Más juicios a represores

Al comenzar el año, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti (foto), anunció que lograr el avance de las causas sobre violaciones a los derechos humanos sería una prioridad para el Poder Judicial. Esta semana, el alto tribunal difundió un informe donde destaca que el 2009 terminará con catorce juicios celebrados contra represores a lo largo del año. Hasta ahora se hicieron seis y en los próximos meses habrá otros ocho. Los datos surgen del relevamiento hecho por la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad creada por la Corte y que depende de su secretario general, Alfredo Kraut. En distintas jurisdicciones, agrega el reporte, 75 expedientes ya fueron elevados a juicio y están dadas las condiciones para el debate oral. El año pasado, como informó este diario, fueron seis los juicios concluidos. La agenda para los próximos meses incluye el juicio sobre los crímenes en el centro clandestino Quinta de Funes, una parte de la causa ESMA, un nuevo tramo de la causa sobre los hechos ocurridos en Campo de Mayo, se juzgará al ex juez federal Víctor Brusa también a Luis Abelardo Patti, habrá juicio por las desapariciones en el centro El Vesubio, estarán en el banquillo ex coronel Carlos Caggiano Tedesco y el ex gobernador Carlos Beltrametti; será sometido a proceso el ex general Santiago Omar Riveros; otro juicio será por las ejecuciones de presos políticos de la cárcel de San Martín. El informe señala que la mayoría de estas causas están concentradas en Rosario, Córdoba y Mendoza, además de Buenos Aires.

se viene

HIJOS PRESENTO UNA DENUNCIA PARA QUE LA JUSTICIA INVESTIGUE A UN EX CAPELLAN MILITAR

A buscar el legajo de Zanchetta
La agrupación que nuclea a hijos de detenidos-desaparecidos le pidió al juez federal Sergio Torres que investigue las funciones que cumplió el capellán, entre 1975 y 1977, en la Escuela de Mecánica de la Armada, tal como informó Página/12.


La agrupación Hijos, regional Capital Federal, presentó una denuncia ante el juez federal Sergio Torres para que se “investigue la posible responsabilidad de Alberto Angel Zanchetta en los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionara en la Escuela de Mecánica de la Armada”. El sacerdote actuó como capellán de la ESMA entre 1975 y 1977 y hasta principios de agosto seguía cobrando 5000 pesos por mes como capitán de fragata de la Marina. Desde enero está consagrado también a las tareas de confesión y asesoría espiritual de los jóvenes en la Iglesia San Pedro González Telmo de la arquidiócesis porteña.

El escrito, patrocinado por la abogada Carolina Varsky ante el juez que instruye la causa por la represión ilegal en la ESMA, cita como puntos a ser investigados la información revelada por Página/12, los dichos del capitán Adolfo Scilingo sobre la forma en que los capellanes reconfortaban a los pilotos de los vuelos de la muerte y la resolución del Ministerio de Defensa ordenando el pase a retiro de Zanchetta.

El pasado 10 de agosto, este diario informó que Zanchetta seguía como capitán de fragata en disponibilidad a pesar de la orden que había impartido un año antes Defensa. Al día siguiente, el ministerio instruyó al jefe de la Armada, Jorge Godoy, para que “disponga el pase a retiro o baja obligatoria del capitán de fragata presbítero Zanchetta, quien había sido cesado en sus funciones pastorales por el administrador diocesano del obispado castrense (Pedro Candia)”. La ministra Nilda Garré explicitó en la resolución que “consta en el respectivo expediente instruido en 1986 que su actuación en la Armada se remonta a su anterior de-sempeño en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en 1975/76/77, instalaciones en las que funcionara en la misma época un centro clandestino de detención”. Hijos solicita que se les pida a Defensa, al obispado castrense y a la Armada “toda la información relacionada con Zanchetta” y que se “libre oficio al Ministerio de Defensa a fin de que remita el expediente del 25 de marzo de 1986 mencionado en la resolución del 11 de agosto”, en la que ordena el pase a retiro y la apertura de sumarios a los responsables de la continuidad de Zanchetta como capitán de fragata.

En la estructura del obispado castrense, la misión de Zanchetta fue bien recompensada. A partir de la recuperación democrática se desempeñó como jefe del Servicio Religioso del Comando de Operaciones Navales de la Base de Puerto Belgrano y ocupó hasta diciembre del 2004 el cargo de canciller y secretario general del obispado castrense. En el 2007, el entonces arzobispo castrense Antonio Baseotto lo envió a Haití para asistir a las tropas argentinas que integran la Misión de Paz de la ONU. Por entonces ya había estallado el conflicto con el ex presidente Néstor Kirchner que desconoció a Baseotto como obispo luego de que éste propusiera tirar al mar al ministro de Salud Ginés González García, por pronunciarse a favor de la despenalización del aborto.

Como los antecedentes podían jugarle una mala pasada a Zanche-tta, en 1981 sus superiores lo habían sacado de la órbita de la Armada y lo pasaron a Ejército. En 1984, en democracia, lo devolvieron a jurisdicción de la Marina. La Iglesia oculta esos pases y niega así la presencia de Zanchetta en la ESMA.

Cuando el presbítero Pedro Candia, a cargo del obispado castrense, informó en julio del año pasado a la Armada que Zanchetta cesaba en su tarea pastoral, el cardenal Jorge Bergoglio lo acogió en la diócesis metropolitana. El obispo Oscar Ojea lo destinó a principios de este año como vicario a la iglesia San Pedro González Telmo, de Humberto Primo al 300. Su llegada provocó algunas preguntas incómodas para el párroco Ernesto Salvia sobre los antecedentes de ese cura de 64 años que lo asistiría. Ante los pocos que se atrevían a cuestionarlo, Zanchetta negó haber estado en la ESMA. La resolución de Defensa no deja dudas sobre su lugar de actuación en los años de plomo. La presentación de Hijos apunta a que sea la Justicia la que le pida explicaciones por la palabra comprensiva, consejera, ante los marinos que tiraban vivos al mar a secuestrados de la ESMA

La fuerza de la verdad

Por Estela Carlotto *

En un reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la validez de un allanamiento realizado en la vivienda de una persona presuntamente hijo de desaparecidos, a fin de recabar algunos de sus objetos personales y obtener de allí su ADN para analizarlo en el Banco Nacional de Datos Genéticos donde obran las muestras genéticas de los familiares de desaparecidos que buscamos a niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres, jamás devueltos a sus familias.

De esta forma, el más alto tribunal del país reconoció el derecho de las Abuelas a saber dónde están sus nietos y a que –una vez encontrados– se haga justicia por tan aberrantes crímenes, aun contra la voluntad de quienes fueron apropiados. Y es allí donde reside el mayor acierto de la decisión de los jueces.

Es el Estado, a través de su Poder Judicial, el que debe asumir la responsabilidad de resolver los serios conflictos que se plantean como consecuencia del más aberrante plan criminal de la dictadura. Trasladar esa decisión a las víctimas, lejos de evitar su “revictimización”, la provocaría, pues si algún argumento se reitera entre aquellos jóvenes que rechazan someterse a un análisis de ADN es que no quieren ser “culpables” de que quienes los criaron vayan a prisión. Del mismo modo, conferirles una suerte de poder de veto sobre el uso de sus análisis de ADN como pruebas incriminatorias de sus apropiadores –tal como han sugerido los jueces Zaffaroni y Lorenzetti en su voto disidente– los convertiría en “culpables” de su impunidad.

Vale la pena destacar que hasta la fecha nueve jóvenes recuperaron su identidad por la vía cuya validez reconoció la Corte Suprema. Si bien no se ha tratado de procesos exentos de dificultades y contradicciones, ninguno de los jóvenes realizó impugnaciones al resultado una vez que lo conocieron. Es decir que sus posiciones cambiaron diametralmente luego de conocer la verdad. Y es que, como deben saber los jueces de la Corte y como aprendimos las Abuelas en más de tres décadas de incansable búsqueda, la verdad libera.

* Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

De la ESMA a la parroquia de San Telmo

Hace diez días fue retirado por orden superior y ya encontró otro “destino” como confesor y asesor espiritual de jóvenes. Son las mismas tareas que cumplía con los pilotos que tiraban secuestrados al mar.EL CAPELLAN NAVAL ANGEL ZANCHETTA ES AHORA VICARIO EN LA IGLESIA DE ESE BARRIO


Honor” y “Gloria” es la leyenda que preside el altar barroco de la Iglesia San Pedro González Telmo. Unos pocos feligreses se reparten en la nave central de la parroquia de Humberto Primo al 300, una de las más antiguas de Buenos Aires. Alberto Angel Zanchetta celebra la misa. En enero recaló en ese destino y el párroco Ernesto Salvia le asignó tareas de confesor y asesor espiritual de los jóvenes. Zanchetta es un hombre experimentado: era uno de los capellanes encargados de reconfortar a los pilotos de la ESMA que tiraban vivos a los secuestrados al mar. Por esos antecedentes, el Ministerio de Defensa ordenó hace más de un año su pase a retiro o baja de la Armada. La fuerza, comandada por Jorge Godoy, lo mantuvo activo, en el limbo de la disponibilidad, hasta hace apenas diez días. El cardenal Jorge Bergoglio ya lo había acogido en la diócesis metropolitana. Zanchetta niega y niega ante los pocos que se atreven a preguntar sobre su pasado.

En El vuelo, el libro de Horacio Verbitsky que reproduce la confesión del ex capitán Adolfo Scilingo, el marino cuenta que después del primer vuelo en el que arrojó al mar prisioneros vivos, adormecidos, se sintió mal y fue a hablar con el capellán, que “le encontró una explicación cristiana al tema. No sé si me reconfortó, pero por lo menos me hizo sentir mejor” –recordó.

“–¿Cuál fue la explicación cristiana?

–No me acuerdo bien, pero me hablaba de que era una muerte cristiana, porque no sufrían, porque no era traumática, que había que eliminarlos, que la guerra era la guerra, que incluso en la Biblia está prevista la eliminación del yuyo del trigal. Me dio cierto apoyo.”

El testimonio de Graciela Daleo, una de las sobrevivientes de la ESMA, abunda en esa comunión de religión y milicia. Mientras le aplicaban descargas eléctricas, “yo rezaba avemarías a los gritos y eso lo enfurecía. Pernías tenía al cuello un crucifijo y una medalla de la Virgen Milagrosa”. Antonio Pernías fue uno de los primeros oficiales de la Armada que admitió ante el Senado que había torturado. La reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad convirtió a Pernías en uno de los presos de Marcos Paz.

Con poco más de 30 años, Zanchetta era uno de los sacerdotes adiestrados para defender la “civilización occidental y cristiana”. Los métodos eran lo de menos, apenas medios consagrados al fin supremo. Ahora, a los 64, desde el púlpito de la parroquia de San Telmo, repite que “la mentira y el engaño son las armas del demonio”. Su voz suena suave, consejera y contrasta con la estampa magra, erguida, de mirada helada. Ni el eco de sus propias palabras parece persuadirlo para decir la verdad.

Dichos y hechos
El pasado 10 de agosto, Página/12 reveló que Zanchetta seguía cobrando unos 5000 pesos mensuales como capitán de fragata en disponibilidad de la Armada a pesar de la orden que había impartido un año antes Defensa. Dos días más tarde, el ministerio instruyó a Godoy para que “disponga el pase a retiro o baja obligatoria del capitán de fragata presbítero Zanchetta, quien había sido cesado en sus funciones pastorales por el administrador diocesano del obispado castrense (Pedro Candia)”. La ministra de Defensa Nilda Garré explicitó en la resolución que “consta en el respectivo expediente instruido en 1986 que su actuación en la Armada se remonta a su anterior desempeño en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en 1975/76/77, instalaciones en la que funcionara en la misma época un centro clandestino de detención”.

A la misma iglesia de San Telmo había llegado en 1989 otro capellán de las Fuerzas Armadas con pasado ominoso: Horacio José Astigueta. Hasta 1996 se desempeñó como párroco haciendo también caso omiso de su función en la Fuerza Aérea como confesor de los secuestrados antes de ser fusilados.

