viernes, 31 de julio de 2009
convocatoria
Desde la Multisectorial contra la Impunidad convocamos a estar presentes el día Viernes 7 de Agosto a las 10.00hs en el Tribunal Oral Federal Nº 1 donde tendrá lugar la lectura de los fundamentos del Fallo de 1º instancia que con los votos de los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo se absolvió al Coronel Alejandro Duret y otorgó prisión domiciliaria al General Pedro Mansilla en la causa por la desaparición de Carlos Alberto Labolita, ocurrida el 25 de abril de 1976 en la cuidad de Las Flores.
Convocamos a estar presentes para expresar nuestro más enérgico repudio a este fallo y Exigimos:
Cárcel común perpetua y efectiva a los Genocidas Alejandro Duret y Pedro Pablo Mansilla.
Cárcel común perpetua y efectiva a TODOS LOS GENOCIDAS.
El Inmediato desmantelamiento del Aparato Represivo
Unificación de los Juicios por Centros Clandestinos de detención, tortura y extermino.
Protección, acompañamiento y solidaridad con los testigos, querellantes y abogados que llevan adelante causas contra Delitos de Lesa Humanidad
Apertura de los archivos
Aparición con Vida de Jorge Julio Lopez
Multisectorial contra la Impunidad:
Madres de Plaza de Mayo
Abuelas de Plaza de Mayo
HIJOS Regional Mar del Plata
Familiares de detenidos-desaparecidos
APDH Asamblea permanente de los derechos humanos
Centro de Estudiantes Humanidades
Centro de estudiantes de Económicas
Centro de estudiantes Ingeniería.
Centro de estudiantes Psicología
Movimiento de estudiantes de Psicología.
Agrupación CAUSES
CEPA corriente estudiantil popular antiimperialista
Movimiento Universitario SUR
Concejal Verónica Beresiarte
Nuevo Encuentro
Encuentro por la democracia y la equidad.
JCR Juventud Comunista Revolucionaria.
Libres del Sur
Barrios de Pie
Jóvenes de Pie
Movimiento Evita
FM de la Azotea 88.7
Centro comunitario nuestra señora de Luján
Grupo de Teatro Vulcanché
Teatro de la Universidad ( UNMDP)
Comisión de Teatro X la Identidad Mar del Plata
Asociación Argentina de Actores Delegación Mar del Plata
Teatro Loco- Mun
Centro Cultural América Libre
Centro Cultural Séptimo Fuego
Murga los Bakanes de Aeroparque
MO.DA.CU.NA Movimiento a la defensa a la cultura nacional
Eleonora Alais (Querellante causa “La cueva”)
César Roman (Querellante en la causa por violación a los derechos humanos, Pcia de Entre Ríos)
Fabio Gonta (docente)
Actores autoconvocados: Jorge Garcia, Pablo Tambela, Beba Basso, Esteban Padín, Carla Rossi, Marcelo Marán, Silvia Ferragine, Pablo Gil Villafañe, Victoria Padín, Jose Luis Britos, Martin Cittadino, Fernando Castillo, Pablo Guzzo, Viviana Ruiz , Antonio Monaco, Yanina Rossi, Enrique Baigol, Alicia Falcon, SilviaUrquia, Carlos Torreiro, Felix Bello, Blanca Caraccia, Marcelo Cañete, Federico Polleri, Daniel Di Lorenzo, Gabriel Di Lorenzo, Belen Manetta
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decimos
EL TRIBUNAL ORAL DE MENDOZA UNIFICA CAUSAS A REPRESORES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El mendocino sería el tercer juicio oral para Luciano Benjamín Menéndez.
El proceso abarcará las 16 causas elevadas hasta el momento. El juez de primera instancia rechaza acumular los expedientes.
Una decena de represores, incluido el condenado Luciano Benjamín Menéndez, afrontará en los próximos meses el primer juicio por crímenes de lesa humanidad de Mendoza. Si bien el proceso no tiene fecha confirmada de inicio, trascendió la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de unificar en un mismo proceso oral y público las 16 elevaciones parciales recibidas hasta el momento, referidas a secuestros, torturas y asesinatos durante la última dictadura. La medida no se funda en criterios de acumulación por centro clandestino o por operativos militares, como han solicitado históricamente los organismos, pero evita los juicios por goteo, con imputados aislados y testigos obligados a peregrinar por tribunales.
El juez federal Walter Bento, que interviene en primera instancia en estas investigaciones, en tanto, rechazó sin fundamentos los criterios de acumulación solicitados en abril por representantes del Ministerio Público fiscal para agilizar instrucciones, elevar la mayor cantidad de casos y evitar el peregrinaje de testigos en distintos juicios. El reclamo había sido formulado por el fiscal general Omar Palermo, coordinador de la oficina de asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos de Mendoza, junto a las fiscales federales María Alejandra Obregón y María Gloria André. El extenso escrito destacaba la importancia de juzgar a los militares en plazos razonables y evitar la revictimización de testigos y familiares.
Los fiscales señalaron que la negativa de Bento “carece de fundamentación”, hicieron pública su “desilusión” y su “preocupación por la suerte presente y futura de estos procesos”, y le solicitaron al magistrado la delegación de todos los legajos que no tienen aún imputados identificados. Según un estudio de la oficina que conduce Palermo, “sólo el 10,5 por ciento del total de causas iniciadas en febrero de 2006 se encuentra en condiciones de realizar el juicio oral y el 36 por ciento se encuentra sin imputación o sin identificación de presuntos responsables”.
Los reclamos del Ministerio Público para lograr concretar juicios significativos no sólo están destinados a Bento. Los fiscales generales Palermo y Jorge Auat, titular de la unidad destinada a causas de lesa humanidad a nivel nacional, esperan desde marzo que la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus facultades de superintendencia, intervenga y exija el cumplimiento de los procedimientos legales en la designación de los conjueces que reemplazan a los recusados camaristas Alfredo López Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra, que en noviembre liberaron a los últimos dos represores presos de la provincia. El Ministerio Público destacó en su escrito que “la metodología utilizada se aparta claramente de la normativa legal” e implica un caso “de gravedad institucional”, dado que ante un pedido de nulidad de las defensas “acarrearía nuevos y graves retardos, incompatibles con la acordada 42/08” de la propia Corte, que reclamaba celeridad en los juicios de lesa humanidad.
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Feroz represión en la ruta a Tegucigalpa
El maestro de escuela Roger Vallejos recibió un balazo en la cabeza y fue llevado al Hospital Escuela de la zona para ingresar inmediatamente al quirófano. Según versiones no confirmadas al cierre de esta edición, Vallejos ya habría muerto.
La dictadura de Honduras salió ayer a reprimir con todo. Como cada día desde el golpe de Estado del 28 de junio, cientos de manifestantes agrupados en el Frente Nacional de Resistencia salieron a protestar a las calles de Tegucigalpa. Pero esta vez el asfalto terminó lleno de sangre. “Llegaron unos 800 policías y militares. Y ahí nomás nos empezaron a apalear con una brutalidad increíble. Cuando vieron que resistíamos, se empezaron a oír disparos”, le dijo a Página/12 vía telefónica desde la comisaría 4ª del barrio de Belén en Tegucigalpa Juan Barahona, dirigente del Bloque Popular que fue detenido por la policía. “Nos golpearon como nunca lo habían hecho. Nos trataron como animales. Pero estos oligarcas no van a poder aplastar al pueblo”, aseguró el dirigente. El maestro de escuela Roger Vallejos recibió un balazo en la cabeza y fue llevado al Hospital Escuela de la zona para ingresar inmediatamente al quirófano. Según versiones no confirmadas al cierre de esta edición, Vallejos ya habría muerto. Al menos 250 personas fueron detenidas, entre ellas Carlos Reyes, dirigente popular y candidato independiente a las elecciones presidenciales de noviembre, que terminó con siete puntos en la cabeza. Hay decenas de heridos, seis de ellos de gravedad.
A más de un mes del golpe, el objetivo de la protesta había sido cortar la ruta que conecta la capital hacia el norte con la ciudad de San Pedro Sula. El punto elegido fue un pueblo conocido como la posta El Durazno, a 20 kilómetros de Tegucigalpa. En su mayoría trabajadores de sindicatos estatales y maestros nucleados en el Bloque Popular, unos dos mil manifestantes llegaron a la ruta alrededor de las 8 de la mañana. El piquete fue en simultáneo con otros bloqueos en Comayagua, en la zona central, El Amarillo, en la frontera sur con El Salvador, y en San Pedro Sula, segunda ciudad e importante centro industrial, en el norte.
Pero a las 11 de la mañana, El Durazno se transformó en una batalla campal. Llegaron las fuerzas antimotines de la policía y el ejército y no hubo ningún intento de diálogo. “La orden es desalojar y velar por la libre circulación de personas y vehículos”, había advertido minutos antes un comunicado del Ministerio de Seguridad. Apoyados por tanques hidráulicos, cientos de efectivos se lanzaron sobre la multitud.
“Los agentes y militares nos dispararon con balas de goma y otras de plomo, lanzaron bombas lacrimógenas desde un helicóptero, impidieron que los heridos recibieran atención médica y nos persiguieron varios kilómetros”, relató el candidato presidencial Carlos Reyes.
Según le explicó a este diario el dirigente sindical Barahona, la gente empezó a correr hacia el barrio conocido como Zonal Belén, en dirección a la capital, pero la policía los persiguió hasta allí, los alcanzó cerca del mercado local y los siguió apaleando. Después se los llevaron. Se necesitaron diez patrullas de policía y dos buses repletos. Y no alcanzó: algunos tuvieron que marchar por el borde de la ruta con los pies encadenados.
La represión de ayer marcó un cambio, ya que la policía, hasta ahora, vigilaba de cerca pero no impedía los cortes de ruta. Según un diplomático extranjero en Tegucigalpa, la dictadura comandada por Micheletti decidió comenzar a reprimir debido a las quejas de los empresarios, que dicen que los cortes de caminos les causan pérdidas millonarias.
Mientras tanto, desde el puesto fronterizo de Las Manos, del lado nicaragüense en la frontera, Zelaya anunció ayer que volverá mediante un acuerdo político, pero con la fuerza del pueblo organizado en milicias populares. “La fuerza y la milicia popular que va a apoyar a este presidente en su retorno son ustedes, compañeros”, les dijo a los casi 300 campesinos que lo acompañan en su exilio. “Este es el ejército popular y pacífico que necesita nuestro país para defender sus conquistas y sus derechos. Nos entrenaremos con las mejores armas, que son la razón y la verdad”, aseguró el mandatario.
Según allegados a Zelaya, el líder hondureño ya estaría en tratativas con agentes del gobierno sandinista para trasladarse junto a sus seguidores a una finca en la zona de la frontera y así comenzar el “entrenamiento ideológico” de sus seguidores.
Informe: Martín Suaya.
La dictadura de Honduras salió ayer a reprimir con todo. Como cada día desde el golpe de Estado del 28 de junio, cientos de manifestantes agrupados en el Frente Nacional de Resistencia salieron a protestar a las calles de Tegucigalpa. Pero esta vez el asfalto terminó lleno de sangre. “Llegaron unos 800 policías y militares. Y ahí nomás nos empezaron a apalear con una brutalidad increíble. Cuando vieron que resistíamos, se empezaron a oír disparos”, le dijo a Página/12 vía telefónica desde la comisaría 4ª del barrio de Belén en Tegucigalpa Juan Barahona, dirigente del Bloque Popular que fue detenido por la policía. “Nos golpearon como nunca lo habían hecho. Nos trataron como animales. Pero estos oligarcas no van a poder aplastar al pueblo”, aseguró el dirigente. El maestro de escuela Roger Vallejos recibió un balazo en la cabeza y fue llevado al Hospital Escuela de la zona para ingresar inmediatamente al quirófano. Según versiones no confirmadas al cierre de esta edición, Vallejos ya habría muerto. Al menos 250 personas fueron detenidas, entre ellas Carlos Reyes, dirigente popular y candidato independiente a las elecciones presidenciales de noviembre, que terminó con siete puntos en la cabeza. Hay decenas de heridos, seis de ellos de gravedad.
A más de un mes del golpe, el objetivo de la protesta había sido cortar la ruta que conecta la capital hacia el norte con la ciudad de San Pedro Sula. El punto elegido fue un pueblo conocido como la posta El Durazno, a 20 kilómetros de Tegucigalpa. En su mayoría trabajadores de sindicatos estatales y maestros nucleados en el Bloque Popular, unos dos mil manifestantes llegaron a la ruta alrededor de las 8 de la mañana. El piquete fue en simultáneo con otros bloqueos en Comayagua, en la zona central, El Amarillo, en la frontera sur con El Salvador, y en San Pedro Sula, segunda ciudad e importante centro industrial, en el norte.
Pero a las 11 de la mañana, El Durazno se transformó en una batalla campal. Llegaron las fuerzas antimotines de la policía y el ejército y no hubo ningún intento de diálogo. “La orden es desalojar y velar por la libre circulación de personas y vehículos”, había advertido minutos antes un comunicado del Ministerio de Seguridad. Apoyados por tanques hidráulicos, cientos de efectivos se lanzaron sobre la multitud.
“Los agentes y militares nos dispararon con balas de goma y otras de plomo, lanzaron bombas lacrimógenas desde un helicóptero, impidieron que los heridos recibieran atención médica y nos persiguieron varios kilómetros”, relató el candidato presidencial Carlos Reyes.
Según le explicó a este diario el dirigente sindical Barahona, la gente empezó a correr hacia el barrio conocido como Zonal Belén, en dirección a la capital, pero la policía los persiguió hasta allí, los alcanzó cerca del mercado local y los siguió apaleando. Después se los llevaron. Se necesitaron diez patrullas de policía y dos buses repletos. Y no alcanzó: algunos tuvieron que marchar por el borde de la ruta con los pies encadenados.
La represión de ayer marcó un cambio, ya que la policía, hasta ahora, vigilaba de cerca pero no impedía los cortes de ruta. Según un diplomático extranjero en Tegucigalpa, la dictadura comandada por Micheletti decidió comenzar a reprimir debido a las quejas de los empresarios, que dicen que los cortes de caminos les causan pérdidas millonarias.
Mientras tanto, desde el puesto fronterizo de Las Manos, del lado nicaragüense en la frontera, Zelaya anunció ayer que volverá mediante un acuerdo político, pero con la fuerza del pueblo organizado en milicias populares. “La fuerza y la milicia popular que va a apoyar a este presidente en su retorno son ustedes, compañeros”, les dijo a los casi 300 campesinos que lo acompañan en su exilio. “Este es el ejército popular y pacífico que necesita nuestro país para defender sus conquistas y sus derechos. Nos entrenaremos con las mejores armas, que son la razón y la verdad”, aseguró el mandatario.
Según allegados a Zelaya, el líder hondureño ya estaría en tratativas con agentes del gobierno sandinista para trasladarse junto a sus seguidores a una finca en la zona de la frontera y así comenzar el “entrenamiento ideológico” de sus seguidores.
Informe: Martín Suaya.
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Los DD.HH. en Santa Fe
El Archivo Nacional por la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe firmaron un convenio por el cual ambas partes se comprometieron a “realizar acciones de colaboración entre las partes” con la finalidad de preservar, clasificar y archivar documentación relacionada con el terrorismo de Estado. El acuerdo es “muy importante porque podemos contar con la experiencia del personal capacitado para potenciar el aporte a los juicios de lesa humanidad, que comienzan en agosto”, según explicó la secretaria de Derechos Humanos santafesina, Rosa Acosta.
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jueves, 30 de julio de 2009
MARCHA CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Más de 40 organizaciones se movilizarán hoy al gobierno porteño. Repudiarán la amenaza de reprimir las manifestaciones, la designación de Jorge “Fino” Palacios y el accionar de la UCEP. También denunciarán recortes en las áreas sociales.
La gestión PRO sembró la amenaza de que la Policía Metropolitana va a mantener “liberadas” de piquetes las calles y cosechó una buena cantidad de manifestaciones. En repudio a las declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; a la designación de Jorge “Fino” Palacios como jefe de policía; y a la UCEP marcharán hoy más de 40 organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, reunidas en la coordinadora “La dignidad no se privatiza”. Denunciarán los recortes sociales del gobierno de Mauricio Macri, que “no tiene plata para la educación, pero sí para reprimir”. En tanto, el 7 de agosto, el dirigente piquetero Raúl Castells piensa marchar por la ciudad “sin pedir permiso”.
Un día después de presentar en sociedad la nueva policía, Montenegro aseguró que “sí o sí hay que poner orden. Hacer cesar la infracción, liberando la vía que está ocupada”. Como consignó este diario, el ministro macrista se ganó una catarata de críticas en el mismo día. Hoy tendrá, además, la primera marcha en repudio la Policía Metropolitana. La manifestación será hoy a las 17 e irá del Obelisco al Palacio de Gobierno. La convoca la coordinadora “La dignidad no se privatiza”, que integran sindicatos docentes, como Ademys, y organizaciones sociales como el Frente Popular Darío Santillán, el Bloque Piquetero Nacional y Corriente Clasista y Combativa y otras 40 organizaciones. La coordinadora ya hizo otras dos marchas para reclamar que se disuelva la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), que tiene varias denuncias ante la Defensoría del Pueblo porteña por desalojos violentos de personas sin techo.
“Repudiamos los dichos de Montenegro que, cuando no está todavía la policía en la calle, está diciendo que la va a usar para reprimir piquetes”, planteó Karina Olivares, vocera de la coordinadora. “Se gastaron un montón de plata en la última tecnología para disciplinar a la sociedad, les dieron los uniformes a quienes estuvieron involucrados en los atentados de la AMIA y, por otra parte, recortaron los programas de niñez y adolescencia, están paradas las obras de infraestructura en las escuelas y están prometiendo desalojos masivos. Sabemos que Macri representa el recorte de todos los derechos sociales del pueblo. Pero detrás no hay sólo una ideología reaccionaria, sino también negociados”, advirtió.
En tanto, Castells ya anunció que tiene pensado marchar “sin permiso” el viernes 7 de agosto al Palacio de Tribunales y a la Anses para reclamar el pago del 82 por ciento móvil a los jubilados. “Nos parece burdo y ridículo que a gente que no le cumplen con resoluciones de la Corte Suprema, además la obliguen a tener que pedir permiso para protestar con lo que el Estado no cumple”, razonó Castells ante Página/12. “En Capital Federal están todos los ministerios, la Casa Rosada. Va a haber marchas contra el gobierno nacional y el de la ciudad en forma permanente”, anunció el dirigente, y sugirió irónicamente que, si no quieren molestias, trasladen “el Gobierno a otro lugar de la Argentina”.
“No se busca la criminalización de la protesta social. Esta no es una policía con la única función de reprimir una protesta. Eso es una locura. Acá hay que cumplir con la ley”, se defendió ayer Montenegro, pero los opositores siguieron haciendo fila para contestarle por su frase sobre “poner orden”. “Eso es la vieja Doctrina de la Seguridad Nacional, son las palabras que usaban los represores ya repudiados por la mayoría de la población argentina”, le enrostró María Elena Naddeo, legisladora electa de Diálogo por Buenos Aires.
El legislador de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya consideró que “no nos parece importante que se monte una policía que cuesta 500 millones para resolver el problema de las marchas”. “No nos hace falta una Gendarmería nueva en la ciudad”, afirmó el kirchnerista Juan Manuel Olmos. “Se está formando una fuerza policial con los vicios, con los métodos y con las formas que ya tienen las viejas policías”, consideró el ex ibarrista Gonzalo Ruanova. “Lo que hizo Montenegro fue exponer con transparencia cuál es la razón por la que crearon esta maldita Policía Metropolitana –advirtió la legisladora de Nueva Izquierda Patricia Walsh–. La crearon para contar con mejores instrumentos que la UCEP, para ‘limpiar’ el espacio público, para reprimir.”
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Nora Cortiñas: "Están creando un estado de terror dentro de Honduras"
(Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, denunció la irrupción de grupos paramilitares y parapoliciales en Honduras)
A las denuncias de homicidios, torturas y detenciones en Honduras, se sumó en las últimas horas el dramático pedido de diversas organizaciones sociales para terminar con la represión y la emergencia humanitaria que padecen cientos de seguidores de Manuel Zelaya que acudieron a la frontera con Nicaragua en respuesta al llamado del presidente depuesto.
