Los crímenes de Mansión Seré

EL JUEZ RAFECAS DETUVO E INDAGO AL BRIGADIER MIGUEL OSSES


Osses organizó la represión en la Fuerza Aérea, pero hasta ahora sólo había sido citado como testigo. Se ocupó de la zona de Merlo, Moreno y Morón, donde funcionó Mansión Seré, entre varios otros centros clandestinos.

Fue el encargado de organizar la represión durante la última dictadura en la Fuerza Aérea. Pero hasta ahora sólo había ido a tribunales como testigo. En 1985 declaró en el juicio a los ex comandantes y el año pasado lo hizo en el proceso contra dos de sus subordinados, los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes. Allí ratificó que a partir de junio de 1976 la Aeronáutica se hizo cargo de la “lucha contra la subversión” en la zona oeste del Gran Buenos Aires por medio del grupo de tareas 100, que él formó. Por ese testimonio, el brigadier mayor Miguel Angel Osses fue denunciado por el fiscal Félix Crous. Ayer fue detenido por orden del juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación por los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

El 24 de septiembre del año pasado, Osses admitió ante el Tribunal Oral Federal 5 que el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason le pidió “por razones de carencia de personal” (del Ejército) a la Fuerza Aérea encargarse de “las funciones antisubversivas” en la subzona 16, que abarcaba los partidos de Merlo, Moreno y Morón. En esa zona había dos grandes bases aéreas: la de Morón y la de El Palomar. Osses, según su propio relato, fue comandante de Operaciones Aéreas y de las Agrupaciones de Marco Interno de la Fuerza Aérea. En el marco de esta segunda función es que, según dijo, elaboró “un estudio preliminar” en el que advirtió “dos aspectos negativos”: falta de personal y “de formación profesional” de los integrantes de su fuerza. Pero se decidió “seguir adelante”. Así fue, narró, que “formamos el cuerpo de la orden de operaciones Provincia”, que “creó la Fuerza de Tareas 100 con la tarea de defender el nuevo territorio que se cedía a la Fuerza Aérea, que tenía, entre otras misiones, contrarrestar cualquier propaganda del sector subversivo”.

El ex jefe aeronáutico, que dependía directamente del ex comandante de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti, sostuvo que entre las funciones del grupo de tareas estaba la de “ver si había gente con armas en las villas de emergencia”, para lo cual realizaban “patrullajes intensos” con el objetivo de “obtener información temprana y alertar ante probables ataques subversivos”.

Rafecas le imputó a Osses un centenar de secuestros y hechos de torturas cometidos en la Subzona 16 del Cuerpo I. El represor es responsable de los delitos de lesa humanidad que se produjeron en los centros clandestinos Mansión Seré, Primera Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, las comisarías de Castelar, de Haedo y la Primera de Morón. Todos estos lugares fueron inspeccionados durante el transcurso de la investigación por el magistrado, junto con testigos y sobrevivientes.

Aunque reconoció su responsabilidad mediata y como organizador, en el juicio contra Comes y Mariani Osses buscó despegarse de los ejecutores. Aseguró que la primera mención a la “Mansión Seré” la escuchó “en marzo o abril de 1978, cuando el jefe de la VII Brigada Aérea (Comes) me vino a informar que una propiedad que era aparentemente de la Fuerza Aérea había sido destruida”.

La casona, en realidad, fue incendiada y demolida por los propios represores luego de que el 24 de marzo de 1978, en coincidencia con el segundo aniversario del golpe militar, Claudio Tamburrini, Daniel Rusomano, Guillermo Fernández y Carlos García, que estaban secuestrados en el lugar, lograron fugarse.

Osses se negó a declarar ante Rafecas, y aunque lo que admitió como testigo no pueda ser usado para inculparlo, el extenso documento “Orden de operaciones Provincia 2/76”, donde consta el plan de la Fuerza Aérea para “luchar contra la subversión” y su vinculación con las otras fuerzas, garantiza que no recuperará su libertad. Comes y Mariani, que estaban bajo su órbita, fueron condenados el año pasado a 25 años de prisión.