En la estructura del obispado castrense, la misión de Zanchetta fue bien recompensada. A partir de la recuperación democrática supo mantener su trinchera: se desempeñó como jefe del Servicio Religioso del Comando de Operaciones Navales de la Base de Puerto Belgrano y ocupó hasta diciembre del 2004 el cargo de canciller y secretario general del obispado castrense. En el 2007, el entonces arzobispo castrense Antonio Baseotto lo envió a Haití para asistir a las tropas argentinas que integran la Misión de Paz de la ONU. Por entonces ya había estallado el conflicto con el ex presidente Néstor Kirchner, que desconoció a Baseotto como obispo luego de que éste propusiera tirar al mar al ministro de Salud, Ginés González García, por pronunciarse a favor de la despenalización del aborto. El Vaticano mantuvo a Baseotto hasta que se jubiló a los 75 años y su sucesor de hecho, Candia, se avino a relevar a los sacerdotes comprometidos por su acción en centros clandestinos de detención. Zanchetta era uno de ellos.

A sabiendas de que los antecedentes podían jugarle una mala pasada, ya en 1981 sus superiores lo habían sacado de la órbita de la Armada y lo pasaron a Ejército. En 1984, en democracia, lo devolvieron a jurisdicción de la Marina. La Iglesia oculta esos pases y niega así la presencia de Zanchetta en la ESMA.

Su paso por la Armada que comandaba Emilio Eduardo Massera quedó reflejado en los legajos de la fuerza. Su palabra cuando la dictadura ya había perdido el poder sigue repiqueteando en la memoria de los marinos: “Como capellán te perdono, como militar te sanciono”, despedía a los pecadores en el confesionario. Ni siquiera esa muletilla había aplicado para los represores.

Como capitán de fragata en disponibilidad, es decir, sin destino pero cobrando como activo, Zanchetta seguía recorriendo los edificios de la Marina y actuando de confesor de uno de los almirantes del alto mando. Quizá por esas relaciones pudo mantenerse en las sombras hasta la semana pasada. Esa zancadilla trajo sus consecuencias: el almirante Benito Rótolo, el segundo de Godoy, fue designado como oficial sumariante para deslindar responsabilidades por la continuidad de Zanchetta y definir las sanciones a aplicar. El jefe de Personal de la Armada, el poderoso almirante Enrique Salvador Olmedo, responsable del Listado de Precedencia, donde figura la situación de revista de cada oficial, es uno de los que tendrá que dar explicaciones.

Feligreses
La iglesia de San Pedro González Telmo celebró su bicentenario en el 2006, es uno de los focos de atracción turística de San Telmo. Sin embargo, los feligreses no abundan. La presencia de Zanchetta es para algunos una de las razones de que se haya raleado el coro y de que cada vez menos fieles se acerquen para participar en las actividades de la parroquia.

El obispo Oscar Ojea tiene a su cargo la designación de los párrocos en cada parroquia de la diócesis metropolitana. Hasta él llegaron algunas de las quejas que empezaron a esparcirse desde San Telmo. Preguntas, más que quejas, que fueron desautorizadas porque Zanchetta es “un hombre del Señor”.

Un viaje de Salvia, un conspicuo profesor de la Universidad Católica Argentina (UCA) y párroco de San Pedro Telmo, dejó a Zanchetta a cargo no sólo de la iglesia sino también de las fiestas patronales que empiezan el próximo fin de semana. Algunos de los feligreses prefieren no imaginar las recorridas por el vecindario con el cura que misionó en la ESMA. “Niegan a la feligresía lo que el Estado reconoce”, comenta resignado ante Página/12 un habitué de la parroquia que quiere renovar su fe a pesar de la jerarquía eclesiástica.

Por orden de Defensa, Zanchetta tuvo que clausurar su misión ante el auditorio cautivo de la Marina. Su formación en las filas de la Iglesia que puso el cuerpo para proteger el terrorismo de Estado lo obligó a alejarse. Para la curia, sin embargo, el antecedente no hace mella: en octubre del año pasado, Bergoglio, el cardenal primado de la Argentina ofició junto a Zanchetta la ceremonia de ordenación del obispo Enrique Eguía Seguí en la catedral metropolitana.

“La mentira y el engaño son las armas del demonio”, repite Zanchetta desde el púlpito. Armas que parece dominar.

Los 39 que siguen prófugos:EL FACIL ESCAPE DE UN REPRESOR

El operativo no aparece en los programas de entretenimiento que la policía arma para la TV, pateando puertas de pibes pobres, pero en teoría ocurrió, consta en actas. La orden judicial era allanar y detener a un represor en el barrio de Floresta. El hombre, tres décadas impune, estaba acusado de interrogar a secuestrados en los centros de detención Vesubio y Campo de Mayo como miembro de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601. El principal Walter Prudencio Castillo, enviado por la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, buscó dos testigos y tocó timbre. De repente apareció la hija.

–Fue a ver a mi abuelo al geriátrico, en Avellaneda –dijo.

Con la orden de allanar en el bolsillo, el policía abandonó la casa, caminó hasta un locutorio y pidió instrucciones.

—¡Allane! ¡Búsquelo! –le ordenaron.

Revisó la casa. Nada. Se subió al patrullero hasta que apareció el abogado Eduardo San Emeterio.

–Está en las inmediaciones (sic) aguardando el resultado de mi intervención –le informó, en palabras textuales de Castillo. El principal no se movió del patrullero, ni informó a sus superiores.

–Voy a pedir que le armen un bolso con ropa –agregó San Emeterio.

A los quince minutos volvió para advertirle que no perdiera tiempo. “No se va a entregar”, le informó.

El flamante prófugo es Carlos Eduardo Somoza, tiene 56 años, se formó en Gendarmería, estudió la carrera de fotointérprete en la Universidad del Salvador y vivió hasta el 13 de julio en Concordia 989, esquina Luis Viale. Según declaró en 1984 ante la Conadep el penitenciario Norberto Cendón, hoy prófugo de la Justicia, Somoza era el nombre real de un interrogador del Vesubio. Su nombre de cobertura era “César Ernesto Segal” y usaba los apodos “Gordo” y “Fito”, contó. Sobrevivientes del “Campito”, el mayor centro de detención del país, en Campo de Mayo, también lo recuerdan por sus alias. La coincidencia de las iniciales de Somoza y Segal no es casual: era una obligación impuesta por la ley de personal civil de la SIDE y los servicios de las Fuerzas Armadas.

Aún más preocupante que la eficacia de Carrizo es el motivo por el cual Somoza no fue detenido antes. En octubre de 2007 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le entregó un informe con sus antecedentes a Martín Suares Araujo, entonces juez federal de San Martín. Cuatro meses después el fiscal Jorge Sica reiteró el pedido de detención. El magistrado renunció en diciembre sin pedir la captura. En febrero asumió como juez subrogante Juan Manuel Yalj, quien pidió a la Secretaría datos sobre las víctimas que lo identificaron. La principal era Juan Carlos Scarpatti, que reconoció en la foto de Somoza al interrogador apodado “Gordo”. Mítico militante y testigo central de Campo de Mayo, Cacho Scarpatti murió en agosto de 2008, sin poder ver siquiera la condena de Santiago Riveros.

La orden de detención de Somoza la libró el juez federal Ariel Lijo por su rol en el “Operativo Murciélago”, el secuestro y asesinato de los montoneros que ingresaron al país en 1980 en la “contraofensiva” contra la dictadura, crímenes por los que fueron condenados ocho coroneles del Batallón 601. “Segal” figura en la causa como enviado asiduo a la “base San Pablo”, desde donde se habría coordinado el secuestro de Horacio Campiglia y Mónica Pinus de Binstock, trasladados a Campo de Mayo y desaparecidos. “Segal” o “Fito” también figura entre los interrogadores de la sobreviviente Silvia Tolchinsky en una de las “casas” que el servicio de inteligencia del Ejército tenía en inmediaciones de Campo de Mayo. Ante la consulta de Página/12, el juez Lijo informó que recibió un pedido de disculpas del jefe de la División Operaciones, que hasta el chubasco de Castillo gozaba de excelente reputación en la Justicia federal.

Peor suerte que Somoza corrió Jorge Oscar Baca, civil del Batallón 601 que en los centros clandestino se hacía llamar “Negro Boyé”. Su nombre de cobertura era Juan Omar Boyé, siempre con idénticas iniciales que el real. Tolchinsky lo mencionó como un “alcohólico” que era secretario del coronel Jorge Luis Arias Duval, jefe de la Central de Reunión del 601. Recordó que la interrogó en Mendoza al día siguiente de su secuestro y que volvió a padecerlo durante su cautiverio en las “casas” cercanas a Campo de Mayo.

Según registros del Centro de Estudios Legales y Sociales, la lista de represores prófugos asciende a 39. Incluye militares, policías y civiles como el ex juez Guillermo Madueño (foto), que hasta 2004 integró el Tribunal Oral Federal N° 5. El Estado creó en mayo de 2008 una Unidad Especial de Búsqueda, con un fondo de recompensas de cinco millones de pesos, que quince meses después no cuenta aún con un sitio web para que la sociedad conozca sus fotos y prontuarios.

un fallo desparejo

24 AñOS DESPUES DEL JUICIO A LAS JUNTAS, JORGE RAFAEL VIDELA ENFRENTARA OTRO PROCESO ORAL

Jorge Rafael Videla será juzgado en Córdoba por primera vez desde la anulación de las leyes de impunidad.

Le llegó el turno al dictador
Está acusado por las torturas y ejecuciones de presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria 1 y en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba. Lo acompañan Luciano Benjamín Menéndez y otros 23 represores.


A casi un cuarto de siglo de su condena a prisión perpetua en el histórico juicio a los ex comandantes, el dictador Jorge Rafael Videla afrontará en los próximos meses, en Córdoba, su primer juicio oral y público tras la reapertura de las causas. Secundado por el condenado Luciano Benjamín Menéndez, el ex jefe del Ejército y presidente de facto será el principal de veinticinco acusados por las torturas y ejecuciones de presos políticos arrancados de la Unidad Penitenciaria 1 entre abril y septiembre de 1976, y por idénticos delitos en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba. Así surge de la elevación a juicio que resolvió ayer la jueza federal Cristina Garzón de Lascano. El martes se sorteará qué tribunal oral federal será responsable de juzgarlo.

“El nivel de instrucción de esta causa fue muy importante desde el momento que abarca a toda la cadena de mandos: a quienes dieron las órdenes, a quienes las transmitieron y a quienes las ejecutaron”, consideró Martín Fresneda, abogado querellante de H.I.J.O.S. regional Córdoba. “Desde ese punto de vista es una causa muy completa, con abundante prueba, y muy significativa sobre cómo las estructuras militares intervinieron con metodologías clandestinas en las viejas estructuras legales del Estado, como un establecimiento penitenciario”, agregó.

Videla y Menéndez eran en 1976 comandante en jefe del Ejército y del Tercer Cuerpo, respectivamente. Por debajo, en Córdoba, se ubicaba el jefe de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV y del área militar 311, general Juan Bautista Sasiaiñ, que murió impune. Sí serán juzgados, todos como autores mediatos, el ex jefe de Estado Mayor general Vicente Meli, y los tenientes coroneles Mauricio Carlos Poncet (jefe de la División Personal), Raúl Eduardo Fierro (jefe de Inteligencia) y Jorge González Navarro (jefe de Asuntos Civiles).

