 de junio de 2009
La Justicia ratificó la inconstitucionalidad de los indultos a Videla y Massera
El fallo dejó firmes las penas de reclusión perpetua que pesan sobre ellos. Dan por descontado que los abogados de los ex dictadores apelarán ante la Corte.
La Cámara Nacional de Casación penal confirmó hoy la inconstitucionalidad de los indultos que beneficiaban a los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, dictados por el ex presidente Carlos Menem.
Con esta resolución, la Sala II del máximo tribunal penal del país, quedan firmes las condenas a reclusión perpetua que Videla y Massera cumplían al momento del indulto en cumplimiento del fallo dictado en 1985 por la Cámara Federal porteña en el llamado Juicio a las Juntas.
Videla, de 82 años, cumple actualmente prisión preventiva en el penal de Marcos Paz, mientras que Massera, de 83, vive en su piso de la porteña avenida del Libertador, aunque por su mal estado de salud se encuentra desafectado de las causas en su contra.
Fuentes judiciales citadas por la agencia DyN dieron por descontado que los abogados defensores de los dos ex dictadores apelarán ante la Corte Suprema de Justicia.
La Cámara Nacional de Casación penal confirmó hoy la inconstitucionalidad de los indultos que beneficiaban a los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, dictados por el ex presidente Carlos Menem.
Con esta resolución, la Sala II del máximo tribunal penal del país, quedan firmes las condenas a reclusión perpetua que Videla y Massera cumplían al momento del indulto en cumplimiento del fallo dictado en 1985 por la Cámara Federal porteña en el llamado Juicio a las Juntas.
Videla, de 82 años, cumple actualmente prisión preventiva en el penal de Marcos Paz, mientras que Massera, de 83, vive en su piso de la porteña avenida del Libertador, aunque por su mal estado de salud se encuentra desafectado de las causas en su contra.
Fuentes judiciales citadas por la agencia DyN dieron por descontado que los abogados defensores de los dos ex dictadores apelarán ante la Corte Suprema de Justicia.
SIN SALIDA
La Cámara Nacional Electoral rechazó la candidatura de Patti
La Cámara rechazó la candidatura de Luis Abelardo Patti, detenido en Marcos Paz. Fundamentó la decisión en que la Justicia Penal aún no se expidió sobre las causas abiertas en su contra por delitos de lesa humanidad.
La Cámara Nacional Electoral prohibió hoy la candidatura a diputado del ex comisario Luis Abelardo Patti "hasta tanto se resuelva la situación penal y sea liberado" en la causa que se le sigue por delitos de lesa humanidad.
En un fallo de 50 páginas, el máximo tribunal con competencia electoral en el país aseguró que "no es posible aceptar la posibilidad de que sea liberado si resulta electo, en razón de los fueros parlamentarios, puesto que ello implicaría el deber internacional del Estado de investigar las violaciones a los derechos humanos".
El fallo hizo lugar a las impugnaciones formuladas por familiares de las víctimas de los delitos que se le imputan a Patti y por los cuales la Cámara de Diputados rechazó su ingreso en el cuerpo luego de haber sido electo en el 2007. El pedido a la Cámara había sido formulado con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la diputada Diana Conti. En primera instancia, el juez federal platense con comepetencia electoral, Manuel Blanco, había avalado la candidatura de Patti.
La Cámara rechazó la candidatura de Luis Abelardo Patti, detenido en Marcos Paz. Fundamentó la decisión en que la Justicia Penal aún no se expidió sobre las causas abiertas en su contra por delitos de lesa humanidad.
La Cámara Nacional Electoral prohibió hoy la candidatura a diputado del ex comisario Luis Abelardo Patti "hasta tanto se resuelva la situación penal y sea liberado" en la causa que se le sigue por delitos de lesa humanidad.
En un fallo de 50 páginas, el máximo tribunal con competencia electoral en el país aseguró que "no es posible aceptar la posibilidad de que sea liberado si resulta electo, en razón de los fueros parlamentarios, puesto que ello implicaría el deber internacional del Estado de investigar las violaciones a los derechos humanos".