“Se está creando un estado de terror”, advierte desde Honduras a Críticadigital Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de Diálogo 2000 – Jubileo Sur. Cortiñas viajó a ese país centroamericano en el marco de una misión humanitaria internacional para observar cuán maltrechos quedaron los derechos humanos tras el golpe cívico-militar que derrocó, hace poco más de un mes, a las autoridades constitucionales.
¿Cuál es la situación que encontró al llegar a Honduras?
El país está bajo los efectos de un golpe de Estado muy fuerte. El gobierno de facto prolongó el toque de queda con la intención de impedir las movilizaciones y detener arbitrariamente a los que denuncian sus vejaciones. Observamos que se está creando un estado de terror. Hora tras hora, nos enteramos de gente que fue asesinada. Este golpe es un claro retroceso después de años de lucha y enfrentamiento contra las dictaduras de América latina y las de Argentina, en particular.
¿Qué está pasando en la frontera con Nicaragua, donde se concentró parte de la resistencia civil contra los golpistas?
Logramos llegar anteayer, luego de pasar muchos retenes militares en el camino desde Tegucigalpa (la capital hondureña). Allí hay unas dos mil personas que acudieron al llamado del presidente Zelaya y que se encuentran en situación de emergencia humanitaria debido a que las Fuerzas Armadas impidieron que se les diera agua, alimentos y abrigo. El día anterior a nuestro arribo, los militares habían sacado a parte de la gente con gases y golpes. Muchas personas debieron refugiarse en las montañas. A otras se los llevaron en colectivos y camiones. Pero todavía quedan muchas resistiendo. Y en estos momentos está saliendo otra caravana hacia allí (la entrevista fue hecha a las 20:00 horas del miércoles).
¿Qué denuncias recogieron hasta ahora?
Hay más de doscientas personas detenidas. Días pasados, un joven que había sido detenido por militares cuando se dirigía a la frontera apareció torturado y asesinado cerca de un destacamento policial. Nadie se hace cargo de quién lo mató. También hay denuncias sobre la acción de francotiradores, que mataron a tres personas en otra movilización en reclamo a la restitución de Zelaya. No pudimos constatar denuncias de desapariciones. Nuestra misión es humanitaria y de acompañamiento. Básicamente, venimos a relevar qué ayuda es necesaria.
¿Cuál es la respuesta que observa en la población frente a los golpistas?
Estuvimos reunidos con el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que está integrado por diversos gremios hondureños y tienen un claro planteo contra la dictadura. Notamos que las mujeres están muy fuertes y decididas. Una gran mayoría de la población apoya la restitución del presidente constitucional. Pero también hay una gran derecha, como la que hay en la Argentina, que armó como una Triple A para perseguir a quienes se resisten al golpe. No se sabe si son paramilitares o parapoliciales. Lo cierto es que se visten de blanco, están encapuchados y anteayer, por ejemplo, hicieron una acción muy violenta contra la mujer de Zelaya en el hotel donde está alojada. Cuando nuestra misión regresaba de la frontera, nos paraban policías encapuchados. Y cuando les pregunté por qué ocultaban la cara, me respondieron “somos la contrainsurgencia”. Por otra parte, hay algunos legisladores independientes que anunciaron que no volverán al Congreso hasta que sea restituido el presidente constitucional.
¿Qué opinión tiene de la mediación del presidente costarricense Oscar Arias?
Lo encuentro zigzagueante y no me gustó sus dudas en llamar, como corresponde, golpe de Estado a la situación política que se vive en este país. La propuesta de diálogo está bien, pero debe ser reconocido que Zelaya fue expulsado de manera inconstitucional e inmoral de su casa, de su familia y de su país. Esto es un dato central a la hora de tratar con la dictadura. Si esto no termina cuanto antes, puede replicarse en otros países. Hay que hacer un boicot económico para hacer sentir al régimen la fuerza del repudio. No alcanza con la cancelación de visas que anunció Estados Unidos a un grupo de funcionarios golpistas. No hubiera habido golpe de Estado sin apoyo de una parte del Departamento de Estado y algunos sectores políticos y económicos de Estados Unidos. Los golpistas deberán ser juzgados por los crímenes que están cometiendo.
OBJETIVOS DE LA MISIÓN. La presencia de Cortiñas en Honduras se inscribe en la misión internacional de solidaridad y acompañamiento que impulsa la Red Birregional Europa - América Latina y el Caribe "Enlazando Alternativas". Las diversas organizaciones sociales y políticas que la integran exigen el cese de las violaciones de derechos humanos y la adopción de "sanciones reales" contra el gobierno de facto para restablecer el orden constitucional y la democracia.
Además de integrar Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Cortiñas es una activa participante de Diálogo 2000 - Jubileo Sur, una red creada por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel para investigar y denunciar la explotación que se deriva a partir de la deuda externa en los países latinoamericanos
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miércoles, 29 de julio de 2009
SEGUNDO JUICIO POR LA REPRESION ILEGAL EN CORRIENTES
La semana próxima comienza en Corrientes el segundo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en esa provincia. El martes 4 de agosto estará sentado en el banquillo de los acusados Diego Manuel Ulibarrie, un ex funcionario policial procesado por gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de cuatro víctimas, entre ellas los desaparecidos Vicente “Cacho” Ayala, un joven abogado correntino; Julio César Barozzi, Orlando Romero y Jorge Saravia Acuña, todos militantes de la Juventud Peronista.
“Terminaban de almorzar en el Club San Martín y se los llevaron de la esquina, al mediodía, a plena luz del día, ante la mirada de varios testigos”, contó María del Rosario “Charito” Ayala, hermana de Cacho. Mencionó además que el secuestro de los cuatro amigos y militantes se produjo el 16 de febrero de 1976 y que se cree “que participaron la Triple A y efectivos del Ejército y la policía”. La mujer confirmó que los jóvenes, que salvo su hermano eran de otras provincias, no fueron vistos nunca más. “Esperamos que se haga justicia aunque hayan pasado 33 años, queremos que se condene a los culpables”, dijo la hermana del joven abogado correntino.
Por su parte, fuentes del Tribunal explicaron que el juicio oral y público tendrá una duración de tres meses, aproximadamente, y se estima que el veredicto podría conocerse en noviembre próximo. Ulibarrie está imputado de haber comandado el operativo junto a personas vestidas con uniformes de la Policía de Corrientes y otras de civil que, portando armas de fuego y con el empleo de violencia física y psíquica, redujeron a cuatro víctimas, a una de las cuales torturaron en cautiverio. Los jóvenes fueron introducidos en un vehículo “que luego emprendiera su marcha desconociéndose hasta hoy el paradero de las víctimas. Por esos hechos el imputado está procesado por privación ilegítima de la libertad en cuatro hechos, con la aplicación de tormentos en un hecho”.
Se trata del segundo juicio que se realizará en Corrientes, ya que hace un año, el 6 de agosto de 2008, el Tribunal condenó a los ex militares Juan Carlos de Marchi, Horacio Losito, Rafael Barreiro y Raúl Reynoso, por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Regimiento de Infantería 9. En aquella oportunidad, la activista castrense Cecilia Pando amenazó de muerte en medio de la sala de audiencias al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a quien le dijo “te voy a matar con mis propias manos”, y a la diputada nacional Victoria Donda, mientras que a los jueces les gritó que eran unos “cobardes”. La sentencia incluyó la absolución del suboficial del Ejército Carlos Roberto Píriz.
“Terminaban de almorzar en el Club San Martín y se los llevaron de la esquina, al mediodía, a plena luz del día, ante la mirada de varios testigos”, contó María del Rosario “Charito” Ayala, hermana de Cacho. Mencionó además que el secuestro de los cuatro amigos y militantes se produjo el 16 de febrero de 1976 y que se cree “que participaron la Triple A y efectivos del Ejército y la policía”. La mujer confirmó que los jóvenes, que salvo su hermano eran de otras provincias, no fueron vistos nunca más. “Esperamos que se haga justicia aunque hayan pasado 33 años, queremos que se condene a los culpables”, dijo la hermana del joven abogado correntino.
Por su parte, fuentes del Tribunal explicaron que el juicio oral y público tendrá una duración de tres meses, aproximadamente, y se estima que el veredicto podría conocerse en noviembre próximo. Ulibarrie está imputado de haber comandado el operativo junto a personas vestidas con uniformes de la Policía de Corrientes y otras de civil que, portando armas de fuego y con el empleo de violencia física y psíquica, redujeron a cuatro víctimas, a una de las cuales torturaron en cautiverio. Los jóvenes fueron introducidos en un vehículo “que luego emprendiera su marcha desconociéndose hasta hoy el paradero de las víctimas. Por esos hechos el imputado está procesado por privación ilegítima de la libertad en cuatro hechos, con la aplicación de tormentos en un hecho”.
Se trata del segundo juicio que se realizará en Corrientes, ya que hace un año, el 6 de agosto de 2008, el Tribunal condenó a los ex militares Juan Carlos de Marchi, Horacio Losito, Rafael Barreiro y Raúl Reynoso, por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Regimiento de Infantería 9. En aquella oportunidad, la activista castrense Cecilia Pando amenazó de muerte en medio de la sala de audiencias al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a quien le dijo “te voy a matar con mis propias manos”, y a la diputada nacional Victoria Donda, mientras que a los jueces les gritó que eran unos “cobardes”. La sentencia incluyó la absolución del suboficial del Ejército Carlos Roberto Píriz.
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y se viene nomás
La advertencia la formuló el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, quien afirmó además que “sí o sí hay que poner orden”. La oposición acusó a la administración macrista de impulsar la criminalización de la protesta social.
Sí o sí hay que poner orden”, sentenció el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien planteó que la nueva Policía Metropolitana va a intervenir en las manifestaciones públicas y piquetes y va a defender el sacrosanto derecho a la circulación por la vía pública. El funcionario de Mauricio Macri advirtió que la policía porteña va a “hacer cesar la infracción, como corresponde, liberando la vía que está ocupada”. La oposición porteña salió a cuestionar las declaraciones del ministro y lo acusó de criminalizar la protesta social.
“Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. No es que la policía va a reprimir, pero hay una ley que dice que las calles tienen que estar liberadas”, advirtió Montenegro, tras presentar a la nueva fuerza policial, que estará en operaciones en octubre. No se trata de una política nueva de PRO: la avanzada sobre las manifestaciones públicas comenzó en septiembre de 2004, cuando el bloque macrista consiguió aprobar un código de contravenciones que endurecía las penas contra los que cortan calles. En ese momento, Macri festejó el “enorme avance para cuidar el espacio público y que no se invada el derecho de los demás”.
Cuando asumió Macri como jefe de Gobierno, el encargado de implementar esa política fue el fiscal general Germán Garavano, que desplegó una ofensiva judicial contra los cortes (ver aparte). En febrero de 2008 se registró el de-salojo violento de los cartoneros que acampaban en Barrancas de Belgrano por el cierre del Tren Blanco. La Guardia de Infantería los echó por la fuerza, sin orden judicial, a los puntapiés y bastonazos. Hubo detenidos y heridos. Los empleados del gobierno porteño tomaron sus pocas pertenencias y las arrojaron a los camiones compactadores de basura, que las trituraron frente a los ojos de sus dueños.
La gestión PRO no volvió a contar con la colaboración de la Federal cuando quiso desalojar las carpas K que se instalaron frente al Congreso durante el conflicto con las entidades rurales. Subsanaron esa carencia en parte con la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), sobre la que existen diversas denuncias en la Defensoría del Pueblo porteña por desalojos violentos a personas sin techo. A esta política, se sumará en octubre la Policía Metropolitana, cuyo flamante jefe, Jorge “Fino” Palacios, viene siendo cuestionado por familiares de víctimas de la AMIA, de la represión del 20 de diciembre y organismos de derechos humanos.
También es criticada por la oposición porteña, que ayer salió al cruce de las nuevas declaraciones de Montenegro, quien aclaró que “lo que uno está intentando es lograr que el conflicto se baje. Sí o sí hay que poner orden”. “Con semejante definición, no asombra la designación del Fino Palacios al frente la Policía Metropolitana”, advirtió el diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano a Página/12. “No hace más que ratificar el componente represivo de la estrategia macrista en la ciudad, donde el sentido de la policía es simplemente favorecer un proceso de represión del conflicto social, tanto de desalojo de calles como de viviendas, como lo han venido haciendo Macri desde la asunción hasta aquí, dejando en la calle a cerca de tres mil familias”, sostuvo Lozano
“Cuando uno recuerda lo que ocurrió cuando asumió De la Rúa o lo de Kosteki y Santillán, llega a la conclusión de que ningún paso de un vehículo vale una vida humana”, remarcó el senador kirchnerista Daniel Filmus. “Hace seis años que se trabaja para resolver los piquetes a través del diálogo (incluso con la 125). Educar a la nueva policía en que la forma de resolver los conflictos es la represión va a generar peores condiciones para la seguridad”, advirtió el ex ministro de Educación.
“Nos hablaron de una policía para mejorar la seguridad en la ciudad de Buenos Aires y ahora parece que va a ser contra los piqueteros”, planteó el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra ante este diario. “Macri ya tiene un grupo que patotea a los cartoneros y ahora quiere darle un perfil propio a la policía de la ciudad dejando a la seguridad en un plano lejano y poniendo por delante la represión a las protestas sociales”, dijo. “Generamos una policía para combatir el delito, no para reprimir la protesta social ni para que sea el último guardián de tipos que no tienen que tener ninguna relación con el Estado, como el Fino Palacios”, remarcó el legislador K Diego Kravetz.
“Quieren convertir a la Metropolitana en una guardia de apoyo a la Federal. La policía no puede ser la demostración de la ineficacia para prever del Gobierno porteño, que más que tener una fuerza de represión, tendría que tener una mesa de conversación. Tuvieron conflictos hasta en la campaña con la carpa de Pino, lo que implica que no tienen un sistema de alerta temprana”, afirmó el legislador de la CTA, Martín Hourest.
“Es una pena que la policía metropolitana esté concebida como una ampliación de la UCEP y que Montenegro la piense para cumplir la ley en un aspecto represivo”, advirtió la legisladora de la Coalición Cívica, Diana Maffía. “Si Montenegro imagina una policía para desalojar piquetes estamos ante un modelo represivo que no va a colaborar para una mejor calidad para los vecinos”, estimó la diputada radical Silvana Giudici. “Es imposible parar la propuesta social ante una situación de crisis como la que hay y ante el incumplimiento del gobierno porteño de todos los planes sociales. Las medidas represivas no dieron resultados y es una de las pocas que me parecen correctas del gobierno nacional”, reconoció el legislador del ARI Facundo Di Filippo, quien estimó que “lo que pretende hacer Montenegro es tapar el sol con un dedo”.
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Por las torturas a Timerman
PRISION DOMICILIARIA PARA EL EX MINISTRO BONAERENSE JAIME SMART
La Cámara Nacional de Casación dispuso la prisión preventiva de Smart, primer funcionario del Ejecutivo provincial de la dictadura en quedar detenido. La querella lamentó que no se ratificara la detención en una cárcel común.
Jaime Lamont Smart se convirtió en el primer funcionario del Poder Ejecutivo provincial de la dictadura en quedar detenido, aunque no en una cárcel sino en su casa. La sala 4 de la Cámara Nacional de Casación dictó ayer la prisión domiciliaria del ex ministro de Gobierno bonaerense, que está procesado por el secuestro y torturas del periodista Jacobo Timerman, entre otros casos. El abogado Alejo Ramos Padilla, que patrocina a Héctor Timerman en la demanda por secuestro y torturas de su padre, fallecido en 1999, dijo que la detención de Smart “es significativa por ser el primer funcionario público bonaerense que trabajó durante la dictadura militar que recibe prisión preventiva”.
El abogado agregó que “Smart fue jefe de Ramón Camps (jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura), y su responsabilidad fue clave en la represión que se ejecutó en la provincia”. Sin embargo, Ramos Padilla manifestó su disconformidad con que en la resolución final de los magistrados se haya dictado la prisión domiciliaria para Smart, en lugar de ratificar su detención en una cárcel común. “Quienes están acusados de delitos como secuestros y torturas durante la última dictadura militar deberían estar con prisión preventiva en la cárcel. Smart está en condiciones de ir a una cárcel común, pero en la resolución los jueces consideraron que debía estar detenido en su casa porque tiene 73 años”, sostuvo el representante de Timerman. De todos modos, expresó que “lo importante es que llega preso al juicio, que se realizará pronto en la causa conocida como Puesto Vasco”.
La resolución fue adoptada por los jueces de Casación Augusto Diez Ojeda, Mariano González Palazo y Gustavo Hornos, quienes denegaron la excarcelación que había pedido la defensa de Smart después de que el 12 de febrero de este año la Sala 3 de la Cámara Federal de La Plata resolviera la prisión preventiva para el ministro de facto. En febrero, los magistrados platenses Carlos Vallefín, Carlos Alberto Nogueira y Antonio Pacilio habían decidido la prisión preventiva en cárcel común de Smart, al confirmar su procesamiento por el secuestro y torturas de Jacobo Timerman y otros detenidos de los centros clandestinos Puesto Vasco y COT1 Martínez. La defensa de Smart apeló esta medida, pidiendo la excarcelación del acusado, y ayer la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación confirmó la prisión preventiva, pero con carácter domiciliario.
Los magistrados argumentaron que, de estar en condición de excarcelado, Smart “podía eludir la acción de la Justicia”. El fallo agrega: “Consideramos que el acusado tiene una gravísima imputación que prevé la expectativa de una pena privativa de la libertad elevada por la pluralidad y características de los hechos”. Pero no les pareció que pudiera eludir a la Justicia estando en su casa ni que la gravedad de los delitos que se le imputan ameritara rechazar la posibilidad de la prisión domiciliaria, a favor de la cual se había expedido el fiscal Juan Martín Romero Victorica.
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lunes, 27 de julio de 2009
Para encerrar las garras del Cóndor
LA FISCALIA FEDERAL SOLICITO LA DETENCION DE 28 MILITARES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
En la causa que investiga la coordinación de las dictaduras en la región, el fiscal Osorio le solicitó al juez Oyarbide que sean detenidos represores responsables de torturas y desapariciones. Casación aún debe resolver quién juzga a los primeros 18 imputados.
Mientras la Cámara de Casación analiza un problema de competencias entre dos tribunales para resolver quién juzga a los primeros 18 octogenarios imputados por el Plan Cóndor, causa que se elevó a juicio hace veinte meses, el fiscal federal Miguel Angel Osorio solicitó la detención de otros 28 militares por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Más allá de viejos iconos del terrorismo de Estado como el general Reynaldo Bignone o condenados como el general Enrique Olea o el coronel Mario Gómez Arenas, el requerimiento que entregó al juez Norberto Oyarbide incluye en su mayoría a represores poco conocidos, oficiales superiores del Ejército que hace tres décadas ocupaban eslabones intermedios de la cadena de mandos y que no están imputados en otras investigaciones judiciales.
El primer tramo de la causa Plan Cóndor, como se denominó la coordinación represiva entre gobiernos de facto del Cono Sur, fue elevado a juicio en noviembre de 2007 con 18 imputados que promedian más de 75 años como Videla, Harguindeguy, Bussi y Menéndez. La responsabilidad de conducir el juicio recayó en el Tribunal Oral Federal Nº 1. A fines de 2008 el juez Daniel Rafecas elevó a un grupo de represores de Automotores Orletti, el centro clandestino más famoso del Cóndor. Cuando el TOF-2, previo sorteo, la recibió, observó que la mayor parte de las víctimas uruguayas que pasaron por la cueva de la SIDE eran comunes con Cóndor y sugirió acumular ambas en el TOF-1. Sin embargo, sus miembros también encontraron un argumento para no agarrar la papa caliente. Sostuvieron que en Orletti se investigan homicidios agravados, delitos más graves que los secuestros y la asociación ilícita imputados en Cóndor.
Mientras los mayores responsables de la dictadura argentina siguen en sus casas, en el peor de los casos con arresto domiciliario, la Sala IV de Casación se toma su tiempo para dirimir el conflicto de competencias. Videla & Cía. rezan para que recaiga en el TOF–2, donde irían a la cola del juicio al primer grupo de imputados por el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo y de los torturadores del Hospital Posadas.