El 30 de abril de 1976, luego de diez días secuestrados en el D2, pegado a la Catedral cordobesa, María Eugenia Irazusta, Eduardo Bártoli y Víctor Chiavarini fueron asesinados en un falso intento de fuga. El 17 de mayo, por orden del fallecido Raúl Telleldín, célebre torturador y jefe de informaciones del D2, su banda se presentó en la cárcel con dos órdenes de traslado. En tres vehículos se llevaron, amordazados y encapuchados, a seis presos políticos. Minutos después los fusilaron. Los imputados del D2 que llegan a juicio son los ex comisarios Jamil Jabour, Luis Alberto Rodríguez y Carlos Alberto “Tucán” Yanicelli, los suboficiales Ricardo Cayetano Rocha, Marcelo Luna y Calixto Luis “Chato” Flores, y los civiles Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Angel “Gato” Gómez.

Otras ejecuciones de presos de la UP1 tuvieron protagonistas militares. El 5 de julio de 1976, por orden del teniente coronel Víctor Pino, un grupo de detenidos fue obligado a desvestirse y apoyar los brazos contra un muro de la cárcel. El cabo Miguel Angel Pérez recorrió la fila repartiendo bastonazos. Raúl Bauducco cayó al recibir un golpe en la cabeza. “¡Parate o te mato!”, le gritó Pérez. Como no obtuvo respuesta le murmuró algo al oído al teniente Enrique Pedro Mones Ruiz, que asintió en silencio. Pérez volvió, apuntó a la cabeza de Bauducco y disparó.

Nueve días después, el teniente Gustavo Adolfo Alsina se molestó al ver a José Moukarzel hablar con otro detenido. Lo sacó a un patio, lo hizo desnudar y lo ató de pies y manos con estacas. Le pegó, lo pateó y le tiró un baldazo de agua fría. A las once de la noche, ya inconsciente, lo sacaron en camilla al Hospital Penitenciario, donde murió dos horas después. El médico José Felipe Tavip, sin realizar la autopsia, consignó en el certificado de defunción que murió producto de un paro cariorrespiratorio. El 12 de agosto, por orden de Sasiaiñ, el teniente Osvaldo César Quiroga retiró de la cárcel a Miguel Vaca Narvaja, Arnaldo Toranzo y Gustavo De Breuil. Minutos después fueron asesinados cerca del estadio Château Carreras. Además de los seis citados, serán juzgados por torturas en la UP1 los suboficiales José Antonio Paredes y Carlos Hibar Pérez. Completan la lista de imputados el teniente coronel Emilio Juan Huber y el mayor Francisco Pablo D’Aloia.

Para el 8 de octubre el TOF-1 de Córdoba tiene previsto comenzar a juzgar a Menéndez y a cinco ex miembros del D2, incluidos Flores y Gómez, por torturar y asesinar a Ricardo Albareda, ex subcomisario y miembro del aparato de inteligencia del ERP. Si del sorteo del martes surge que el mismo tribunal debe juzgar a Videla & Cía., ambas causas podrían acumularse en un juicio con 28 imputados. Si “UP1” recae en el TOF-2, es probable que el dictador de 84 años deba esperar su turno en el penal de Campo de Mayo

buscando un hermano

"Necesito saber si Prieto es o no el bebé que llevaba mi mamá cuando la secuestraron"

María Muratalla cree que uno de los jóvenes apropiados por un represor de la ESMA podría ser su hermano.

Yo no tenía idea que Guillermo Prieto (uno de los dos jóvenes que fueron apropiados por un represor de la ESMA) podría ser mi hermano. Por eso toda mi vida se me vino encima cuando leí en Clarín que mi mamá, María Ester Peralta, podría ser también su madre".

La que habla es una joven, bella mujer de 35 años: María Cristina Muratalla, que ayer decidió contar su historia "para que Guillermo se anime a tener un encuentro conmigo. Sé que no quiere un ADN y se lo respeto; pero sería importante para mí, para seguir viviendo, y también para mi hermano Marcelo, saber si es o no el bebé que mi mamá llevaba en la panza cuando la secuestraron. El tercer hijo de mi mamá".

En la mesa del comedor de su humilde casa de Jesús María, a unos 45 kilómetros al norte de la capital cordobesa, Cristina desparrama decenas de documentos y papeles que acreditan que es hija de María Ester Peralta, nacida el 3 de septiembre de 1959 en Guaymallén, Mendoza. Que tuvo dos hijos, a ella y a Marcelo, con José Andres Muratalla, con quien "las cosas nunca fueron bien, por lo que terminaron separándose".

La joven sigue. Cuenta que su madre "volvió a formar pareja con Oscar Alfredo Zalazar". "El sería el papá de Guillermo Prieto, si se confirma que es mi hermano", completa Cristina con énfasis, casi didáctica, para que el rompecabezas de su historia se entienda.

Es entonces cuando, además de los documentos de identidad de todos, de las fotos de sus padres, muestra una carta que Oscar Zalazar, un joven de facciones alargadas, pelo oscuro peinado para atrás, le envió desde Buenos Aires a Petrona, la abuela materna de Cristina, que vivía y aún vive en Mendoza. En esas dos carillas escritas a mano y con letra de imprenta el 23 de abril de 1976, Oscar le cuenta a su suegra que José (Muratalla), el ex marido de María Ester, los hostiga. Que "les hace la vida difícil".

-¿Sospecha usted que su padre biológico entregó a su mamá?

-No lo sé -responde Cristina, visiblemente aturdida¿. Puede ser. Eso dicen. Pero ojo, todo esto de hablar con la prensa es también para encontrarlo a él. A José Andrés Muratalla. Sé que está vivo. Yo no quiero reclamarle nada. Sólo verlo. Preguntarle porqué nunca, en estos 33 años, nos buscó.

Lo cierto es que el 29 de abril de 1976, María Ester embarazada de cinco meses, y Oscar Zalazar, fueron secuestrados junto a los pequeños Marcelo y Cristina. Los chicos fueron encontrados tres meses después por una tía en una villa miseria de Barracas. "Estábamos desnutridos y yo con tuberculosis", memora Cristina. Zalazar apareció muerto en un callejón; y María Ester fue vista con vida en la ESMA, "donde está acreditado el ex suboficial de la Armada, Guillermo Antonio Prieto, era servicio", le confirmó a este diario Alcira Ríos abogada de Abuelas de Plaza de Mayo.

"A mí y a mi hermano nos crió mi abuela y nunca hemos dejado de pensar en el bebé que mi mamá tenía en la panza. Por eso el terremoto que significó para mí, para Marcelo, leer que Guillermo Prieto podría ser ese tercer hijo de mi madre -recalca Cristina¿. Verlo cara a cara, charlar con él, nos ayudaría a cerrar de algún modo esta historia nuestra. Si él lee esto, que no tenga miedo del encuentro. Sólo queremos cerrar el círculo. Que vea las fotos de sus padres, que nos vea".

Cristina hace fuerza para no aflojar. Antes de despedirse, la mujer repite en un tono que mezcla ruego y deseo: "Ojalá que Guillermo nos ayude a terminar con toda esta incertidumbre".

SEIS REPRESORES CONDENADOS EN EL PRIMER JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN CAMPO DE MAYO

“Fueron crímenes sistemáticos y a gran escala”
El general Santiago Omar Riveros fue sentenciado a prisión perpetua en una unidad del Servicio Penitenciario. Cinco subordinados suyos recibieron entre 25 y ocho años. Fue por las torturas y el homicidio de Floreal Avellaneda, de 15 años, y el secuestro de su madre.

A un tercio de siglo de los crímenes en Campo de Mayo, sede del mayor centro clandestino de detención y tortura del Ejército durante la última dictadura, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó ayer a la pena de prisión perpetua al general retirado Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, de 86 años. La sentencia incluyó condenas a los generales Fernando Verplaetsen y Jorge Osvaldo García, a los capitanes César Fragni y Raúl Harsich, y al ex policía Alberto Aneto. Por tratarse de delitos de lesa humanidad cumplirán su pena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. El Tribunal consideró que “por la sistematicidad y gran escala” de los delitos cometidos en la ex Zona IV se trató de “crímenes de lesa humanidad”, como solicitó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y rechazó la calificación de genocidio reclamada por el querellante de Justicia Ya! y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La primera condena por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron más de cinco mil secuestrados, fue por un caso emblemático, probado desde el Juicio a las Juntas en 1985: el homicidio de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver con signos de empalamiento, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya en mayo de 1976, previo secuestro y torturas junto a su madre Iris Pereyra. El joven, de 15 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, fue secuestrado el 15 de abril de 1976, en su casa de Munro, durante un operativo para capturar a su padre homónimo por su militancia gremial en la fábrica Tensa. Madre e hijo fueron torturados primero en la comisaría de Villa Martelli y luego en “El Campito”, en la guarnición militar Campo de Mayo. Anoche, con los ojos llenos de lágrimas, rodeado de pibes de la FJC y de H.I.J.O.S., Floreal Avellaneda padre cantó, tras la sentencia: “No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso”. Horas antes, ante Página/12, recordó que “los juicios siguen” y consideró “fundamental que todos los responsables sean condenados”.

La lectura del fallo, a cargo de Lucila Larrandart, Martha Milloc y Héctor Sagretti, incluyó los considerandos, por lo que duró casi seis horas. Fue seguida por un centenar de personas, incluidos familiares de Floreal Avellaneda y también de los imputados, separados por cinco policías. Los acusados prefirieron no estar en la sala. Por la mañana, durante las “últimas palabras” de Riveros y García (ver aparte), hubo incluso una docena de militares de civil. Para garantizar la publicidad del proceso, la jornada fue seguida por diez cámaras de filmación y otros tantos reporteros gráficos.

El tribunal desbarató uno a uno los planteos de las defensas, a las que cuestionó varias veces. Calificó como “de humor negro” la actitud del defensor oficial Carlos Palermo, quien puso en duda que el examen de las huellas dactilares fuera suficiente para probar una identidad y planteó que debieron mostrarles las fotos del cadáver de Floreal Avellaneda a sus padres. Larrandart también llamó la atención sobre objeciones de algunas querellas ante preguntas a los testigos. “Parecieran no pertenecer a organismos de derechos humanos”, dijo. El tribunal destacó el valor de la “prueba indiciaria” frente a crímenes signados por “la clandestinidad y la destrucción planificada de las pruebas”.

A las 20.43, con la bandera argentina a su derecha, la bonaerense a su izquierda y Jesucristo crucificado sobre su cabeza, la presidenta del tribunal leyó la condena a “prisión perpetua” a Riveros y la sala estalló en abrazos y aplausos. Icono del terrorismo de Estado, indultado por Carlos Menem en 1990, Riveros fue comandante de Institutos Militares entre 1976 y 1978. Su primera condena (en octubre afrontará su segundo juicio) es como autor de apenas dos privaciones ilegales de la libertad agravados por la violencia, allanamiento ilegal, robo, torturas agravadas por tratarse de perseguidos políticos, homicidio agravado y ocultamiento del cuerpo.

La segunda mayor pena, de 25 años de prisión, fue para Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo en 1976. El entonces coronel era interlocutor habitual del responsable del centro clandestino, teniente coronel Jorge Voso, alias Ginebrón, que murió impune. Por la “disfunción y trastornos psicogénicos” invocados por sus defensores, Verplaetsen es el único de los condenados que “previo examen médico y psicológico” podría beneficiarse con el arresto domiciliario.

La pena para el general García será de 18 años de cárcel. Con el grado de coronel, García era en 1976 director de la Escuela de Infantería y jefe del área militar donde vivía la familia Avellaneda y donde funcionaba la comisaría de Villa Martelli, primera escala tras las capturas. Fragni y Harsich eran entonces sus subordinados. Las firmas de ambos figuran en un “acta de detención” labrada tras los secuestros, recibida años después por un familiar de las víctimas. Fragni declaró en 1984 haber intervenido en “algunas operaciones de la guerra contra la subversión”. Ante la ausencia de testigos de las torturas y la posibilidad de que por el grado y la posición en la estructura militar no conocieran el plan secreto del Ejército elaborado dos meses antes, el tribunal los responsabilizó sólo por los secuestros y robos, y los condenó a ocho años de prisión.