El fallo hizo lugar a las impugnaciones formuladas por familiares de las víctimas de los delitos que se le imputan a Patti y por los cuales la Cámara de Diputados rechazó su ingreso en el cuerpo luego de haber sido electo en el 2007. El pedido a la Cámara había sido formulado con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la diputada Diana Conti. En primera instancia, el juez federal platense con comepetencia electoral, Manuel Blanco, había avalado la candidatura de Patti.
miércoles, 17 de junio de 2009
juicios en mar del plata:declaran los represores
Abuelas de Plaza de Mayo Filial Mar del Plata solicita a todos estar presentes el Jueves 18 a las 9.30hs en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata para decir una vez más: ¡¡¡¡CARLOS LABOLITA PRESENTE!!!
Ese día declarará el represor Duret.
Se agradece difusión.
Ese día declarará el represor Duret.
Se agradece difusión.
viernes, 12 de junio de 2009
Para hacerle compañía al Brujo:otro caso no juzgado
Para hacerle compañía al Brujo
El represor falleció a los 73 años, sin haber sido indagado por la Justicia, pese a su responsabilidad en más de un millar de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1976. Sólo queda un imputado vivo en la causa Triple A.
Formalmente insano y sin haber llegado a prestar declaración indagatoria, murió impune a los 73 años el ex subcomisario Rodolfo Eduardo Almirón, ex mano derecha de José López Rega y jefe operativo de la Alianza Anticomunista Argentina, responsable de un millar de asesinatos políticos entre fines de 1973 y 1976. Con su muerte, sumada a las de Juan Ramón Morales, en agosto de 2007, y Felipe Romeo, el mes pasado, el octogenario Miguel Angel Rovira es el único imputado del expediente Triple A, que agoniza en el juzgado federal de Norberto Oyarbide. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellante en la causa, denunció ayer la existencia de “una estrategia concertada entre los represores, sus abogados y una parte sustancial del Poder Judicial, para atrasar los juicios hasta que los genocidas mueran o sean declarados insanos”.
Almirón tenía orden de captura desde 1984, pero fue detenido el 28 de diciembre de 2006, tras una investigación del diario El Mundo, de España, impulsada por exiliados argentinos, que denunció que vivía en las afueras de Valencia. Recién entonces, un año después del pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, el juez Oyarbide dispuso reabrir la causa y pidió su extradición. Llegó al país en marzo del año pasado. El Cuerpo Médico Forense admitió sus problemas de salud, pero dictaminó que conservaba las facultades mentales como para comprender y responder preguntas. Sin embargo, el juez no dispuso su indagatoria.
Oyarbide ordenó apresar a Almirón en el penal de Marcos Paz y luego le concedió el arresto domiciliario en la casa de su hermana, privilegio que revirtió la Cámara Federal. Un mes y medio atrás sufrió un accidente cerebrovascular y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. La Comisión de Homenaje creada para recordar a los siete de-saparecidos que trabajaban allí repudió su presencia con un escrache atípico, desde el interior del hospital. “Estoy libre y seguiré libre”, desafió a una médica el ex ladero de López Rega. La semana pasada fue declarado insano y, por ende, inimputable. El jueves, Oyarbide suspendió el proceso en su contra. Murió el viernes, aunque la noticia se conoció ayer.
La causa Triple A está paralizada. La Cámara Federal confirmó en marzo de 2008 que los crímenes cometidos por los lugartenientes del ex ministro de Bienestar Social eran delitos de lesa humanidad, por eso imprescriptibles. Pero la investigación, que el juzgado no delegó, nunca avanzó. El 30 de diciembre el fiscal Taiano propuso ampliar la investigación, que abarcaba una docena de asesinatos, a 628 crímenes y cuarenta casos de amenazas de muerte. También sugirió al juez Oyarbide ochenta medidas de prueba: recopilar los expedientes judiciales dispersos, recibir infinidad de declaraciones testimoniales, convocar a la Universidad de Buenos Aires para que realice una pormenorizada reconstrucción histórica y a la sociedad para que aporte información, entre otras. Hasta ayer Taiano no fue notificado de que el juez hubiera ordenado producir ninguna prueba.
