La resolución, difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), la dictó la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata y alcanzó también al ex subjefe de la policía provincial Rodolfo Aníbal Campos, al comisario Fernando Svedas, al cabo Julio César Argüello, al sargento primero Mario Víctor Sita y al oficial subinspector Raúl Orlando Machuca.
En esta ocasión los camaristas Alberto Ramón Durán y Carlos Román Compaired; con la intervención de la secretaria Alicia Di Donato; responsabilizaron al ex director general de Investigaciones de la Policía bonaerense durante la gestión de Ramón Camps, por violaciones a los derechos humanos cometidas en la Brigada de Investigaciones de La Plata.
En una resolución de 18 carillas los magistrados afirmaron que"se encuentra probado" el "esquema de responsabilidades" por los delitos cometidos en esa dependencia por el "aparato represivo ilegal instaurado a partir del 24 de marzo de 1976, bajo una precisa cadena de mandos, por el gobierno de facto".
Al ratificar los procesamientos por secuestros y torturas, los camaristas afirmaron que la medida fue correcta ya que los elementos reunidos en el expediente "constituyen un elenco probatorio cargoso que, sirve de sustento a la reprochabilidad conductal en directa relación con la responsabilidad penal de cada uno de lo encartados".
"La materialidad ilícita fluye claramente de las pruebas reseñadas y, como se desprende del resolutorio en crisis, dan por acreditado -con el grado de certeza propio de la instancia- el funcionamiento de los centros clandestinos de detención pesquisados, las ilegítimas privaciones de la libertad y el sometimiento a torturas", dijeron los magistrados.
En su extensa resolución los jueces citaron la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la denominada "causa 13" como se conoció al histórico proceso en el que se enjuiciaron a los comandantes de las tres primeras juntas militares del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
Allí el Máximo TRibunal había establecido que "los superiores conservan el dominio de los acontecimientos a través de la utilización de una estructura organizada de poder, circunstancia que los constituye en autores mediatos de los delitos así cometidos".
En septiembre de 2006 el Tribunal Oral Federal Uno, de La Plata, condenó al ex "mano derecha" de Camps a reclusión perpetua en el primer juicio oral contra represores que se celebró después de la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.
En aquella sentencia los camaristas afirmaron que los delitos perpetrados por el ex Director General de Investigaciones de la Policía bonaerense, se inscribían "en el marco del genocidio cometido en la Argentina" por quienes usurparon el gobierno el 24 de marzo de 1976.
Etchecolatz fue condenado entonces por los homicidios calificados de Diana Teruggi de Mariani, Ambrosio De Marco, Patricia Graciela Dell Orto, Elena Arce Sahores, Nora Livia Formiga y Margarita Delgado. También por los secuestros y tormentos a Nilda Eloy y Jorge Luis López.
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