Distinto es el caso de Aneto, jefe de turno de la comisaría la madrugada de los hechos, reconocido por Iris Pereyra como integrante del grupo de tareas que la secuestró y luego la torturó, en Villa Martelli y en Campo de Mayo. El tribunal rechazó por “inverosímil” la coartada del ex policía, quien aseguró recordar que aquel día mantuvo una larga charla con un detenido, que recibió la visita de su mujer y que comió un sandwich de milanesa. Citado como testigo, el ex detenido lo refutó. Aneto fue condenado a la pena de 14 años de prisión.

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De espía militar a asesor PRO

La legisladora de Recrear María Eugenia Rodríguez Araya llevó a la Comisión de Seguridad a un “especialista” para que expusiera sobre un proyecto de seguridad en los edificios públicos. El pasado del “especialista” hizo que su exposición naufragara en una pelea entre asesores oficialistas y opositores. Se trataba del coronel José Luis Bo, quien fue condenado por haber sido uno de los oficiales del Ejército que comandó a fines de los noventa una red de espionaje ilegal sobre las causas de derechos humanos en Córdoba y la política cordobesa. Luego de un largo camino judicial, que llegó hasta la Corte Suprema, la causa prescribió y Bo se recicló como especialista en seguridad PRO.

En la causa judicial en Córdoba se probó que la estructura de inteligencia que contaba con quince militares y civiles comenzó a funcionar entre abril y mayo de 1999, cuando el entonces titular de Inteligencia del Ejército general Jorge Miná pidió que se siguiera la declaración de un médico, Roberto Fermín de los Santos. Como jefe del Departamento de Contrainteligencia de la Jefatura II del Estado Mayor del Ejército, Bo era en ese momento el segundo de Miná. Se estableció que el circuito de espionaje tenía como comandante en Córdoba al jefe de la Central de Reunión de Información del Tercer Cuerpo, Abel José Guillamondegui, que reportaba directamente a Bo.

Se detectaron escuchas telefónicas a la jueza Cristina Garzón de Lascano y a la fiscal Graciela López de Filoñuk, que buscaban seguir los procedimientos judiciales, para adelantarse a allanamientos, citaciones y saber qué habían declarado los testigos. El espionaje no se limitó a las causas por crímenes de la dictadura: también se interceptaron informes sobre el entonces gobernador José Manuel de la Sota, sobre el PJ y el radicalismo cordobés y sobre entidades gremiales y estudiantiles.

Cuando procesó a Bo y a otros catorce militares, la jueza Garzón de Lascano confirmó que la información de este circuito de inteligencia llegó también a los imputados, o sea al jerarca en la dictadura Luciano Benjamin Menéndez y al represor de La Perla Luis Manzanelli. Según la jueza, el nexo era otro represor que formaba parte del circuito de inteligencia, Luis Alberto Quijano. “El propio Quijano se habría ocupado de contarle a Menéndez lo sucedido con De los Santos”, escribió Garzón de Lascano, sobre la declaración de un médico que sirvió al Tercer Cuerpo en la dictadura.

Bo luego fue condenado en primera instancia por Garzón de Lascano por violar la Ley de Defensa Nacional. La jueza le imputó “abuso de autoridad” y le dictó una pena de tres meses de prisión. La condena fue revocada por la Cámara de Casación Penal, pero la Corte Suprema dejó sin efecto esa anulación, devolvió la causa al tribunal de Córdoba y ordenó que se hiciera un nuevo fallo. La causa prescribió antes.

“Bo fue profesor mío en la maestría en seguridad pública de la Universidad de la Policía Federal y nos acercó el proyecto de seguridad en edificios públicos. No estaba al tanto de su pasado”, se excusó Rodríguez Araya, quien lo llevó anteayer como expositor. El militar se presentó como profesor de la Universidad de La Plata. Otra versión indicó que daba clases en el instituto de la policía porteña, pero esto fue desmentido tajantemente por el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro. “No es profesor, porque los profesores son los defensores, jueces y fiscales de la ciudad”, indicó Montenegro a Página/12.

Al poco de comenzar a hablar, un asesor de la legisladora Liliana Parada lo cruzó con su pasado de espía. Bo reconoció que estuvo condenado, pero dijo que la sentencia no había quedado firme y que “esa causa no tiene nada que ver con derechos humanos”. “Resulta inadmisible que personas como usted sean citadas a la Legislatura a hablar de seguridad”, le señaló el director de Derechos Humanos de la Legislatura, Carlos Pisoni. “No tiene nada que ver el pasado de este señor, porque hay muchos integrantes del gobierno nacional que pusieron bombas”, le respondió, desencajado, un asesor de PRO, antes de que la charla naufragara en gritos cruzados.

Un juicio que llega a su fin

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dará a conocer hoy la sentencia a los acusados de secuestrar, torturar y asesinar a Floreal Avellaneda, de 15 años, cuyos restos aparecieron en la costa uruguaya en 1976. Se trata de los generales Santiago Riveros, ex comandante de Institutos Militares, su jefe de inteligencia Fernando Verplaetsen y el jefe de la Escuela de Infantería, Osvaldo García, más los capitanes César Fragni y Raúl Harsich y el policía Alberto Aneto, acusado del secuestro y los tormentos del joven y su madre Iris Pereyra en la comisaría de Villa Martelli.

DEFENSA LE PIDIO EXPLICACIONES A LA ARMADA POR EL CURA ZANCHETTA

Esta vez no lo salva ni Dios
La ministra Nilda Garré espera las explicaciones de la Marina sobre la continuidad como capitán de fragata del presbítero Alberto Angel Zanchetta. Hace dos años ordenó el pase a retiro de los curas que actuaron durante el terrorismo de Estado.

La ministra de Defensa, Nilda Garré, intimó a la Armada a informar por qué el presbítero Alberto Angel Zanchetta sigue ostentando el grado de capitán de fragata en actividad. Tal como reveló Página/12, el sacerdote que confortaba a los pilotos de los vuelos de la muerte no fue pasado a retiro sino que sigue en disponibilidad cobrando unos 5 mil pesos. Los hombres del almirante Jorge Godoy estaban ayer tratando de encontrar algún argumento para justificar el incumplimiento a la orden ministerial que data del 2007. “Esto es un desafío a la política de derechos humanos del Gobierno”, comentó un funcionario cansado ya de los artilugios de los marinos para rescatar a camaradas vinculados con los años de plomo.

Entre el ’75 y el ’77, Zanchetta cumplió funciones en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En el ’81 lo cambiaron de destino y reportó al Ejército para volver a la Marina en el ’84. El presbítero que recién en el 2008 fue pasado a disponibilidad siguió ascendiendo en su carrera militar a pesar de sus funciones en el centro clandestino de la ESMA: el grado de capitán de fragata lo alcanzó hace siete años. En 2004, la revista del Centro Naval publicó su ensayo “¿Necesita un comandante de consejo?”, y al reseñar los antecedentes del cura dice que “ingresó a la Armada en 1984”, una verdad a medias para ocultar su trabajo en el centro del poder dictatorial liderado por el ex almirante Emilio Eduardo Massera.

Zanchetta eligió como epígrafe inicial de su escrito de estrategia militar una frase de Sun Tzu, el autor de El arte de la guerra: “Los guerreros antiguos no quedaban victoriosos porque tuviesen una sabiduría infinita ni porque tuvieran un valor sin límites. Lo que hacían era no cometer errores. Todas sus estrategias presagiaban la victoria”. Un consejo, quizás, para sus superiores de armas.

Defensa junto con las secretarías de Culto y de Derechos Humanos decidió en 2007 terminar con la sobrevivencia en el arzobispado castrense de curas que bendijeron el terrorismo de Estado. Luego de la jubilación del obispo Antonio Baseotto, quien había propuesto tirar al mar al entonces ministro de Salud Ginés González García por coincidir con la despenalización del aborto, el Gobierno –con la anuencia del presbítero Pedro Candia, quien quedó de hecho a cargo del arzobispado– trabajó en pasar a retiro sin estridencias a los pastores que asistían espiritualmente a los represores. Zanchetta es uno de los paradigmáticos que, a la luz de los hechos, sigue contando con influyentes protectores.

Egresado del Seminario Metropolitano y de la Universidad Católica, Zanchetta se ordenó sacerdote en 1973. Fue denunciado por el entonces capitán de la Armada Adolfo Scilingo como uno de los sacerdotes que en 1977 estaba encargado de asistir espiritualmente a los oficiales de la ESMA, integrantes de los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y tiraban vivos al mar a los prisioneros de ese campo clandestino. A partir de la recuperación democrática supo mantener su trinchera: se desempeñó como jefe del Servicio Religioso del Comando de Operaciones Navales de la Base de Puerto Belgrano y ocupó hasta diciembre del 2004 el cargo de canciller y secretario general del obispado castrense.

En el Edificio Libertad, la cúpula de la Marina recibió más de un llamado de Defensa. “El ministerio está estudiando cuidadosamente la situación”, dijo a este diario una alta fuente de esa cartera a la espera de una respuesta oficial de los hombres de Godoy. En el “Libro de Precedencia”, que refleja con minuciosidad el estado de revista de cada oficial, aparece Zanchetta con la sigla 7K1, que significa en disponibilidad. El jefe de Personal de la Armada, el almirante Enrique Salvador Olmedo, es el responsable directo de la elaboración de ese registro. Ese limbo le permite a Zanchetta seguir cobrando como capitán de fragata en actividad con destino en la Dirección General de Personal. En la práctica, el cardenal Jorge Bergoglio lo acogió en la diócesis metropolitana. En octubre del año pasado Zanchetta ofició junto a Bergoglio la ceremonia de ordenación del obispo Enrique Eguía Seguí en la Catedral.

Un cura en el limbo de la disponibilidad

ZANCHETTA ACTUO EN LA ESMA Y SIGUE COBRANDO COMO CAPITAN ACTIVO PESE A LA ORDEN DE DEFENSA


El presbítero Alberto Angel Zanchetta mantiene su grado militar y percibe de la Armada unos cinco mil pesos al mes. Durante la dictadura confesaba a marinos que participaban de los vuelos de la muerte. En octubre pasado compartió un oficio con el cardenal Bergoglio.

Hace dos años, el Ministerio de Defensa junto con la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos realizó un minucioso trabajo para que el arzobispado castrense retire a los curas que habían actuado durante la última dictadura. A pesar de la orden de la ministra Nilda Garré, Página/12 pudo saber que el presbítero Alberto Angel Zanchetta, uno de los confesores de los marinos que participaban en los vuelos de la muerte, sigue en situación de “disponibilidad”, es decir sin destino preciso pero cobrando unos cinco mil pesos como capitán de fragata en actividad de la Armada. Eso sí, en octubre del año pasado se lo vio muy activo: ofició, entre otros, junto al cardenal Jorge Bergoglio la ceremonia de ordenación como obispo de Enrique Eguía Seguí. Zanchetta es uno de los cinco curas con grado militar que subsisten en la Marina, el resto de los sacerdotes ya no son integrados al escalafón militar y pueden ser trasladados a diócesis civiles.

La Marina sacó a Zanchetta de sus actividades habituales como sacerdote de la fuerza pero no lo pasó a retiro. Algunos dicen que la decisión obedece a la necesidad de evitar que se sienta “abandonado” teniendo en cuenta sus servicios a las almas castrenses; otros, en cambio, encuentran motivos más terrenales: mantenerlo en estado activo para que pueda retirarse a la edad correspondiente y recibir la totalidad de sus haberes. En 2001, Zanchetta le inició juicio al Estado por la vigencia de suplementos salariales no remunerativos ni bonificables en su haber como oficial militar. Al margen de sus reclamos monetarios, el arzobispado de Buenos Aires al mando de Bergoglio lo acogió en la diócesis.