De los cuatro imputados que la causa tenía a fines de 2006, sólo sobrevive Rovira. El ex comisario Morales también fue detenido a partir de una investigación periodística que lo descubrió tomando aire, en pijama, en el balcón de su departamento de Carranza 2336. Llegó a ser indagado, pero murió con arresto domiciliario siete meses después, el 24 de agosto de 2007. Tenía 88 años. Felipe Romeo salió del país luego de que Página/12 revelara, en enero de aquel año, que vivía en Buenos Aires, reciclado como restaurador de edificios antiguos. El ex director de El Caudillo, desde donde señalaba a las futuras víctimas, estuvo prófugo en Brasil dos años. Familiares y amigos lo ingresaron al país a principios de enero y lo abandonaron en el Hospital Fernández. Murió vigilado por el Servicio Penitenciario Federal sin saber que estaba preso. El suboficial Rovira, ex jefe de seguridad de Metrovías, se entregó voluntariamente y goza de arresto domiciliario en su casa de Pasco 1032, barrio de San Cristóbal. Tampoco López Rega llegó a ser condenado: murió en prisión en 1989.
Almirón fue exonerado de la Policía Federal en los años ’60 por connivencia con delincuentes. López Rega lo reclutó en 1973. La marca registrada de las patotas que comandó se caracterizaron por “exhibir los cuerpos torturados, destrozados” luego de los asesinatos, apuntó Taiano en su dictamen. A mediados de 1975, una movilización gremial y las investigaciones judiciales desbancaron a López Rega y lo obligaron a abandonar al país. Los granaderos desarmaron a sus custodios en la quinta de Olivos. Almirón, Morales y Rovira, entre otros, acompañaron al Brujo en su exilio madrileño.
Almirón estaba acusado formalmente por una decena de crímenes, entre otros el del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, el ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, el abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, el abogado Alfredo Curuchet, el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, Daniel Banfi, Luis Latrónica y Pablo Laguzzi, un bebé de cinco meses hijo del entonces decano de la Facultad de Farmacia de la UBA. En marzo del año pasado, cuando llegó a Ezeiza y quedó detenido, un periodista alcanzó a preguntarle: “¿Se arrepiente?”. “¿De qué me tengo que arrepentir?”, desafió el homicida, encorvado y con esposas.
El represor falleció a los 73 años, sin haber sido indagado por la Justicia, pese a su responsabilidad en más de un millar de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1976. Sólo queda un imputado vivo en la causa Triple A.
Formalmente insano y sin haber llegado a prestar declaración indagatoria, murió impune a los 73 años el ex subcomisario Rodolfo Eduardo Almirón, ex mano derecha de José López Rega y jefe operativo de la Alianza Anticomunista Argentina, responsable de un millar de asesinatos políticos entre fines de 1973 y 1976. Con su muerte, sumada a las de Juan Ramón Morales, en agosto de 2007, y Felipe Romeo, el mes pasado, el octogenario Miguel Angel Rovira es el único imputado del expediente Triple A, que agoniza en el juzgado federal de Norberto Oyarbide. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellante en la causa, denunció ayer la existencia de “una estrategia concertada entre los represores, sus abogados y una parte sustancial del Poder Judicial, para atrasar los juicios hasta que los genocidas mueran o sean declarados insanos”.
Almirón tenía orden de captura desde 1984, pero fue detenido el 28 de diciembre de 2006, tras una investigación del diario El Mundo, de España, impulsada por exiliados argentinos, que denunció que vivía en las afueras de Valencia. Recién entonces, un año después del pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, el juez Oyarbide dispuso reabrir la causa y pidió su extradición. Llegó al país en marzo del año pasado. El Cuerpo Médico Forense admitió sus problemas de salud, pero dictaminó que conservaba las facultades mentales como para comprender y responder preguntas. Sin embargo, el juez no dispuso su indagatoria.
Oyarbide ordenó apresar a Almirón en el penal de Marcos Paz y luego le concedió el arresto domiciliario en la casa de su hermana, privilegio que revirtió la Cámara Federal. Un mes y medio atrás sufrió un accidente cerebrovascular y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. La Comisión de Homenaje creada para recordar a los siete de-saparecidos que trabajaban allí repudió su presencia con un escrache atípico, desde el interior del hospital. “Estoy libre y seguiré libre”, desafió a una médica el ex ladero de López Rega. La semana pasada fue declarado insano y, por ende, inimputable. El jueves, Oyarbide suspendió el proceso en su contra. Murió el viernes, aunque la noticia se conoció ayer.