Obra de cóndores
El detalle de secuestro, tormentos –cuando hay registros–, desaparición u homicidio –cuando se logró recuperar el cuerpo– se denomina en la jerga judicial “un caso”. La síntesis de los 64 casos enumerados en el documento de Osorio, quien solicita que la nueva tanda de cóndores sea indagada también por homicidios calificados, es elocuente sobre los lazos que ligaron a gobiernos, fuerzas armadas, de seguridad y aparatos de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil durante la última dictadura:
- Horacio Campiglia y Susana Pinus de Binstock fueron secuestrados el 12 de marzo de 1980, en el aeropuerto de Galeao, por policías de Brasil y militares argentinos que los trasladaron a Campo de Mayo, donde fueron vistos por última vez.
- El abogado paraguayo Fausto Carrillo fue secuestrado en agosto de 1976 en Formosa, donde se había refugiado para evitar caer en manos del dictador Alfredo Stroessner. Pasó por el centro clandestino Capilla San Antonio y todo indica que fue entregado a militares paraguayos.
- El chileno Edgardo Enríquez Espinosa, hermano del secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue secuestrado en Buenos Aires, pasó por Campo de Mayo y dos semanas después fue trasladado a Chile y entregado a la DINA, la dirección de inteligencia de Augusto Pinochet.
- Cristina Carreño fue secuestrada en Buenos Aires en julio de 1978, un día después de pedir asilo ante la Comisión Coordinadora de Acción Social por los seguimientos de emisarios de la DINA. Estuvo en cautiverio en los centros Banco y Olimpo, de donde fue trasladada en diciembre. Su cuerpo apareció en la costa atlántica, fue enterrado como NN e identificado en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
- Claudio y Lila Epelbaum fueron secuestrados en Montevideo por represores argentinos en noviembre de 1976. Fueron repatriados y vistos por última vez en la Brigada Güemes, de la Policía Bonaerense.
- Graciela Rutilo Artés fue secuestrada en Bolivia en abril de 1976 junto a su hija Carla, de meses, y a Enrique Lucas Company. Fue torturada en el Ministerio del Interior boliviano por miembros del Departamento de Orden Político del dictador Hugo Bánzer y por enviados de la Policía Federal Argentina. El 29 de agosto, madre e hija secuestradas ingresaron al país por la frontera Villazón-La Quiaca. Graciela fue vista por última vez en Automotores Orletti. Carla fue el botín de guerra del ex agente de la SIDE Eduardo Alfredo Ruffo, torturador de Orletti.
Nombres para la historia
Los responsables del Cóndor en condiciones de ser juzgados están acusados por delitos contra 108 víctimas, incluidas las 64 del requerimiento de Osorio. El representante del Ministerio Público organizó la lista de imputados en base a los lugares de los secuestros o de los cautiverios, y a las autoridades de las respectivas zonas, subzonas y áreas militares que el fallecido capitán José Luis D’Andrea Mohr detalló en su libro Memoria Debida. La mayoría son ilustres desconocidos para la sociedad. Si bien durante los años que duró la guerra sucia pasaron por distintos destinos, se los presentará con el criterio que aplicó el fiscal Osorio.
Zona I
- Coronel Alejandro Agustín Arias Duval, jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Está procesado con prisión preventiva y en condiciones de ser juzgado por crímenes en la Comisaría 5ª junto a Miguel Etchecolatz y ex miembros del circuito Camps.
- Coroneles Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, ex jefes del Regimiento de Infantería Mecanizada y del área militar 112 en 1976/7 y 1978/9, donde funcionó el centro clandestino Pozo de Banfield.
- Coroneles Néstor Horacio Falcón y Jorge Hawkes, jefes del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell y del área 116 en 1977 y 1978 respectivamente.
- General Julián Eduardo Capanegra, jefe del Batallón de Arsenales 101 y del área militar IV de la Capital Federal.
- Mayor Omar Andrada, jefe de sección el Destacamento de Inteligencia de San Nicolás.
- Coronel Mario Alberto Gómez Arenas, jefe del Destacamento de Inteligencia 103 de Capital Federal entre 1979 y 1981. Condenado el año pasado por su actuación como jefe del Destacamento 182 de Neuquén.
- Coronel Horacio De Verda, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 de Capital Federal entre 1979 y 1980.
- General Rodolfo Wehner, ex jefe del Regimiento de Granaderos “General San Martín” en 1976 y 1977. Whener murió en junio. Su salud le evitó ser juzgado junto a Jorge Olivera Róvere y otros jefes de área de Capital.
Zona II
- General Juan Carlos Trimarco, comandante de la Brigada de Caballería Blindada II de Paraná, Entre Ríos. Trimarco fue declarado insano en la causa “Area Paraná”. Los querellantes denunciaron que se esconde “detrás de una enfermedad mental que no tiene”.
- Mayor Rubén Ignacio Gaitán, jefe de sección del Destacamento de Inteligencia 122 de Paraná.
- Mayor Edgar Gustavo Gomar, jefe del Destacamento de Inteligencia 124 de Formosa.
- Coronel Luis Carlos Sullivan, jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa.
- Coronel Domingo Manuel Marcellini, jefe del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe. Marcellini será juzgado por el TOF de Santa Fe junto al ex juez Víctor Brussa, entre otros, a partir del 1º de septiembre.
- Tenientes coroneles Armando Manuel Hornos y Roberto Luis Martínez, jefes del Destacamento de Inteligencia 124 de Resistencia, Chaco, en 1976 y en 1978/9 respectivamente.
Zona III
- Coronel Carlos Néstor Bulacios, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20, de Jujuy. También fue gobernador de facto de la provincia.
- Teniente coronel Alberto Horacio Silva, jefe del Destacamento de Inteligencia 144 de Mendoza.
- Coronel Juan Avelino Rodríguez, director del Liceo Militar “General Espejo” y jefe del área militar 331, de Mendoza, entre 1977 y 1979.
Zona IV
- Teniente coronel Nedo Otto Cardarelli, jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo entre 1978 y 1980.
- General Fernando Humberto Santiago, segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1976.
- General Reynaldo Bignone, segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1977.
- Coronel Rodolfo Emilio Feroglio, director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo.
- Coronel Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo.
- Coronel José Julio Mazzeo, director de la Escuela General Lemos y responsable del área militar 470, en General Sarmiento.
Zona V
- Coronel Emilio Silvano Mocchi, jefatura de inteligencia de la zona V.
- General Enrique Braulio Olea, jefe del Batallón de Ingenieros en Construcciones 181 de Neuquén, condenado el año pasado por el TOF de esa provincia.
“Los aquí imputados, integrantes de la ‘Operación Cóndor’, avasallaron y suplieron el orden constitucional, violando todas sus garantías y disponiendo de la libertad, la vida y la propiedad de los habitantes de modo criminal”, escribió Osorio. Destacó que “el pacto de silencio” y la negativa a entregar “las constancias que revelan el destino dado a miles de personas secuestradas” ponen de manifiesto la voluntad de entorpecer la investigación, por lo que solicitó que sean detenidos y no sólo citados a indagatoria. El escrito ya está en manos del juez Oyarbide.
En la causa que investiga la coordinación de las dictaduras en la región, el fiscal Osorio le solicitó al juez Oyarbide que sean detenidos represores responsables de torturas y desapariciones. Casación aún debe resolver quién juzga a los primeros 18 imputados.
Mientras la Cámara de Casación analiza un problema de competencias entre dos tribunales para resolver quién juzga a los primeros 18 octogenarios imputados por el Plan Cóndor, causa que se elevó a juicio hace veinte meses, el fiscal federal Miguel Angel Osorio solicitó la detención de otros 28 militares por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Más allá de viejos iconos del terrorismo de Estado como el general Reynaldo Bignone o condenados como el general Enrique Olea o el coronel Mario Gómez Arenas, el requerimiento que entregó al juez Norberto Oyarbide incluye en su mayoría a represores poco conocidos, oficiales superiores del Ejército que hace tres décadas ocupaban eslabones intermedios de la cadena de mandos y que no están imputados en otras investigaciones judiciales.
El primer tramo de la causa Plan Cóndor, como se denominó la coordinación represiva entre gobiernos de facto del Cono Sur, fue elevado a juicio en noviembre de 2007 con 18 imputados que promedian más de 75 años como Videla, Harguindeguy, Bussi y Menéndez. La responsabilidad de conducir el juicio recayó en el Tribunal Oral Federal Nº 1. A fines de 2008 el juez Daniel Rafecas elevó a un grupo de represores de Automotores Orletti, el centro clandestino más famoso del Cóndor. Cuando el TOF-2, previo sorteo, la recibió, observó que la mayor parte de las víctimas uruguayas que pasaron por la cueva de la SIDE eran comunes con Cóndor y sugirió acumular ambas en el TOF-1. Sin embargo, sus miembros también encontraron un argumento para no agarrar la papa caliente. Sostuvieron que en Orletti se investigan homicidios agravados, delitos más graves que los secuestros y la asociación ilícita imputados en Cóndor.
Mientras los mayores responsables de la dictadura argentina siguen en sus casas, en el peor de los casos con arresto domiciliario, la Sala IV de Casación se toma su tiempo para dirimir el conflicto de competencias. Videla & Cía. rezan para que recaiga en el TOF–2, donde irían a la cola del juicio al primer grupo de imputados por el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo y de los torturadores del Hospital Posadas.
Obra de cóndores
El detalle de secuestro, tormentos –cuando hay registros–, desaparición u homicidio –cuando se logró recuperar el cuerpo– se denomina en la jerga judicial “un caso”. La síntesis de los 64 casos enumerados en el documento de Osorio, quien solicita que la nueva tanda de cóndores sea indagada también por homicidios calificados, es elocuente sobre los lazos que ligaron a gobiernos, fuerzas armadas, de seguridad y aparatos de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil durante la última dictadura:
- Horacio Campiglia y Susana Pinus de Binstock fueron secuestrados el 12 de marzo de 1980, en el aeropuerto de Galeao, por policías de Brasil y militares argentinos que los trasladaron a Campo de Mayo, donde fueron vistos por última vez.
- El abogado paraguayo Fausto Carrillo fue secuestrado en agosto de 1976 en Formosa, donde se había refugiado para evitar caer en manos del dictador Alfredo Stroessner. Pasó por el centro clandestino Capilla San Antonio y todo indica que fue entregado a militares paraguayos.
- El chileno Edgardo Enríquez Espinosa, hermano del secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue secuestrado en Buenos Aires, pasó por Campo de Mayo y dos semanas después fue trasladado a Chile y entregado a la DINA, la dirección de inteligencia de Augusto Pinochet.
- Cristina Carreño fue secuestrada en Buenos Aires en julio de 1978, un día después de pedir asilo ante la Comisión Coordinadora de Acción Social por los seguimientos de emisarios de la DINA. Estuvo en cautiverio en los centros Banco y Olimpo, de donde fue trasladada en diciembre. Su cuerpo apareció en la costa atlántica, fue enterrado como NN e identificado en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
- Claudio y Lila Epelbaum fueron secuestrados en Montevideo por represores argentinos en noviembre de 1976. Fueron repatriados y vistos por última vez en la Brigada Güemes, de la Policía Bonaerense.
- Graciela Rutilo Artés fue secuestrada en Bolivia en abril de 1976 junto a su hija Carla, de meses, y a Enrique Lucas Company. Fue torturada en el Ministerio del Interior boliviano por miembros del Departamento de Orden Político del dictador Hugo Bánzer y por enviados de la Policía Federal Argentina. El 29 de agosto, madre e hija secuestradas ingresaron al país por la frontera Villazón-La Quiaca. Graciela fue vista por última vez en Automotores Orletti. Carla fue el botín de guerra del ex agente de la SIDE Eduardo Alfredo Ruffo, torturador de Orletti.
Nombres para la historia
Los responsables del Cóndor en condiciones de ser juzgados están acusados por delitos contra 108 víctimas, incluidas las 64 del requerimiento de Osorio. El representante del Ministerio Público organizó la lista de imputados en base a los lugares de los secuestros o de los cautiverios, y a las autoridades de las respectivas zonas, subzonas y áreas militares que el fallecido capitán José Luis D’Andrea Mohr detalló en su libro Memoria Debida. La mayoría son ilustres desconocidos para la sociedad. Si bien durante los años que duró la guerra sucia pasaron por distintos destinos, se los presentará con el criterio que aplicó el fiscal Osorio.
Zona I
- Coronel Alejandro Agustín Arias Duval, jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Está procesado con prisión preventiva y en condiciones de ser juzgado por crímenes en la Comisaría 5ª junto a Miguel Etchecolatz y ex miembros del circuito Camps.
- Coroneles Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, ex jefes del Regimiento de Infantería Mecanizada y del área militar 112 en 1976/7 y 1978/9, donde funcionó el centro clandestino Pozo de Banfield.
- Coroneles Néstor Horacio Falcón y Jorge Hawkes, jefes del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell y del área 116 en 1977 y 1978 respectivamente.
- General Julián Eduardo Capanegra, jefe del Batallón de Arsenales 101 y del área militar IV de la Capital Federal.
- Mayor Omar Andrada, jefe de sección el Destacamento de Inteligencia de San Nicolás.
- Coronel Mario Alberto Gómez Arenas, jefe del Destacamento de Inteligencia 103 de Capital Federal entre 1979 y 1981. Condenado el año pasado por su actuación como jefe del Destacamento 182 de Neuquén.
- Coronel Horacio De Verda, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 de Capital Federal entre 1979 y 1980.
- General Rodolfo Wehner, ex jefe del Regimiento de Granaderos “General San Martín” en 1976 y 1977. Whener murió en junio. Su salud le evitó ser juzgado junto a Jorge Olivera Róvere y otros jefes de área de Capital.
Zona II
- General Juan Carlos Trimarco, comandante de la Brigada de Caballería Blindada II de Paraná, Entre Ríos. Trimarco fue declarado insano en la causa “Area Paraná”. Los querellantes denunciaron que se esconde “detrás de una enfermedad mental que no tiene”.
- Mayor Rubén Ignacio Gaitán, jefe de sección del Destacamento de Inteligencia 122 de Paraná.
- Mayor Edgar Gustavo Gomar, jefe del Destacamento de Inteligencia 124 de Formosa.
- Coronel Luis Carlos Sullivan, jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa.
- Coronel Domingo Manuel Marcellini, jefe del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe. Marcellini será juzgado por el TOF de Santa Fe junto al ex juez Víctor Brussa, entre otros, a partir del 1º de septiembre.
- Tenientes coroneles Armando Manuel Hornos y Roberto Luis Martínez, jefes del Destacamento de Inteligencia 124 de Resistencia, Chaco, en 1976 y en 1978/9 respectivamente.
Zona III
- Coronel Carlos Néstor Bulacios, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20, de Jujuy. También fue gobernador de facto de la provincia.
- Teniente coronel Alberto Horacio Silva, jefe del Destacamento de Inteligencia 144 de Mendoza.
- Coronel Juan Avelino Rodríguez, director del Liceo Militar “General Espejo” y jefe del área militar 331, de Mendoza, entre 1977 y 1979.
Zona IV
- Teniente coronel Nedo Otto Cardarelli, jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo entre 1978 y 1980.
- General Fernando Humberto Santiago, segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1976.
- General Reynaldo Bignone, segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1977.
- Coronel Rodolfo Emilio Feroglio, director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo.
- Coronel Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo.
- Coronel José Julio Mazzeo, director de la Escuela General Lemos y responsable del área militar 470, en General Sarmiento.
Zona V
- Coronel Emilio Silvano Mocchi, jefatura de inteligencia de la zona V.
- General Enrique Braulio Olea, jefe del Batallón de Ingenieros en Construcciones 181 de Neuquén, condenado el año pasado por el TOF de esa provincia.
“Los aquí imputados, integrantes de la ‘Operación Cóndor’, avasallaron y suplieron el orden constitucional, violando todas sus garantías y disponiendo de la libertad, la vida y la propiedad de los habitantes de modo criminal”, escribió Osorio. Destacó que “el pacto de silencio” y la negativa a entregar “las constancias que revelan el destino dado a miles de personas secuestradas” ponen de manifiesto la voluntad de entorpecer la investigación, por lo que solicitó que sean detenidos y no sólo citados a indagatoria. El escrito ya está en manos del juez Oyarbide.
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sábado, 25 de julio de 2009
INSANO?????Dicen que Massera no piensa, pero firma
EL DICTADOR DESPIDIO CON UN AVISO FUNEBRE A UN DIPLOMATICO VINCULADO CON LA LOGIA P-2
Aunque sus abogados y peritos argentinos sostienen que es inimputable, el represor figura en un aviso en el que recuerda a su amigo Federico Barttfeld, un ex embajador que murió el martes.
Imputable para la Justicia italiana, insano para la argentina, Emilio Eduardo Massera está aún en condiciones de reconocer a sus viejos amigos. El dictador, responsable de miles de crímenes como jefe de la Armada durante la dictadura, despidió desde un aviso fúnebre al diplomático Federico Barttfeld, ex miembro de la organización fascista Propaganda Dos (P-Due), igual que José López Rega, Carlos Suárez Mason y que el propio Massera. El ex embajador en Yugoslavia cuando se produjo la venta ilegal de armas a Croacia murió el martes a los 77 años.
Barttfeld fue despedido desde La Nación por Massera, su esposa Delia Vieyra, sus hijos Eduardo y Emilio, sus nueras Luz Méndez Ezcurra y María Blusson y sus nietos. También dejaron constancia de sus relaciones los ex cancilleres Adalberto Rodríguez Giavarini, el ex jefe de la SIDE Juan Bautista Yofre y los menemistas Carlos Corach y Germán Kammerath. El misionero Ramón Puerta aclaró que despedía a “un gran y buen amigo”. Además de ex funcionarios menemistas y del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, el canciller Jorge Taiana también le dijo adiós. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que fue “un digno representante del servicio exterior de la Nación”.
El historiador Emilio Corbière definió a la P-Due como un caso de “utilización de la cobertura masónica como parte de la provocación política” y apuntó que Barttfeld tenía el carnet 1755. La P-Due construyó una paradoja: operar desde la masonería cuando esa organización había sido perseguida por el fascismo. En 1976 la propia masonería italiana denunció la infiltración de Licio Gelli, jefe de la P-Due, y sus conexiones con el submundo de las finanzas y las tramas negras del terrorismo neofascistas y expulsó a sus miembros. El fotógrafo Víctor Basterra, durante su cautiverio en la ESMA, fue obligado a falsificar un pasaporte argentino para Gelli, antiguo simpatizante de Benito Mu-ssolini y amigo de Massera.
Barttfeld ingresó en el servicio exterior en 1955, según viejos diplomáticos como premio por su actuación en la Revolución Libertadora. Ascendió a embajador en 1974. En marzo de 1976 era embajador en Alemania. Fue encargado de negocios en Grecia e Italia y embajador en Venezuela, Nigeria, Yugoslavia y, en su último destino, entre 1997 y 2001, en China. Fue durante su misión en Yugoslavia, entre 1989 y 1994, cuando ingresaron con destino a Croacia 6500 toneladas de armamento procedente de Fabricaciones Militares. Retornó al Palacio San Martín durante la gestión de Carlos Ruckauf y continuó durante los primeros meses de la presidencia de Néstor Kirchner. Fue removido por el canciller Rafael Bielsa en mayo de 2004, luego de que Página/12 revelara que el cónsul argentino en Nueva York, Juan Carlos Vignaud, manejaba una empresa de plomería y reparaciones hogareñas utilizando recursos del Estado y recordara el pasado del ex P–Due como ejemplo de la pesada herencia recibida.
Aunque sus abogados y peritos argentinos sostienen que es inimputable, el represor figura en un aviso en el que recuerda a su amigo Federico Barttfeld, un ex embajador que murió el martes.
Imputable para la Justicia italiana, insano para la argentina, Emilio Eduardo Massera está aún en condiciones de reconocer a sus viejos amigos. El dictador, responsable de miles de crímenes como jefe de la Armada durante la dictadura, despidió desde un aviso fúnebre al diplomático Federico Barttfeld, ex miembro de la organización fascista Propaganda Dos (P-Due), igual que José López Rega, Carlos Suárez Mason y que el propio Massera. El ex embajador en Yugoslavia cuando se produjo la venta ilegal de armas a Croacia murió el martes a los 77 años.