En 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner desconoció a Antonio Baseotto como arzobispo castrense y le suprimió la asignación mensual de cinco mil pesos. El conflicto estalló cuando el obispo sugirió tirar al mar al entonces ministro de Salud Ginés González García por haberse pronunciado a favor de la despenalización del aborto. El Vaticano resistió el desplazamiento de Baseotto y lo mantuvo hasta su jubilación, a pesar de que el Gobierno dejó de reconocerlo como máxima autoridad espiritual de las Fuerzas Armadas. Las relaciones se encaminaron pero esa diócesis, la única con sedes en todo el territorio nacional, sigue acéfala aunque el presbítero Pedro Candia esté de hecho a cargo. Fue justamente Candia, un ex oficial del Ejército que pidió el retiro tras el levantamiento carapintada y se consagró al sacerdocio, quien se avino a los deseos del Ejecutivo para pasar a retiro a los capellanes más comprometidos con la defensa del terrorismo de Estado. Eso sí, con discreción para no alterar a los pastores. Los protectores terrenales de Zanchetta, uno de los curas que confortaban a los marinos torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), le garantizaron hasta ahora mantenerse oculto para seguir en operaciones.


Zancadillas

Zanchetta figura en las planillas de Personal de la Armada como capitán de fragata –el máximo grado al que puede acceder como cura– y con destino en la Dirección General de Personal Naval. Página/12 accedió al “Listado de Precedencia” de mayo de 2009 donde aparece Zanchetta con la sigla “7K1”, que significa en disponibilidad. Ese estado de revista lo comparte sólo con otro alto oficial, el contraalmirante Luis De Vincenti, procesado en la causa por espionaje en la Base Almirante Zar de Trelew, Chubut. Hasta hace pocos meses el capitán Sergio Vargas, separado de su puesto luego de que este diario difundiera su trabajo, a principios del año pasado, como abogado en el denominado Grupo de Contención de la Marina formado para asesorar a sus camaradas investigados por delitos de lesa humanidad, recuperó la condición de “activo” y lo reubicaron en la Dirección de Personal Naval, aunque sin función específica.

Zanchetta, que oficiaría de confesor de uno de los altos mandos de la Armada que comanda el almirante Jorge Godoy, es quizás el personaje más paradigmático de ese sólido vínculo entre religión y milicia que signó gran parte de la historia argentina. Él mismo admitió haber cumplido funciones en la ESMA entre 1975 y 1977. Incluso, fue denunciado por el entonces capitán de la Armada Adolfo Scilingo como uno de los sacerdotes que en el ‘77 se encargaban de asistir espiritualmente a los oficiales integrantes de los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y tiraban vivos al mar a los prisioneros de la ESMA. La eficiencia en esa labor lo tuvo siempre en el corazón del arma que comandaba con mano de hierro Eduardo Emilio Massera. A partir de la recuperación democrática supo mantener su trinchera: se desempeñó como jefe del Servicio Religioso del Comando de Operaciones Navales de la Base de Puerto Belgrano y ocupó hasta diciembre del 2004 el cargo de canciller y secretario general del obispado castrense.

El papel del capellán formó parte de la queja de un grupo de querellantes de la causa ESMA, encabezados por el abogado Rodolfo Yanzón, que pidieron la recusación de varios miembros de la Cámara de Casación, presidida en ese momento por Alfredo Bisordi, por la dilación en la resolución de las causas por violaciones a los derechos humanos. En la presentación, se recordó que Casación tenía un convenio con la Armada para que los empleados del fuero federal pudieran utilizar los servicios del comedor y gimnasio del edificio Libertad. El fiscal Carlos Rívolo usufructuaba esas instalaciones hasta que en noviembre de 2002 no lo dejaron entrar al lugar. Le dijeron que había un problema con su tarjeta magnética, pero a nadie le pasó inadvertido que pocos días antes había impulsado la acción penal por delitos cometidos dentro de la ESMA y había solicitado la invalidez de las leyes de punto final y obediencia debida. La misma Cámara, presidida por Bisordi, había organizado una misa en la catedral Stella Maris para escuchar las homilías de Baseotto y Zanchetta. Bisordi renunció el año pasado jaqueado por un juicio político y se dejó llevar por su verdadera vocación: se transformó en defensor de represores. Conocedora de los subterfugios para evitar exposiciones públicas que hicieran insostenible la continuidad de sus pastores, la Iglesia decidió sacar a Zanchetta de la estructura jerárquica del obispado castrense. En diciembre del 2004, Baseotto lo envió a asistir espiritualmente a las fuerzas especiales de paz que mandó la Argentina a Haití. Después de tan loables servicios en el 2007 pareció haberle llegado el turno de pasar a retiro. Sin embargo el cura sigue gozando del limbo de la disponibilidad, frecuenta a sus fieles en la base de Puerto Belgrano y confiesa a almirantes.

Los otros cuatro curas con grado militar en la Marina son los capitanes de fragata Eduardo Máximo Fischer y Alberto Carlos Pita y los capitanes de navío Ricardo Jorge Rotela y Gastón Luis Martini. Otra de las consecuencias del “caso Baseotto” fue la decisión de Defensa de cerrar en la convocatoria anual del escalafón profesional de las Fuerzas Armadas el llamado de sacerdotes. Desde hace un par de años los curas que asisten a los militares ya no son asimilados a la graduación militar, reportan a sus diócesis y pueden ser trasladados, por lo tanto, a parroquias civiles. Sin embargo, la institución del arzobispado castrense, un anacronismo al que se aferra el Vaticano, sigue en pie.

EL HIJO DE MASSERA SE NEGO A DECLARAR POR EL ROBO ANTE LA JUSTICIA

EL HIJO DE MASSERA SE NEGO A DECLARAR POR EL ROBO ANTE LA JUSTICIA
Quedó con bienes pero sin palabras
Eduardo Massera calló en el caso de apoderamiento de bienes de desaparecidos. El robo sistemático empezó en la ESMA y remató en el armado de un aparato empresario completo con riquezas de origen ilegal.

Emilio Eduardo Massera se había lanzado a la caza de los 60 millones de dólares pagados por los hermanos Born a Montoneros.
Por Susana ViauEduardo Enrique Massera, hijo del “Almirante Cero”, se negó ayer a prestar declaración ante el juez federal Sergio Torres puesto que, adujo, ya ha sido juzgado y sobreseído en una antigua causa instruida por el ex juez de instrucción Rodolfo Ricotta Denby. Massera, detenido desde el martes, participó en las maniobras de desapoderamiento de los detenidos-desaparecidos Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma, propietarios de valiosos terrenos en la localidad mendocina de Chacras de Coria. En 1981, dichos terrenos pasaron a formar parte del patrimonio de Misa Chico, sociedad que integraban Eduardo Massera (h) y el capitán de corbeta Carlos Alberto Massera, hermano del almirante. No era casual: para esas fechas el “negro” Massera había dejado su cargo en la junta militar y preparaba su desembarco en la política a través del Partido por la Democracia Social (PDS). Se evalúa que el argumento esgrimido por el defensor oficial Gustavo Kollman será desestimado por Torres: considerará que nunca antes fue indagado por los hechos que se le imputan y acerca de ellos sólo prestó declaración informativa.Massera hijo es un abogado dedicado a las finanzas. Junto a su hermano fundó la financiera Xanexva y participó luego en puestos gerenciales del Banco Comafi. Pese al paso de los años, la oscura red formada por Xanexva, propiedades inmuebles, astilleros como Domecq García y Astilsur o el curioso Banco de Ultramar todavía no ha sido desanudada. Eran piezas que cimentaban las enormes aspiraciones políticas y de ascenso social del almirante y sus beneficios se derramaron en módicas cuotas sobre la soldadesca que lo secundó. Sin embargo, sería injusto afirmar que esas prácticas fueron patrimonio exclusivo de los marinos: altas jerarquías del Ejército también participaron del pillaje a gran escala, según puede deducirse, por ejemplo, de los expedientes que recuerdan lo ocurrido con las Bodegas Calise. Es que las Fuerzas Armadas y sobre todo Massera se habían lanzado a la caza del dinero producido por el secuestro de los hermanos Born, una fortuna de 60 millones de dólares que los Montoneros no tuvieron necesidad de negociar. “¿Cuánto vale mi vida? –preguntó Jorge Born a sus captores– ¿Sesenta millones de dólares?”. Sus interlocutores no podían creer lo que escuchaban: “Nosotros no pensábamos pedir más de diez”, relató hace tiempo un ex oficial montonero a este diario.La quimera del oroEsa obsesión guió los pasos de los miembros de los grupos de tareas que a primera hora de la mañana del 10 de enero de 1977 irrumpieron en los dos pisos que el abogado Conrado Gómez, ex abogado de presos políticos, colaborador de Montoneros, bon vivant y amante de los caballos de carrera había comprado sobre la calle Santa Fe. Los marinos tenían la certeza de que Cerro Largo, la sociedad integrada por el anciano empresario bodeguero Victorio Cerruti, padre de Juan Carlos Cerutti, ex subsecretario de gobierno de Martínez Baca y militante de la Tendencia, Gómez y el contador Horacio Palma, era una de las coberturas que legalizaba los dólares obtenidos por la organización guerrillera. En las oficinas de Gómez fueron detenidos, asimismo, dos militantes de la estructura de finanzas de la organización. Al día siguiente, otra patota naval llegó a la casa de Hurlingham en la que residía el contador Palma con su mujer y sus hijos; al amanecer del 12 de enero repitieron el procedimiento en Chacras de Coria, primero en la casa del anciano Cerruti y minutos después en la de su yerno, Omar Masera Pincolini. Las familias de Cerruti y Masera Pincolini, al igual que las de Gómez y Palma, no volverían a saber de ellos. Allí se inicia una historia sórdida, fraguada en los sótanos de la ESMA e instrumentada en los cuartuchos de “los Jorges” (el teniente –y contador– Jorge Radice, alias Ruger, y capitán Jorge Acosta, alias “el Tigre”). Con ellos trabajaron buena parte de los oficiales de la ESMA y una nube de contadores y escribanos ligados por profesión o por vocación a la Armada. Uno de ellos, Horacio Sosa Moliné, fallecido justo a tiempo para permitir que buena parte de las responsabilidades se descargaran sobre su nombre, fue el artífice de los protocolos que facilitaron los primeros tramos del despojo. Con él colaboraron el escribano de Prefectura Oscar Maglie, el contador –compañero de colegio de Rubén Chamorro– Horacio Cédola y la abogada Emilia Martha García, hermana de una polémica sobreviviente de la ESMA. La jueza García fue accionista y síndico de Wil-Ri, la sociedad fantasmal que reemplazó a Cerro Largo, luego de que sus verdaderos titulares fueran obligados a firmar la cesión de tierras valuadas entonces en 12 millones de dólares en los subsuelos de la ESMA. El pedido de juicio político a García fue fondeado por el Consejo de la Magistratura. Cuando en 1981 el ex almirante dejó la junta militar, creyó llegado el momento de disfrutar de sus bienes; Wil-Ri se transformó en Misa Chico, integrada por su hijo mayor Eduardo, su hermano Carlos y Pedro Añón, presidente del PDS. El domicilio de la sociedad era Cerrito 1136, el mismo que Massera (h) dio como localización de su estudio al Colegio de Abogados. En 1983, abortados los sueños políticos y ante la inminencia del Juicio a las Juntas, los Massera consideraron conveniente proteger los terrenos de Chacras de Coria de cualquier intento de restitución. Con la ayuda de Guardia de Hierro traspasaron los bienes a sociedades llamadas Huetel, Enori y A&B. Es verdad que, como afirma ahora Massera (h), la cuestión fue investigada por Ricotta Denby y revisada por el juez Nelson Jarazzo en una parodia de instrucción donde los peritos calígrafos certificaron que las firmas de Gómez, Cerutti y Palma “no habían sido obtenidas bajo presión”. “Ser el hijo del ex almirante Massera no implicó que yo haya estado vinculado a sus actividades”, dijo en su declaración Massera hijo. Y agregó: “Es un insulto a mi inteligencia pensar que he sido titular de bienes mal adquiridos (sic) por la Escuela de Mecánica de la Armada (...) tendría que ser un bobo para hacer esto”. Quizá sentirse omnipotente sea una bobada.