La causa Triple A está paralizada. La Cámara Federal confirmó en marzo de 2008 que los crímenes cometidos por los lugartenientes del ex ministro de Bienestar Social eran delitos de lesa humanidad, por eso imprescriptibles. Pero la investigación, que el juzgado no delegó, nunca avanzó. El 30 de diciembre el fiscal Taiano propuso ampliar la investigación, que abarcaba una docena de asesinatos, a 628 crímenes y cuarenta casos de amenazas de muerte. También sugirió al juez Oyarbide ochenta medidas de prueba: recopilar los expedientes judiciales dispersos, recibir infinidad de declaraciones testimoniales, convocar a la Universidad de Buenos Aires para que realice una pormenorizada reconstrucción histórica y a la sociedad para que aporte información, entre otras. Hasta ayer Taiano no fue notificado de que el juez hubiera ordenado producir ninguna prueba.
De los cuatro imputados que la causa tenía a fines de 2006, sólo sobrevive Rovira. El ex comisario Morales también fue detenido a partir de una investigación periodística que lo descubrió tomando aire, en pijama, en el balcón de su departamento de Carranza 2336. Llegó a ser indagado, pero murió con arresto domiciliario siete meses después, el 24 de agosto de 2007. Tenía 88 años. Felipe Romeo salió del país luego de que Página/12 revelara, en enero de aquel año, que vivía en Buenos Aires, reciclado como restaurador de edificios antiguos. El ex director de El Caudillo, desde donde señalaba a las futuras víctimas, estuvo prófugo en Brasil dos años. Familiares y amigos lo ingresaron al país a principios de enero y lo abandonaron en el Hospital Fernández. Murió vigilado por el Servicio Penitenciario Federal sin saber que estaba preso. El suboficial Rovira, ex jefe de seguridad de Metrovías, se entregó voluntariamente y goza de arresto domiciliario en su casa de Pasco 1032, barrio de San Cristóbal. Tampoco López Rega llegó a ser condenado: murió en prisión en 1989.
Almirón fue exonerado de la Policía Federal en los años ’60 por connivencia con delincuentes. López Rega lo reclutó en 1973. La marca registrada de las patotas que comandó se caracterizaron por “exhibir los cuerpos torturados, destrozados” luego de los asesinatos, apuntó Taiano en su dictamen. A mediados de 1975, una movilización gremial y las investigaciones judiciales desbancaron a López Rega y lo obligaron a abandonar al país. Los granaderos desarmaron a sus custodios en la quinta de Olivos. Almirón, Morales y Rovira, entre otros, acompañaron al Brujo en su exilio madrileño.
Almirón estaba acusado formalmente por una decena de crímenes, entre otros el del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, el ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, el abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, el abogado Alfredo Curuchet, el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, Daniel Banfi, Luis Latrónica y Pablo Laguzzi, un bebé de cinco meses hijo del entonces decano de la Facultad de Farmacia de la UBA. En marzo del año pasado, cuando llegó a Ezeiza y quedó detenido, un periodista alcanzó a preguntarle: “¿Se arrepiente?”. “¿De qué me tengo que arrepentir?”, desafió el homicida, encorvado y con esposas.
miércoles, 10 de junio de 2009
Con 154 razones para un velorio sin honores
Con 154 razones para un velorio sin honores
Pese a que una resolución impide la ceremonia militar a los acusados por delitos de lesa humanidad, el jefe de la V Brigada de Montaña de Salta, Jorge Altieri, quiso homenajear a Rodolfo Wehner, procesado por secuestros. Garré no lo autorizó.
Por Nora Veiras
El jefe de la V Brigada de Montaña de Salta, general Jorge Enrique Altieri, pidió el pase a retiro porque la ministra de Defensa, Nilda Garré, no lo autorizó a velar con honores al general retirado Rodolfo Wehner, procesado por 154 secuestros. Altieri había sido ascendido en diciembre pasado y le había ofrecido a la familia de Wehner realizar el velorio en el Regimiento de Caballería Ligero 5 “General Güemes”. Una resolución firmada por Garré establece que ese privilegio está vedado para los imputados en causas por delitos de lesa humanidad. Los allegados a Altieri hicieron trascender que estaba “harto de ser funcional a la destrucción de las Fuerzas Armadas”. En el Edificio Libertador evaluaron como “exagerada e impropia” la reacción del general. Un camarada interpretó que “es evidente que es una muestra de rechazo a la política de derechos humanos del Gobierno”. Garré dijo que “por suerte la gran mayoría de las Fuerzas Armadas cree que éste es un capítulo vergonzoso que hay que cerrar con justicia” (ver aparte).