Barttfeld fue despedido desde La Nación por Massera, su esposa Delia Vieyra, sus hijos Eduardo y Emilio, sus nueras Luz Méndez Ezcurra y María Blusson y sus nietos. También dejaron constancia de sus relaciones los ex cancilleres Adalberto Rodríguez Giavarini, el ex jefe de la SIDE Juan Bautista Yofre y los menemistas Carlos Corach y Germán Kammerath. El misionero Ramón Puerta aclaró que despedía a “un gran y buen amigo”. Además de ex funcionarios menemistas y del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, el canciller Jorge Taiana también le dijo adiós. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que fue “un digno representante del servicio exterior de la Nación”.
El historiador Emilio Corbière definió a la P-Due como un caso de “utilización de la cobertura masónica como parte de la provocación política” y apuntó que Barttfeld tenía el carnet 1755. La P-Due construyó una paradoja: operar desde la masonería cuando esa organización había sido perseguida por el fascismo. En 1976 la propia masonería italiana denunció la infiltración de Licio Gelli, jefe de la P-Due, y sus conexiones con el submundo de las finanzas y las tramas negras del terrorismo neofascistas y expulsó a sus miembros. El fotógrafo Víctor Basterra, durante su cautiverio en la ESMA, fue obligado a falsificar un pasaporte argentino para Gelli, antiguo simpatizante de Benito Mu-ssolini y amigo de Massera.
Barttfeld ingresó en el servicio exterior en 1955, según viejos diplomáticos como premio por su actuación en la Revolución Libertadora. Ascendió a embajador en 1974. En marzo de 1976 era embajador en Alemania. Fue encargado de negocios en Grecia e Italia y embajador en Venezuela, Nigeria, Yugoslavia y, en su último destino, entre 1997 y 2001, en China. Fue durante su misión en Yugoslavia, entre 1989 y 1994, cuando ingresaron con destino a Croacia 6500 toneladas de armamento procedente de Fabricaciones Militares. Retornó al Palacio San Martín durante la gestión de Carlos Ruckauf y continuó durante los primeros meses de la presidencia de Néstor Kirchner. Fue removido por el canciller Rafael Bielsa en mayo de 2004, luego de que Página/12 revelara que el cónsul argentino en Nueva York, Juan Carlos Vignaud, manejaba una empresa de plomería y reparaciones hogareñas utilizando recursos del Estado y recordara el pasado del ex P–Due como ejemplo de la pesada herencia recibida.
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Inquietante secuestro de un educador:ES LA NOVENA INTIMIDACION EN CONTRA DE UN INTEGRANTE DEL MOVIMIENTO DE LOS CHICOS DEL PUEBLO
Un integrante de un hogar ubicado en Gerli fue secuestrado al mediodía y liberado seis horas después en Palermo. Durante ese lapso, hubo intimidaciones telefónicas. Ninguno de los ataques previos a la organización fue esclarecido.
Ayer(24/07/09), alrededor de las 12.30, un educador del Hogar Juan XXIII, que la Obra Don Orione sostiene en Gerli, fue secuestrado por un grupo de desconocidos. Poco después, el teléfono celular del director del Hogar, el padre Luis Espósito, recibía un mensaje de texto: “Ojo con lo que dicen (que) la vida de uno de sus pibes está en peligro con sentencia de muerte”. E., el joven de 22 años que minutos antes había salido para ir a hacer compras a una farmacia cercana, no volvió a aparecer hasta las 18.30, pero lejos: en las cercanías de Zoológico porteño. Estaba solo, levemente golpeado y consciente, tanto que él mismo informó su paradero a sus compañeros.
Durante el cautiverio vespertino, quienes lo retenían habían dado una pista sobre el motivo del secuestro, en otro mensaje de texto que rezaba “ahora sí tienen un pibe menos”, en abierta referencia al Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, cuyo lema sostiene “El hambre es un crimen. Ni un pibe menos” (ver aparte). No es la primera sino la novena vez que una persona vinculada con esa campaña sufre un secuestro de estas características; en ninguna de las ocasiones anteriores la investigación judicial o policial halló responsables. Al cierre de esta edición, E. se encontraba brindando declaración ante la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Avellaneda, para luego ser examinado por un médico forense. La denuncia inicial fue radicada en la comisaría 6ª de Avellaneda.
Los secuestros se han venido reiterando a lo largo del tiempo, y en otras ocasiones tuvieron por víctimas a personas de la Fundación Pelota de Trapo, también vinculada al Movimiento. “Se llevan, secuestran a uno de nosotros, nos dicen que abandonemos la campaña contra el hambre y lo sueltan”, contó el hermano Ramón Correa, que es educador al igual que E. y quien, ante lo sucedido, debió comunicar la noticia a los 17 chicos de entre 8 y 16 años que comparten el Hogar (ver aparte) y comenzaron a inquietarse al notar la desaparición súbita de alguien que sólo había ido a comprar algo a dos cuadras del lugar.
Al recibir el primer mensaje de texto, enviado desde el celular del educador secuestrado, el padre Espósito radicó la denuncia en la comisaría 6ª de Avellaneda. “No dijeron nada, sólo que iban a buscarlo”, contó Correa que fue la respuesta en la sede policial. De todas maneras, las expectativas de una resolución institucional eficaz eran pocas, habida cuenta de que el año pasado, tras los primeros episodios, “tuvimos una reunión con (el entonces ministro de Justicia) Aníbal Fernández, que dijo que nos iba a ayudar, pero cuando el fiscal pidió seguridad para nosotros, dijeron que no tenían gente disponible. Y nosotros solamente pedíamos custodia, ayuda en la investigación”.
Correa hacía esos pedidos desde algún lugar, afuera del Hogar, porque “los chicos ya están sufriendo con todo esto y prefiero atender al periodismo en otro lado”. E. todavía permanecía con paradero desconocido. Otras veces los secuestros habían durado menos horas, e inclusive, en los dos primeros casos “nos enterábamos después del secuestro, porque aparecían golpeados o asustados directamente, nadie nos avisaba lo que estaban haciendo. Pero ésta es la primera vez que lo vivimos online, por decirlo de alguna manera.”
A las 18.30 el panorama cambió: mediante un llamado realizado desde su propio celular, E. anunciaba que había sido liberado y se encontraba cerca del Zoológico porteño. El padre Espósito, el fiscal de turno y agentes de la policía fueron a su encuentro, luego lo acompañaron a la UFI 4. En Gerli, los educadores y colaboradores que habían permanecido para contener a los chicos del Hogar, que ya habían sido informados acerca de lo que estaba pasando, pudieron dar la noticia tranquilizadora. “Recién, cuando llegué a la casa y pude decirles a los chicos E. está bien, ya va a volver’, la cara de ellos era otra. Es que, como en cualquier familia cuando pasa algo, tuve que reunirlos a todos y decirles ‘pasa tal cosa, pero tenemos que tratar de seguir con nuestra rutina normal, para no desesperarnos’”, contó Correa a poco de conocer la liberación de su compañero educador. Los chicos, dijo, no disimularon ni el alivio ni la alegría; “reacciones como las que tuvieron ellos son las cosas que nos terminan haciendo decir, a pesar de lo que pase y lo que nos quieren hacer, que no elegimos mal al vivir con ellos en el Hogar, que no tomamos la opción equivocada”.
Este, contó Correa a Página/12, “es el quinto secuestro de una persona de este Hogar: las intimidaciones comenzaron en julio del año pasado”, particularmente el 24. Eso significa que ayer se cumplía el aniversario del día en que un grupo de encapuchados secuestró a un niño del Hogar, le dijera que la Campaña debía cesar y amenazara con incendiar tres edificios de la Fundación Pelota de Trapo. El 26 de septiembre, el secuestrado fue un educador del Hogar, y el mensaje, nuevamente, la orden de cesar la Campaña. Lo mismo sucedió el 3 de octubre, pero con una educadora. El 27 de noviembre, el mismo educador del Hogar a quien habían raptado en septiembre, permaneció secuestrado durante horas y reapareció en Plaza Constitución, donde lo habían dejado tras narcotizarlo. La serie de intimidaciones (que había comenzado el 26 de abril, cuando un Grupo Comando tomó la Escuela Talleres Gráficos Manchita) también tuvo como objetivos personas involucradas en otras fundaciones de la Campaña: el 12 de noviembre en La Plata, durante una marcha en repudio a la baja de la edad de imputabilidad, una educadora de la Red El Encuentro fue secuestrada ante la gobernación, luego golpeada y tajeada. El 28 de noviembre, fue secuestrado el sereno de la Fundación Pelota de Trapo, a quien dejaron luego en un hipermercado de Lanús. ¿Por qué los secuestros? “No sabemos por qué están en contra de esto, qué intereses tocamos, lo único que queremos es que nuestros chicos se alimenten, ésa es nuestra lucha. No sabemos a quién le va a molestar que digamos que 25 pibes mueren de hambre por día”, respondió Correa. “Sólo sabemos que son encapuchados.”
Ayer(24/07/09), alrededor de las 12.30, un educador del Hogar Juan XXIII, que la Obra Don Orione sostiene en Gerli, fue secuestrado por un grupo de desconocidos. Poco después, el teléfono celular del director del Hogar, el padre Luis Espósito, recibía un mensaje de texto: “Ojo con lo que dicen (que) la vida de uno de sus pibes está en peligro con sentencia de muerte”. E., el joven de 22 años que minutos antes había salido para ir a hacer compras a una farmacia cercana, no volvió a aparecer hasta las 18.30, pero lejos: en las cercanías de Zoológico porteño. Estaba solo, levemente golpeado y consciente, tanto que él mismo informó su paradero a sus compañeros.
Durante el cautiverio vespertino, quienes lo retenían habían dado una pista sobre el motivo del secuestro, en otro mensaje de texto que rezaba “ahora sí tienen un pibe menos”, en abierta referencia al Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, cuyo lema sostiene “El hambre es un crimen. Ni un pibe menos” (ver aparte). No es la primera sino la novena vez que una persona vinculada con esa campaña sufre un secuestro de estas características; en ninguna de las ocasiones anteriores la investigación judicial o policial halló responsables. Al cierre de esta edición, E. se encontraba brindando declaración ante la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Avellaneda, para luego ser examinado por un médico forense. La denuncia inicial fue radicada en la comisaría 6ª de Avellaneda.
Los secuestros se han venido reiterando a lo largo del tiempo, y en otras ocasiones tuvieron por víctimas a personas de la Fundación Pelota de Trapo, también vinculada al Movimiento. “Se llevan, secuestran a uno de nosotros, nos dicen que abandonemos la campaña contra el hambre y lo sueltan”, contó el hermano Ramón Correa, que es educador al igual que E. y quien, ante lo sucedido, debió comunicar la noticia a los 17 chicos de entre 8 y 16 años que comparten el Hogar (ver aparte) y comenzaron a inquietarse al notar la desaparición súbita de alguien que sólo había ido a comprar algo a dos cuadras del lugar.
Al recibir el primer mensaje de texto, enviado desde el celular del educador secuestrado, el padre Espósito radicó la denuncia en la comisaría 6ª de Avellaneda. “No dijeron nada, sólo que iban a buscarlo”, contó Correa que fue la respuesta en la sede policial. De todas maneras, las expectativas de una resolución institucional eficaz eran pocas, habida cuenta de que el año pasado, tras los primeros episodios, “tuvimos una reunión con (el entonces ministro de Justicia) Aníbal Fernández, que dijo que nos iba a ayudar, pero cuando el fiscal pidió seguridad para nosotros, dijeron que no tenían gente disponible. Y nosotros solamente pedíamos custodia, ayuda en la investigación”.
Correa hacía esos pedidos desde algún lugar, afuera del Hogar, porque “los chicos ya están sufriendo con todo esto y prefiero atender al periodismo en otro lado”. E. todavía permanecía con paradero desconocido. Otras veces los secuestros habían durado menos horas, e inclusive, en los dos primeros casos “nos enterábamos después del secuestro, porque aparecían golpeados o asustados directamente, nadie nos avisaba lo que estaban haciendo. Pero ésta es la primera vez que lo vivimos online, por decirlo de alguna manera.”
A las 18.30 el panorama cambió: mediante un llamado realizado desde su propio celular, E. anunciaba que había sido liberado y se encontraba cerca del Zoológico porteño. El padre Espósito, el fiscal de turno y agentes de la policía fueron a su encuentro, luego lo acompañaron a la UFI 4. En Gerli, los educadores y colaboradores que habían permanecido para contener a los chicos del Hogar, que ya habían sido informados acerca de lo que estaba pasando, pudieron dar la noticia tranquilizadora. “Recién, cuando llegué a la casa y pude decirles a los chicos E. está bien, ya va a volver’, la cara de ellos era otra. Es que, como en cualquier familia cuando pasa algo, tuve que reunirlos a todos y decirles ‘pasa tal cosa, pero tenemos que tratar de seguir con nuestra rutina normal, para no desesperarnos’”, contó Correa a poco de conocer la liberación de su compañero educador. Los chicos, dijo, no disimularon ni el alivio ni la alegría; “reacciones como las que tuvieron ellos son las cosas que nos terminan haciendo decir, a pesar de lo que pase y lo que nos quieren hacer, que no elegimos mal al vivir con ellos en el Hogar, que no tomamos la opción equivocada”.
Este, contó Correa a Página/12, “es el quinto secuestro de una persona de este Hogar: las intimidaciones comenzaron en julio del año pasado”, particularmente el 24. Eso significa que ayer se cumplía el aniversario del día en que un grupo de encapuchados secuestró a un niño del Hogar, le dijera que la Campaña debía cesar y amenazara con incendiar tres edificios de la Fundación Pelota de Trapo. El 26 de septiembre, el secuestrado fue un educador del Hogar, y el mensaje, nuevamente, la orden de cesar la Campaña. Lo mismo sucedió el 3 de octubre, pero con una educadora. El 27 de noviembre, el mismo educador del Hogar a quien habían raptado en septiembre, permaneció secuestrado durante horas y reapareció en Plaza Constitución, donde lo habían dejado tras narcotizarlo. La serie de intimidaciones (que había comenzado el 26 de abril, cuando un Grupo Comando tomó la Escuela Talleres Gráficos Manchita) también tuvo como objetivos personas involucradas en otras fundaciones de la Campaña: el 12 de noviembre en La Plata, durante una marcha en repudio a la baja de la edad de imputabilidad, una educadora de la Red El Encuentro fue secuestrada ante la gobernación, luego golpeada y tajeada. El 28 de noviembre, fue secuestrado el sereno de la Fundación Pelota de Trapo, a quien dejaron luego en un hipermercado de Lanús. ¿Por qué los secuestros? “No sabemos por qué están en contra de esto, qué intereses tocamos, lo único que queremos es que nuestros chicos se alimenten, ésa es nuestra lucha. No sabemos a quién le va a molestar que digamos que 25 pibes mueren de hambre por día”, respondió Correa. “Sólo sabemos que son encapuchados.”
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viernes, 24 de julio de 2009
La noche del apagón" en Ledesma"
Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, las fuerzas de seguridad de la dictadura ejecutaron uno de sus innumerables temerosos operativos. Esta vez, fue el partido jujeño el escenario elegido para llevar a cabo el plan. Durante una semana, los militares provocaron cortes de luz para secuestrar a unas 400 personas.
El hecho conocido como "La noche del Apagón" consistió en varias noches -entre el 20 y 27 de julio de 1976- en las que se provocaron cortes de luz en distintas localidades del partido de Ledesma con el objetivo de secuestrar estudiantes, militantes políticos y sociales, gremialistas o, simplemente, sospechosos de tener vinculaciones con las actividades guerrilleras.
El primer corte de energía eléctrica ocurrió el 20 de julio a la medianoche en Libertador Gral. San Martín y Calilegua. Primero la gente pensó que se trataba de un hecho sin importancia, hasta que comenzaron a escuchar los autos y los gritos y, poco a poco, el miedo fue ocupando las casas.
"En esa época, quien disponía de la energía para todos los pueblos era el ingenio Ledesma, ellos eran quienes distribuían la luz", explica Julio Gutiérrez, miembro de CAPOMA (Centro de Acción Popular Olga Márquez Arédez por los Derechos Humanos)
Esta organización funciona actualmente en una parte de la casa de Olga Márquez de Arédez, una luchadora incansable que falleció en 2005, esposa del médico Luís Arédez, quien fue arrancado de su casa la noche del 27 de julio.
La vinculación entre el ingenio Ledesma y el accionar del aparato represivo fue denunciada por numerosos testigos y no se limitó solamente a facilitar los cortes de luz para que el operativo quedara en la sombra.
"Corrí hasta mi casa y vi las camionetas de Ledesma actuando con total impunidad, acorralando gente y llevándosela en sus móviles. Luego eran conducidas a la base de Gendarmería que estaba adentro del ingenio", testificó Ricardo Arédez, hijo de Luis y Olga.
Las 400 personas que se secuestraron esas noches tuvieron diferentes destinos. Algunas fueron trasladadas al penal de la ciudad de Jujuy, y muchas de ellas derivadas al centro clandestino de detención Guerrera. Algunas fueron liberadas a los pocos días, otras paseadas por varias cárceles y centros clandestinos del país durante meses, y treinta continúan desaparecidas.
Ernesto Saman, uno de los que vivió para contar la historia
Fue uno de los centenares de secuestrados y detenidos entre la semana del 20 al 27 de julio de 1976 en Ledesma. En diálogo con télam.com.ar, relató los momentos de terror que vivió durante su cautiverio.
Ernesto Saman fue una de las casi 400 personas secuestradas y detenidas entre la semana del 20 al 27 de julio de 1976 en el partido de Ledesma, Jujuy. Después de pasar por distintas unidades penales y por el centro clandestino de detención Guerrero, fue liberado en abril de 1978.
"Las marcas son de todo tipo, físicas, psicológicas y sociales, porque todavía hoy la sociedad de Ledesma sigue siendo muy cerrada", explica Ernesto, a quien todavía le tiembla la voz cuando comienza a relatar los hechos. En aquel entonces tenía 23 años y era empleado administrativo en el ingenio Ledesma. Estaba casado y tenía un bebé de siete meses.
Cuando el 20 de julio de 1976 se produjo el primer apagón, él se encontraba festejando el cumpleaños de su madre en la casa de ella. Al principio no los sorprendió, así que sacaron velas y continuaron con el agasajo, pero a los pocos minutos comenzaron a escuchar el movimiento de los autos que frenaban y arrancaban velozmente, y seguido a esto los gritos y los ruidos de las puertas pateadas. Entonces comenzó a invadirlos el miedo y Ernesto decidió que pasarían la noche allí.
Al día siguiente, cuando fue a su casa –vivían con su abuela- le dijeron que lo habían ido a buscar a la noche y que le habían dejado una nota diciéndole que se presentara a la seccional 24 de policía. Y Ernesto, que ni siquiera sospechaba que Argentina estaba en el mismo infierno, se presentó.
"Ahí me dijeron que quedaba detenido a disposición de las autoridades militares, y me enteré del raid de la noche anterior. Escuché que habían levantado por lo menos a 200 personas y que algunos ya habían sido trasladados a Jujuy", recuerda.
A las 14 fue trasladado a la central de policía de Jujuy, a donde lo ingresaron por la puerta de atrás. Allí, el jefe de la central de operaciones de la policía, Ernesto Jaig, y el subcomisario, Damián Vilt lo recibieron a golpes, le ataron las manos, y lo tiraron sobre una cucheta donde pasó toda la tarde.
Antes de la noche lo trasladaron en un Ford Falcón del Ejército a su futuro destino: el centro clandestino de detención Guerrero. "Eso lo pudimos identificar recién en 1984, porque alcanzamos a ver que íbamos por la ruta 9", explica.
El número 56
Al llegar a Guerrero, Ernesto se convirtió técnicamente en un desaparecido. Su familia desconocía su paradero, estaba incomunicado y al ingresar le quitaron el documento y asignaron un número.
"A partir de ahora sos el 56", recuerda y agrega: "Te juro que todavía tiemblo cada vez que lo cuento. Yo llegué a escuchar hasta el número 108".
Después de sacarle los pocos objetos personales que le quedaban lo tiraron sobre otras personas y recién entonces comenzó a reconocer gente y empezó a entender que estaba secuestrado, lejos de los derechos civiles y lejos de la libertad.