Fundamentos en el caso Labolita

Durante siete horas y media el juez Carlos Rozanski leyó ayer en Mar del Plata los fundamentos de su voto disidente en el juicio que culminó con la condena del general Pedro Mansilla y la absolución del coronel Alejandro Duret. “Duret fue inseparable colaborador de Mansilla” y “es claramente responsable” del crimen del militante peronista Carlos Labolita, afirmó. Oficial de inteligencia del cuartel de Azul al que fue trasladado Labolita tras su secuestro, Duret fue absuelto por el voto de los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo. A las 18.50, cuando concluyó la lectura, Rozanski fue aplaudido mientras allegados a los querellantes levantaron carteles que calificaban de “cómplices de los genocidas” a Esmoris y Jarazo, jueces que tendrían a su cargo en La Plata el juicio a los represores de la Comisaría 5ª. Rozanski también disintió en la concesión del arresto domiciliario a Mansilla. Adujo que si bien gozaba de ese privilegio antes de la condena, por su rol en delitos de lesa humanidad debe cumplir la pena en una cárcel. Cuando Esmoris comenzó a leer su fallo, la sala quedó vacía.

UN EX POLICIA DECLARO EN CORRIENTES CONTRA EL EX COMISARIO DIEGO ULIBARRIE

Diego Ulibarrie fue jefe de la Brigada de Investigaciones de Corrientes y es dueño de una agencia de seguridad.


“El comandaba el grupo”
Diego Ulibarrie es el único imputado del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes que comenzó esta semana. Un ex subordinado suyo lo identificó y aseguró que era el jefe de la “patota” que secuestró a cuatro desaparecidos.



Sí sí, acá está el señor. El daba las directivas, él comandaba el grupo, que en ese momento le decíamos patota”, afirmó Juan Carlos Camino, ex agente de la Policía Federal, en referencia al ex comisario Diego Ulibarrie, único imputado del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes que comenzó esta semana. Sin pelos en la lengua pese a las amenazas, Camino es el primero de 23 testigos citados por los secuestros de Vicente Ayala, Julio César Barozzi, Jorge Saravia Acuña y Orlando Romero, el 16 de febrero de 1976, y reconoció a Ulibarrie a la cabeza del grupo que ingresó a Ayala, encapuchado, en la delegación correntina de la Policía Federal. Las cuatro víctimas permanecen desaparecidas.

Ulibarrie fue detenido hace tres años por orden del juez federal Carlos Soto Dávila. Llegó a ser jefe de la Brigada de Investigaciones de Corrientes y es dueño de una agencia de seguridad privada, ahora en manos de su hijo homónimo. El comienzo de las audiencias coincide con el primer aniversario de la condena al coronel Rafael Barreiro y al capitán Juan Carlos Demarchi, ex titular de la Sociedad Rural local, quienes admitieron ante un secuestrado haber asesinado a Ayala y a Barozzi: “Demarchi me dijo ‘hijo de puta, te vamos a reventar como a los Cachos’”, declaró Carlos Achar Carlomagno en el juicio a los responsables del Regimiento de Infantería 9. “‘¿Sabés de quién te hablamos?’, preguntó el subteniente Barreiro. Respondí que no y me dijo: ‘del Cacho Ayala y el Cacho Barrozzi. A Ayala lo reventamos en la tortura y a Barozzi de un tiro en la cabeza, después lo tiramos en la laguna, cerquita de la quinta, para que las palometas terminen con ellos’”, recordó. Berreiro, Demarchi y el coronel Horacio Losito pasan sus días en la unidad penitenciaria 34 de Campo de Mayo. El gendarme Rafael Barreiro está en el penal de Marcos Paz.

Según la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, querellante en el juicio, Ayala era abogado, tenía 29 años y militaba en la Juventud Peronista. En 1970 participó de huelgas de hambre junto a sacerdotes tercermundistas excomulgados por la Iglesia oficial. Durante su carrera pasó de la democracia cristiana al peronismo revolucionario. A fines de 1974 fue detenido a disposición del Ejecutivo hasta abril de 1975. Sus compañeros lo recuerdan como “un auténtico cristiano”. Barozzi había llegado a Corrientes para estudiar medicina en la Universidad del Nordeste. Vivía en un pensionado católico, tenía 21 años. Jorge Saravia Acuña, 29 años, era licenciado en economía de la UCA y profesor de la UBA. Militó en las FAR, fundó la JTP en zona sur del Gran Buenos Aires, estuvo detenido desde noviembre de 1974 a disposición del Ejecutivo e hizo uso de la opción para salir hacia Perú en abril de 1975. Volvió en diciembre. El “Negrito” Romero, 27 años, se había formado en un grupo scout en Tucumán, donde estudió arquitectura y comenzó a militar. Abandonó la provincia, perseguido, en febrero de 1975, al mismo tiempo que el general Adel Vilas instalaba el terror como jefe del Operativo Independencia.

Fueron secuestrados al mediodía del 16 de febrero, cuando salían de almorzar en el club San Martín. “Yo estaba de guardia cuando vi que hacían ingresar dos personas encapuchadas. Lo vi a Ayala, estaba muy golpeado y con la espalda quemada. Lo traían en andas”, declaró Camino, que era guardia en la delegación de la Policía Federal, en la costanera correntina, y vecino de Ayala. “El otro debió haber sido Barozzi, porque el tío se apellidaba así y era un policía que quería averiguar el paradero de su sobrino”, agregó. También contó que los llevaron en un Chevrolet azul sin identificación y que el grupo encabezado por Ulibarrie vestía de civil. “Fueron dejados a disposición del servicio de Inteligencia, que eran los que entendían en los asuntos que el gobierno consideraba actividades antidemocráticas”, explicó. Angela Nieves, en segundo turno, contó que fue testigo de un intento de fuga de dos personas, recapturadas en segundos. Cuando Estela Carrazzoni de Ayala le describió a su hijo como alto y corpulento, supo que hablaba de la misma persona. Nieves declaró en pleno 1976 y repitió su relato 33 años después.

Los mismos de siempre

EL JUICIO POR EL NEGRITO AVELLANEDA

Los represores imputados en el juicio por el asesinato de Floreal “Negrito” Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra, sostuvieron que libraron una “guerra contra la subversión” y que la desaparición de personas fue parte de la metodología represiva. “Me siento como Alan Ladd en A la hora señalada”, dijo el capitán César Fragni, confundiendo al protagonista de aquella película que, en realidad, fue Gary Cooper. Y agregó: “Participé en dos guerras, la de Malvinas y contra la subversión”. A su turno, el capitán Raúl Harsich contó que tenía una prima de nombre Cristina, militante del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), que fue secuestrada en Rosario y que continúa desaparecida. Dijo que su padre militar no había podido conocer el destino de su hija.

El policía Alberto Aneto volvió a insistir en su inocencia tratando de incriminar a sus colegas de la comisaría de Munro, Walter Polidori y Jorge Said, entre otros, y atacando la memoria de Julio Viaggio, el abogado fallecido en 2004 que inició el hábeas corpus de Iris Pereyra y logró la identificación del cadáver de su hijo, el Negrito Floreal, de 15 años.

El defensor Juan Carlos Tripaldi pidió que los médicos retiraran al represor Fernando Verplätsen por estar en malas condiciones físicas y psíquicas. Su colega, Carlos Palermo, se desdijo de haber justificado la tortura con citas del jurista Günter Jakobs, del que dijo que no le gusta “ni que se enseñe en la facultad”. Y, como había hecho Tripaldi, intentó desmerecer el testimonio del cabo Víctor Ibáñez, que declaró que vio a las víctimas en Campo de Mayo. Palermo reiteró que no había constancias de que Iris Pereyra haya sido torturada y se permitió afirmar que “quienes son torturados son mis defendidos Riveros, Verplätsen, García, Fragni y Harsich” por su “detención ilegal”.

ADN para 22 familias

El juez federal Conrado Bergesio resolvió que la investigación para conocer la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, dueña del grupo Clarín, debe extenderse a las 22 familias que reclaman por menores sustraídos o nacidos en cautiverio antes de las adopciones, en mayo y julio de 1976. Los abogados de Herrera de Noble habían apelado la medida para que los peritajes genéticos se limiten a los querellantes originales, familiares de los matrimonios Gualdero-García y Miranda-Lanuscou. Bergesio requirió a Abuelas y a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad los antecedentes de las familias de las que provendrían Marcela y Felipe Noble, paso previo a ordenar la concreción de los análisis de ADN. El juez también citó a declarar a José Pirillo, dueño del diario La Razón en los ’80, quien asegura que Héctor Magnetto le dijo que el dictador Jorge Rafael Videla participó en la entrega de los chicos a la viuda de Noble.

El descargo de Pando

La activista castrense Cecilia Pando declaró ayer ante la justicia federal correntina que no amenazó a nadie. La titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) había sido citada por las “supuestas amenazas” contra el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Duhalde, la diputada Victoria Donda y los integrantes del Tribunal que condenó a ex represores de la última dictadura por delitos de lesa humanidad. Su abogado, Eduardo San Emeterio, señaló que el titular de la Secretaría de Derechos Humanos será denunciado penalmente “por su pasado terrorista y por falso testimonio”. Y dijo que pidió el sobreseimiento de Pando “por inexistencia del delito”. Pando expresó: “Nunca quise amenazar a nadie, sino que fue un momento de mucha tensión porque se estaba condenando a excelentes militares que todos sabemos son inocentes”.

“Jamás utilizaríamos la tortura”

El grupo de los acusados tiene centenares de niños secuestrados y jamás utilizaríamos la tortura como método para que nos digan dónde están ni qué han hecho con los desaparecidos.” La frase fue pronunciada por el abogado Jorge Brioso, abogado de la familia Avellaneda, durante la audiencia de réplicas en el juicio oral en el que están siendo juzgados Santiago Riveros y otros cinco genocidas.

Fue en respuesta al planteo de la defensa oficial que había aludido a la “sed de venganza” de los querellantes, y que había justificado la tortura al decir que era un tema “complejo” porque, por ejemplo, un banquero alemán había logrado rescatar a su hijo secuestrado porque la policía aplicó tormentos a un detenido para que confesara.

Brioso también atacó la intención de los abogados del policía Alberto Aneto de marcar como contradicciones los matices expresados en los relatos de los testigos. Sabrina Dentone, también en representación de Iris y Floreal Avellaneda (padre), citó a Lenin al expresar que “sólo la verdad es revolucionaria”.

Pedro Dinani, de la querella del Partido Comunista (PC), contestó al planteo de que el Comando de Institutos Militares no estaba planeado como para ser parte del “combate contra la subversión”. Dijo que “la ESMA también es una escuela y está probado que los dos –ESMA y Campo de Mayo– fueron los centros clandestinos de detención más grandes y por donde pasó la mayor parte de los detenidos desaparecidos”.

También por el PC, Carlos Zamorano señaló que del propio expediente del caso de Iris y su hijo, el Negrito, surge que fue trasladada a la cárcel de Olmos por ser comunista. La defensa de los represores había argumentado que no había constancias de que las víctimas tuvieran esa filiación político-ideológica. En tal sentido, el fiscal Javier De Luca graficó que “Carlos Marx jamás participó del Partido Comunista ni podría haberlo hecho por una cuestión de época, sin embargo nadie podría cuestionar su marxismo”. Sobre el planteo acerca de la tortura como algo “complejo y debatible”, dijo que es un delito aberrante que fue prohibido por la Asamblea de 1813.

A su turno, Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos, aseguró que la única solución es la cárcel común por la naturaleza de los delitos cometidos. Dijo que la peligrosidad de los imputados, a quienes sus defensores intentaron mostrar como ancianos enfermos, se manifiesta en su persistencia de hablar de sus actos como una “gesta patriótica” y no informar nunca qué hicieron con los 30 mil desaparecidos y con los niños secuestrados.