Altieri fue uno de los coroneles propuestos para ser ascendidos a general por el ex jefe del Ejército Roberto Bendini y por su sucesor, Luis Pozzi. “Es un hombre poco flexible, pero hasta ahora podíamos decir que ideológicamente no estaba en ningún lado”, comentó un alto oficial que creía conocerlo. Altieri le pidió autorización al comandante del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, Carlos Pedro Artuso, para realizar el velatorio con honores. La respuesta fue que se comunicara directamente con el Estado Mayor Conjunto. En un par de horas, Altieri recibió la orden de no avanzar en esa ceremonia.
Guillermo Wehner, el hijo de uno de los jefes de las siete áreas en que se dividió la represión ilegal en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, calificó como “una gran injusticia” la decisión de Garré. En diálogo con Radio 10, Wehner dijo que “es un orgullo” contar con generales como Altieri pero que le causó “dolor perder hoy a un general”.
La esposa de Wehner, Lucrecia Milagro Grande, fue quien pidió la ceremonia con honores. Reina de Belleza en su juventud y perteneciente a una de las familias tradicionales de Salta, daba por descontado el beneplácito de las autoridades. El apoyo de los militares retirados y el acompañamiento de la prensa local tornaban inconcebible un rechazo. Para entender lo que estaba pasando, su hijo recomendó un artículo de El Tribuno, titulado “La montonera que se hizo jefa”, en alusión a Garré.
Prontuario
Wehner es uno de los seis acusados por 154 secuestros en la causa a cargo del Tribunal Oral Federal 5 en la que el principal imputado es el general retirado Jorge Olivera Róvere, ex segundo comandante del I Cuerpo y jefe de la subzona Capital de la represión ilegal durante la última dictadura.
Como ex jefe del Regimiento de Granaderos “General San Martín” y del área militar III desde el golpe de marzo de 1976 hasta fines de 1977, a Wehner se le imputaban 51 privaciones ilegales de la libertad. Bajo esa jurisdicción represiva funcionaron centros clandestinos de detención, torturas y exterminio como los denominados Club Atlético, El Banco y Olimpo.
El 24 de marzo de 1976, Wehner estaba al frente de los Granaderos que custodiaban a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. No intervino en su detención porque la sacaron de la Casa Rosada directamente en helicóptero y la recluyeron en la residencia de descanso oficial El Mecidor, en Villa La Angostura.
El proceso contra Wehner estaba suspendido por razones de salud. En realidad, había sido recluido con prisión domiciliaria, pero a raíz de su tratamiento de diálisis había sido beneficiado. Altieri habría discutido con su superior directo, el jefe del III Cuerpo, porque alegó que tiene que primar la presunción de inocencia. “No tuvo en cuenta que estaba procesado por más de cincuenta secuestros”, señaló un abogado que recordó la responsabilidad como responsable de área de Wehner.
El protocolo castrense sigue vigente aunque ha sido restringido en los últimos años. En 2003, el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri fue velado con honores y despedido por el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien lo definió como “un soldado disciplinado”. Murió mientras cumplía prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad, pero como mantenía el grado y no tenía una condena firme cumplieron con el ritual vigente. Desde la asunción de Garré se prohibió el reconocimiento a los imputados en causas por violaciones a los derechos humanos. Hasta el planteo de Altieri no habían aparecido reclamos de familiares que querían despedir con honores a los represores pese a que fueron varios los que fallecieron en los últimos años.
La inhumación de los restos de Wehner en el cementerio privado Virgen de la Misericordia fue acompañado por unas 160 personas, entre ellos cinco oficiales en actividad y varios retirados. Todos vestían uniforme, tal como lo estipula el reglamento vigente. El general Altieri asistió junto a un grupo de camaradas.
El desenlace del caso Wehner puso en evidencia que todavía quedan pendientes privilegios que sólo se justifican como una rémora del pasado. Garré repite que los militares son ciudadanos que visten uniforme. Ningún otro empleado público recibe honores por el sólo hecho de morirse.
Pese a que una resolución impide la ceremonia militar a los acusados por delitos de lesa humanidad, el jefe de la V Brigada de Montaña de Salta, Jorge Altieri, quiso homenajear a Rodolfo Wehner, procesado por secuestros. Garré no lo autorizó.