La historia allí adentro es conocida porque el accionar del aparato represivo, que incluía tortura física y psicológica, fue un común denominador de todos los centros clandestinos que se extendieron de norte a sur del país.
19/07/07 Acto Ledesma con Memoria - Fotografías de Rei Vaj - Fuente: www.prensadefrente.org
Vendados, tabicados, golpeados, hacinados, hambrientos, desposeídos de sus bienes y de sus identidades, muchos de los desaparecidos de los apagones estaban en Guerrero, resistiendo el dolor.
"El obispo José Miguel Medina estaba en las salas de tortura. Yo escuché que estaban llevando a declarar y pedí que me llevaran porque quería explicarles que yo ya no militaba en ningún lado. Se declaraba al lado del baño, en una habitación donde había un tipo que te hacía preguntas mientras los demás te torturaban", explica detalladamente, sin poder y sin querer borrar los detalles de su mente.
"Yo creo que pensaron que estaba vinculado con la guerrilla tucumana porque yo había estudiado en Tucumán, pero yo no militaba. Y obviamente no me creían. Yo estaba vendado pero me ponían delante a compañeros que me acusaban de estar en el ERP que seguramente estaban presionados. Hasta que uno dijo que yo no andaba en nada", cuenta.
Allí estuvo 13 días, hasta que al principio de agosto, los trasladaron de vuelta a la policía central. Y de ahí a la comisaría de Villa Gorriti en Jujuy donde quedaron a disposición del PEN.
Aparecidos, pero subversivos
Cuando llegaron a las celdas que tenían asignadas en la comisaría había un cartel arriba que decía "subversivos". Dos semanas después volvieron a ver al obispo Medina, quien en su homilía no perdió el hábito de "apretarlos".
"Muchachos, ustedes no hablaron y tienen que hablar, yo me ofrezco a pasar por cada celda a escucharlos. Lo que las fuerzas de seguridad están haciendo es por la patria", les dijo, esta vez, amistosamente.
Como eran presos "legales" podían tener comunicación con la familia por carta.
El 7 de octubre los trasladaron nuevamente, esta vez a la Unidad 9 de La Plata. "Allí llegamos 78 hombres jujeños, entre ellos el médico Luis Aredes. A las mujeres que habían estado con nosotros en Guerrera las llevaron a Devoto. Allí nos trataron mejor porque estaba Amnesty y la Cruz Roja Internacional que iban de visita al penal".
Y vueltos a desaparecer
En julio de 1977 el presidente de facto Jorge Rafael Videla inició una "gira" por el norte del país. Como una forma de asegurarse que no fuera a haber ningún atentado –sobre todo en la zona noroeste- las fuerzas armadas trasladaron como "rehenes" a dos o tres personas de las distintas provincias que conforman el Tercer Cuerpo del Ejército.
Entre ellos estaba Ernesto, quien fue sacado de la U9 de La Plata, y llevado hasta Córdoba, donde se encontró con compañeros de otras localidades.
"Lo hicieron sin decirle nada a nuestra familia, para quienes volvíamos a estar desaparecidos, fue terrible para ellos, y también para nosotros, porque en cada traslado pensábamos que nos iban a matar – recuerda – cuando llegamos a destino nos informaron que éramos rehenes y que si le pasaba algo a alguien del ejército nos fusilaban. Esos días estuvimos incomunicados".
¿El fin de la odisea?
En octubre de 1977 lo llevaron a Sierra Chica, Partido de Olavarría, en Buenos Aires. Fue una nueva aparición. Allí los detenidos reanudaron el contacto con sus familias, les permitían salir al patio a tomar sol y hasta les dejaban leer el diario.
"Un día leo en el periódico que me iban a liberar. Empiezo a preguntar y me dicen que sólo falta la aprobación del ejército", explica.
La libertad llegó el primer domingo de abril de 1978. "Salimos con dos compañeros, no teníamos ni plata, ni ropa. Era un domingo, me acuerdo perfecto porque era día de visita. Lo primero que hicimos fue ir a un bar y pedir una gaseosa, y la gente se agolpaba para pagarnos, fue muy emocionante", recuerda.
De Olavarría, Ernesto fue primero a Buenos Aires, y después consiguió ir a Córdoba con un compañero. Allí durmió una noche, y consiguió pasaje para ir a Jujuy en tren.
"Cuando llegué a Jujuy mucha gente se había ido. Yo decidí quedarme porque allí estaba mi mujer con mi hijo", explica justificando su permanencia. Y agrega: "Nos costó mucho insertarnos socialmente Cuando me veía venir la gente cruzaba de vereda y no faltó quien comentara por lo bajo ‘algo habrán hecho’".
Al poco tiempo consiguió nuevamente empleo en el Ingenio Ledesma, pero ahora como obrero de limpieza. Luego pasó a ser ayudante químico. Hasta que en 1981 tuvo la posibilidad de hacer un curso de Educación Física y comenzó a dar clases a la vez que a estudiar para maestro de grado. Finalmente se recibió y dio clases en Libertador General San Martín.
"Acá una de las peores cosas que dejó la dictadura fue la cultura del miedo. Yo tuve un poco de miedo al principio, pero cuando las vi a las madres luchando enseguida me plegué a ellas", explica.
Hoy, además de ser un reconocido docente del pueblo, es uno de los sobrevivientes que trabaja en la lucha por mantener viva la memoria y por buscar justicia
Olga Márquez de Arédez, un pilar de la lucha
Fue uno de los signos más emblemáticos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Desde que organizó en 1983 la primera marcha para reclamar por la aparición de su esposo hasta que murió, en 2005, no dejó de dar testimonio.
Olga Márquez de Arédez fue uno de los signos más emblemáticos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de Ledesma. Desde que organizó en 1983 la primera marcha alrededor de la plaza para reclamar por la aparición de su esposo - secuestrado el 27 de julio de 1976 en una de las noches de Los Apagones- hasta que murió en 2005, no dejó de dar testimonio.
El matrimonio Arédez, Olga y Luis, llegaron a Libertador Gral. San Martín en 1958. Venían de su tierra natal, Tucumán, pero decidieron probar suerte en esa parte del noroeste argentino.
Al poco tiempo de llegar, Luis consiguió trabajo en el Ingenio Ledesma, empresa que controlaba y -aún controla- la economía de la zona. Él era médico y su primer enfrentamiento con los dueños de la firma fue por reclamar mejoras en las condiciones sanitarias de los trabajadores de la zafra. Pero esta no fue su única "conducta sospechosa" ante los ojos de sus patrones: también brindaba atención gratuita a las familias pobres.
Unos meses más tarde fue despedido por "proporcionarle demasiados medicamentos a los empleados". La relación con el Ingenio Ledesma había terminado, o al menos eso era lo que Arédez creía.
Por su trabajo social, rápidamente fue querido y respetado en el pueblo, donde llegó a ser intendente hasta que, ni bien instalada la dictadura, fue secuestrado por unos meses y liberado. Pero poco tiempo después, el 27 de julio de 1976, fue llevado de su casa nuevamente, y esta vez en forma definitiva.
"Yo recuerdo que lo vi en octubre de 1977, cuando nos trasladaron de la cárcel de Villa Gorriti de Jujuy a la Unidad Penal 9 de La Plata", señaló Ernesto Samán, un sobreviviente de "La noche del Apagón".
Si bien algunos de sus compañeros han testimoniado que estuvo con vida hasta 1977, en un momento se perdió el rastro y hoy es un integrante de la lista de desaparecidos argentinos.
Fue entonces cuando Olga, quien había quedado sola con sus cuatro hijos, comenzó a luchar para averiguar dónde se encontraba su marido. Primero estuvo acompañada, pero con el tiempo, el miedo, la resignación o el cansancio se fueron apoderando de sus compañeras y se fue quedando sola.
"Recuerdo que la veía dando vueltas sola en la plaza cada jueves y me llamaba mucho la atención. Hasta que un día me acerqué y comenzamos a hablar y me contó su historia", relató Julio Gutiérrez, miembro de CAPOMA (Centro de Acción Popular Olga Márquez Arédez por los Derechos Humanos).
Y así, pese a las advertencias que le hacían de que no se acercara a ella - aún cuando la dictadura había caído ya hacía al menos tres o cuatro años – Julio se hizo amigo de Olga y de sus hijos y, junto a otros jóvenes, empezaron a colaborar con las madres de Ledesma.
Pero además de la lucha por la aparición de su esposo, acompañó todos los reclamos de justicia que pudo e impulsó un juicio contra la empresa Ledesma para que cese la contaminación de bagazo –el desecho de la caña de azúcar- que los enfermó a ella y a tantos de sus vecinos.
Las jornadas anuales en memoria "La noche del Apagón" son también su legado, una actividad que hoy continúan quienes la conocieron, la admiraron y aprendieron de ella el valor de la militancia por los derechos humanos.
"Era una mujer con mucha fortaleza. Cuando nosotros nos emocionábamos ella nos decía: compañeros, ya hemos llorado bastante, ahora hay que seguir para adelante, hay que continuar con la lucha", recuerda –emocionado- Samán.
Olga Márquez de Arédez murió en Tucumán, el 17 de marzo de 2005, como consecuencia de un tumor en sus pulmones, provocado por el bagazo.
Télam
El hecho conocido como "La noche del Apagón" consistió en varias noches -entre el 20 y 27 de julio de 1976- en las que se provocaron cortes de luz en distintas localidades del partido de Ledesma con el objetivo de secuestrar estudiantes, militantes políticos y sociales, gremialistas o, simplemente, sospechosos de tener vinculaciones con las actividades guerrilleras.
El primer corte de energía eléctrica ocurrió el 20 de julio a la medianoche en Libertador Gral. San Martín y Calilegua. Primero la gente pensó que se trataba de un hecho sin importancia, hasta que comenzaron a escuchar los autos y los gritos y, poco a poco, el miedo fue ocupando las casas.
"En esa época, quien disponía de la energía para todos los pueblos era el ingenio Ledesma, ellos eran quienes distribuían la luz", explica Julio Gutiérrez, miembro de CAPOMA (Centro de Acción Popular Olga Márquez Arédez por los Derechos Humanos)
Esta organización funciona actualmente en una parte de la casa de Olga Márquez de Arédez, una luchadora incansable que falleció en 2005, esposa del médico Luís Arédez, quien fue arrancado de su casa la noche del 27 de julio.
La vinculación entre el ingenio Ledesma y el accionar del aparato represivo fue denunciada por numerosos testigos y no se limitó solamente a facilitar los cortes de luz para que el operativo quedara en la sombra.
"Corrí hasta mi casa y vi las camionetas de Ledesma actuando con total impunidad, acorralando gente y llevándosela en sus móviles. Luego eran conducidas a la base de Gendarmería que estaba adentro del ingenio", testificó Ricardo Arédez, hijo de Luis y Olga.
Las 400 personas que se secuestraron esas noches tuvieron diferentes destinos. Algunas fueron trasladadas al penal de la ciudad de Jujuy, y muchas de ellas derivadas al centro clandestino de detención Guerrera. Algunas fueron liberadas a los pocos días, otras paseadas por varias cárceles y centros clandestinos del país durante meses, y treinta continúan desaparecidas.
Ernesto Saman, uno de los que vivió para contar la historia
Fue uno de los centenares de secuestrados y detenidos entre la semana del 20 al 27 de julio de 1976 en Ledesma. En diálogo con télam.com.ar, relató los momentos de terror que vivió durante su cautiverio.
Ernesto Saman fue una de las casi 400 personas secuestradas y detenidas entre la semana del 20 al 27 de julio de 1976 en el partido de Ledesma, Jujuy. Después de pasar por distintas unidades penales y por el centro clandestino de detención Guerrero, fue liberado en abril de 1978.
"Las marcas son de todo tipo, físicas, psicológicas y sociales, porque todavía hoy la sociedad de Ledesma sigue siendo muy cerrada", explica Ernesto, a quien todavía le tiembla la voz cuando comienza a relatar los hechos. En aquel entonces tenía 23 años y era empleado administrativo en el ingenio Ledesma. Estaba casado y tenía un bebé de siete meses.
Cuando el 20 de julio de 1976 se produjo el primer apagón, él se encontraba festejando el cumpleaños de su madre en la casa de ella. Al principio no los sorprendió, así que sacaron velas y continuaron con el agasajo, pero a los pocos minutos comenzaron a escuchar el movimiento de los autos que frenaban y arrancaban velozmente, y seguido a esto los gritos y los ruidos de las puertas pateadas. Entonces comenzó a invadirlos el miedo y Ernesto decidió que pasarían la noche allí.
Al día siguiente, cuando fue a su casa –vivían con su abuela- le dijeron que lo habían ido a buscar a la noche y que le habían dejado una nota diciéndole que se presentara a la seccional 24 de policía. Y Ernesto, que ni siquiera sospechaba que Argentina estaba en el mismo infierno, se presentó.
"Ahí me dijeron que quedaba detenido a disposición de las autoridades militares, y me enteré del raid de la noche anterior. Escuché que habían levantado por lo menos a 200 personas y que algunos ya habían sido trasladados a Jujuy", recuerda.
A las 14 fue trasladado a la central de policía de Jujuy, a donde lo ingresaron por la puerta de atrás. Allí, el jefe de la central de operaciones de la policía, Ernesto Jaig, y el subcomisario, Damián Vilt lo recibieron a golpes, le ataron las manos, y lo tiraron sobre una cucheta donde pasó toda la tarde.
Antes de la noche lo trasladaron en un Ford Falcón del Ejército a su futuro destino: el centro clandestino de detención Guerrero. "Eso lo pudimos identificar recién en 1984, porque alcanzamos a ver que íbamos por la ruta 9", explica.
El número 56
Al llegar a Guerrero, Ernesto se convirtió técnicamente en un desaparecido. Su familia desconocía su paradero, estaba incomunicado y al ingresar le quitaron el documento y asignaron un número.
"A partir de ahora sos el 56", recuerda y agrega: "Te juro que todavía tiemblo cada vez que lo cuento. Yo llegué a escuchar hasta el número 108".
Después de sacarle los pocos objetos personales que le quedaban lo tiraron sobre otras personas y recién entonces comenzó a reconocer gente y empezó a entender que estaba secuestrado, lejos de los derechos civiles y lejos de la libertad.
La historia allí adentro es conocida porque el accionar del aparato represivo, que incluía tortura física y psicológica, fue un común denominador de todos los centros clandestinos que se extendieron de norte a sur del país.
19/07/07 Acto Ledesma con Memoria - Fotografías de Rei Vaj - Fuente: www.prensadefrente.org
Vendados, tabicados, golpeados, hacinados, hambrientos, desposeídos de sus bienes y de sus identidades, muchos de los desaparecidos de los apagones estaban en Guerrero, resistiendo el dolor.
"El obispo José Miguel Medina estaba en las salas de tortura. Yo escuché que estaban llevando a declarar y pedí que me llevaran porque quería explicarles que yo ya no militaba en ningún lado. Se declaraba al lado del baño, en una habitación donde había un tipo que te hacía preguntas mientras los demás te torturaban", explica detalladamente, sin poder y sin querer borrar los detalles de su mente.
"Yo creo que pensaron que estaba vinculado con la guerrilla tucumana porque yo había estudiado en Tucumán, pero yo no militaba. Y obviamente no me creían. Yo estaba vendado pero me ponían delante a compañeros que me acusaban de estar en el ERP que seguramente estaban presionados. Hasta que uno dijo que yo no andaba en nada", cuenta.
Allí estuvo 13 días, hasta que al principio de agosto, los trasladaron de vuelta a la policía central. Y de ahí a la comisaría de Villa Gorriti en Jujuy donde quedaron a disposición del PEN.
Aparecidos, pero subversivos
Cuando llegaron a las celdas que tenían asignadas en la comisaría había un cartel arriba que decía "subversivos". Dos semanas después volvieron a ver al obispo Medina, quien en su homilía no perdió el hábito de "apretarlos".
"Muchachos, ustedes no hablaron y tienen que hablar, yo me ofrezco a pasar por cada celda a escucharlos. Lo que las fuerzas de seguridad están haciendo es por la patria", les dijo, esta vez, amistosamente.
Como eran presos "legales" podían tener comunicación con la familia por carta.
El 7 de octubre los trasladaron nuevamente, esta vez a la Unidad 9 de La Plata. "Allí llegamos 78 hombres jujeños, entre ellos el médico Luis Aredes. A las mujeres que habían estado con nosotros en Guerrera las llevaron a Devoto. Allí nos trataron mejor porque estaba Amnesty y la Cruz Roja Internacional que iban de visita al penal".
Y vueltos a desaparecer
En julio de 1977 el presidente de facto Jorge Rafael Videla inició una "gira" por el norte del país. Como una forma de asegurarse que no fuera a haber ningún atentado –sobre todo en la zona noroeste- las fuerzas armadas trasladaron como "rehenes" a dos o tres personas de las distintas provincias que conforman el Tercer Cuerpo del Ejército.
Entre ellos estaba Ernesto, quien fue sacado de la U9 de La Plata, y llevado hasta Córdoba, donde se encontró con compañeros de otras localidades.
"Lo hicieron sin decirle nada a nuestra familia, para quienes volvíamos a estar desaparecidos, fue terrible para ellos, y también para nosotros, porque en cada traslado pensábamos que nos iban a matar – recuerda – cuando llegamos a destino nos informaron que éramos rehenes y que si le pasaba algo a alguien del ejército nos fusilaban. Esos días estuvimos incomunicados".
¿El fin de la odisea?
En octubre de 1977 lo llevaron a Sierra Chica, Partido de Olavarría, en Buenos Aires. Fue una nueva aparición. Allí los detenidos reanudaron el contacto con sus familias, les permitían salir al patio a tomar sol y hasta les dejaban leer el diario.
"Un día leo en el periódico que me iban a liberar. Empiezo a preguntar y me dicen que sólo falta la aprobación del ejército", explica.
La libertad llegó el primer domingo de abril de 1978. "Salimos con dos compañeros, no teníamos ni plata, ni ropa. Era un domingo, me acuerdo perfecto porque era día de visita. Lo primero que hicimos fue ir a un bar y pedir una gaseosa, y la gente se agolpaba para pagarnos, fue muy emocionante", recuerda.
De Olavarría, Ernesto fue primero a Buenos Aires, y después consiguió ir a Córdoba con un compañero. Allí durmió una noche, y consiguió pasaje para ir a Jujuy en tren.
"Cuando llegué a Jujuy mucha gente se había ido. Yo decidí quedarme porque allí estaba mi mujer con mi hijo", explica justificando su permanencia. Y agrega: "Nos costó mucho insertarnos socialmente Cuando me veía venir la gente cruzaba de vereda y no faltó quien comentara por lo bajo ‘algo habrán hecho’".
Al poco tiempo consiguió nuevamente empleo en el Ingenio Ledesma, pero ahora como obrero de limpieza. Luego pasó a ser ayudante químico. Hasta que en 1981 tuvo la posibilidad de hacer un curso de Educación Física y comenzó a dar clases a la vez que a estudiar para maestro de grado. Finalmente se recibió y dio clases en Libertador General San Martín.
"Acá una de las peores cosas que dejó la dictadura fue la cultura del miedo. Yo tuve un poco de miedo al principio, pero cuando las vi a las madres luchando enseguida me plegué a ellas", explica.
Hoy, además de ser un reconocido docente del pueblo, es uno de los sobrevivientes que trabaja en la lucha por mantener viva la memoria y por buscar justicia
Olga Márquez de Arédez, un pilar de la lucha
Fue uno de los signos más emblemáticos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Desde que organizó en 1983 la primera marcha para reclamar por la aparición de su esposo hasta que murió, en 2005, no dejó de dar testimonio.
Olga Márquez de Arédez fue uno de los signos más emblemáticos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de Ledesma. Desde que organizó en 1983 la primera marcha alrededor de la plaza para reclamar por la aparición de su esposo - secuestrado el 27 de julio de 1976 en una de las noches de Los Apagones- hasta que murió en 2005, no dejó de dar testimonio.
El matrimonio Arédez, Olga y Luis, llegaron a Libertador Gral. San Martín en 1958. Venían de su tierra natal, Tucumán, pero decidieron probar suerte en esa parte del noroeste argentino.