Por su parte, Luis Bonomi, de Justicia Ya!, se refirió a lo señalado por el defensor Juan Carlos Tripaldi en relación con una supuesta “ausencia de asistencia técnica” para con los represores. “Quizá se deba –dijo el letrado– a la falta de solidaridad de los centenares de abogados que se beneficiaron con el genocidio.” Y aseguró que los defensores oficiales como funcionarios públicos excedieron su mandato técnico de garantizar la defensa en juicio incurriendo en una reivindicación del terrorismo de Estado.

EL PRESIDENTE DE LA UNION DE PROMOCIONES DEL EJERCITO DECLARO A FAVOR DE LOS REPRESORES

“Los apoyamos con heladeras”
El general (R) Heriberto Auel fue citado por la defensa del coronel José Lobaiza en el juicio a los ex jefes de áreas militares en Capital Federal. “La guerra interna no tuvo sostén ético jurídico. Se dio libertad de acción a los mandos bajos”, aseguró.


No conocí hechos aberrantes. Un hombre de moral occidental y cristiana no puede cometer actos aberrantes.” La afirmación se refiere a la actuación de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura y pertenece al general retirado Heriberto Auel, asesor de Aldo Rico en la sublevación carapintada de 1987 y presidente de la Unión de Promociones del Ejército, que considera “presos políticos” a los militares procesados por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer personas hace tres décadas. Feliz ante judiciales que lo llamaban “general” y hábil para sortear preguntas concretas con abstracciones, Auel declaró ayer durante dos horas y media ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 para intentar socorrer a sus camaradas imputados por delitos de lesa humanidad cometidos cuando eran jefes de áreas militares en Capital Federal.

“La Unión de Promociones tiene por objeto apoyar con heladeras, microondas, remedios y médicos a nuestros presos, que pasan momentos dramáticos”, aseguró Auel, presidente desde 2007 de la organización que nuclea a retirados del Ejército y, además de entregar artículos del hogar, opera en las sombras desde la reapertura de las causas por la impunidad de los represores, con la señora Cecilia Pando como mascarón de proa. “Se ha hecho de la guerra un delito”, afirmó el militar de 75 años. “El ochenta por ciento de quienes tienen preventiva son oficiales que tenían 22 o 23 años e ignoran por qué fueron privados de la libertad”, agregó inmutable.

Auel fue convocado a declarar por la defensa oficial del coronel José Humberto Lobaiza, que alguna vez lo secundó en la comandancia de un cuartel de Comodoro Rivadavia. “Los conozco, no soy amigo”, aclaró ante la pregunta del juez Guillermo Gordo sobre su relación con los imputados. Además del tribunal, las partes y pocos presentes, lo escucharon Lobaiza y el coronel Felipe Jorge Alespeiti, ex jefe y segundo jefe del Regimiento de Infantería Patricios, imputados por un centenar de privaciones ilegales de la libertad, y el coronel Bernardo José Menéndez, que se defiende a sí mismo y reitera a todos los testigos de la querella la misma pregunta: “¿pertenecía usted a alguna organización política?”.

La jornada arrancó con ex comisarios desmemoriados que compartieron reuniones con militares pero nunca recibieron órdenes, ignoraban la existencia de centros de detención y conocen el término “área liberada” sólo “por la prensa”. Distinto fue el caso de Adolfo Reyes, que pasó los 70 años pero no olvida los diez días de tormentos en “Patricios”. “Nunca imaginé la locura, la demencia de esta gente”, confesó luego de relatar las sesiones de picana, que le hacían escuchar a su madre. “Quiero pensar que no era la filosofía del Ejército, pero no hubieran podido mantener los secretos hasta ahora si no hubiera sido el Ejército Argentino”, razonó.

De traje bien planchado, corbata y pañuelo celeste, Auel se explayó durante una hora sobre conceptos militares a partir de preguntas de Lobaiza. “La jurisdicción del regimiento es el cerco del cuartel. Los regimientos son fundamentalmente de ceremonial”, explicó para deleite de los ex jefes de Patricios, que pretenden mostrarse como eslabones de una estructura administrativa sin relación con los grupos operativos a cargo de los trabajos sucios. Menos sencillas fueron las preguntas del fiscal Félix Crous y los abogados Gerardo Fernández, del CELS, y Mirta Mántaras.

–¿Alguna forma de guerra admite la tortura de prisioneros indefensos y las desapariciones forzadas? –preguntó Crous.

–La guerra interna no tuvo sostén ético jurídico. Se les dijo “vayan y cumplan con su deber” y se dio libertad de acción a los mandos bajos. No se puede hacer responsable al soldado, es una responsabilidad política estratégica –respondió Auel tras varias evasivas.

–¿El Ejército se entrenaba utilizando la tortura como método posible? –reformuló Gordo una pregunta de Fernández sobre la formación de militares argentinos en la Escuela de las Américas.

–Eso sería pensar que la república democrática de los Estados Unidos incluye en su doctrina a la tortura. ¡Jamás!

LOS CRIMENES DE LOS CENTROS CLANDESTINOS ATLETICO, BANCO, OLIMPO Y EL VESUBIO

Otros dos juicios con fecha
Uno de los procesos empieza el 15 de octubre e involucra a quince represores. El otro arrancará en diciembre y tiene ocho acusados. Además, también en octubre, comenzarán el juicio por la ESMA y el tercero contra Menéndez.
Dos nuevos juicios por crímenes de lesa humanidad, ambos por delitos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, tienen fecha confirmada. El 15 de octubre, una semana después del arranque del proceso a Astiz, Acosta & Cía., el Tribunal Oral Federal 2 comenzará a juzgar a quince secuestradores y torturadores del circuito represivo Atlético, Banco y Olimpo, en su mayoría ex oficiales de la Policía Federal. Dos meses después, el 15 de diciembre, también hará su debut en causas de lesa humanidad el TOF-4, responsable de juzgar a ocho represores del centro clandestino El Vesubio encabezados por su jefe, el violador Pedro Alberto Durán Sáenz, coronel retirado del Ejército Argentino.

A un tercio de siglo del comienzo de la dictadura y a más de un lustro de la reapertura de causas a los ejecutores de la represión ilegal, octubre de 2009 marcará un hito en la historia del proceso de justicia. El martes 6 comenzará el primer juicio por crímenes en la ESMA, con 18 imputados frente al TOF-5, único tribunal del país que prohíbe el trabajo de los reporteros gráficos y que hasta hace apenas cinco años contaba en sus filas con Guillermo Federico Madueño, hoy prófugo por su complicidad con crímenes similares en Bahía Blanca cuando era juez federal. Dos días después, en Córdoba, el condenado Luciano Menéndez afrontará su tercer juicio y, si se concretan las elevaciones previstas, el dictador Jorge Rafael Videla se sentará ante un tribunal junto a una treintena de militares de La Perla y policías del Departamento de Informaciones.

En ese contexto arrancará el juicio por el circuito Atlético-Banco-Olimpo, centros de detención que compartieron represores, víctimas, muebles y picanas. El primero funcionó hasta diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón, y fue demolido para construir la autopista 25 de Mayo. Los grupos de tareas y algunos secuestrados fueron trasladados de manera provisoria a El Banco, en Autopista Riccheri y Camino de Cintura, mientras en Lacarra y Ramón Falcón se acondicionaba El Olimpo, que funcionó hasta fines de 1979, cuando terminó el ciclo de Carlos Suárez Mason como jefe del Primer Cuerpo.

El TOF-2 juzgará a quince imputados, la mayoría por 181 privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados. El más conocido es el único civil, Raúl Guglielminetti, ex agente del Ejército y la SIDE que mostró sus dotes en varias salas de tortura del país, fue custodio del presidente Raúl Alfonsín y concluida la guerra sucia se dedicó a los secuestros extorsivos. El único militar será el capitán retirado Enrique José Del Pino, alias “Miguel”, detenido en 2007 luego de un año y medio prófugo. Lo acompañarán diez oficiales de policía: Samuel Miara (apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa), Oscar Augusto Rolón, Raúl González, Eufemio Jorge Uballes, Eduardo Emilio Kalinec, Roberto Antonio Rosa (de breve fama por su relación con el juez Norberto Oyarbide en el caso de protección de prostíbulos), Juan Carlos Falcón, Luis Juan Donocik, Ricardo Taddei (detenido y extraditado desde España, donde vivió veinte años) y Julio Simón, “El Turco Julián”, con dos condenas en el haber. Completan el cuadro los gendarmes Guillermo Víctor Cardozo y Eugenio Pereyra Apestegui, y el agente Juan Carlos Avena, del Servicio Penitenciario Federal.

El Vesubio funcionó a metros de El Banco entre 1976 y noviembre de 1978, también bajo el mando de Suárez Mason, quien murió impune. Por sus calabozos pasaron, entre otros 400 secuestrados, el historietista Héctor Germán Oesterheld y el escritor Haroldo Conti. Su jefe era el entonces mayor Durán Sáenz, alias “Delta”, que de lunes a viernes sometía sexualmente a prisioneras en su residencia y en el Regimiento de La Tablada, y los fines de semana asistía a misa y visitaba a su familia en la ciudad de Azul. Durán Sáenz será de la partida junto al general de brigada Héctor Gamen, el coronel Hugo Pascarelli y los agentes penitenciarios Ramón Erlán (alias “Pancho”), Roberto Zeolitti (“Zapo”), Diego Chames (“Polaco”), Alberto Neuendorf (“el Alemán”) y José Maidana (“el Paraguayo”).

La identidad que se prueba en objetos

LA CORTE SUPREMA FIJARA POSICION SOBRE LOS EXAMENES DE ADN PARA EVITAR LA EXTRACCION COMPULSIVA
Para establecer la identidad de posibles hijos de desaparecidos, el alto tribunal avalaría la obtención de muestras de ADN impregnado en objetos personales. El fallo dejaría sentado que no se puede obligar a nadie a una extracción de sangre.
La Corte Suprema prepara un fallo que respaldará la obtención de muestras de ADN impregnado en objetos personales para determinar la identidad de posibles hijos de desaparecidos que fueron apropiados durante la última dictadura. En cambio, diría que no se puede obligar a nadie a someterse a una extracción de sangre con ese fin. Después de trabajosas discusiones sobre dos casos, los jueces supremos acordaron ayer que firmarán una resolución sobre el tema en el plenario del martes próximo.

La intención de avalar los allanamientos para extraer material genético de sábanas, ropa o cepillos de dientes tiene –al menos tenía hasta ayer– mayoría de cuatro votos en la Corte. Se trata de un método que desde 2005 tendió a reemplazar al análisis compulsivo de sangre, una técnica que sería rechazada por otra mayoría de cuatro supremos. El máximo tribunal tiene dos expedientes para resolver: los de Guillermo y Emiliano Prieto, criados e inscriptos como hijos biológicos por el suboficial de la Marina Guillermo Antonio Prieto y su esposa Emma Gualtieri.

Ambas historias se derivan de la primera denuncia que hicieron en 1982 las Abuelas de Plaza de Mayo en busca de sus nietos nacidos en centros clandestinos. Guillermo fue inscripto en junio de 1976 y Emiliano en 1978. Figuran como nacidos en un domicilio particular y los certificados de nacimiento serían falsos. Las Abuelas suponen que nacieron en cautiverio.

“Tenemos confianza en que esta Corte Suprema que se ha constituido de manera impecable sabrá apreciar el hecho histórico que implica cada vez que encontramos a un nieto”, le dijo a este diario la titular de Abuelas, Estela de Carlotto. “El allanamiento –agregó– es un método menos violento que la extracción de sangre. Asegura el camino a seguir por los jueces, les quita a los jóvenes la carga de ser ellos los que tengan que ir a dar la sangre y los libera de ser quienes quizá manden a la cárcel a su apropiador.”