Por Nora Veiras
El jefe de la V Brigada de Montaña de Salta, general Jorge Enrique Altieri, pidió el pase a retiro porque la ministra de Defensa, Nilda Garré, no lo autorizó a velar con honores al general retirado Rodolfo Wehner, procesado por 154 secuestros. Altieri había sido ascendido en diciembre pasado y le había ofrecido a la familia de Wehner realizar el velorio en el Regimiento de Caballería Ligero 5 “General Güemes”. Una resolución firmada por Garré establece que ese privilegio está vedado para los imputados en causas por delitos de lesa humanidad. Los allegados a Altieri hicieron trascender que estaba “harto de ser funcional a la destrucción de las Fuerzas Armadas”. En el Edificio Libertador evaluaron como “exagerada e impropia” la reacción del general. Un camarada interpretó que “es evidente que es una muestra de rechazo a la política de derechos humanos del Gobierno”. Garré dijo que “por suerte la gran mayoría de las Fuerzas Armadas cree que éste es un capítulo vergonzoso que hay que cerrar con justicia” (ver aparte).
Altieri fue uno de los coroneles propuestos para ser ascendidos a general por el ex jefe del Ejército Roberto Bendini y por su sucesor, Luis Pozzi. “Es un hombre poco flexible, pero hasta ahora podíamos decir que ideológicamente no estaba en ningún lado”, comentó un alto oficial que creía conocerlo. Altieri le pidió autorización al comandante del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, Carlos Pedro Artuso, para realizar el velatorio con honores. La respuesta fue que se comunicara directamente con el Estado Mayor Conjunto. En un par de horas, Altieri recibió la orden de no avanzar en esa ceremonia.
Guillermo Wehner, el hijo de uno de los jefes de las siete áreas en que se dividió la represión ilegal en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, calificó como “una gran injusticia” la decisión de Garré. En diálogo con Radio 10, Wehner dijo que “es un orgullo” contar con generales como Altieri pero que le causó “dolor perder hoy a un general”.
La esposa de Wehner, Lucrecia Milagro Grande, fue quien pidió la ceremonia con honores. Reina de Belleza en su juventud y perteneciente a una de las familias tradicionales de Salta, daba por descontado el beneplácito de las autoridades. El apoyo de los militares retirados y el acompañamiento de la prensa local tornaban inconcebible un rechazo. Para entender lo que estaba pasando, su hijo recomendó un artículo de El Tribuno, titulado “La montonera que se hizo jefa”, en alusión a Garré.
Prontuario
Wehner es uno de los seis acusados por 154 secuestros en la causa a cargo del Tribunal Oral Federal 5 en la que el principal imputado es el general retirado Jorge Olivera Róvere, ex segundo comandante del I Cuerpo y jefe de la subzona Capital de la represión ilegal durante la última dictadura.
Como ex jefe del Regimiento de Granaderos “General San Martín” y del área militar III desde el golpe de marzo de 1976 hasta fines de 1977, a Wehner se le imputaban 51 privaciones ilegales de la libertad. Bajo esa jurisdicción represiva funcionaron centros clandestinos de detención, torturas y exterminio como los denominados Club Atlético, El Banco y Olimpo.
El 24 de marzo de 1976, Wehner estaba al frente de los Granaderos que custodiaban a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. No intervino en su detención porque la sacaron de la Casa Rosada directamente en helicóptero y la recluyeron en la residencia de descanso oficial El Mecidor, en Villa La Angostura.
El proceso contra Wehner estaba suspendido por razones de salud. En realidad, había sido recluido con prisión domiciliaria, pero a raíz de su tratamiento de diálisis había sido beneficiado. Altieri habría discutido con su superior directo, el jefe del III Cuerpo, porque alegó que tiene que primar la presunción de inocencia. “No tuvo en cuenta que estaba procesado por más de cincuenta secuestros”, señaló un abogado que recordó la responsabilidad como responsable de área de Wehner.
El protocolo castrense sigue vigente aunque ha sido restringido en los últimos años. En 2003, el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri fue velado con honores y despedido por el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien lo definió como “un soldado disciplinado”. Murió mientras cumplía prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad, pero como mantenía el grado y no tenía una condena firme cumplieron con el ritual vigente. Desde la asunción de Garré se prohibió el reconocimiento a los imputados en causas por violaciones a los derechos humanos. Hasta el planteo de Altieri no habían aparecido reclamos de familiares que querían despedir con honores a los represores pese a que fueron varios los que fallecieron en los últimos años.