Al poco tiempo de llegar, Luis consiguió trabajo en el Ingenio Ledesma, empresa que controlaba y -aún controla- la economía de la zona. Él era médico y su primer enfrentamiento con los dueños de la firma fue por reclamar mejoras en las condiciones sanitarias de los trabajadores de la zafra. Pero esta no fue su única "conducta sospechosa" ante los ojos de sus patrones: también brindaba atención gratuita a las familias pobres.
Unos meses más tarde fue despedido por "proporcionarle demasiados medicamentos a los empleados". La relación con el Ingenio Ledesma había terminado, o al menos eso era lo que Arédez creía.
Por su trabajo social, rápidamente fue querido y respetado en el pueblo, donde llegó a ser intendente hasta que, ni bien instalada la dictadura, fue secuestrado por unos meses y liberado. Pero poco tiempo después, el 27 de julio de 1976, fue llevado de su casa nuevamente, y esta vez en forma definitiva.
"Yo recuerdo que lo vi en octubre de 1977, cuando nos trasladaron de la cárcel de Villa Gorriti de Jujuy a la Unidad Penal 9 de La Plata", señaló Ernesto Samán, un sobreviviente de "La noche del Apagón".
Si bien algunos de sus compañeros han testimoniado que estuvo con vida hasta 1977, en un momento se perdió el rastro y hoy es un integrante de la lista de desaparecidos argentinos.
Fue entonces cuando Olga, quien había quedado sola con sus cuatro hijos, comenzó a luchar para averiguar dónde se encontraba su marido. Primero estuvo acompañada, pero con el tiempo, el miedo, la resignación o el cansancio se fueron apoderando de sus compañeras y se fue quedando sola.
"Recuerdo que la veía dando vueltas sola en la plaza cada jueves y me llamaba mucho la atención. Hasta que un día me acerqué y comenzamos a hablar y me contó su historia", relató Julio Gutiérrez, miembro de CAPOMA (Centro de Acción Popular Olga Márquez Arédez por los Derechos Humanos).
Y así, pese a las advertencias que le hacían de que no se acercara a ella - aún cuando la dictadura había caído ya hacía al menos tres o cuatro años – Julio se hizo amigo de Olga y de sus hijos y, junto a otros jóvenes, empezaron a colaborar con las madres de Ledesma.
Pero además de la lucha por la aparición de su esposo, acompañó todos los reclamos de justicia que pudo e impulsó un juicio contra la empresa Ledesma para que cese la contaminación de bagazo –el desecho de la caña de azúcar- que los enfermó a ella y a tantos de sus vecinos.
Las jornadas anuales en memoria "La noche del Apagón" son también su legado, una actividad que hoy continúan quienes la conocieron, la admiraron y aprendieron de ella el valor de la militancia por los derechos humanos.
"Era una mujer con mucha fortaleza. Cuando nosotros nos emocionábamos ella nos decía: compañeros, ya hemos llorado bastante, ahora hay que seguir para adelante, hay que continuar con la lucha", recuerda –emocionado- Samán.
Olga Márquez de Arédez murió en Tucumán, el 17 de marzo de 2005, como consecuencia de un tumor en sus pulmones, provocado por el bagazo.
Télam
jueves, 23 de julio de 2009
sobre el fallo labolita :la proxima semana,el porque de dicho fallo
El profesor Carlos Orlando Labolita opina sobre el polémico fallo del juicio por la desaparición de su hijo Carlos Alberto (23).
Dijo Nietzsche: «No hay hechos, sino interpretaciones». Y yo doy la mía.
Respecto del Juicio que se llevó a cabo en Mar del Plata por la desaparición de Carlos Alberto Labolita (en realidad, secuestro, tortura y muerte) fueron juzgados el Gral. Mansilla y el Cnel. Duret. Fue mi primera experiencia (y espero que la última) y en ella pude ver, ahora sí, en cuerpo y alma, a la famosa impunidad, con su rostro abominable, danzando en su escenario favorito: el estrado de un Tribunal.
Mansilla es un hombre viejo y enfermo de Parkinson, de caminar lento y vacilante y un hablar muy bajo. Duret, en cambio, se presenta como un militar vivaz y hábil, que camina a grandes zancadas y trata de impresionar con su voz de barítono, supongo que para infundir miedo. Es un experto en Inteligencia (palabra siniestra si las hay), que jugó con la vida y la muerte de los ciudadanos de la famosa Area 125, que comprendía las ciudades de San Miguel del Monte, Las Flores, Roque Pérez, Saladillo, Lobos y Azul, entre otras.
Del Tribunal, sólo recuerdo a alguien que, por su probidad y nobleza, merece ser recordado: el Juez, Dr. Carlos Rozansky, luchador por los Derechos Humanos.
Desde el principio me pareció ver el clima que reinaría en todo el Juicio: chicanas al por mayor, testigos annésicos, forasteros y florenses, de baja catadura moral, algunos que incurrieron en falso testimonio, y como marco de todo este circo, las amenazas apocalípticas de Duret, ante la indiferencia (¿complicidad?) del Tribunal: «La familia Labolita es mi enemiga porque quiere destruir mi familia». Esto nos asustó un poco porque venía de boca de un experto en torturas y secuestros, y para ellos «enemigo» quiere decir «aniquilación».
Luego de negar todas las imputaciones de la querella, remató su intervención con lo que considero lo más grave del proceso: «Si triunfa la razón, aún los que pierden van a ganar, pero si triunfa la sinrazón, quienes ganan a la larga van a perder».
¿Una amenaza al Tribunal, a los defensores de la querella, a todos los presentes, a toda la humanidad? Un verdadero enigma para los seguidores de Nostradamus.
El Presidente del Jurado leyó la absolución de Duret y salió corriendo a guarecerse de los improperios en coro y de algunos espectadores de mal carácter que avanzaban peligrosamente sobre el estrado.
Afuera, varias decenas de jóvenes con banderas, rugían y tiraban piedras contra el frente de Tribunales.
Los jueces innombrables debieron esperar algunas horas para salir rodeados de policías con escudos. Rozansky lo hizo enseguida y fue aplaudido por la gente.
Carlos Orlando Labolita
Fuente: Acción Regional 11/07/09
Dijo Nietzsche: «No hay hechos, sino interpretaciones». Y yo doy la mía.
Respecto del Juicio que se llevó a cabo en Mar del Plata por la desaparición de Carlos Alberto Labolita (en realidad, secuestro, tortura y muerte) fueron juzgados el Gral. Mansilla y el Cnel. Duret. Fue mi primera experiencia (y espero que la última) y en ella pude ver, ahora sí, en cuerpo y alma, a la famosa impunidad, con su rostro abominable, danzando en su escenario favorito: el estrado de un Tribunal.
Mansilla es un hombre viejo y enfermo de Parkinson, de caminar lento y vacilante y un hablar muy bajo. Duret, en cambio, se presenta como un militar vivaz y hábil, que camina a grandes zancadas y trata de impresionar con su voz de barítono, supongo que para infundir miedo. Es un experto en Inteligencia (palabra siniestra si las hay), que jugó con la vida y la muerte de los ciudadanos de la famosa Area 125, que comprendía las ciudades de San Miguel del Monte, Las Flores, Roque Pérez, Saladillo, Lobos y Azul, entre otras.
Del Tribunal, sólo recuerdo a alguien que, por su probidad y nobleza, merece ser recordado: el Juez, Dr. Carlos Rozansky, luchador por los Derechos Humanos.
Desde el principio me pareció ver el clima que reinaría en todo el Juicio: chicanas al por mayor, testigos annésicos, forasteros y florenses, de baja catadura moral, algunos que incurrieron en falso testimonio, y como marco de todo este circo, las amenazas apocalípticas de Duret, ante la indiferencia (¿complicidad?) del Tribunal: «La familia Labolita es mi enemiga porque quiere destruir mi familia». Esto nos asustó un poco porque venía de boca de un experto en torturas y secuestros, y para ellos «enemigo» quiere decir «aniquilación».
Luego de negar todas las imputaciones de la querella, remató su intervención con lo que considero lo más grave del proceso: «Si triunfa la razón, aún los que pierden van a ganar, pero si triunfa la sinrazón, quienes ganan a la larga van a perder».
¿Una amenaza al Tribunal, a los defensores de la querella, a todos los presentes, a toda la humanidad? Un verdadero enigma para los seguidores de Nostradamus.
El Presidente del Jurado leyó la absolución de Duret y salió corriendo a guarecerse de los improperios en coro y de algunos espectadores de mal carácter que avanzaban peligrosamente sobre el estrado.
Afuera, varias decenas de jóvenes con banderas, rugían y tiraban piedras contra el frente de Tribunales.
Los jueces innombrables debieron esperar algunas horas para salir rodeados de policías con escudos. Rozansky lo hizo enseguida y fue aplaudido por la gente.
Carlos Orlando Labolita
Fuente: Acción Regional 11/07/09
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miércoles, 22 de julio de 2009
La Justicia confirmó un nuevo juicio para Etchecolatz
La Cámara Federal confirmó otro procesamiento, con prisión preventiva, del ex comisario Miguel Etchecolatz, por lo que el represor deberá afrontar un nuevo juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
La resolución, difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), la dictó la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata y alcanzó también al ex subjefe de la policía provincial Rodolfo Aníbal Campos, al comisario Fernando Svedas, al cabo Julio César Argüello, al sargento primero Mario Víctor Sita y al oficial subinspector Raúl Orlando Machuca.
En esta ocasión los camaristas Alberto Ramón Durán y Carlos Román Compaired; con la intervención de la secretaria Alicia Di Donato; responsabilizaron al ex director general de Investigaciones de la Policía bonaerense durante la gestión de Ramón Camps, por violaciones a los derechos humanos cometidas en la Brigada de Investigaciones de La Plata.
En una resolución de 18 carillas los magistrados afirmaron que"se encuentra probado" el "esquema de responsabilidades" por los delitos cometidos en esa dependencia por el "aparato represivo ilegal instaurado a partir del 24 de marzo de 1976, bajo una precisa cadena de mandos, por el gobierno de facto".
Al ratificar los procesamientos por secuestros y torturas, los camaristas afirmaron que la medida fue correcta ya que los elementos reunidos en el expediente "constituyen un elenco probatorio cargoso que, sirve de sustento a la reprochabilidad conductal en directa relación con la responsabilidad penal de cada uno de lo encartados".
"La materialidad ilícita fluye claramente de las pruebas reseñadas y, como se desprende del resolutorio en crisis, dan por acreditado -con el grado de certeza propio de la instancia- el funcionamiento de los centros clandestinos de detención pesquisados, las ilegítimas privaciones de la libertad y el sometimiento a torturas", dijeron los magistrados.
En su extensa resolución los jueces citaron la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la denominada "causa 13" como se conoció al histórico proceso en el que se enjuiciaron a los comandantes de las tres primeras juntas militares del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
Allí el Máximo TRibunal había establecido que "los superiores conservan el dominio de los acontecimientos a través de la utilización de una estructura organizada de poder, circunstancia que los constituye en autores mediatos de los delitos así cometidos".
En septiembre de 2006 el Tribunal Oral Federal Uno, de La Plata, condenó al ex "mano derecha" de Camps a reclusión perpetua en el primer juicio oral contra represores que se celebró después de la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.
En aquella sentencia los camaristas afirmaron que los delitos perpetrados por el ex Director General de Investigaciones de la Policía bonaerense, se inscribían "en el marco del genocidio cometido en la Argentina" por quienes usurparon el gobierno el 24 de marzo de 1976.
Etchecolatz fue condenado entonces por los homicidios calificados de Diana Teruggi de Mariani, Ambrosio De Marco, Patricia Graciela Dell Orto, Elena Arce Sahores, Nora Livia Formiga y Margarita Delgado. También por los secuestros y tormentos a Nilda Eloy y Jorge Luis López.
La resolución, difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), la dictó la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata y alcanzó también al ex subjefe de la policía provincial Rodolfo Aníbal Campos, al comisario Fernando Svedas, al cabo Julio César Argüello, al sargento primero Mario Víctor Sita y al oficial subinspector Raúl Orlando Machuca.
En esta ocasión los camaristas Alberto Ramón Durán y Carlos Román Compaired; con la intervención de la secretaria Alicia Di Donato; responsabilizaron al ex director general de Investigaciones de la Policía bonaerense durante la gestión de Ramón Camps, por violaciones a los derechos humanos cometidas en la Brigada de Investigaciones de La Plata.
En una resolución de 18 carillas los magistrados afirmaron que"se encuentra probado" el "esquema de responsabilidades" por los delitos cometidos en esa dependencia por el "aparato represivo ilegal instaurado a partir del 24 de marzo de 1976, bajo una precisa cadena de mandos, por el gobierno de facto".
Al ratificar los procesamientos por secuestros y torturas, los camaristas afirmaron que la medida fue correcta ya que los elementos reunidos en el expediente "constituyen un elenco probatorio cargoso que, sirve de sustento a la reprochabilidad conductal en directa relación con la responsabilidad penal de cada uno de lo encartados".
"La materialidad ilícita fluye claramente de las pruebas reseñadas y, como se desprende del resolutorio en crisis, dan por acreditado -con el grado de certeza propio de la instancia- el funcionamiento de los centros clandestinos de detención pesquisados, las ilegítimas privaciones de la libertad y el sometimiento a torturas", dijeron los magistrados.
En su extensa resolución los jueces citaron la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la denominada "causa 13" como se conoció al histórico proceso en el que se enjuiciaron a los comandantes de las tres primeras juntas militares del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
Allí el Máximo TRibunal había establecido que "los superiores conservan el dominio de los acontecimientos a través de la utilización de una estructura organizada de poder, circunstancia que los constituye en autores mediatos de los delitos así cometidos".
En septiembre de 2006 el Tribunal Oral Federal Uno, de La Plata, condenó al ex "mano derecha" de Camps a reclusión perpetua en el primer juicio oral contra represores que se celebró después de la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.
En aquella sentencia los camaristas afirmaron que los delitos perpetrados por el ex Director General de Investigaciones de la Policía bonaerense, se inscribían "en el marco del genocidio cometido en la Argentina" por quienes usurparon el gobierno el 24 de marzo de 1976.
Etchecolatz fue condenado entonces por los homicidios calificados de Diana Teruggi de Mariani, Ambrosio De Marco, Patricia Graciela Dell Orto, Elena Arce Sahores, Nora Livia Formiga y Margarita Delgado. También por los secuestros y tormentos a Nilda Eloy y Jorge Luis López.
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Es el desaparecido en el estado de su desaparición:PABLO TORELLO Y EL DOCUMENTAL HISTORIAS DE APARECIDOS
En su película, que se emitirá este viernes en el canal Encuentro, el cineasta mira la dictadura a través de los cuerpos que, luego de ser arrojados, devolvía el mar. “Es una mirada regional, a partir de los costeros”, dice.
En diciembre de 2001, mientras el país estallaba con la salida anticipada del gobierno de Fernando de la Rúa, Pablo Torello concluía un ciclo lectivo más del Seminario de Producción Documental que dicta todos los años en la Universidad Nacional de La Plata. Justo al finalizar la cursada, dos alumnos oriundos de localidades de la Costa Atlántica se acercaron al docente para proponerle realizar una investigación con testimonios sobre la aparición de cuerpos en las playas de Santa Teresita, Mar de Ajó y San Clemente entre 1976 y 1978, durante la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla. A Torello le interesó la propuesta y, a través del Centro de Producción Audiovisual de la UNLP, decidió poner en marcha la investigación junto a un equipo, con la idea de realizar un documental sobre los cuerpos que devolvía el mar después de ser arrojados por los militares desde aviones en los denominados “vuelos de la muerte”. Así surgió la posibilidad de “armar una película sobre la dictadura con algunas características distintas: en principio, regionalizada y contada a través de personajes costeros, con algunas características muy particulares, pero que no eran aquellas voces de organismos de derechos humanos que hasta ese momento venían contando la historia, al menos en los pocos documentales que había hasta esa época”, relata Torello en diálogo con Página/12.
Torello también señala que esa idea de contar las aberraciones de la dictadura “con un punto de vista nuevo y singular se transformaba en una investigación muy frondosa y al final inconclusa: empezábamos a construir lo que llamamos el circuito de la muerte, que era la posibilidad de unir aquellos relatos de testigos directos como eran los habitantes costeros que habían visto aparecer decenas de cuerpos en diciembre del ’76, ’77 y ’78 con una línea que la burocracia del Estado terrorista seguía dejando huellas, como dice el antropólogo Carlos Somigliana en la película”. La ruta que indica Torello comenzaba con la aparición de los cuerpos y “una orden judicial se iniciaba. El policía de la costa iniciaba un sumario y llamaba a los bomberos para que recogieran el cuerpo. Lo trasladaban al hospital municipal. Al día siguiente, en camiones municipales (obviamente el municipio en manos de un intendente puesto por la dictadura), eran enviados al cementerio de General Lavalle”.
Este recorrido es narrado en Playas del silencio, un documental cuya filmación se inició a fines de 2001, se estrenó en 2003 y se reestrenó en 2005 con el título cambiado: Historias de aparecidos, que el canal Encuentro emitirá el viernes 24 a las 23 (repite domingo 26 a las 1 de la mañana). A Historias de aparecidos, entonces, el director le incorporó siete minutos más: es que a fines de 2004 y comienzos de 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó algunas de las tumbas en el cementerio de General Lavalle y reconoció la identidad de los cuerpos de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce, de la militante Angela Auad y de la monja francesa Léonie Duquet.
Si en el primer tramo de Historias de aparecidos, distintos ex detenidos-desaparecidos cuentan su experiencia terrorífica en manos de los torturadores de la ESMA (Pérez Esquivel, por ejemplo, narra el episodio en que estaba en un avión listo para ser arrojado al mar y por presiones internacionales no lo tiraron), la segunda mitad de Historias... se mete de lleno con la investigación propiamente dicha: distintos pobladores y testigos directos como bomberos del Partido de la Costa recuerdan la aparición de los cuerpos en las playas bonaerenses. Los primeros aparecieron en diciembre de 1976. Los bomberos voluntarios de Santa Teresita recogieron de las playas de su jurisdicción (que abarca La Toninas, Santa Teresita y Mar del Tuyú) 33 cadáveres desnudos, “sin genitales, algunos cráneos presentaban signos de haber sido ejecutados. Muchos estaban destrozados, los pechos cortados, atados, quemadas las yemas de los dedos. Faltaban partes de las dentaduras”, según se señala en el documental.
Historias... relata también que en aquella época camiones municipales cargaron algunos cuerpos y los llevaron al cementerio de General Lavalle. Uno de los testimonios más estremecedores es el de un sepulturero que cuenta que su hermano le había dicho que iba a llegar un camión con cadáveres, pero que ellos no debían hacer nada: “Vino personal del municipio para hacer la fosa común”, recuerda. Durante la investigación, el equipo se dirigió al Juzgado Federal de Dolores “que instruía estas causas. Y en el juzgado, por alguna secretaria cansada de tanto olvido, tuvimos la posibilidad de acceder a las fotos de los cuerpos, tal cual aparecían, y que son incluidas en la película, lo más lejos del morbo posible”, relata Torello, al tiempo que señala que tomó una decisión como realizador “en el momento de incluir los cuerpos destrozados, esas fotos forenses. Tomé una decisión de poner a los desaparecidos como aparecidos. No con esas fotos de las pancartas de las Madres cuando ellos estaban vivos ni tampoco las de aquellos huesos de las exhumaciones en la democracia. Yo digo: ‘Esta es la foto del desaparecido aparecido en su mismo estado de desaparición: torturado, vejado. Esa fue una de las decisiones más fuertes que tomé’”, asegura Torello.
–En la primera parte del documental los ex detenidos-desaparecidos brindan el contexto histórico y su terrible experiencia en la ESMA, mientras que en la segunda parte el film se mete de lleno con la investigación de los cuerpos. ¿Por qué lo pensó así?