La jueza María Servini de Cubría está a cargo de la causa en la que se busca esclarecer la identidad de estos jóvenes y en un comienzo ordenó que se les practicara un test sanguíneo. Cuando eran menores, el matrimonio Prieto-Gualtieri se opuso; luego se negaron por sí mismos. Con el avance de las técnicas para estudiar material genético, Servini llegó a ordenar un allanamiento en el domicilio de Guillermo, que sería hijo biológico de los desaparecidos María Ester Peralta y Oscar Zalazar, secuestrados en 1976 en la villa 21 de Barracas. La queja del joven llegó hasta la Corte, donde ya había recalado la de Emiliano. El argumento central que esgrimían era que se afectaba su derecho a la privacidad, a preservar su identidad y su integridad física. Además, querían evitar que el resultado tuviera alguna consecuencia (penal) sobre la pareja que los crió.

El alto tribunal, en su vieja composición, falló en 2003 contra las pruebas compulsivas de sangre ante un pedido de Evelyn Vázquez Ferrá, nacida en la ESMA. Los jueces de entonces –excepto Juan Carlos Maqueda, que sigue en funciones– sostuvieron que el Estado no puede obligar a nadie a dar su sangre para conocer su verdadera identidad y que ese dato sirva para incriminar a sus apropiadores. La Corte actual se dispone a mantener aquel criterio en el caso de Emiliano Prieto, según revelaron a Página/12 funcionarios supremos, por considerar que es un modo de vulnerar la esfera privada cuando ya existen otros caminos posibles, menos invasivos, para verificar el ADN.

Al dictaminar sobre el caso de Guillermo Prieto, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, señaló que el análisis de sangre deja de ser imprescindible al haber “métodos alternativos para obtener el ADN” que permiten que el Estado cumpla, en el marco de la Constitución, su “deber de investigar y esclarecer la verdad histórica que se deriva de la condición de lesa humanidad del delito de desaparición forzada de personas”. La mayoría de los votos que preparan Sus Señorías en estos días van –aunque con matices– en esa dirección.

La discusión sobre cómo lograr un equilibrio entre el derecho a la verdad y el derecho a la privacidad es, de hecho, lo que viene demorando la firma de este fallo. Si bien hay una mayoría proclive a avalar los allanamientos, Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni vienen proponiendo límites a los efectos civiles y penales que pudieran tener los estudios genéticos. Plantean, por ejemplo, que no se puede obligar a nadie a cambiarse el nombre con el que siempre vivió. También están en debate los efectos penales. Righi, al dictaminar, estableció que el uso de los resultados de exámenes de ADN en juicios contra los apropiadores no requiere del consentimiento de la víctima. La semana próxima quedaría armado el rompecabezas supremo.

DURAS RESPUESTAS A LAS POLEMICAS DECLARACIONES DE GRACIELA FERNANDEZ MEIJIDE

“El registro lo tienen los asesinos”
La ex ministra de la Alianza puso en duda que los desaparecidos hayan sido 30 mil y propuso rebajar condenas a represores a cambio de datos y confesiones. Salieron a contestarle desde la Secretaría de Derechos Humanos, Abuelas y otros organismos.


Rechazo e indiferencia. Esos fueron los sentimientos que generaron entre organismos de derechos humanos, funcionarios y querellantes en causas de lesa humanidad las declaraciones de Graciela Fernández Meijide durante una entrevista para publicitar su libro. La ex ministra de la Alianza y ex integrante de la Conadep propuso rebajar las condenas de represores a cambio de información sobre menores apropiados y sobre el destino de desaparecidos, tildó de “mito” la cifra de 30 mil víctimas fatales de la dictadura, sugirió que “nadie sabe el número” de bebés robados y, finalmente, dijo que, “así como están, los juicios no van a ninguna parte”.

“De ninguna manera acepto negociar a mi nieta, un horror”, dijo María Isabel Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, que según Fernández Meijide compartía su idea. “Rechazamos la propuesta de plano. Rebajar condenas es denigrante, es entrar en un trueque histórico”, explicó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas. Y agregó que “tenemos metodologías y experiencia para asegurar que hay alrededor de quinientos chicos apropiados”.

La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos calificó los dichos como “una infamia” y sostuvo que “quienes quieran negociar con los genocidas su impunidad serán sus cómplices”. Otros organismos les quitaron entidad a los dichos de la ex dirigente de 78 años, retirada de la actividad política. “Es lamentable reducir la dimensión de la tragedia argentina a un problema contable”, respondió en una carta el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien calificó como “despropósito” minimizar el valor de los juicios. Elena Mariani, coordinadora del programa Verdad y Justicia, sostuvo que “haber integrado la Conadep no autoriza a decir estupideces”.

Ex dirigente de la APDH, Fernández Meijide acaba de publicar Historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, dedicado a su hijo Pablo, desaparecido en 1976. Entrevistada por diversos medios de comunicación, calificó de “mentira” la cifra de 30 mil desaparecidos y de “chiquitaje” el cambio de prólogo del Nunca Más, reeditado por la Secretaría de Derechos Humanos para cuestionar la teoría de los dos demonios. También propuso aminorar condenas a cambio de datos y evaluó que no serían “los dinosaurios” quienes los entregarían, pues “no deben tener la más mínima idea”, sino “los más jóvenes, los que secuestraron y mataron”.

La idea no es nueva. El año pasado el general Martín Balza cuestionó la falta de políticas para quebrar el pacto de silencio y Claudio Tamburrini, sobreviviente de Mansión Seré, planteó la alternativa de reducir penas a cambio de confesiones: sostuvo que “al inducir a denunciarse mutuamente se quiebra el pacto de silencio”, “se reduce la intensidad del castigo pero se incrementa el número de delincuentes penalizados, extendiendo las penas a los cómplices civiles”.

“Quiero recuperar a mi nieta por sobre todas las cosas, pero eso no significa que vaya a negociar”, explicó Chicha Mariani, que con 80 años aún busca a Clara Anahí. “Nos agrede al decir que usamos cifras falsas. Es doloroso tener que condenar estas expresiones, que no son novedosas”, admitió Carlotto, quien recordó el rechazo que generó Fernández Meijide al cuestionar la cifra de desaparecidos cuando declaró ante el juez Baltasar Garzón.

Duhalde recordó que “el único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas está en poder de los asesinos”, que las denuncias continúan en el presente y que “es falaz” tomar los registros parciales del Estado como registros totales. Le recordó que la teoría de los dos demonios, “en la medida en que sostiene que la violencia popular fue anterior a los crímenes de Estado, se convierte en teoría de un solo demonio, el de los sectores populares” y reivindicó el valor de los juicios, que “han servido para que la condena al terrorismo de Estado sea irreversible”.

A 25 AñOS DE LA MUERTE DE EDUARDO PIMENTEL, COFUNDADOR DE LA APDH

La memoria de un luchador

Pablo Pimentel recordó a su padre como un hombre que se atrevió a reclamar justicia en los albores del último golpe militar. Dijo que “estaría contento por los juicios a los represores”, pero que reclamaría que se unifiquen las causas y se aceleren los procesos.


“Las Madres se acuerdan de que cuando aquellas primeras marchas se ponían complicadas, se sentían seguras porque iban del brazo de Alfredo Bravo, Jorge Novak, Miguel Hesayne, Oscar Alende y de mi padre.” La imagen descripta por su hijo Pablo trae de los primeros años ochenta el recuerdo de Eduardo Pimentel, cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a 25 años de su muerte. “Si estuviera vivo estaría contento con los juicios a los genocidas, pero también preocupado por que se aceleren, para que la muerte no le gane a la justicia, estaría fogoneando que se junten las causas de una sola vez por distrito”, dice a Página/12.

Los Pimentel son ocho hermanos, que junto a su madre, Mabel Zaffaroni, organizaron un homenaje, el jueves a las 18.30 en el Centro Cultural San Martín. Pablo Pimentel tiene 52 años y trabaja en un taller de fabricación de polietileno que armó su padre. “De chicos trabajábamos ahí –dice– y es una valiosa herramienta que nos dejó, porque la independencia económica me permitió entregarme a la militancia.” Pimentel hijo fundó la APDH en La Matanza en 1979, y por estos días está dedicado a la búsqueda de Luciano Arruga, desaparecido hace seis meses en la comisaría de Lomas del Mirador.

En la década del ’50 vivían en Mar del Plata, Eduardo Pimentel militaba en la Acción Católica y en la democracia cristiana en esa ciudad. “En Buenos Aires hizo eje en Ciudad Evita, que era un barrio popular. Los gobiernos militares desalojaban casas y por eso mi padre creó el Comité por la Familia; uno de sus temas era el territorio familiar como lugar de pertenencia”, explica Pimentel. “Como éramos 10 ocupábamos dos casas ahí. Una mañana de 1965 vino la Aeronáutica a desalojarnos porque decían que nos correspondía una sola. Al final el oficial que venía a ocuparla ni se bajó del camión. Dejaron la casa vacía con un custodio. Mi viejo la recuperó en plena dictadura”, agrega. Tras el gobierno de Juan Carlos Onganía, Eduardo Pimentel empezó a militar en el sector revolucionario cristiano. Con el Partido Intransigente formaron la Alianza Popular Revolucionaria. La fórmula Alende-Sueldo tuvo su correlato en la provincia con Marcelo Arabolaza y Eduardo Pimentel. “A principios de los ‘70 se juntó con compañeros del Partido Comunista, socialistas, metodistas, judíos y católicos, y el 10 de diciembre de 1975 fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), para denunciar la barbarie que estaba cometiendo la Triple A; ya había violaciones a los derechos humanos y a las libertades políticas, ya había familiares reclamando por personas desaparecidas”, recuerda.

–¿Quiénes estaban en aquella fundación?

–A Jaime de Nevares lo fue a buscar él a Neuquén, estábamos de vacaciones y recuerdo que le contó el proyecto, y Jaime se vino. Estaban Alfredo Bravo, Adolfo Pérez Esquivel, Simón Lázara y otros compañeros comunistas, del PI y radicales. Las denuncias en el exterior se hacían a través de Raúl Aragón, que estaba exiliado en París.

–¿También militó contra el servicio militar?

–Claro. En 1982 mi hermano Ignacio se negó a hacer el servicio militar, se lo llevaron los milicos en un coche. Lo seguimos hasta un cuartel, y ahí llamó a la prensa para anunciar que iniciaba una huelga de hambre. “Si no sale del cuartel no dejo la huelga”, decía. Y al final fue increíble, le pusieron “no apto”, fue el primer objetor de conciencia público. Y así se creó el Fosmo, Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio.

–¿Cómo recuerda a su padre?

–Nos decía “en la medida en que sean solidarios hagan lo que quieran”. Recuerdo las vacaciones, los fines de semana en los bosques de Ezeiza con toda la familia y amigos, estamos filmados en Súper 8. Recuerdo su capacidad de despegar de su función militante, jamás nos dejó ver si tenía temor o preocupación. Luego supimos lo amenazado que estaba. Había tenido un linfoma y quedó muy débil. Pero él seguía acompañando a las Madres y a las Abuelas, fundó la APDH en Bolivia, no paraba. Antes de Malvinas le mandó una carta a (Reynaldo) Bignone en la que le decía que usaba la patria potestad para negarse a que mis hermanos menores hicieran la colimba. En medio de esa lucha, el Fosmo hizo un homenaje a los muertos por Hiroshima y Nagasaki y a favor de la libertad de conciencia, el 6 de agosto de 1984. Hacía un frío polar, él dio un discurso frente al Congreso y ahí se enfermó de neumonía. Falleció tres días después.

–¿Qué diría su padre de los derechos humanos en la actualidad?

–Se hubiera enojado con varios, decía que en un organismo de derechos humanos no puede haber internas, no cabe la construcción de poder personal. Hubiera acompañando al kirchnerismo por la anulación de las leyes de impunidad, pero diría que la política social no está respetando los derechos humanos básicos, es un enunciado sin desarrollo. No hubiera sido pasivo ante la desaparición de Jorge Julio López, yo mismo me siento culpable de la falta de acción. Se naturaliza tener desaparecidos en democracia, como Miguel Bru y ahora Luciano Arruga, por quien estamos luchando para que aparezca.