La inhumación de los restos de Wehner en el cementerio privado Virgen de la Misericordia fue acompañado por unas 160 personas, entre ellos cinco oficiales en actividad y varios retirados. Todos vestían uniforme, tal como lo estipula el reglamento vigente. El general Altieri asistió junto a un grupo de camaradas.
El desenlace del caso Wehner puso en evidencia que todavía quedan pendientes privilegios que sólo se justifican como una rémora del pasado. Garré repite que los militares son ciudadanos que visten uniforme. Ningún otro empleado público recibe honores por el sólo hecho de morirse.
lunes, 8 de junio de 2009
mujeres argentinas
Hebe y Moria
Escribí hace poco tiempo que Moria Casán ya dejó de camuflar bajo sus mentadas transgresiones para exhibirse como una mujer de derecha. No descubrí la pólvora, ella lo dice públicamente. Pero la gente de la televisión tiene un fantasma tremendo: dejar de estar en televisión. Uno de los recursos para mantener “vigencia” es hacer escandaletes, para que Jorge Rial o similares les den pantalla. Estos días, Moria Casán protagonizó una de las escenas más obscenas que se han visto, fingiendo –encima espantosamente– un orgasmo después de basurear y humillar a Hebe de Bonafini, cuya fotografía habla en el programa de Pettinato.
Quedará eso de Moria Casán: una vedette entrada en años y en lucha abierta y feroz contra su propia vejez, escupiendo a una mujer que pasará a la historia, como todas las Madres y Abuelas. Pasarán años, siglos, y si este planeta sigue en su órbita nuevos argentinitos aprenderán en la escuela que hubo una vez un gobierno surgido de un golpe de Estado, que secuestró y asesinó a una generación de opositores políticos. Los niños verán luego, quién sabe en qué tipo de pantalla, imágenes de mujeres con el pañuelo blanco en la cabeza. Y sabrán que hubo unos años en los que todo este país, incluidos los grandes diarios y las radios, siguió viviendo como si en la otra cuadra nunca hubiera habido una frenada y disparos, como si el compañero de la oficina o la profesora de música o el almacenero o el abogado o el estudiante que todo el mundo conoció nunca hubiesen desaparecido. Leerán en sus libros de texto, los nuevos argentinitos, que cuando todas las puertas se habían cerrado, incluso las de muchos amigos, esas mujeres fueros las primeras que gritaron. Y que nunca pidieron venganza, y que decían la verdad cuando pedían justicia, porque era eso lo que pedían: que se juzgara a quienes habían matado a sus hijos y nunca lo confesaron. Nunca. Porque los niños deberán entender que un desaparecido, y fueron 30 mil, es entre otras cosas un muerto que nunca se deja de llorar.
Las Madres y las Abuelas han sido lo mejor de nosotros, en el único conjunto posible en la Argentina. Un nosotros que no admita que ellas son el símbolo de lo mejor que tenemos, que es su dolor, su lucha y su reclamo de justicia, el gesto más civilizado, más elaborado de todos los que nos ofrece nuestra historia reciente, plagada de violencia y desprecio por la vida.
De Moria Casán se perderán las fotos y las películas. Poco a poco el tiempo irá enterrando la imagen y el recuerdo de una mujer que tuvo una playa en Mar del Plata donde otras mujeres tomaban sol en tetas.
Por Sandra Russo
Página|12
Escribí hace poco tiempo que Moria Casán ya dejó de camuflar bajo sus mentadas transgresiones para exhibirse como una mujer de derecha. No descubrí la pólvora, ella lo dice públicamente. Pero la gente de la televisión tiene un fantasma tremendo: dejar de estar en televisión. Uno de los recursos para mantener “vigencia” es hacer escandaletes, para que Jorge Rial o similares les den pantalla. Estos días, Moria Casán protagonizó una de las escenas más obscenas que se han visto, fingiendo –encima espantosamente– un orgasmo después de basurear y humillar a Hebe de Bonafini, cuya fotografía habla en el programa de Pettinato.