–De una u otra manera, la idea de la película era construir una línea en donde podíamos definir que hubo una dictadura, que hubo una represión ilegal, que dentro de esa represión ilegal hubo desapariciones forzadas de personas, que esas desa-pariciones forzadas eran sistemáticas. Y así llegamos a la ESMA. Nosotros, en la investigación, a través de testimonios de historiadores y de ex detenidos-desaparecidos focalizamos que había sólo dos lugares desde donde los vuelos partían. Los vuelos no partían de El Olimpo o de El Vesubio, sino que había una centralización en Campo de Mayo y en la ESMA. Es decir, aquellos lugares que tenían acceso al vuelo. Entonces, a partir de ahí, como con Campo de Mayo teníamos poca accesibilidad a testimonios directos, nos inclinamos por los de la ESMA. Ahí testimonian Víctor Basterra, Graciela Daleo, Miriam Lewin, entre otros. Y a partir de la ESMA, empezamos a construir el circuito del “vuelo de la muerte”. Nosotros, al llegar a las playas, queríamos trazar estas certezas: hubo dictadura, hubo desaparición forzada, hubo una sistematización en esto y hubo vuelos como parte de esa desaparición forzada. Obviamente, arrancamos con el libro de Horacio Verbitsky donde el victimario propone certificarlo.
–¿Los vecinos que cuentan minuciosamente la aparición de cadáveres en las costas se dieron cuenta en su momento de lo que estaba pasando o lo pudieron reconstruir muchos años después?
–Yo creo que lo pudieron reconstruir muchos años después en dos lugares. En principio, en el miedo que tenían para contarnos las cosas en el 2002 (estamos hablando de unos cuantos años de democracia). Y después que la película se estrenó y produjo lo que produjo.
–¿El dato que los llevó al cementerio de General Lavalle, donde hubo enterramientos clandestinos, surgió de los testimonios que recogieron o usted y su equipo manejaban alguna hipótesis previa?
–El equipo de alumnos que investigaba en la película ya sabía. Si una persona común va a las actas de Bomberos de Mar de Ajó, Santa Teresita y San Bernardo de aquella época se va a encontrar con los mismos documentos que nosotros. Esto los alumnos ya lo tenían. También tenían el contacto de que había causas y habían visitado previamente el cementerio para saber que, abriendo el libro de sepulturas, se veía un NN cada cuatro o cinco carillas, pero al llegar a esos diciembres del ’76, ’77 y ’78 los NN se empezaban a multiplicar por 14 o 15 por carilla.
–¿Qué les brindó el juzgado de Dolores?
–En el juzgado nosotros accedimos a aquellas causas que habían sido iniciadas en el momento de aparición de los cuerpos, suponiendo la existencia de un naufragio. El Estado terrorista fue dejando huellas a través de su Estado burocrático.
–¿Hubo una presentación judicial en su momento que acompañara este documental?
–No, no hubo una presentación judicial porque cualquier familiar de desaparecidos se podía presentar con la película como damnificado a pedir exhumaciones. Elegimos más buscar entre antropólogos que veíamos, como Carlos Somigliana o Alejandro Inchaurregui, con sobrevivientes, militantes o referentes de derechos humanos como Estela de Carlotto y Víctor Basterra. Elegimos más construir un universo de certezas de qué era lo que teníamos nosotros en la mano antes que iniciar una causa.
–¿Considera que el hecho de que esta película se emita por televisión puede ayudar a que más gente se entere del sistema clandestino de torturas, asesinatos y desapariciones que implementó la dictadura?
–Sí. Tengo una anécdota con respecto a eso: mi hija cumplía catorce años cuando la película, a través del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, llegaba a todas las escuelas bonaerenses, justo cuando se cumplían treinta años del golpe. Y ella les contaba a los amigos que iban a ver la película del padre. Eran chicos que habían vivido toda su vida en democracia. Y tras la sorpresa, el debate posterior se desarrollaba en estas generaciones. Además, considero que el Estado, en su situación de pensar qué es lo que tenemos que ver por televisión, debe inducir de una u otra manera la revisión de la historia. Tampoco tenemos que creer que lo único que tenemos que revisar es el pasado de la dictadura, sino también el pasado inmediato de los ’90. También habría que hacer un trabajo sobre lo que pasó hace un año con la Resolución 125, por ejemplo. Creo que la idea del documentalista y la idea de los medios de comunicación que estén en manos del Estado (no del oficialismo) tiene que ver con aportar a construir una sociedad mejor.
–¿Cree que la confesión de Scilingo acerca de la existencia de los “vuelos de la muerte” permitió exponer una verdad irrebatible frente a los argumentos de parte de la sociedad que desconfiaba de las atrocidades de la dictadura?
–Sí. Ese sería el referente mediático junto con el mea culpa de Balza en el programa de Grondona que fue por esa época también. Ahora, creo que ahí había una cuestión generacional y epocal en donde la sociedad llegaba a veinte años del golpe, en donde los hijos de desaparecidos empezaban a cumplir veintipico. Para llegar a esa situación fue fundamental el rol que los organismos de derechos humanos jugaron a lo largo de esos veinte años. O periodistas que, a lo largo de veinte años, escribieron sobre esto. Ojalá yo hubiese estado veinte años haciendo películas de esto.
–A pesar de las declaraciones de Scilingo, ¿cree que hay resistencia de parte de ciertos sectores para consolidar la construcción de la memoria?
–Sí. En estos días, digo que sí más que nunca. Hoy, a la distancia, viendo la forma en que se están discutiendo los modelos de país en danza, realmente creo que hay mucha hipocresía. Con lo que pasa en el ’55, lo que pasa en el ’76 y lo que pasa con el conflicto con los sectores del campo, uno podría poner el espejo a 45 grados y encontrar ahí una copia bastante transparente.
En diciembre de 2001, mientras el país estallaba con la salida anticipada del gobierno de Fernando de la Rúa, Pablo Torello concluía un ciclo lectivo más del Seminario de Producción Documental que dicta todos los años en la Universidad Nacional de La Plata. Justo al finalizar la cursada, dos alumnos oriundos de localidades de la Costa Atlántica se acercaron al docente para proponerle realizar una investigación con testimonios sobre la aparición de cuerpos en las playas de Santa Teresita, Mar de Ajó y San Clemente entre 1976 y 1978, durante la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla. A Torello le interesó la propuesta y, a través del Centro de Producción Audiovisual de la UNLP, decidió poner en marcha la investigación junto a un equipo, con la idea de realizar un documental sobre los cuerpos que devolvía el mar después de ser arrojados por los militares desde aviones en los denominados “vuelos de la muerte”. Así surgió la posibilidad de “armar una película sobre la dictadura con algunas características distintas: en principio, regionalizada y contada a través de personajes costeros, con algunas características muy particulares, pero que no eran aquellas voces de organismos de derechos humanos que hasta ese momento venían contando la historia, al menos en los pocos documentales que había hasta esa época”, relata Torello en diálogo con Página/12.
Torello también señala que esa idea de contar las aberraciones de la dictadura “con un punto de vista nuevo y singular se transformaba en una investigación muy frondosa y al final inconclusa: empezábamos a construir lo que llamamos el circuito de la muerte, que era la posibilidad de unir aquellos relatos de testigos directos como eran los habitantes costeros que habían visto aparecer decenas de cuerpos en diciembre del ’76, ’77 y ’78 con una línea que la burocracia del Estado terrorista seguía dejando huellas, como dice el antropólogo Carlos Somigliana en la película”. La ruta que indica Torello comenzaba con la aparición de los cuerpos y “una orden judicial se iniciaba. El policía de la costa iniciaba un sumario y llamaba a los bomberos para que recogieran el cuerpo. Lo trasladaban al hospital municipal. Al día siguiente, en camiones municipales (obviamente el municipio en manos de un intendente puesto por la dictadura), eran enviados al cementerio de General Lavalle”.
Este recorrido es narrado en Playas del silencio, un documental cuya filmación se inició a fines de 2001, se estrenó en 2003 y se reestrenó en 2005 con el título cambiado: Historias de aparecidos, que el canal Encuentro emitirá el viernes 24 a las 23 (repite domingo 26 a las 1 de la mañana). A Historias de aparecidos, entonces, el director le incorporó siete minutos más: es que a fines de 2004 y comienzos de 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó algunas de las tumbas en el cementerio de General Lavalle y reconoció la identidad de los cuerpos de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce, de la militante Angela Auad y de la monja francesa Léonie Duquet.
Si en el primer tramo de Historias de aparecidos, distintos ex detenidos-desaparecidos cuentan su experiencia terrorífica en manos de los torturadores de la ESMA (Pérez Esquivel, por ejemplo, narra el episodio en que estaba en un avión listo para ser arrojado al mar y por presiones internacionales no lo tiraron), la segunda mitad de Historias... se mete de lleno con la investigación propiamente dicha: distintos pobladores y testigos directos como bomberos del Partido de la Costa recuerdan la aparición de los cuerpos en las playas bonaerenses. Los primeros aparecieron en diciembre de 1976. Los bomberos voluntarios de Santa Teresita recogieron de las playas de su jurisdicción (que abarca La Toninas, Santa Teresita y Mar del Tuyú) 33 cadáveres desnudos, “sin genitales, algunos cráneos presentaban signos de haber sido ejecutados. Muchos estaban destrozados, los pechos cortados, atados, quemadas las yemas de los dedos. Faltaban partes de las dentaduras”, según se señala en el documental.
Historias... relata también que en aquella época camiones municipales cargaron algunos cuerpos y los llevaron al cementerio de General Lavalle. Uno de los testimonios más estremecedores es el de un sepulturero que cuenta que su hermano le había dicho que iba a llegar un camión con cadáveres, pero que ellos no debían hacer nada: “Vino personal del municipio para hacer la fosa común”, recuerda. Durante la investigación, el equipo se dirigió al Juzgado Federal de Dolores “que instruía estas causas. Y en el juzgado, por alguna secretaria cansada de tanto olvido, tuvimos la posibilidad de acceder a las fotos de los cuerpos, tal cual aparecían, y que son incluidas en la película, lo más lejos del morbo posible”, relata Torello, al tiempo que señala que tomó una decisión como realizador “en el momento de incluir los cuerpos destrozados, esas fotos forenses. Tomé una decisión de poner a los desaparecidos como aparecidos. No con esas fotos de las pancartas de las Madres cuando ellos estaban vivos ni tampoco las de aquellos huesos de las exhumaciones en la democracia. Yo digo: ‘Esta es la foto del desaparecido aparecido en su mismo estado de desaparición: torturado, vejado. Esa fue una de las decisiones más fuertes que tomé’”, asegura Torello.
–En la primera parte del documental los ex detenidos-desaparecidos brindan el contexto histórico y su terrible experiencia en la ESMA, mientras que en la segunda parte el film se mete de lleno con la investigación de los cuerpos. ¿Por qué lo pensó así?
–De una u otra manera, la idea de la película era construir una línea en donde podíamos definir que hubo una dictadura, que hubo una represión ilegal, que dentro de esa represión ilegal hubo desapariciones forzadas de personas, que esas desa-pariciones forzadas eran sistemáticas. Y así llegamos a la ESMA. Nosotros, en la investigación, a través de testimonios de historiadores y de ex detenidos-desaparecidos focalizamos que había sólo dos lugares desde donde los vuelos partían. Los vuelos no partían de El Olimpo o de El Vesubio, sino que había una centralización en Campo de Mayo y en la ESMA. Es decir, aquellos lugares que tenían acceso al vuelo. Entonces, a partir de ahí, como con Campo de Mayo teníamos poca accesibilidad a testimonios directos, nos inclinamos por los de la ESMA. Ahí testimonian Víctor Basterra, Graciela Daleo, Miriam Lewin, entre otros. Y a partir de la ESMA, empezamos a construir el circuito del “vuelo de la muerte”. Nosotros, al llegar a las playas, queríamos trazar estas certezas: hubo dictadura, hubo desaparición forzada, hubo una sistematización en esto y hubo vuelos como parte de esa desaparición forzada. Obviamente, arrancamos con el libro de Horacio Verbitsky donde el victimario propone certificarlo.
–¿Los vecinos que cuentan minuciosamente la aparición de cadáveres en las costas se dieron cuenta en su momento de lo que estaba pasando o lo pudieron reconstruir muchos años después?
–Yo creo que lo pudieron reconstruir muchos años después en dos lugares. En principio, en el miedo que tenían para contarnos las cosas en el 2002 (estamos hablando de unos cuantos años de democracia). Y después que la película se estrenó y produjo lo que produjo.
–¿El dato que los llevó al cementerio de General Lavalle, donde hubo enterramientos clandestinos, surgió de los testimonios que recogieron o usted y su equipo manejaban alguna hipótesis previa?
–El equipo de alumnos que investigaba en la película ya sabía. Si una persona común va a las actas de Bomberos de Mar de Ajó, Santa Teresita y San Bernardo de aquella época se va a encontrar con los mismos documentos que nosotros. Esto los alumnos ya lo tenían. También tenían el contacto de que había causas y habían visitado previamente el cementerio para saber que, abriendo el libro de sepulturas, se veía un NN cada cuatro o cinco carillas, pero al llegar a esos diciembres del ’76, ’77 y ’78 los NN se empezaban a multiplicar por 14 o 15 por carilla.
–¿Qué les brindó el juzgado de Dolores?
–En el juzgado nosotros accedimos a aquellas causas que habían sido iniciadas en el momento de aparición de los cuerpos, suponiendo la existencia de un naufragio. El Estado terrorista fue dejando huellas a través de su Estado burocrático.
–¿Hubo una presentación judicial en su momento que acompañara este documental?
–No, no hubo una presentación judicial porque cualquier familiar de desaparecidos se podía presentar con la película como damnificado a pedir exhumaciones. Elegimos más buscar entre antropólogos que veíamos, como Carlos Somigliana o Alejandro Inchaurregui, con sobrevivientes, militantes o referentes de derechos humanos como Estela de Carlotto y Víctor Basterra. Elegimos más construir un universo de certezas de qué era lo que teníamos nosotros en la mano antes que iniciar una causa.
–¿Considera que el hecho de que esta película se emita por televisión puede ayudar a que más gente se entere del sistema clandestino de torturas, asesinatos y desapariciones que implementó la dictadura?
–Sí. Tengo una anécdota con respecto a eso: mi hija cumplía catorce años cuando la película, a través del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, llegaba a todas las escuelas bonaerenses, justo cuando se cumplían treinta años del golpe. Y ella les contaba a los amigos que iban a ver la película del padre. Eran chicos que habían vivido toda su vida en democracia. Y tras la sorpresa, el debate posterior se desarrollaba en estas generaciones. Además, considero que el Estado, en su situación de pensar qué es lo que tenemos que ver por televisión, debe inducir de una u otra manera la revisión de la historia. Tampoco tenemos que creer que lo único que tenemos que revisar es el pasado de la dictadura, sino también el pasado inmediato de los ’90. También habría que hacer un trabajo sobre lo que pasó hace un año con la Resolución 125, por ejemplo. Creo que la idea del documentalista y la idea de los medios de comunicación que estén en manos del Estado (no del oficialismo) tiene que ver con aportar a construir una sociedad mejor.
–¿Cree que la confesión de Scilingo acerca de la existencia de los “vuelos de la muerte” permitió exponer una verdad irrebatible frente a los argumentos de parte de la sociedad que desconfiaba de las atrocidades de la dictadura?
–Sí. Ese sería el referente mediático junto con el mea culpa de Balza en el programa de Grondona que fue por esa época también. Ahora, creo que ahí había una cuestión generacional y epocal en donde la sociedad llegaba a veinte años del golpe, en donde los hijos de desaparecidos empezaban a cumplir veintipico. Para llegar a esa situación fue fundamental el rol que los organismos de derechos humanos jugaron a lo largo de esos veinte años. O periodistas que, a lo largo de veinte años, escribieron sobre esto. Ojalá yo hubiese estado veinte años haciendo películas de esto.
–A pesar de las declaraciones de Scilingo, ¿cree que hay resistencia de parte de ciertos sectores para consolidar la construcción de la memoria?
–Sí. En estos días, digo que sí más que nunca. Hoy, a la distancia, viendo la forma en que se están discutiendo los modelos de país en danza, realmente creo que hay mucha hipocresía. Con lo que pasa en el ’55, lo que pasa en el ’76 y lo que pasa con el conflicto con los sectores del campo, uno podría poner el espejo a 45 grados y encontrar ahí una copia bastante transparente.
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martes, 21 de julio de 2009
Los crímenes de Mansión Seré
EL JUEZ RAFECAS DETUVO E INDAGO AL BRIGADIER MIGUEL OSSES
Osses organizó la represión en la Fuerza Aérea, pero hasta ahora sólo había sido citado como testigo. Se ocupó de la zona de Merlo, Moreno y Morón, donde funcionó Mansión Seré, entre varios otros centros clandestinos.
Fue el encargado de organizar la represión durante la última dictadura en la Fuerza Aérea. Pero hasta ahora sólo había ido a tribunales como testigo. En 1985 declaró en el juicio a los ex comandantes y el año pasado lo hizo en el proceso contra dos de sus subordinados, los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes. Allí ratificó que a partir de junio de 1976 la Aeronáutica se hizo cargo de la “lucha contra la subversión” en la zona oeste del Gran Buenos Aires por medio del grupo de tareas 100, que él formó. Por ese testimonio, el brigadier mayor Miguel Angel Osses fue denunciado por el fiscal Félix Crous. Ayer fue detenido por orden del juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación por los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
El 24 de septiembre del año pasado, Osses admitió ante el Tribunal Oral Federal 5 que el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason le pidió “por razones de carencia de personal” (del Ejército) a la Fuerza Aérea encargarse de “las funciones antisubversivas” en la subzona 16, que abarcaba los partidos de Merlo, Moreno y Morón. En esa zona había dos grandes bases aéreas: la de Morón y la de El Palomar. Osses, según su propio relato, fue comandante de Operaciones Aéreas y de las Agrupaciones de Marco Interno de la Fuerza Aérea. En el marco de esta segunda función es que, según dijo, elaboró “un estudio preliminar” en el que advirtió “dos aspectos negativos”: falta de personal y “de formación profesional” de los integrantes de su fuerza. Pero se decidió “seguir adelante”. Así fue, narró, que “formamos el cuerpo de la orden de operaciones Provincia”, que “creó la Fuerza de Tareas 100 con la tarea de defender el nuevo territorio que se cedía a la Fuerza Aérea, que tenía, entre otras misiones, contrarrestar cualquier propaganda del sector subversivo”.
El ex jefe aeronáutico, que dependía directamente del ex comandante de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti, sostuvo que entre las funciones del grupo de tareas estaba la de “ver si había gente con armas en las villas de emergencia”, para lo cual realizaban “patrullajes intensos” con el objetivo de “obtener información temprana y alertar ante probables ataques subversivos”.
Rafecas le imputó a Osses un centenar de secuestros y hechos de torturas cometidos en la Subzona 16 del Cuerpo I. El represor es responsable de los delitos de lesa humanidad que se produjeron en los centros clandestinos Mansión Seré, Primera Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, las comisarías de Castelar, de Haedo y la Primera de Morón. Todos estos lugares fueron inspeccionados durante el transcurso de la investigación por el magistrado, junto con testigos y sobrevivientes.
Aunque reconoció su responsabilidad mediata y como organizador, en el juicio contra Comes y Mariani Osses buscó despegarse de los ejecutores. Aseguró que la primera mención a la “Mansión Seré” la escuchó “en marzo o abril de 1978, cuando el jefe de la VII Brigada Aérea (Comes) me vino a informar que una propiedad que era aparentemente de la Fuerza Aérea había sido destruida”.
La casona, en realidad, fue incendiada y demolida por los propios represores luego de que el 24 de marzo de 1978, en coincidencia con el segundo aniversario del golpe militar, Claudio Tamburrini, Daniel Rusomano, Guillermo Fernández y Carlos García, que estaban secuestrados en el lugar, lograron fugarse.
Osses se negó a declarar ante Rafecas, y aunque lo que admitió como testigo no pueda ser usado para inculparlo, el extenso documento “Orden de operaciones Provincia 2/76”, donde consta el plan de la Fuerza Aérea para “luchar contra la subversión” y su vinculación con las otras fuerzas, garantiza que no recuperará su libertad. Comes y Mariani, que estaban bajo su órbita, fueron condenados el año pasado a 25 años de prisión.
Osses organizó la represión en la Fuerza Aérea, pero hasta ahora sólo había sido citado como testigo. Se ocupó de la zona de Merlo, Moreno y Morón, donde funcionó Mansión Seré, entre varios otros centros clandestinos.
Fue el encargado de organizar la represión durante la última dictadura en la Fuerza Aérea. Pero hasta ahora sólo había ido a tribunales como testigo. En 1985 declaró en el juicio a los ex comandantes y el año pasado lo hizo en el proceso contra dos de sus subordinados, los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes. Allí ratificó que a partir de junio de 1976 la Aeronáutica se hizo cargo de la “lucha contra la subversión” en la zona oeste del Gran Buenos Aires por medio del grupo de tareas 100, que él formó. Por ese testimonio, el brigadier mayor Miguel Angel Osses fue denunciado por el fiscal Félix Crous. Ayer fue detenido por orden del juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación por los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
El 24 de septiembre del año pasado, Osses admitió ante el Tribunal Oral Federal 5 que el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason le pidió “por razones de carencia de personal” (del Ejército) a la Fuerza Aérea encargarse de “las funciones antisubversivas” en la subzona 16, que abarcaba los partidos de Merlo, Moreno y Morón. En esa zona había dos grandes bases aéreas: la de Morón y la de El Palomar. Osses, según su propio relato, fue comandante de Operaciones Aéreas y de las Agrupaciones de Marco Interno de la Fuerza Aérea. En el marco de esta segunda función es que, según dijo, elaboró “un estudio preliminar” en el que advirtió “dos aspectos negativos”: falta de personal y “de formación profesional” de los integrantes de su fuerza. Pero se decidió “seguir adelante”. Así fue, narró, que “formamos el cuerpo de la orden de operaciones Provincia”, que “creó la Fuerza de Tareas 100 con la tarea de defender el nuevo territorio que se cedía a la Fuerza Aérea, que tenía, entre otras misiones, contrarrestar cualquier propaganda del sector subversivo”.
El ex jefe aeronáutico, que dependía directamente del ex comandante de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti, sostuvo que entre las funciones del grupo de tareas estaba la de “ver si había gente con armas en las villas de emergencia”, para lo cual realizaban “patrullajes intensos” con el objetivo de “obtener información temprana y alertar ante probables ataques subversivos”.
Rafecas le imputó a Osses un centenar de secuestros y hechos de torturas cometidos en la Subzona 16 del Cuerpo I. El represor es responsable de los delitos de lesa humanidad que se produjeron en los centros clandestinos Mansión Seré, Primera Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, las comisarías de Castelar, de Haedo y la Primera de Morón. Todos estos lugares fueron inspeccionados durante el transcurso de la investigación por el magistrado, junto con testigos y sobrevivientes.
Aunque reconoció su responsabilidad mediata y como organizador, en el juicio contra Comes y Mariani Osses buscó despegarse de los ejecutores. Aseguró que la primera mención a la “Mansión Seré” la escuchó “en marzo o abril de 1978, cuando el jefe de la VII Brigada Aérea (Comes) me vino a informar que una propiedad que era aparentemente de la Fuerza Aérea había sido destruida”.
La casona, en realidad, fue incendiada y demolida por los propios represores luego de que el 24 de marzo de 1978, en coincidencia con el segundo aniversario del golpe militar, Claudio Tamburrini, Daniel Rusomano, Guillermo Fernández y Carlos García, que estaban secuestrados en el lugar, lograron fugarse.
Osses se negó a declarar ante Rafecas, y aunque lo que admitió como testigo no pueda ser usado para inculparlo, el extenso documento “Orden de operaciones Provincia 2/76”, donde consta el plan de la Fuerza Aérea para “luchar contra la subversión” y su vinculación con las otras fuerzas, garantiza que no recuperará su libertad. Comes y Mariani, que estaban bajo su órbita, fueron condenados el año pasado a 25 años de prisión.
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sábado, 18 de julio de 2009
LA INCREIBLE HISTORIA DEL TORTURADOR HONDUREñO QUE REAPARECIO TRAS EL GOLPE:Un represor en el gabinete de Micheletti
En 1982 Billy Joya encabezó un operativo en Tegucigalpa en el que fueron detenidos, secuestrados y torturados seis jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Honduras. Hoy es ministro asesor del gobierno golpista.
El ex capitán del ejército hondureño Billy Joya es uno de esos oficiales formateados por y para la CIA y sus dictaduras latinoamericanas, tan siniestras como funcionales: becado en Chile en los ’70 por Augusto Pinochet, vinculado con el represor argentino Guillermo Suárez Mason como instructor para el montaje del Batallón de Inteligencia B3-16, ideólogo del escuadrón de la muerte que operó en Honduras en los ’80, asociado en esa misma década con el por entonces embajador en Tegucigalpa, John Negroponte, ex jefe de la CIA en Vietnam y cerebro en el montaje de la contra nicaragüense. En los ’90, a Joya le cayeron encima los juicios y las acusaciones por violaciones a los derechos humanos, asesinatos, secuestros y torturas y entonces se refugió en España, donde también se le inició un proceso.
¿Cómo un agujero negro se convierte en estrella? Bueno, con la oscuridad de un golpe de Estado. Así es como Billy Joya brilla, ahora, como ministro asesor del mandatario de facto Roberto Micheletti, nombrado por el Congreso el 28 de junio pasado, en un trámite tan burdo que incluyó la inolvidable lectura de una carta trucha “de renuncia” de Manuel Zelaya. Ese día iba a realizarse una encuesta para sondear la predisposición popular a una reforma constitucional, pero en la madrugada un grupo de militares encapuchados entraron a tiros en la residencia presidencial, secuestraron a Zelaya y lo deportaron a Costa Rica.
Como se vio aquí con otros represores, a Billy Fernando Joya Améndola le gustaba usar un alias: en la clandestinidad se hacía llamar “Licenciado Arrazola”. Fue jefe de la división táctica Batallón B3-16, el escuadrón de la muerte que operaba en tándem con la Dirección Nacional de Investigaciones, brazo represor del ejército. Entre 1984 y 1991 coordinó tareas con los “consejeros norteamericanos” y los “asesores argentinos”, en plena guerra sucia. Algo antes, en 1982, mientras era todavía subteniente, encabezó un operativo en Tegucigalpa en el que fueron detenidos, secuestrados y torturados seis jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Honduras. También está acusado por una decena de asesinatos.
En octubre de 1995 un juzgado hondureño ordenó la captura de Joya y otros oficiales del ejército por el caso de los estudiantes torturados. El represor se fugó. Unos meses después, tras breve paso por Colombia, estaba refugiado en Sevilla, España. La orden de detención fue consecuencia de la denuncia hecha por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, que presentó un informe pormenorizado de lo ocurrido en la madrugada del 27 de abril de 1982 y los días siguientes. Joya encabezó un operativo mediante el cual, sin orden legal, irrumpió junto a una veintena de efectivos en la casa del subprocurador general de la República, Rafael Rivera Torres, que estaba esa noche acompañado por sus dos hijas y otros cuatro estudiantes. Sin explicarles por qué los detenían, fueron conducidos a una comisaría. A Rivera Torres lo llevaron de vuelta a su casa, de la que decomisaron “piezas de convicción”: libros. Los jóvenes fueron incomunicados y llevados a una cárcel clandestina que funcionaba en la finca de un general, donde los torturaron: golpes, hambre, amenazas de violación, simulacros de fusilamiento. Allí, contaron los muchachos después, vieron otros detenidos. Vejaciones patente Pinochet, Suárez Mason, Negroponte. A los ocho días, cuatro de los estudiantes fueron liberados tras la prototípica amenaza de que no contaran qué había pasado; a otros dos los blanquearon y los acusaron de atentar contra la seguridad y el Estado. Terminaron absueltos.
Cuando lo ubicaron en España, ejercía como catequista en el colegio San José, de los Sagrados Corazones de Sevilla. Tenía un buen pasar: vivía en uno de los barrios más caros de la ciudad. Las organizaciones de derechos humanos intentaron enjuiciarlo por delitos de lesa humanidad, en el marco de los principios de jurisdicción universal. Enrique Santiago, el abogado que patrocinó en España a uno de los jóvenes torturados, explicó hace tres días a Radio Mundial que “fue sometido a un procedimiento de extradición a Honduras, donde nunca rindió cuentas ante la Justicia por los graves crímenes que había cometido”, porque las autoridades locales “facilitaron la absoluta impunidad”.
Si no fuera por sus antecedentes criminales y por la dramática situación del país, las apariciones de Billy Joya en la televisión hondureña, por estos días, podrían verse como documentos de la National Geographic transmitiendo en vivo al cavernícola. Hay una que es para coleccionar y ver en YouTube: es la “entrevista” que le hizo el “periodista” Edgardo Melgar, que para empezar lo presentó como “analista nacional e internacional”. Se ve que Joya todavía no se percató de cómo es visto Pinochet desde el presente, porque llevó, como para hacer un paralelo con el gobierno de Zelaya, un informe de 1974 hecho por la OEA –cómplice de la dictadura por entonces– en el que justificaba el golpe a Allende en vista de su búsqueda de representación de los sectores populares. Esto es: en la lógica de Joya, lo que pasó con Allende gracias a Pinochet es similar a lo que pasó con Zelaya gracias a Micheletti.
Allende, explicó Joya, fue instituido legalmente, pero luego, entre 1970 y 1973, “entró en una ruta de descomposición social” que sirve para empadronar lo que ocurre hoy en Venezuela y, también, “lo que estaba planteado como estrategia para ser implantado aquí, en Honduras”. Pregunta Melgar Grondona: “¿Usted me quiere decir que detrás del discurso del ex presidente Zelaya a favor de los pobres, de la equidad, de la justicia social, de la participación ciudadana, de encuestas, había algo escondido?”. Claro, hombre: Joya asegura que estaba en plan la táctica marxista-leninista de ganar tiempo con una “coexistencia pacífica” destinada a simpatizar con los sectores populares, a convencer a los pobres de que sus desgracias son responsabilidad de los ricos y a corromper a las fuerzas armadas para neutralizarlas o para volverlas a su favor. Los planes diabólicos de Zelaya sólo eran conocidos por una o dos personas de su confianza. Y Zelaya les vendió el alma a los comunistas Hugo Chávez y los hermanos Castro. “En este informe el presidente Allende dice ‘soy marxista’ –sigue Joya–. ‘No soy el presidente de todos, soy el presidente del partido de la Unidad Popular.’ En forma confusa y velada, el ex presidente Zelaya, para sorpresa nacional, anuncia con la firma del ALBA que su gobierno hacía un giro a la izquierda. En ese momento deja de ser presidente de todos los hondureños. Porque podemos haber personas independientes, de centro, o de derecha, y cuando él anuncia que su gobierno gira a la izquierda, está diciendo ‘yo ya no gobierno para todos’.” Y luego: “En el discurso inaugural del 5 de noviembre de 1970, Allende anuncia la vía hacia el socialismo a través de la estrategia de la coexistencia pacífica. Y esto es lo que se ha aplicado aquí durante estos tres años y medio”.
–¿Usted quiere decirme que en Honduras íbamos hacia el comunismo? –preguntó Grondona.
–Eso es lo que existe, realmente. Es la lucha de clases de los enunciados marxistas-leninistas –respondió Joya.
Lo que pasaba en Chile en ese período, subraya Joya, es lo que ha pasado en Honduras en estos años. ¿Y qué es capaz de hacer un personaje de este calibre en un contexto como el de hoy? ¿Los métodos de Pinochet? A la deportación de Zelaya, las detenciones durante el toque de queda, la represión en la que murió el joven Isis Obed Murillo –Rigoberta Menchú informó que los muertos como consecuencia de la asonada son al menos cinco– y el férreo control de prensa puertas adentro de Honduras se sumó, ayer, la noticia del asesinato de dos dirigentes del partido de izquierda Unificación Democrática, Roger Bados y Ramón García. No hay, hasta el momento, mayores datos sobre estos crímenes.
En la denuncia presentada contra Joya por la Fiscalía en 1995 se pedía la investigación de 150 casos de personas desaparecidas entre 1981 y 1984 con un patrón de acción. “Las víctimas eran generalmente personas consideradas por las autoridades hondureñas como peligrosas para la seguridad del Estado –se informaba allí–. Además, usualmente las víctimas habían estado sometidas a vigilancia y seguimiento por períodos más o menos prolongados.”
El ex capitán del ejército hondureño Billy Joya es uno de esos oficiales formateados por y para la CIA y sus dictaduras latinoamericanas, tan siniestras como funcionales: becado en Chile en los ’70 por Augusto Pinochet, vinculado con el represor argentino Guillermo Suárez Mason como instructor para el montaje del Batallón de Inteligencia B3-16, ideólogo del escuadrón de la muerte que operó en Honduras en los ’80, asociado en esa misma década con el por entonces embajador en Tegucigalpa, John Negroponte, ex jefe de la CIA en Vietnam y cerebro en el montaje de la contra nicaragüense. En los ’90, a Joya le cayeron encima los juicios y las acusaciones por violaciones a los derechos humanos, asesinatos, secuestros y torturas y entonces se refugió en España, donde también se le inició un proceso.
¿Cómo un agujero negro se convierte en estrella? Bueno, con la oscuridad de un golpe de Estado. Así es como Billy Joya brilla, ahora, como ministro asesor del mandatario de facto Roberto Micheletti, nombrado por el Congreso el 28 de junio pasado, en un trámite tan burdo que incluyó la inolvidable lectura de una carta trucha “de renuncia” de Manuel Zelaya. Ese día iba a realizarse una encuesta para sondear la predisposición popular a una reforma constitucional, pero en la madrugada un grupo de militares encapuchados entraron a tiros en la residencia presidencial, secuestraron a Zelaya y lo deportaron a Costa Rica.
Como se vio aquí con otros represores, a Billy Fernando Joya Améndola le gustaba usar un alias: en la clandestinidad se hacía llamar “Licenciado Arrazola”. Fue jefe de la división táctica Batallón B3-16, el escuadrón de la muerte que operaba en tándem con la Dirección Nacional de Investigaciones, brazo represor del ejército. Entre 1984 y 1991 coordinó tareas con los “consejeros norteamericanos” y los “asesores argentinos”, en plena guerra sucia. Algo antes, en 1982, mientras era todavía subteniente, encabezó un operativo en Tegucigalpa en el que fueron detenidos, secuestrados y torturados seis jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Honduras. También está acusado por una decena de asesinatos.
En octubre de 1995 un juzgado hondureño ordenó la captura de Joya y otros oficiales del ejército por el caso de los estudiantes torturados. El represor se fugó. Unos meses después, tras breve paso por Colombia, estaba refugiado en Sevilla, España. La orden de detención fue consecuencia de la denuncia hecha por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, que presentó un informe pormenorizado de lo ocurrido en la madrugada del 27 de abril de 1982 y los días siguientes. Joya encabezó un operativo mediante el cual, sin orden legal, irrumpió junto a una veintena de efectivos en la casa del subprocurador general de la República, Rafael Rivera Torres, que estaba esa noche acompañado por sus dos hijas y otros cuatro estudiantes. Sin explicarles por qué los detenían, fueron conducidos a una comisaría. A Rivera Torres lo llevaron de vuelta a su casa, de la que decomisaron “piezas de convicción”: libros. Los jóvenes fueron incomunicados y llevados a una cárcel clandestina que funcionaba en la finca de un general, donde los torturaron: golpes, hambre, amenazas de violación, simulacros de fusilamiento. Allí, contaron los muchachos después, vieron otros detenidos. Vejaciones patente Pinochet, Suárez Mason, Negroponte. A los ocho días, cuatro de los estudiantes fueron liberados tras la prototípica amenaza de que no contaran qué había pasado; a otros dos los blanquearon y los acusaron de atentar contra la seguridad y el Estado. Terminaron absueltos.
Cuando lo ubicaron en España, ejercía como catequista en el colegio San José, de los Sagrados Corazones de Sevilla. Tenía un buen pasar: vivía en uno de los barrios más caros de la ciudad. Las organizaciones de derechos humanos intentaron enjuiciarlo por delitos de lesa humanidad, en el marco de los principios de jurisdicción universal. Enrique Santiago, el abogado que patrocinó en España a uno de los jóvenes torturados, explicó hace tres días a Radio Mundial que “fue sometido a un procedimiento de extradición a Honduras, donde nunca rindió cuentas ante la Justicia por los graves crímenes que había cometido”, porque las autoridades locales “facilitaron la absoluta impunidad”.
Si no fuera por sus antecedentes criminales y por la dramática situación del país, las apariciones de Billy Joya en la televisión hondureña, por estos días, podrían verse como documentos de la National Geographic transmitiendo en vivo al cavernícola. Hay una que es para coleccionar y ver en YouTube: es la “entrevista” que le hizo el “periodista” Edgardo Melgar, que para empezar lo presentó como “analista nacional e internacional”. Se ve que Joya todavía no se percató de cómo es visto Pinochet desde el presente, porque llevó, como para hacer un paralelo con el gobierno de Zelaya, un informe de 1974 hecho por la OEA –cómplice de la dictadura por entonces– en el que justificaba el golpe a Allende en vista de su búsqueda de representación de los sectores populares. Esto es: en la lógica de Joya, lo que pasó con Allende gracias a Pinochet es similar a lo que pasó con Zelaya gracias a Micheletti.
Allende, explicó Joya, fue instituido legalmente, pero luego, entre 1970 y 1973, “entró en una ruta de descomposición social” que sirve para empadronar lo que ocurre hoy en Venezuela y, también, “lo que estaba planteado como estrategia para ser implantado aquí, en Honduras”. Pregunta Melgar Grondona: “¿Usted me quiere decir que detrás del discurso del ex presidente Zelaya a favor de los pobres, de la equidad, de la justicia social, de la participación ciudadana, de encuestas, había algo escondido?”. Claro, hombre: Joya asegura que estaba en plan la táctica marxista-leninista de ganar tiempo con una “coexistencia pacífica” destinada a simpatizar con los sectores populares, a convencer a los pobres de que sus desgracias son responsabilidad de los ricos y a corromper a las fuerzas armadas para neutralizarlas o para volverlas a su favor. Los planes diabólicos de Zelaya sólo eran conocidos por una o dos personas de su confianza. Y Zelaya les vendió el alma a los comunistas Hugo Chávez y los hermanos Castro. “En este informe el presidente Allende dice ‘soy marxista’ –sigue Joya–. ‘No soy el presidente de todos, soy el presidente del partido de la Unidad Popular.’ En forma confusa y velada, el ex presidente Zelaya, para sorpresa nacional, anuncia con la firma del ALBA que su gobierno hacía un giro a la izquierda. En ese momento deja de ser presidente de todos los hondureños. Porque podemos haber personas independientes, de centro, o de derecha, y cuando él anuncia que su gobierno gira a la izquierda, está diciendo ‘yo ya no gobierno para todos’.” Y luego: “En el discurso inaugural del 5 de noviembre de 1970, Allende anuncia la vía hacia el socialismo a través de la estrategia de la coexistencia pacífica. Y esto es lo que se ha aplicado aquí durante estos tres años y medio”.
–¿Usted quiere decirme que en Honduras íbamos hacia el comunismo? –preguntó Grondona.
–Eso es lo que existe, realmente. Es la lucha de clases de los enunciados marxistas-leninistas –respondió Joya.
Lo que pasaba en Chile en ese período, subraya Joya, es lo que ha pasado en Honduras en estos años. ¿Y qué es capaz de hacer un personaje de este calibre en un contexto como el de hoy? ¿Los métodos de Pinochet? A la deportación de Zelaya, las detenciones durante el toque de queda, la represión en la que murió el joven Isis Obed Murillo –Rigoberta Menchú informó que los muertos como consecuencia de la asonada son al menos cinco– y el férreo control de prensa puertas adentro de Honduras se sumó, ayer, la noticia del asesinato de dos dirigentes del partido de izquierda Unificación Democrática, Roger Bados y Ramón García. No hay, hasta el momento, mayores datos sobre estos crímenes.
En la denuncia presentada contra Joya por la Fiscalía en 1995 se pedía la investigación de 150 casos de personas desaparecidas entre 1981 y 1984 con un patrón de acción. “Las víctimas eran generalmente personas consideradas por las autoridades hondureñas como peligrosas para la seguridad del Estado –se informaba allí–. Además, usualmente las víctimas habían estado sometidas a vigilancia y seguimiento por períodos más o menos prolongados.”
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