Quedará eso de Moria Casán: una vedette entrada en años y en lucha abierta y feroz contra su propia vejez, escupiendo a una mujer que pasará a la historia, como todas las Madres y Abuelas. Pasarán años, siglos, y si este planeta sigue en su órbita nuevos argentinitos aprenderán en la escuela que hubo una vez un gobierno surgido de un golpe de Estado, que secuestró y asesinó a una generación de opositores políticos. Los niños verán luego, quién sabe en qué tipo de pantalla, imágenes de mujeres con el pañuelo blanco en la cabeza. Y sabrán que hubo unos años en los que todo este país, incluidos los grandes diarios y las radios, siguió viviendo como si en la otra cuadra nunca hubiera habido una frenada y disparos, como si el compañero de la oficina o la profesora de música o el almacenero o el abogado o el estudiante que todo el mundo conoció nunca hubiesen desaparecido. Leerán en sus libros de texto, los nuevos argentinitos, que cuando todas las puertas se habían cerrado, incluso las de muchos amigos, esas mujeres fueros las primeras que gritaron. Y que nunca pidieron venganza, y que decían la verdad cuando pedían justicia, porque era eso lo que pedían: que se juzgara a quienes habían matado a sus hijos y nunca lo confesaron. Nunca. Porque los niños deberán entender que un desaparecido, y fueron 30 mil, es entre otras cosas un muerto que nunca se deja de llorar.
Las Madres y las Abuelas han sido lo mejor de nosotros, en el único conjunto posible en la Argentina. Un nosotros que no admita que ellas son el símbolo de lo mejor que tenemos, que es su dolor, su lucha y su reclamo de justicia, el gesto más civilizado, más elaborado de todos los que nos ofrece nuestra historia reciente, plagada de violencia y desprecio por la vida.
De Moria Casán se perderán las fotos y las películas. Poco a poco el tiempo irá enterrando la imagen y el recuerdo de una mujer que tuvo una playa en Mar del Plata donde otras mujeres tomaban sol en tetas.
Por Sandra Russo
Página|12
viernes, 5 de junio de 2009
no a la prision domiciliaria!!!!!
Petitorio para firmar por cárcel a Menéndez
Ante la gravedad que representa la posibilidad de que Menéndez y otros genocidas, obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria convocamos a la sociedad en su conjunto a expresar su rechazo a esta decisión.
Hemos realizado marchas y distintas presentaciones judiciales con el único objetivo de defender un fallo histórico que hace un año envió a ocho genocidas al penal de Bouwer.
En esta ocasión convocamos a todos aquellos que se sientan identificados con esta demanda a suscribir el petitorio que el próximo martes presentaremos a la Cámara Federal de Córdoba.
Esta Cámara tiene en sus manos la posibilidad de revocar la decisión de la jueza de primera instancia, Cristina Garzón de Lascano, y ordenar que los imputados por delitos de Lesa Humanidad cumplan sus prisiones preventivas en cárceles comunes y no en sus casas.
Aprovechamos también para invitarlos a apropiarse de esta iniciativa y reenviar este correo a todos sus contactos. Estamos convencidos que el único camino para vencer a la impunidad es el compromiso y la participación.
Para suscribir enviar un correo a: carcelamenendez@gmail.com con el Apellido, Nombre y DNI.
h.i.j.o.s. cordoba
Ante la gravedad que representa la posibilidad de que Menéndez y otros genocidas, obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria convocamos a la sociedad en su conjunto a expresar su rechazo a esta decisión.
Hemos realizado marchas y distintas presentaciones judiciales con el único objetivo de defender un fallo histórico que hace un año envió a ocho genocidas al penal de Bouwer.
En esta ocasión convocamos a todos aquellos que se sientan identificados con esta demanda a suscribir el petitorio que el próximo martes presentaremos a la Cámara Federal de Córdoba.
Esta Cámara tiene en sus manos la posibilidad de revocar la decisión de la jueza de primera instancia, Cristina Garzón de Lascano, y ordenar que los imputados por delitos de Lesa Humanidad cumplan sus prisiones preventivas en cárceles comunes y no en sus casas.
Aprovechamos también para invitarlos a apropiarse de esta iniciativa y reenviar este correo a todos sus contactos. Estamos convencidos que el único camino para vencer a la impunidad es el compromiso y la participación.
Para suscribir enviar un correo a: carcelamenendez@gmail.com con el Apellido, Nombre y DNI.
h.i.j.o.s. cordoba
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